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El Gobierno argentino interviene la Agencia de Inteligencia y reasigna sus fondos
El Gobierno argentino formalizó este sábado la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por un periodo de 180 días, en los que reasignará parte de sus fondos a “las políticas nutricionales y educativas para abordar la emergencia social”.
Esta medida, que adelantó el presidente Alberto Fernández en su discurso de investidura el pasado 10 de diciembre, fue detallada este sábado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que denuncia “un notorio retroceso institucional” del organismo durante la gestión del anterior Ejecutivo de Mauricio Macri (2015-2019).
La interventora será la fiscal Cristina Caamaño, que tendrá “las facultades de gobierno y administración de la AFI” y deberá “preparar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo una propuesta de reformulación” de la Agencia que “garantice la producción de información de calidad y oportuna para la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores”.
La AFI verá reducidas las “partidas confidenciales al mínimo indispensable para su funcionamiento”, y los fondos sobrantes se transferirán a la Jefatura del Gabinete de Ministros para “su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales y educativas”.
Además Caamaño podrá “revisar las compras y contrataciones en cualquiera de sus modalidades” realizadas desde la aprobación del antiguo Estatuto para Personal impulsado por el Gobierno de Macri en mayo de 2016.
El texto denuncia que, desde que entró en vigencia el antiguo Estatuto, se produjo un “funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia y, en particular, de la propia AFI, que ha profundizado los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer”.
El decreto faculta también a los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y Seguridad, Sabina Frederic, a “identificar” los fondos reservados a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Cuerpos de Policía “que excedan los necesarios para su normal funcionamiento con el objetivo de su posterior reasignación” para la lucha contra el hambre.
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