El Gobierno de coalición se fracturó este martes en el Congreso en las votaciones de dos normativas con profundo peso ideológico. El PSOE hizo decaer una proposición de ley de su socio, Unidas Podemos, para crear un impuesto a las grandes fortunas, sumando sus votos a los de las derechas de PP, Vox o Ciudadanos. Y En Comú Podem, el partido catalán de Unidas Podemos, se desmarcó del grupo confederal y de los socialistas votando en contra de la abolición de la prostitución planteada en otra proposición de ley registrada por el socio mayoritario del Ejecutivo.
Aunque las diferencias de criterio en el seno del Gobierno se han repetido a lo largo de la legislatura por diversas cuestiones, lo que no había ocurrido hasta ahora era que, por segundo Pleno consecutivo, PSOE y Unidas Podemos escenificaran sus diferencias a través de sus votos en la Cámara Baja. El único precedente está en la sesión del pasado 26 de mayo, cuando el grupo confederal votó por primera vez en la legislatura en contra de una norma surgida en el Gobierno, la Ley Audiovisual, que finalmente salió adelante gracias a, entre otros, el apoyo del PP, que también respaldó este martes la normativa socialista sobre el proxenetismo.
Los socios pactaron las posibles discrepancias que pudieran surgir en el Gobierno de coalición en el protocolo de funcionamiento del Ejecutivo que suscribieron a finales de 2019. Ambas formaciones se comprometieron a “dar apoyo parlamentario en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo a la acción del Gobierno y al desarrollo de los acuerdos explícitos alcanzados en el acuerdo de Gobierno progresista”. Pero también matizaron que ambos espacios mantendrían “la libertad de voto siempre que se trate de iniciativas que no afecten” a ese pacto de coalición.
En las últimas semanas, sin embargo, ese acuerdo se ha cumplido con matices por ambas partes. En el Pleno del 26 de mayo Unidas Podemos se abstuvo en la votación de la Ley Audiovisual argumentando que el PSOE incluyó durante la tramitación parlamentaria una enmienda que no fue consensuada con su socio, y que en el sector y también entre algunos de sus socios se interpretó como una forma de beneficiar a las productoras ligadas a grandes grupos como Atresmedia, Mediaset o las grandes plataformas internacionales, en detrimento de las independientes.
Una brecha en plena campaña andaluza
Este martes el turno fue del PSOE. Uno de los acuerdos puestos por escrito en el acuerdo de coalición fue “estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”. Pero en el Pleno, los socialistas votaron en contra e hicieron tumbar –junto con las derechas de PP, Vox, PNV, Ciudadanos o PDeCAT– la toma en consideración de una ley de Unidas Podemos que precisamente contemplaba la creación de un impuesto específico para las grandes fortunas.
El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, justificó su rechazo en que el Ministerio de Hacienda está trabajando en una reforma fiscal más amplia y que ese es el ámbito en el que debatir al respecto. “Lamentamos que la decisión del PSOE sea no apoyar un impuesto que solo afecta a los millonarios. No entendemos que el PSOE no apoye que por lo menos se empiece a debatir esta medida, sobre todo cuando hay tantas necesidades sociales”, dijo, por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Tras la votación, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, publicaba un tuit en claro reproche al PSOE, aunque sin mencionarlo directamente. “Que los más ricos paguen lo que les toca no es un capricho, es una obligación democrática. Las familias no entienden por qué ellas pagan más impuestos que una gran fortuna. La ciudadanía nos exige políticas valientes y a ella nos debemos, no a los poderosos”, ha asegurado.
La brecha del Gobierno de coalición se ha escenificado en plena campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, para las que ni PSOE ni Unidas Podemos –que concurre en la alianza Por Andalucía– tienen buenas perspectivas, según las encuestas, y cuando la división está siendo utilizada constantemente por las derechas para tratar de desmovilizar a la izquierda e incluso rascar votos en su electorado.
A la Ley Audiovisual y a la de la creación del impuesto para los ricos se sumó, también este martes, el desmarque de otro de los miembros del Ejecutivo, En Comú Podem –integrado en Unidas Podemos pero con voz y funcionamiento propios– a la posición del resto de la coalición sobre la proposición de ley del PSOE para abolir el proxenetismo. Los siete diputados de los 'comuns' votaron en contra de la propuesta, a diferencia del resto del grupo confederal y de los socialistas, que la apoyaron.
La salud del Gobierno de coalición
Finalmente, la toma en consideración salió adelante con el apoyo también del PP, a quien los socialistas habían tanteado en los últimos días precisamente por el debate abierto en el seno de su socio minoritario. Pero Podemos, IU y Galicia En Común la respaldaron en la línea marcada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, que, si bien comparte el abolicionismo del PSOE, sí tratará de que en la tramitación parlamentaria se matice el texto de los socialistas principalmente para dar más garantías y derechos a las mujeres prostituidas.
“La prostitución no puede abordarse de espaldas a las propias mujeres que la ejercen”, argumentaron los 'comuns'. “Hay que abordar cuestiones tan importantes desde la valentía de escuchar a todas las mujeres y no desde una perspectiva punitivista. No queremos criminalizar ni estigmatizar a ninguna mujer; queremos escucharlas. Prohibir no es abolir”, sentenciaron.
La aprobación de la ley del “solo sí es sí” ya provocó un enfrentamiento entre el PSOE y el resto de aliados parlamentarios, que le reprocharon que usara esa norma para tratar de incluir su promesa de abolición de la prostitución a través de una enmienda que perseguía endurecer la persecución de los prostíbulos. Retirada la propuesta en parte por la presión de Unidas Podemos, que alertó de la falta de apoyos parlamentarios de una de las leyes más importantes de la legislatura, la norma salió adelante; pero el partido de Pedro Sánchez registró la ley específica que esta semana volvió a evidenciar las diferencias, sobre todo dentro del grupo confederal.
Estas diferencias expresadas en las últimas votaciones en el Congreso no afectarán, sin embargo, a la salud del Gobierno de coalición según se esforzaron por remarcar este martes tanto desde el PSOE como por parte de Unidas Podemos. El portavoz socialista en la Cámara Baja, Héctor Gómez, insistió en que votar diferente “no tiene por qué afectar” a la estabilidad del Ejecutivo. “Son aspectos en los que no coincidimos, pero la idea es seguir trabajando juntos para la consolidación del Gobierno de coalición”, afirmó en rueda de prensa. En términos similares se expresaron también en privado diputados de Unidas Podemos.
El horizonte legislativo
Durante el Pleno, las diferencias entre los socios de la coalición fueron afeadas por algunos de sus habituales aliados parlamentarios. “Están mostrando a la sociedad sus desavenencias, en las formas y los tiempos”, les reprochó a PSOE y Unidas Podemos la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, que pidió al Ejecutivo “unidad” de acción sobre todo en temas económicos, con tal de atraer la inversión extranjera y hacer frente a las consecuencias de la inflación.
Hace dos semanas, la Moncloa ordenó a todos los ministros restar importancia a la ruptura de la unidad de voto en el Congreso. “Ha sido algo puntual”, aseguraron desde el Gobierno, en referencia a la división que se reflejó entre PSOE y Unidas Podemos en la votación de la Ley Audiovisual. Solo 15 días después, este martes, los socios volvieron a votar divididos. Y en el horizonte legislativo el Gobierno tiene encima de la mesa normativas que siguen sin lograr un consenso entre las dos partes del Ejecutivo, como la Ley de Vivienda y la reforma fiscal o los avances en “regeneración democrática” planteados por Unidas Podemos, que buscan legislar sobre el rey o los secretos oficiales.
En el corto plazo está además la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la prórroga de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, un asunto que también genera discrepancias entre los socios. El PSOE aseguró este martes que aún queda un mes para esa prórroga y que, si bien considera que las medidas ya adoptadas deberían prolongarse, reconoce también que están hablando con los grupos para “matizar algunos aspectos que mejoren el decreto”.
Podemos presiona por su parte para ir más allá al considerar que el “escudo social” ya se ha quedado viejo, principalmente porque “la inflación sigue en cotas muy elevadas”. Para la dirección del partido que encabeza la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la lucha contra la inflación debe pasar por la aprobación del fondo de ayuda a comunidades autónomas y ayuntamientos que permita abaratar el abono de transporte en todas las ciudades del país a un máximo de 10 euros. También que se incrementen las pensiones no contributivas, las más bajas, en un 15%, tal y como pactó la semana pasada el Ejecutivo con EH Bildu. Y, finalmente, que se extienda el descuento en la factura de la electricidad, el llamado bono eléctrico, para terminar llegando a dos millones de familias.
Unidas Podemos presiona para mejorar el “escudo social”
La propia coordinadora de Unidas Podemos en el Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también pone en duda la prórroga de todas las medidas, y en especial la bonificación de 20 céntimos del precio del combustible puesto en marcha el pasado abril, no solo porque no ha logrado bajar de forma efectiva la factura de los usuarios en las gasolineras sino porque, a su juicio, no es del todo justa al no contemplar, además, medidas para fomentar el transporte público.
“No es correcto seguir subvencionando sin sesgo de renta y seguir subvencionando combustibles fósiles”, aseguró Díaz el lunes, cuando consideró que “sería mejor hacer ahora sí una elección sobre a quién se dirige esa subvención” al combustible. Ella también aboga por “sacar adelante una ayuda de una bonificación en el uso del transporte colectivo y público”. “Ahí sí creemos que esa medida es de máximo interés y seguimos trabajando con el PSOE en ese sentido”, señaló.
“No tiene mucho sentido que en una ciudad como Madrid en la que los trabajadores acuden en metro a sus puestos de trabajo no tengan ningún tipo de bonificación y yo misma tenga bonificado el gasoil o la gasolina en el uso del vehículo privado”, zanjó.