El president de la Generalitat, Quim Torra, conocía desde el pasado viernes que el Síndic de Greuges –defensor del pueblo catalán– era partidario de retirar los lazos amarillos y banderas independentistas de los edificios públicos tal y como reclamaba la Junta Electoral Central (JEC). Pese a eso, el Govern aseguró el martes que Torra dejaba en manos del Síndic la decisión final sobre obedecer o no a la JEC, tras asegurar que le había reclamado un informe y dando a entender que no conocía la decisión final. Escribe Arturo Puente.
Con esta maniobra, Torra ha tratado de desembarazarse de la decisión sobre quitar los símbolos, algo que generaba cierta controversia tanto entre algunos sectores independentistas como en el propio Govern. El president deseaba evitar la imagen de que era él quien acataba la orden de la Junta Electoral, por lo que el pasado martes la portavoz del Govern, Elsa Artadi, aseguró que los consellers harían lo que el Síndic recomendara en un informe que, según dijo Artadi, Torra había reclamado.