La reforma legal del CNI que propone Sánchez no calma al Govern ni a sus socios en el Congreso

El presidente del Gobierno ha propuesto este jueves ante el Congreso de los diputados reformar el armazón legal del CNI para dotarlo de un mayor control judicial y adecuar a los tiempos la gestión de la información clasificada. Este anuncio ha sido la principal baza con la que se ha presentado Pedro Sánchez ante el Congreso, en una comparecencia forzada para dar explicaciones sobre el escándalo del espionaje con el programa Pegasus. Pero la propuesta no ha convencido ni al Govern catalán, afectado por las intervenciones telefónicas, ni a la mayoría de los socios parlamentarios de Sánchez, que han alertado de que hacen falta cambios profundos para controlar estructuras como los servicios secretos.

Pere Aragonès no ha seguido la intervención de Sánchez en directo porque tenía su propia agenda, aunque ha enviado un tuit tras conocer la propuesta de la Moncloa. “Las preguntas esenciales siguen sin respuesta. Ante este caso de espionaje masivo sin precedentes, no vale minimizar y dejar pasar el tiempo. Sólo explicaciones claras y responsabilidades”, ha escrito. “El Gobierno sigue sin asumir ninguna culpa”, incidían desde el equipo del republicano. El Govern por ahora no ha valorado el ofrecimiento de reformar las leyes de los servicios secretos, aunque desde la Generalitat y ERC habían reclamado que hubiera cambios legales para garantizar mayor control judicial y político, pero consideran que el anuncio es “totalmente insuficiente”.

Las “preguntas que siguen sin respuesta” a las que se refería Aragonès son las que unos minutos antes había planteado el líder de ERC en Congreso. “¿Qué ha venido a hacer hoy aquí?”, ha abierto fuego Rufián, afeando que Sánchez haya dedicado una larga parte de su discurso cargar contra el PP. “¿Por qué promete un mayor control judicial cuando el mayor controlador del CNI es usted?”, ha continuado el republicano, “¿Qué delito habían cometido los espiados, aparte de ese [ser independentistas]?”, ha reclamado, “¿si mañana un sindicato corta una vía ferroviaria o quema un contenedor también van a intervenir sus teléfonos?”.

Rufián también ha cuestionado por qué se espió a Pere Aragonès, por qué se hizo además durante el tiempo que negociaba la investidura de Sánchez y qué pasó con la información obtenida. Hace dos semanas fue el Govern quién envió un solicitud formal al Consejo de Ministros para que se desclasifique esta información, que hasta el momento no ha tenido respuesta.

Sánchez tampoco ha encontrado apoyo en el PNV, otro de los socios más fieles del Gobierno. “El espionaje debe investigarse a fondo, porque un cierre en falso no ayudaría ni a su Gobierno”, ha asegurado Aitor Esteban. El líder jeltzale se ha referido a la larga insistencia de su partido para actualizar la ley de secretos oficiales, que quedó paralizada en el Congreso, aunque sí ha esgrimido su propia receta de los cambios que deberían acometerse para superar la crisis, que sobre el papel no están tan lejos de los ofrecidos por el Gobierno “Hay que actualizar la ley de secretos y actualizar la ley del CNI”, ha subrayado.

Sin embargo, Esteban ha dejado claro que su partido tampoco se conformará con una mera actualización legal porque sus reclamaciones van, también, en la línea de completar la democratización de las estructuras policiales y de inteligencia. “El Estado sigue en la ola de una transición permanente sin haber llegado a la playa”, ha dicho el líder parlamentario del PNV.

En similares términos se han pronunciado otros dos aliados habituales de Sánchez como son EH Bildu y el PDeCAT. Por parte de los independentistas vascos, Mertxe Aizpurua ha asegurado que el Gobierno debería ser el “primer interesado” en “limpiar las cloacas del Estado”, mientras Ferran Bel, otro de los puntales del Gobierno para sacar adelante su actividad legislativa, se ha mostrado “absolutamente decepcionado” por la intervención de Sánchez, de quien ha dicho que “ha mostrado muy poca empatía con los 65 ciudadanos que hemos sido espiados”. Tampoco se han mostrado conciliadores desde Mas País, Compromís ni el BNG, pese a su buena sintonía habitual con el Gobierno, ni mucho menos formaciones como Junts o la CUP, estás posicionadas de forma clara en la oposición.

Las relaciones con el Govern, congeladas

La comparecencia de Sánchez este jueves, por tanto, no ha servido para calmar a la mayoría de socios del bloque de la investidura, que han mostrado que continúan considerado insuficientes los pasos dados por el Gobierno para gestionar la crisis del espionaje con Pegasus. El conjunto de los aliados de Sánchez, incluyendo Unidas Podemos, reclamaron una comisión de investigación que fue bloqueada en el Congreso a principios de mayo con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. Tampoco ha habido novedades en la reunión que Pere Aragonès reclamó a Pedro Sánchez para que éste le ofreciera explicaciones “cara a cara”.

Aunque continúa congelada y sin fecha, no se descarta que esta reunión a dos entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat pueda acabar celebrándose más adelante. Tras unas primeras semanas de gran indignación, desde la dimisión de la directora del CNI, Paz Esteban, el equipo de Aragonès ha rebajado varios decibelios sus críticas contra la Moncloa, si bien ha evitado poner facilidades para que la reunión con Sánchez se produzca porque, según explicaron fuentes del Govern, querían evitar un encuentro “sin contenido” y para “dar unas palmaditas en la espalda”.

La tensión entre Barcelona y Madrid ha bajado, pero las relaciones están lejos de descongelarse. Aragonès incluso ha dado muestras de haber asumido que la ruptura de la colaboración puede suponer incluso que la mesa de diálogo acabe de forma abrupta. En el balance del primer año de Govern exhibido por Aragonès esta semana el principal punto negro era precisamente la negociación con el Estado, que el propio president aseguraba que no había avanzado pese a las expectativas creadas. También en la sesión de control de este miércoles, Aragonès volvió a referirse a esto y, en una respuesta al jefe de la oposición Salvador Illa, reconoció que el diálogo no estaba dando frutos. “Y mira que me esfuerzo”, se lamentó Aragonès.

El presidente del Gobierno ha propuesto este jueves ante el Congreso de los diputados reformar el armazón legal del CNI para dotarlo de un mayor control judicial y adecuar a los tiempos la gestión de la información clasificada. Este anuncio ha sido la principal baza con la que se ha presentado Pedro Sánchez ante el Congreso, en una comparecencia forzada para dar explicaciones sobre el escándalo del espionaje con el programa Pegasus. Pero la propuesta no ha convencido ni al Govern catalán, afectado por las intervenciones telefónicas, ni a la mayoría de los socios parlamentarios de Sánchez, que han alertado de que hacen falta cambios profundos para controlar estructuras como los servicios secretos.

Pere Aragonès no ha seguido la intervención de Sánchez en directo porque tenía su propia agenda, aunque ha enviado un tuit tras conocer la propuesta de la Moncloa. “Las preguntas esenciales siguen sin respuesta. Ante este caso de espionaje masivo sin precedentes, no vale minimizar y dejar pasar el tiempo. Sólo explicaciones claras y responsabilidades”, ha escrito. “El Gobierno sigue sin asumir ninguna culpa”, incidían desde el equipo del republicano. El Govern por ahora no ha valorado el ofrecimiento de reformar las leyes de los servicios secretos, aunque desde la Generalitat y ERC habían reclamado que hubiera cambios legales para garantizar mayor control judicial y político, pero consideran que el anuncio es “totalmente insuficiente”.

Las “preguntas que siguen sin respuesta” a las que se refería Aragonès son las que unos minutos antes había planteado el líder de ERC en Congreso. “¿Qué ha venido a hacer hoy aquí?”, ha abierto fuego Rufián, afeando que Sánchez haya dedicado una larga parte de su discurso cargar contra el PP. “¿Por qué promete un mayor control judicial cuando el mayor controlador del CNI es usted?”, ha continuado el republicano, “¿Qué delito habían cometido los espiados, aparte de ese [ser independentistas]?”, ha reclamado, “¿si mañana un sindicato corta una vía ferroviaria o quema un contenedor también van a intervenir sus teléfonos?”.

Rufián también ha cuestionado por qué se espió a Pere Aragonès, por qué se hizo además durante el tiempo que negociaba la investidura de Sánchez y qué pasó con la información obtenida. Hace dos semanas fue el Govern quién envió un solicitud formal al Consejo de Ministros para que se desclasifique esta información, que hasta el momento no ha tenido respuesta.

Sánchez tampoco ha encontrado apoyo en el PNV, otro de los socios más fieles del Gobierno. “El espionaje debe investigarse a fondo, porque un cierre en falso no ayudaría ni a su Gobierno”, ha asegurado Aitor Esteban. El líder jeltzale se ha referido a la larga insistencia de su partido para actualizar la ley de secretos oficiales, que quedó paralizada en el Congreso, aunque sí ha esgrimido su propia receta de los cambios que deberían acometerse para superar la crisis, que sobre el papel no están tan lejos de los ofrecidos por el Gobierno “Hay que actualizar la ley de secretos y actualizar la ley del CNI”, ha subrayado.

Sin embargo, Esteban ha dejado claro que su partido tampoco se conformará con una mera actualización legal porque sus reclamaciones van, también, en la línea de completar la democratización de las estructuras policiales y de inteligencia. “El Estado sigue en la ola de una transición permanente sin haber llegado a la playa”, ha dicho el líder parlamentario del PNV.

En similares términos se han pronunciado otros dos aliados habituales de Sánchez como son EH Bildu y el PDeCAT. Por parte de los independentistas vascos, Mertxe Aizpurua ha asegurado que el Gobierno debería ser el “primer interesado” en “limpiar las cloacas del Estado”, mientras Ferran Bel, otro de los puntales del Gobierno para sacar adelante su actividad legislativa, se ha mostrado “absolutamente decepcionado” por la intervención de Sánchez, de quien ha dicho que “ha mostrado muy poca empatía con los 65 ciudadanos que hemos sido espiados”. Tampoco se han mostrado conciliadores desde Mas País, Compromís ni el BNG, pese a su buena sintonía habitual con el Gobierno, ni mucho menos formaciones como Junts o la CUP, estás posicionadas de forma clara en la oposición.

Las relaciones con el Govern, congeladas

La comparecencia de Sánchez este jueves, por tanto, no ha servido para calmar a la mayoría de socios del bloque de la investidura, que han mostrado que continúan considerado insuficientes los pasos dados por el Gobierno para gestionar la crisis del espionaje con Pegasus. El conjunto de los aliados de Sánchez, incluyendo Unidas Podemos, reclamaron una comisión de investigación que fue bloqueada en el Congreso a principios de mayo con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. Tampoco ha habido novedades en la reunión que Pere Aragonès reclamó a Pedro Sánchez para que éste le ofreciera explicaciones “cara a cara”.

Aunque continúa congelada y sin fecha, no se descarta que esta reunión a dos entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat pueda acabar celebrándose más adelante. Tras unas primeras semanas de gran indignación, desde la dimisión de la directora del CNI, Paz Esteban, el equipo de Aragonès ha rebajado varios decibelios sus críticas contra la Moncloa, si bien ha evitado poner facilidades para que la reunión con Sánchez se produzca porque, según explicaron fuentes del Govern, querían evitar un encuentro “sin contenido” y para “dar unas palmaditas en la espalda”.

La tensión entre Barcelona y Madrid ha bajado, pero las relaciones están lejos de descongelarse. Aragonès incluso ha dado muestras de haber asumido que la ruptura de la colaboración puede suponer incluso que la mesa de diálogo acabe de forma abrupta. En el balance del primer año de Govern exhibido por Aragonès esta semana el principal punto negro era precisamente la negociación con el Estado, que el propio president aseguraba que no había avanzado pese a las expectativas creadas. También en la sesión de control de este miércoles, Aragonès volvió a referirse a esto y, en una respuesta al jefe de la oposición Salvador Illa, reconoció que el diálogo no estaba dando frutos. “Y mira que me esfuerzo”, se lamentó Aragonès.

El presidente del Gobierno ha propuesto este jueves ante el Congreso de los diputados reformar el armazón legal del CNI para dotarlo de un mayor control judicial y adecuar a los tiempos la gestión de la información clasificada. Este anuncio ha sido la principal baza con la que se ha presentado Pedro Sánchez ante el Congreso, en una comparecencia forzada para dar explicaciones sobre el escándalo del espionaje con el programa Pegasus. Pero la propuesta no ha convencido ni al Govern catalán, afectado por las intervenciones telefónicas, ni a la mayoría de los socios parlamentarios de Sánchez, que han alertado de que hacen falta cambios profundos para controlar estructuras como los servicios secretos.

Pere Aragonès no ha seguido la intervención de Sánchez en directo porque tenía su propia agenda, aunque ha enviado un tuit tras conocer la propuesta de la Moncloa. “Las preguntas esenciales siguen sin respuesta. Ante este caso de espionaje masivo sin precedentes, no vale minimizar y dejar pasar el tiempo. Sólo explicaciones claras y responsabilidades”, ha escrito. “El Gobierno sigue sin asumir ninguna culpa”, incidían desde el equipo del republicano. El Govern por ahora no ha valorado el ofrecimiento de reformar las leyes de los servicios secretos, aunque desde la Generalitat y ERC habían reclamado que hubiera cambios legales para garantizar mayor control judicial y político, pero consideran que el anuncio es “totalmente insuficiente”.