El Gobierno se divide en el Congreso mientras Sánchez no consigue recuperar la mayoría de la investidura

Irene Castro

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No era una ley más porque debía desarrollar el compromiso que llevó a ERC a aprobar los Presupuestos, salvar el dinero de Europa y encarrilar la legislatura. Pero la Ley Audiovisual ha salido adelante in extremis gracias a la abstención del PP porque ni siquiera los diputados de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza, han votado a favor. Por primera vez en la legislatura se han abstenido ante un proyecto legislativo que nace del Gobierno. Los parlamentarios de Esquerra y Bildu pulsaron directamente el no. A día de hoy la mayoría de la investidura continúa rota y sin solución a la vista, por más que el presidente, Pedro Sánchez se prodigue en gestos para intentar restituirla. El episodio del espionaje a sus socios de Gobierno ha abierto una brecha que no acaba de cerrarse. Y eso que la intención de Moncloa era utilizar la comparecencia de este jueves de Pedro Sánchez en el Congreso, forzada por los socios y el PP, para dejar atrás el escándalo de Pegasus. El presidente puso sobre la mesa reformas legislativas que, a la vista de lo sucedido en el hemiciclo, ni harán desaparecer el debate ni cumplen las expectativas de sus aliados de la investidura.

Sánchez propone cambios en la regulación del CNI para tratar de zanjar el escándalo del espionaje

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“¿Qué ha venido hoy a hacer aquí?”, le ha preguntado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El socialista ha reivindicado los apoyos en los que se sustenta la coalición haciendo un alegato del acuerdo frente a la política de la derecha, pero de poco le ha servido. La relación con los republicanos permanece en stand by y, horas después de la comparecencia de Sánchez, el PSOE ha salvado la Ley Audiovisual gracias al PP tras haber modificado mediante una polémica enmienda –que también ha soliviantado a los productores cinematográficos independientes– el acuerdo alcanzado tanto con el socio minoritario de Gobierno como con los aliados parlamentarios, que fue clave para el acuerdo de los Presupuestos hace unos meses. Por primera vez se ha roto la unidad de voto de PSOE y Unidas Podemos (que se ha abstenido) en una iniciativa procedente del Gobierno.

Por la mañana, solo Unidas Podemos y el PNV aplaudían el anuncio de Sánchez sobre la reforma de la ley que regula el CNI. Los nacionalistas vascos habían presentado un proyecto para mejorar el control judicial de las investigaciones. “Debemos reforzar mecanismos de control democrático similares a los que existen en los países con mayores garantías de las democracias occidentales de nuestro entorno”, expresó Sánchez desde la tribuna, a pesar de que aseguró que la actual norma ya es “garantista”. 

En todo caso, Moncloa no tiene ni un esbozo de qué es lo que pretende mejorar con la reforma legal. “Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas”, se limitó a expresar el presidente. “El anuncio es la voluntad política, que es lo relevante”, señalan fuentes gubernamentales que fían, además, para largo la aprobación de esa modificación legislativa, que requiere una mayoría absoluta que el Gobierno no tiene a juzgar de la reacción que han tenido los grupos. La que pretenden acelerar es la ley de secretos oficiales con la intención de que el Consejo de Ministros la apruebe en primera vuelta antes del verano, pero después necesitaría los preceptivos informes jurídicos antes de su envío al Congreso. El Gobierno ignora la iniciativa del PNV que lleva bloqueada años en el Congreso.

Sánchez aseguró desconocer los operativos del CNI relativos a la vigilancia de personas para solemnizar la desvinculación del espionaje a los líderes independentistas, entre ellos al hoy presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando se estaba negociando la investidura. Ni ERC ni PNV ni el PP se creen que el presidente no contara con esa información. El presidente del Gobierno ha justificado, en todo caso, que hubiera un operativo que vigilara al independentismo ante lo que ha considerado un problema para la “seguridad nacional” en 2019 por el “intento de toma del aeropuerto de El Prat” o los “sabotajes diarios a los trenes de cercanías”. 

Sin embargo, no ha aportado ningún detalle sobre el ‘caso Pegasus’ que sirviera a sus aliados, que mantienen las dudas respecto a la existencia de elementos descontrolados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que puedan estar detrás de los 47 pinchazos que se produjeron al margen de los servicios de inteligencia. “Yo puedo responder por hechos que están probados, pero no me pueden interpelar por hechos que no están probados y que el propio informe de Citizen Lab dice que es difícil o imposible conocer el origen”, ha expresado Sánchez, que solo se responsabiliza de los 18 seguimientos que la exdirectora del CNI Paz Esteban expuso en la comisión de gastos reservados.

Más allá de las reformas anunciadas por Sánchez, que se suman a la destitución de la directora del CNI, el socialista ha tratado de reivindicar a sus aliados en contraposición con el PP. “Lo que critico es esta corrupción de la democracia en la que ustedes caen una vez más y lo hacen a lo largo de esta legislatura deslegitimando a este Gobierno por los apoyos parlamentarios que tiene. Creo honestamente que hace un flaco favor con ese discurso a la democracia porque aquí estamos representados todos los que legítimamente con su voto han decidido los españoles cuando han sido convocados a las urnas, piensen lo que piensen, defienda lo que defiendan, siempre dentro de la Constitución y la legalidad democrática”, ha aseverado.

“La fortaleza de una democracia es reconocer como una de sus principales virtudes la inmensa pluralidad de la España que representamos todos nosotros aquí presentes y no solamente discrepar, sino también poder llegar a acuerdos”, ha rematado. “Me dice que hay que cuidar mayorías parlamentarias. No puedo estar más de acuerdo. En ello estamos”, ha contestado a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Y ha sido ahí cuando ha reivindicado el diálogo con la Generalitat más allá de la “estabilidad parlamentaria”. “Siempre he creído que era importante abrir un diálogo en Catalunya, propiciar el encuentro entre catalanes y en eso voy a estar”, ha dicho el presidente. Sin embargo, Moncloa y el Govern han sido incapaces en un mes de poner fecha a la reunión con Aragonès. 

Ni los gestos dialécticos ni la intención de cambiar las leyes han satisfecho a los aliados de la coalición. Y la respuesta del Govern pronostica que las relaciones con ERC seguirán por ahora en esta etapa de enfriamiento, que hace al Gobierno temer por su apoyo en leyes clave como la reforma de las pensiones. “Las preguntas esenciales siguen sin respuesta. Ante este caso de espionaje masivo sin precedentes, no vale minimizar y dejar pasar el tiempo. Sólo explicaciones claras y responsabilidades”, ha expresado el president, Pere Aragonès. “El Gobierno sigue sin asumir ninguna culpa”, incidían desde el equipo del republicano que, a pesar de haber reclamado que hubiera cambios legales para garantizar mayor control judicial y político, consideran que el anuncio es “totalmente insuficiente”.

El PNV ha celebrado el paso de Sánchez, pero ha dejado varias advertencias en el diario de sesiones que evidencian que la desconfianza por el espionaje sigue latente. “Me alegro de que diga que no va a ocurrir de nuevo. El problema es que hoy no ha dicho lo que ha ocurrido”, ha dicho Aitor Esteban, que ha planteado dudas sobre el supuesto desconocimiento de Sánchez sobre los políticos espiados. “No sé qué me produce más desazón, que usted lo supiera o que usted lo desconociera”, ha reconocido el portavoz vasco, que ha cuestionado que el juez conociera lo que estaba autorizando: “O han mentido al Defensor del Pueblo [que dijo que las autorizaciones estaban plenamente motivadas] o han mentido a la comisión [de gastos reservados]”. Esteban fue uno de los participantes en aquel encuentro a puerta cerrada y, al salir, admitió que quedaba “mucha tela por cortar”. 

Ruptura por la ley clave de los presupuestos

En el Gobierno son conscientes de que tienen un escenario complicado para sacar adelante determinados proyectos si no se reconduce la relación con ERC. Y el enfado que se ha incrementado en las últimas semanas vivió ese episodio en la votación de la Ley Audiovisual después de que los socialistas colaran una enmienda que en el sector y también entre algunos de sus socios se interpreta como una forma de beneficiar a las productoras ligadas a grandes grupos como Atresmedia, Mediaset o las grandes plataformas internacionales en detrimento de las independientes. La negativa de los de Sánchez a aceptar una transaccional impulsada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para volver a la redacción pactada inicialmente ha puesto en riesgo la aprobación del texto, que finalmente ha salido adelante gracias a la abstención del PP con 130 votos a favor, 125 en blanco (entre ellos los de Unidas Podemos) y 83 en contra. La mayoría de la investidura se ha quebrado.

“Esta modificación impulsa una mayor concentración de la industria, en torno al duopolio actual (Grupo Atresmedia y Mediaset España) y las grandes plataformas multinacionales y, se aleja de la visión europea que pretende garantizar la diversidad cultural, promoviendo la existencia de un tejido empresarial independiente, regulando el ecosistema del audiovisual”, lamentan los productores independientes. Más de 350 creadores y trabajadores del cine y la televisión, entre ellos grandes nombres como Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Antonio de la Torre, Icíar Bollaín o Antonio Resines, han firmado un manifiesto conjunto de apoyo a las asociaciones de productores.

Unidas Podemos ha mantenido la incógnita sobre el sentido de su voto hasta el último momento y ha dejado patente el malestar con el socio mayoritario. ERC ha rechazado finalmente el texto que fue fundamental para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y que se recondujo gracias al acuerdo para que las plataformas como Netflix tuvieran que producir una parte de sus contenidos en lenguas cooficiales. Ha sido la abstención del PP la que ha salvado esa norma en una nueva votación agónica para la coalición.

No era una ley más porque debía desarrollar el compromiso que llevó a ERC a aprobar los Presupuestos, salvar el dinero de Europa y encarrilar la legislatura. Pero la Ley Audiovisual ha salido adelante in extremis gracias a la abstención del PP porque ni siquiera los diputados de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza, han votado a favor. Por primera vez en la legislatura se han abstenido ante un proyecto legislativo que nace del Gobierno. Los parlamentarios de Esquerra y Bildu pulsaron directamente el no. A día de hoy la mayoría de la investidura continúa rota y sin solución a la vista, por más que el presidente, Pedro Sánchez se prodigue en gestos para intentar restituirla. El episodio del espionaje a sus socios de Gobierno ha abierto una brecha que no acaba de cerrarse. Y eso que la intención de Moncloa era utilizar la comparecencia de este jueves de Pedro Sánchez en el Congreso, forzada por los socios y el PP, para dejar atrás el escándalo de Pegasus. El presidente puso sobre la mesa reformas legislativas que, a la vista de lo sucedido en el hemiciclo, ni harán desaparecer el debate ni cumplen las expectativas de sus aliados de la investidura.

Sánchez propone cambios en la regulación del CNI para tratar de zanjar el escándalo del espionaje

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“¿Qué ha venido hoy a hacer aquí?”, le ha preguntado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El socialista ha reivindicado los apoyos en los que se sustenta la coalición haciendo un alegato del acuerdo frente a la política de la derecha, pero de poco le ha servido. La relación con los republicanos permanece en stand by y, horas después de la comparecencia de Sánchez, el PSOE ha salvado la Ley Audiovisual gracias al PP tras haber modificado mediante una polémica enmienda –que también ha soliviantado a los productores cinematográficos independientes– el acuerdo alcanzado tanto con el socio minoritario de Gobierno como con los aliados parlamentarios, que fue clave para el acuerdo de los Presupuestos hace unos meses. Por primera vez se ha roto la unidad de voto de PSOE y Unidas Podemos (que se ha abstenido) en una iniciativa procedente del Gobierno.

Por la mañana, solo Unidas Podemos y el PNV aplaudían el anuncio de Sánchez sobre la reforma de la ley que regula el CNI. Los nacionalistas vascos habían presentado un proyecto para mejorar el control judicial de las investigaciones. “Debemos reforzar mecanismos de control democrático similares a los que existen en los países con mayores garantías de las democracias occidentales de nuestro entorno”, expresó Sánchez desde la tribuna, a pesar de que aseguró que la actual norma ya es “garantista”. 

En todo caso, Moncloa no tiene ni un esbozo de qué es lo que pretende mejorar con la reforma legal. “Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas”, se limitó a expresar el presidente. “El anuncio es la voluntad política, que es lo relevante”, señalan fuentes gubernamentales que fían, además, para largo la aprobación de esa modificación legislativa, que requiere una mayoría absoluta que el Gobierno no tiene a juzgar de la reacción que han tenido los grupos. La que pretenden acelerar es la ley de secretos oficiales con la intención de que el Consejo de Ministros la apruebe en primera vuelta antes del verano, pero después necesitaría los preceptivos informes jurídicos antes de su envío al Congreso. El Gobierno ignora la iniciativa del PNV que lleva bloqueada años en el Congreso.

Sánchez aseguró desconocer los operativos del CNI relativos a la vigilancia de personas para solemnizar la desvinculación del espionaje a los líderes independentistas, entre ellos al hoy presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando se estaba negociando la investidura. Ni ERC ni PNV ni el PP se creen que el presidente no contara con esa información. El presidente del Gobierno ha justificado, en todo caso, que hubiera un operativo que vigilara al independentismo ante lo que ha considerado un problema para la “seguridad nacional” en 2019 por el “intento de toma del aeropuerto de El Prat” o los “sabotajes diarios a los trenes de cercanías”. 

Sin embargo, no ha aportado ningún detalle sobre el ‘caso Pegasus’ que sirviera a sus aliados, que mantienen las dudas respecto a la existencia de elementos descontrolados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que puedan estar detrás de los 47 pinchazos que se produjeron al margen de los servicios de inteligencia. “Yo puedo responder por hechos que están probados, pero no me pueden interpelar por hechos que no están probados y que el propio informe de Citizen Lab dice que es difícil o imposible conocer el origen”, ha expresado Sánchez, que solo se responsabiliza de los 18 seguimientos que la exdirectora del CNI Paz Esteban expuso en la comisión de gastos reservados.

Más allá de las reformas anunciadas por Sánchez, que se suman a la destitución de la directora del CNI, el socialista ha tratado de reivindicar a sus aliados en contraposición con el PP. “Lo que critico es esta corrupción de la democracia en la que ustedes caen una vez más y lo hacen a lo largo de esta legislatura deslegitimando a este Gobierno por los apoyos parlamentarios que tiene. Creo honestamente que hace un flaco favor con ese discurso a la democracia porque aquí estamos representados todos los que legítimamente con su voto han decidido los españoles cuando han sido convocados a las urnas, piensen lo que piensen, defienda lo que defiendan, siempre dentro de la Constitución y la legalidad democrática”, ha aseverado.

“La fortaleza de una democracia es reconocer como una de sus principales virtudes la inmensa pluralidad de la España que representamos todos nosotros aquí presentes y no solamente discrepar, sino también poder llegar a acuerdos”, ha rematado. “Me dice que hay que cuidar mayorías parlamentarias. No puedo estar más de acuerdo. En ello estamos”, ha contestado a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Y ha sido ahí cuando ha reivindicado el diálogo con la Generalitat más allá de la “estabilidad parlamentaria”. “Siempre he creído que era importante abrir un diálogo en Catalunya, propiciar el encuentro entre catalanes y en eso voy a estar”, ha dicho el presidente. Sin embargo, Moncloa y el Govern han sido incapaces en un mes de poner fecha a la reunión con Aragonès. 

Ni los gestos dialécticos ni la intención de cambiar las leyes han satisfecho a los aliados de la coalición. Y la respuesta del Govern pronostica que las relaciones con ERC seguirán por ahora en esta etapa de enfriamiento, que hace al Gobierno temer por su apoyo en leyes clave como la reforma de las pensiones. “Las preguntas esenciales siguen sin respuesta. Ante este caso de espionaje masivo sin precedentes, no vale minimizar y dejar pasar el tiempo. Sólo explicaciones claras y responsabilidades”, ha expresado el president, Pere Aragonès. “El Gobierno sigue sin asumir ninguna culpa”, incidían desde el equipo del republicano que, a pesar de haber reclamado que hubiera cambios legales para garantizar mayor control judicial y político, consideran que el anuncio es “totalmente insuficiente”.

El PNV ha celebrado el paso de Sánchez, pero ha dejado varias advertencias en el diario de sesiones que evidencian que la desconfianza por el espionaje sigue latente. “Me alegro de que diga que no va a ocurrir de nuevo. El problema es que hoy no ha dicho lo que ha ocurrido”, ha dicho Aitor Esteban, que ha planteado dudas sobre el supuesto desconocimiento de Sánchez sobre los políticos espiados. “No sé qué me produce más desazón, que usted lo supiera o que usted lo desconociera”, ha reconocido el portavoz vasco, que ha cuestionado que el juez conociera lo que estaba autorizando: “O han mentido al Defensor del Pueblo [que dijo que las autorizaciones estaban plenamente motivadas] o han mentido a la comisión [de gastos reservados]”. Esteban fue uno de los participantes en aquel encuentro a puerta cerrada y, al salir, admitió que quedaba “mucha tela por cortar”. 

Ruptura por la ley clave de los presupuestos

En el Gobierno son conscientes de que tienen un escenario complicado para sacar adelante determinados proyectos si no se reconduce la relación con ERC. Y el enfado que se ha incrementado en las últimas semanas vivió ese episodio en la votación de la Ley Audiovisual después de que los socialistas colaran una enmienda que en el sector y también entre algunos de sus socios se interpreta como una forma de beneficiar a las productoras ligadas a grandes grupos como Atresmedia, Mediaset o las grandes plataformas internacionales en detrimento de las independientes. La negativa de los de Sánchez a aceptar una transaccional impulsada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para volver a la redacción pactada inicialmente ha puesto en riesgo la aprobación del texto, que finalmente ha salido adelante gracias a la abstención del PP con 130 votos a favor, 125 en blanco (entre ellos los de Unidas Podemos) y 83 en contra. La mayoría de la investidura se ha quebrado.

“Esta modificación impulsa una mayor concentración de la industria, en torno al duopolio actual (Grupo Atresmedia y Mediaset España) y las grandes plataformas multinacionales y, se aleja de la visión europea que pretende garantizar la diversidad cultural, promoviendo la existencia de un tejido empresarial independiente, regulando el ecosistema del audiovisual”, lamentan los productores independientes. Más de 350 creadores y trabajadores del cine y la televisión, entre ellos grandes nombres como Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Antonio de la Torre, Icíar Bollaín o Antonio Resines, han firmado un manifiesto conjunto de apoyo a las asociaciones de productores.

Unidas Podemos ha mantenido la incógnita sobre el sentido de su voto hasta el último momento y ha dejado patente el malestar con el socio mayoritario. ERC ha rechazado finalmente el texto que fue fundamental para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y que se recondujo gracias al acuerdo para que las plataformas como Netflix tuvieran que producir una parte de sus contenidos en lenguas cooficiales. Ha sido la abstención del PP la que ha salvado esa norma en una nueva votación agónica para la coalición.

No era una ley más porque debía desarrollar el compromiso que llevó a ERC a aprobar los Presupuestos, salvar el dinero de Europa y encarrilar la legislatura. Pero la Ley Audiovisual ha salido adelante in extremis gracias a la abstención del PP porque ni siquiera los diputados de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza, han votado a favor. Por primera vez en la legislatura se han abstenido ante un proyecto legislativo que nace del Gobierno. Los parlamentarios de Esquerra y Bildu pulsaron directamente el no. A día de hoy la mayoría de la investidura continúa rota y sin solución a la vista, por más que el presidente, Pedro Sánchez se prodigue en gestos para intentar restituirla. El episodio del espionaje a sus socios de Gobierno ha abierto una brecha que no acaba de cerrarse. Y eso que la intención de Moncloa era utilizar la comparecencia de este jueves de Pedro Sánchez en el Congreso, forzada por los socios y el PP, para dejar atrás el escándalo de Pegasus. El presidente puso sobre la mesa reformas legislativas que, a la vista de lo sucedido en el hemiciclo, ni harán desaparecer el debate ni cumplen las expectativas de sus aliados de la investidura.

Sánchez propone cambios en la regulación del CNI para tratar de zanjar el escándalo del espionaje

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“¿Qué ha venido hoy a hacer aquí?”, le ha preguntado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El socialista ha reivindicado los apoyos en los que se sustenta la coalición haciendo un alegato del acuerdo frente a la política de la derecha, pero de poco le ha servido. La relación con los republicanos permanece en stand by y, horas después de la comparecencia de Sánchez, el PSOE ha salvado la Ley Audiovisual gracias al PP tras haber modificado mediante una polémica enmienda –que también ha soliviantado a los productores cinematográficos independientes– el acuerdo alcanzado tanto con el socio minoritario de Gobierno como con los aliados parlamentarios, que fue clave para el acuerdo de los Presupuestos hace unos meses. Por primera vez se ha roto la unidad de voto de PSOE y Unidas Podemos (que se ha abstenido) en una iniciativa procedente del Gobierno.