El Gobierno busca la colaboración de las comunidades para ayudar a Ceuta en mitad de la ofensiva de PP y Vox
El bloqueo en la crisis de Ceuta demanda una colaboración institucional que parece más en riesgo que nunca. Con miles de personas migrantes aún en las calles de una ciudad autónoma desbordada y en la que los ánimos de la sociedad ceutí empiezan a caldearse al calor de los discursos de odio, el Gobierno demanda la cooperación de las comunidades para impulsar medidas que alivien la situación. Y con ese propósito reúne este jueves a su conferencia sectorial el Ministerio de Juventud e Infancia, un foro del que forman parte los consejeros autonómicos del ramo.
La convocatoria solo tiene un único punto acordado en el orden día: la aprobación de una partida extraordinaria de 25 millones de euros de ayuda al gobierno local de Juan Jesús Vivas. Y los consejeros de Vox de Extremadura, Aragón y Castilla y León ya han anunciado que no asistirán. “Los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León han enviado una carta al Ministerio de Juventud e Infancia para rechazar la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. Guardiola, Azcón y Mañueco eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente Vivas”, lamentó la ministra Sira Rego este miércoles en sus redes sociales.
Desde el pasado 30 de julio, permanecen en Ceuta miles de niños y niñas no acompañados que esperan a ser filiados y que afrontan un largo proceso administrativo para poder acceder al sistema de acogida. Pero esa reunión de la Sectorial de Infancia llega con el portazo explícito a esa atención no solo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox, sino incluso por algunas en manos del Partido Socialista, como el caso de Castilla-La Mancha. “Si es una vulneración de la integridad territorial de España, si los ministros del Gobierno de España y el presidente han dicho por activa y por pasiva que se van a devolver a todos y que pierdan la esperanza incluso de pasar a la península, creo que tienen que cumplir con ese compromiso”, respondió Emiliano García-Page a preguntas de la prensa sobre la opinión de su gobierno acerca de la acogida de menores.
Según todas las fuentes consultadas en el Gobierno central y en los ejecutivos autonómicos, ni una sola comunidad autónoma, sea del signo que sea, se ha ofrecido hasta el momento a Ceuta para aliviar su situación y acoger, aunque sea temporalmente, aparte de esos menores.
Ese portazo generalizado ha impedido, de hecho, que en el orden del día de la reunión de este jueves se haya podido incluir un punto específico sobre la situación de Ceuta, algo que fuentes del Ministerio de Infancia deslizan que volverán a intentar sobre la bocina al inicio de la Conferencia pese al rechazo del PP. Ante la prevista falta de consenso, lo esperable es que sea en el turno de ruegos y preguntas donde se pueda abordar expresamente la crisis que aborda la ciudad autónoma, si es que así lo plantea alguno de los consejeros. Así que ni siquiera hay garantías de que pueda discutirse la iniciativa de Infancia de trasladar a la península a 500 niñas hasta que puedan ser resueltos sus expedientes.
Sobre la futura acogida de los niños y niñas que finalmente sean registrados en el sistema, en el Ejecutivo asumen que el diálogo con las comunidades autónomas del PP y Vox será poco menos que imposible. Y por eso aluden ya al automatismo que implica el cumplimiento de la ley. “La ley está en vigor y los distintos gobiernos podrán dar la opinión que quieran, pero tendrán que cumplirla. Y cuando llegue el momento, esa acogida deberá ser automática”, sostienen desde el departamento de Sira Rego.
Para que llegue ese momento, antes debe transcurrir un largo y tedioso, pero también garantista, proceso administrativo. Que además depende en buena medida de unas capacidades que Ceuta, hoy por hoy, tiene desbordadas. Porque una vez filiados por la policía, la ciudad autónoma es la encargada de comenzar a tramitar los expedientes como depositaria de la tutela legal de esos menores. Un procedimiento que incluye la intervención de la Fiscalía de menores, que debe pronunciarse también sobre la posibilidad de que el hipotético reagrupamiento familiar garantice el bien superior del menor.
La ofensiva de PP y Vox
El guion de PP y Vox ante la reunión de este jueves no ha variado un ápice. No solo en las últimas semanas, sino en los últimos años. Los gobiernos autonómicos de las derechas se oponen frontalmente a acoger a cualquier menor migrante, y no harán una excepción ahora, pese a la crisis humanitaria que se vive en Ceuta y a las continuas declaraciones de presidentes y de cargos que han prometido una “solidaridad” con la ciudad. Pero eso no pasa por aliviar siquiera la carga de atender a cientos de chavales llegados solos desde Marruecos hace ya casi un mes.
De los once gobiernos autonómicos que preside el PP, tres de ellos ni siquiera se presentarán a la reunión. En Extremadura, Aragón y Castilla y León las competencias de atención a la infancia son de Vox, y el partido ultra ha optado por dar plantón al Gobierno, como ya hicieran en la cita preparatoria de hace dos semanas. Desde el PP se limitan a “respetar la decisión” de sus aliados.
Las consejerías que controla el PP sí acudirán a la cita. Solo para volver a rechazar acoger a los niños, y especialmente niñas, que permanecen varados en Ceuta a la espera de una decisión. Tras clamar por las agresiones sexuales que estas menores han sufrido o puedan sufrir, los de Alberto Núñez Feijóo les han cerrado la puerta de entrada.
El plan del PP pasa por una deportación de menores (y adultos) que la ley no contempla. Así lo expresó el propio Feijóo la semana pasada: “Ni mayores ni menores, han de regresar todos”. Las normas españolas y europeas establecen en el caso de los niños y niñas que se les debe asignar un “tutor” en España y que es preciso un informe personalizado de los servicios sociales de su país, en este caso Marruecos, que garantice su retorno a su familia o el acogimiento por parte del Estado. Durante ese proceso, son las comunidades autónomas las obligadas a atender a los menores.
El problema es que muchos no quieren regresar, que sus familias se desentienden de ellos o que la dictadura de Mohamed VI ignora sus responsabilidades. Desde 2012, Marruecos no ha repatriado a ninguno de los miles de menores que han salido de su propio país hacia España siguiendo el protocolo establecido. En 2021, España sí devolvió a niños tras otra entrada por la frontera, pero lo hizo sin seguir los pasos reglamentarios. Cuatro años después, la que era delegada del Gobierno en Ceuta y la vicepresidenta de la ciudad autónoma fueron condenadas por las devoluciones ilegales.
La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la Andalucía de Juan Manuel Moreno, la Murcia de Fernando López Miras o la Generalitat valenciana de Juan Francisco Pérez Llorca han rechazado expresamente, de momento de palabra, el acogimiento que plantea el Gobierno. Desde Madrid, por ejemplo, van a reclamar a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, abrir un debate sobre “el refuerzo de la Guardia Civil” y de la “lucha contra las mafias”, o “la defensa de las fronteras”, mientras se niegan a que el orden del día aborde la crisis humanitaria en Ceuta.
El problema para el PP es que el Congreso reformó la pasada primavera el artículo 35 de la ley de extranjería con el fin de introducir unos criterios cuantitativos en el acogimiento de menores por parte de las comunidades. El partido de Feijóo se ha comprometido “a cumplir la ley”, y así se recoge en los acuerdos de coalición firmados con Vox, lo que daría pie al Gobierno a obligar a las regiones a cumplir con su cuota de “solidaridad”.
Con todo, desde el partido ultra se les ha recordado en las últimas semanas su rechazo al acogimiento de estos niños y niñas. Esa falta de “solidaridad” fue denunciada este miércoles por diversos grupos en la Diputación Permanente del Congreso, que abordó 14 peticiones de comparecencia urgente de miembros del Gobierno a unos días de que se retome el calendario habitual de sesiones.
Uno de los reproches más aplaudidos fue el del diputado de EH Bildu Oskar Matute, quien aseguró que su partido “abordará la realidad” de Ceuta allí donde gobierna. “Llegará un momento en el que haya que ejercer esa solidaridad y que nadie tenga duda: ejerceremos la solidaridad activa que nos sea requerida”, comprometió. Y advirtió de que su partido “señalará a quienes, amparándose en discursos de rostro herido y corazón roto por su patriotismo zaherido, no ocultan sino una insolidaridad hacia quienes consideran seres humanos de distinta calaña, índole o condición”. Desde el PSOE, su portavoz adjunta, Montse Mínguez, zanjó: “Se les cae la bandera cuando Ceuta necesita a la Península. Necesita la solidaridad y coordinación de las comunidades, y han dicho que no se van ni a sentar. Son los del ‘cuanto peor, mejor”.