Jueces y fiscales progresistas ven desproporcionado suspender el derecho a voto de nacionalizados por la 'ley de nietos'
Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado este sábado su “honda preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas que han obtenido la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', una medida que juzgan desproporcionada, puesto que afecta a un derecho fundamental.
Así lo han trasladado a través de un comunicado conjunto en el que, si bien muestran su respeto hacia el alto tribunal, se alinean con la tesis expuesta por la magistrada María Alicia Millán Herrandis en el voto particular discrepante que ha emitido desmarcándose de la decisión adoptada por sus compañeros de sala.
De este forma, critican que las medidas cautelares adoptadas por el Supremo, atendiendo la petición de Vox y Iustitia Europa, proyectan sus efectos electorales sobre la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para desarrollar la 'ley de nietos' un documento que, recalcan, no ha sido impugnado “directa ni indirectamente” en este procedimiento.
Las dos asociaciones denuncian también que el Supremo priva del derecho constitucional de sufragio a personas que “son españolas en virtud de actos firmes, dictados por los órganos competentes con arreglo a la normativa vigente” y que lo hace, además, sin que el colectivo afectado “haya sido parte en el proceso y sin que se haya realizado un examen individualizado de su situación”.
Diferencia de trato entre españoles
Según la resolución judicial, estas personas no podrán votar hasta que el Supremo dicte sentencia salvo que acrediten que son descendientes de exiliados por motivos políticos. Para los jueces y fiscales progresistas, esta excepción “depende de una certificación” que los afectados “no pueden instar”, lo que genera “una diferencia de trato entre personas españolas de origen en función de la vía por la que accedieron a la nacionalidad, circunstancia que exige una especial cautela desde la perspectiva del principio de igualdad”.
Pero su principal crítica reside en la “proporcionalidad” de la medida al afectar esta “al ejercicio de derechos fundamentales”. En este contexto, se quejan de que, mientras “el riesgo” que se invoca el Supremo “se proyecta sobre procesos electorales futuros y todavía no convocados”, el “perjuicio que ocasiona la suspensión es, en cambio, inmediato y concreto”.
“Cuando una medida cautelar limita derechos fundamentales de un número muy elevado de personas, resulta necesario que la ponderación se realice con un rigor especialmente intenso”, enfatizan ambas asociaciones.
También destacan que la existencia de posiciones discrepantes, también en el seno de la JEC, pone de manifiesto la existencia de una “controversia interpretativa legítima” que, a su juicio, debe “resolverse en el enjuiciamiento del fondo, con plena contradicción y con todas las garantías”.
No hacer partidismo
En este contexto, dicen confiar en que el procedimiento, de tramitación preferente, “se resuelva con la mayor celeridad posible y, en todo caso, antes de que pueda convocarse cualquier proceso electoral”, como ha urgido también el Gobierno.
Además de reclamar que las dudas sobre la adecuación a la ley de la instrucción del Ministerio de Justicia se resuelvan mediante los cauces específicamente previstos para, exigen a las administraciones implicadas que ofrezcan “información clara y accesible” a las personas por la suspensión del derecho a voto y que este debate se afronte “con serenidad”, sin convertir “el censo electoral ni a las personas afectadas en objeto de confrontación partidista”.
“Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales reafirman su compromiso con la integridad de los procesos electorales y, con igual firmeza, con la garantía efectiva del derecho de sufragio de todas las personas que ostentan la nacionalidad española”, finaliza el comunicado.