La corrupción en el PP madrileño coloca al primer expresidente al borde del banquillo
Distintos tribunales llevan más de un lustro desentrañando tramas cruzadas de corrupción en la Comunidad de Madrid durante los casi veinte años en que el PP la gobernó y el primer expresidente, de la institución y del partido, está a punto de sentarse en el banquillo. Ignacio González está acusado de cobrar comisiones millonarias en el Canal de Isabel II. Su compañero de gabinete y enemigo en la batalla interna, Francisco Granados da nombre al sumario Púnica, que también indaga sobre contratos amañados. Y la jefa de ambos, Esperanza Aguirre, también está imputada por corrupción en la Audiencia Nacional. Todos están ya fuera de la política, igual que la última presidenta, Cristina Cifuentes, a la que se investiga por una adjudicación bajo sospecha durante su etapa como vicepresidenta de la Asamblea Regional. Lo que se va a juzgar es una era de mayorías absolutísimas del PP en Madrid y los desmanes que sus todopoderosos dirigentes cometieron desde las administraciones públicas. El más avanzado de los sumarios es el caso Lezo, donde todos los focos apuntan a Ignacio González.
Un reparto de mordidas de 5,4 millones de dólares (aproximadamente cuatro millones de euros) en el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas, sitúa al borde del banquillo a Ignacio González. Considerado delfín de Esperanza Aguirre, del que fue 'número dos' en la Comunidad de Madrid y a la que sucedió en el cargo en 2012, es el primer presidente madrileño en ser procesado por un caso de corrupción.
El pasado septiembre, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de citar como imputadas a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre cerró un ciclo de 15 años con todos los que fueron presidentes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2018 implicados en diferentes sumarios.
En la causa por la que González enfila el banquillo se ha investigado un supuesto desfalco de entre 6,4 y 9,6 millones de euros en la compra por parte del Canal del 75% de la empresa brasileña Emissão a través de una sociedad paraguaya. La operación, que se supone que abría las puertas del Canal al mercado brasileño, se cerró por 31 millones de dólares, pero su valoración cayó al poco tiempo hasta los cinco millones.
Cuando la compañía pública de aguas ejecutó esa compra, en noviembre de 2013, González era ya presidente de la Comunidad de Madrid. Había abandonado poco más de un año antes el puesto de máximo responsable del Canal que ocupó entre 2003 y 2012 al tiempo que era vicepresidente autonómico.
Los investigadores atribuyen a González la labor de “supervisión” y “vigilancia” de un proceso “plagado de ilicitudes” y en el que cinco de los investigados se pusieron de acuerdo para que el Canal pagara por Emissão un “sobreprecio indebido” con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales. Las mordidas habrían alcanzado los 5,4 millones de dólares, de los que González se habría quedado con 1,8 millones.
El citado auto detalla cómo el expresidente regional se habría encargado de fijar la cuantía de esas comisiones “siendo la suya el doble que las de los demás”. Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado testaferro de González y entonces presidente de Inassa, sociedad pública que participó en la operación; el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, también persona de confianza de González y los exgerentes de filiales del Canal que participaron en el supuesto concierto Diego García Arias y Ramón Navarro habrían cobrado 900.000 dólares cada uno.
González hizo carrera política a la sombra de Aguirre, con la que se inició en la vida pública en 1996 en el cargo de subsecretario de Educación cuando ella ocupaba esa cartera en el Gobierno de José María Aznar. Más de dos décadas después ambos comparten imputación en otro caso de corrupción, la trama Púnica. Los investigadores le atribuyen un papel decisivo en la maquinaria supuestamente puesta en marcha bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del partido.
El sumario de ese caso lo sitúa en una reunión que se considera clave en el sistema de financiación irregular del PP madrileño y en la que también habrían estado presentes la propia Aguirre y su otro gran colaborador, Francisco Granados, con el que González mantiene una enemistad de años.
En sus declaraciones en sede judicial, tanto Aguirre como González descargaron toda la responsabilidad sobre los asuntos de carácter económico en el que fuera gerente del PP regional Beltrán Gutiérrez y negaron la existencia de una caja b en la formación. Y eso a pesar de las altas responsabilidades que ocuparon en los años en los que estuvieron en la primera línea política en la Comunidad de Madrid.
El horizonte judicial de González tiene más hitos además de su supuesta implicación en la financiación irregular del PP o la “fraudulenta” compra de Emissão. El juez García Castellón también investiga la mordida de 1,4 millones de euros que OHL le quería pagar por la adjudicación de una obra férrea en la Comunidad de Madrid. González nunca llegó a recibir ese dinero porque Adrián de la Joya, el empresario que puso a disposición de la constructora una de sus cuentas en Suiza para realizar la operación, se quedó con él tal y como declaró en sede judicial.
Además, el expresidente regional tiene abierta otra investigación por su relación con un ático de lujo en Estepona (Málaga). Concluida la instrucción, el juez tiene que decidir ahora si lo procesa o archiva la causa, abierta en 2012, para dilucidar si compró ese inmueble con todas las de la ley o se trata de un soborno en especie. Este fue precisamente el caso que forzó su abandono de la vida pública en 2015, dos años antes de estallara la causa que lo ha situado ahora al borde del banquillo.
