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La negociación de los Presupuestos tensiona la coalición de PSOE y Unidas Podemos tras una semana de rifirrafes

Desde Podemos aseguran que no se trata de un rifirrafe más ni de otra de esas patadas en la espinilla que sirven al partido para fijar su posición dentro del Gobierno en asuntos que son líneas rojas para su electorado. Sostienen que esta vez está en riesgo la unidad de la coalición, dicen fuentes cercanas al vicepresidente Pablo Iglesias, que ya no se atreven a garantizar que la legislatura vaya a durar los cuatro años. El escollo ya no es una investigación sobre el rey Juan Carlos o el papel que pudo jugar Felipe González en la guerra sucia contra el terrorismo hace varias legislaturas. Ahora el asunto son los Presupuestos y además la política de alianzas del Gobierno para afrontar un momento clave para el país: la gestión de la pandemia a corto plazo, pero sobre todo, la tarea de reconstrucción, las líneas económicas que van a marcar la salida de la crisis que viene en el último trimestre y el comienzo del año que viene.

Nadie duda ni en el gobierno ni fuera de que sin Presupuestos no hay legislatura y la negociación de las cuentas públicas monopolizará la política durante el último trimestre del año. La intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentarlos en “tiempo y forma” en el Congreso, es decir, el 30 de septiembre, aunque su aspiración es registrarlos una vez tenga garantizados los apoyos. La intención inicial del Gobierno era sacar adelante las cuentas públicas con los aliados de la investidura, pero el calendario electoral en Catalunya, pendiente de la decisión de Quim Torra sobre la convocatoria de los comicios, complica la posición de ERC. Por eso la parte socialista del Gobierno trata de aprovechar el giro que ha dado Ciudadanos, que salvó algunas de las prórrogas del estado de alarma y con quien ha puesto en marcha un diálogo fluido. Además de las reuniones que han sido comunicadas, el contacto entre ambas partes es continuo. A pesar del acercamiento a Inés Arrimadas, Sánchez hace equilibrios también con guiños ERC para no cerrar esa vía. “Lo inteligente es dialogar dentro de la Constitución, en una agenda del reencuentro, que es en lo que está el Gobierno de España”, expresó Sánchez el martes.

Antes de que empiece la ronda de contactos, Podemos ha dado un golpe en la mesa. Cierto que no ha salido ni el vicepresidente ni ningún miembro del Gobierno a marcar las líneas rojas. Ni siquiera el portavoz parlamentario, Pablo Echenique. Salieron Isa Serra y Rafa Mayoral, pero nadie que conozca el partido duda de que la amenaza de votar contra los Presupuestos si hay un pacto con Ciudadanos estaba pactada con Iglesias.

El presidente había multiplicado los llamamientos a la unidad política para hacer frente a las devastadoras consecuencias de la pandemia y ha decidido rodearse de los poderes económicos como herramienta de presión sobre Pablo Casado e Inés Arrimadas, con los que pretende abordar las cuentas públicas en la ronda de contactos que inicia la próxima semana con los líderes políticos así como la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones desde hace casi dos años.

Las empresas dentro del engranaje

“Queremos y necesitamos unos Presupuestos de País, no unos Presupuestos de un Gobierno u otro. Los Presupuestos antiguos eran ya inservibles antes de la crisis provocada por la pandemia. Ahora, tras la crisis, son peor que inútiles, son contraproducentes y nocivos –afirmó Sánchez en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros tras las vacaciones–. La negociación de unos nuevos Presupuestos medirá la responsabilidad y también el sentido de Estado de todas las fuerzas políticas y de cuáles anteponen los intereses generales a los partidistas”. Moncloa ha creado una unidad de seguimiento de los fondos de recuperación de la UE, pero no todo se queda en manos de las administraciones sino que ha puesto en marcha un grupo de alto nivel de colaboración público-privada para exprimirlos al máximo. La estrategia diseñada por Moncloa pasa por involucrar en la salida de la crisis a las grandes empresas del país de manera que estas multipliquen ese ruego para la aprobación de las cuentas de 2021. El primer escaparate para esa operación será la conferencia que Sánchez protagonizará ante un nutrido grupo de empresarios, representantes de la patronal, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil este lunes, 48 horas antes de reunirse con Casado y Arrimadas.

Génova se limitó a confirmar el encuentro del próximo miércoles en un comunicado en el que aseguró que Casado asistirá a Moncloa “como siempre ha hecho cuando Sánchez le ha llamado” y en representación de un partido “con sentido de Estado y comprometido con el futuro de los españoles, que ejerce una oposición constructiva y leal”. Según publicó El Mundo, el jefe de la oposición se abre a negociar los Presupuestos si Unidas Podemos sale del Gobierno, una opción que desechan fuentes de la cúpula socialista. Arrimadas será la segunda en ver al presidente tras haberse convertido en una aliada inesperada –a la vez que estratégica– para el Gobierno durante el estado de alarma. Las dificultades de ERC ante el complejo tablero catalán han hecho a los socialistas reforzar la relación con Ciudadanos ante la posibilidad de que pueda salvar los Presupuestos. Y en el PSOE no olvidan que ERC ya dejó caer al Gobierno de Sánchez una vez, en la anterior negociación presupuestaria, y que también le retiró su apoyo en un momento crítico para el país, cuando se precisaba alargar el estado de alarma.

Podemos llevaba varios días tomando nota de los mensajes que enviaba Sánchez. Especialmente sobre que las cuentas de 2021 ya no serán las del Gobierno de coalición sino unos “Presupuestos de país”. Y este viernes llegó la respuesta. “El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos Presupuestos con Ciudadanos”, afirmó la portavoz de la formación, Isa Serra, que emplazó a los socialistas a “cuidar la mayoría que sustenta este Gobierno”. “Nosotros apostamos, claramente, por unos Presupuestos de país, y el PP, para este país, ni está ni se le espera”, apostilló el diputado Rafa Mayoral en la misma rueda de prensa este viernes.

Fuentes del grupo confederal aseguran que la rueda de prensa no hizo más que repetir lo que los dirigentes de Unidas Podemos llevan manifestando en privado a Sánchez. La sospecha en Unidas Podemos es que los socialistas estén tratando de buscar un pacto por la derecha a base de hechos consumados. Y son partidarios de esperar unos meses si, tal y como admiten, no es posible reconstruir ahora el bloque de la investidura porque la precampaña catalana impide el apoyo de ERC a las cuentas públicas. Todo menos apoyarse en Ciudadanos para sacar adelante unos Presupuestos que vayan en línea diferente a lo que ha repetido Iglesias y su equipo: que de esta crisis no se va a salir como en la de 2008.

El malestar según las fuentes consultadas en el grupo confederal ha ido en aumento a lo largo de la semana. Iglesias ha contado a los suyos que se enteró por la prensa de la reunión de Sánchez con los empresarios. Esa suma de gestos es lo que ha llevado al partido a dar el puñetazo en la mesa de este viernes que, según las fuentes consultadas no debe interpretarse como un farol negociador sino como una línea roja de Unidas Podemos: con Ciudadanos no.

No solo Podemos ha advertido a Sánchez de que una entente con la derecha es “incompatible” con su proyecto. ERC ha reiterado que no estará en una alianza que cuente con el sello del partido liberal. EH Bildu, que también facilitó con su abstención la investidura y que es uno de los apoyos parlamentarios del Gobierno, ha advertido de que tiene que elegir entre Ciudadanos o los aliados de la izquierda y ha criticado “la deriva” y “los bandazos” del PSOE.

La posición del partido de Iglesias no ha sido unánime dentro del grupo confederal. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había mostrado contraria este jueves a imponer vetos en la negociación presupuestaria. “No se puede excluir a nadie y menos en pandemia. Este es el hecho diferencial español, que nos entorpece y fuera nos miran como con extrañeza -defendió en una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional-. Estamos en plena crisis económica y social y nunca se va con una línea roja, y menos con exclusiones”.

La posición fijada por Podemos en contra del llamamiento a PP y Ciudadanos que formuló el presidente ha sentado fatal en el PSOE. “Vamos a apostar por unos Presupuestos de país, apelamos a todas las fuerzas políticas”, expresaban posteriormente fuentes oficiales del partido de Sánchez. “La alternativa a los Presupuestos de PSOE y Unidas Podemos no pueden ser los de Montoro”, añaden las mismas fuentes.

A pesar del enfado que ha causado en las filas socialistas -“es una deslealtad de Iglesias”, reprocha una de las fuentes consultadas-, en la cúpula tratan de rebajar el desencuentro y confían en poder encauzar la situación. “Hay que tener tranquilidad y paso a paso”, dice un destacado socialista a elDiario.es. Dirigentes del PSOE pronosticaron tras el batacazo de Podemos en las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio un cierto viraje de Podemos hacia posiciones más radicales ante el temor a que la institucionalidad les condene a una posición residual.

Un día después de la rueda de prensa de Serra y Mayoral, el diario El Confidencial ha publicado que Unidas Podemos propondrá al PSOE negociar un acuerdo presupuestario previo a las conversaciones con otros partidos. Ese documento se convertiría en la posición oficial del Gobierno de coalición para negociar los Presupuestos con otros partidos, incluido Ciudadanos.

Los Presupuestos son la prueba de fuego de la coalición, pero no ha sido el único choque entre los miembros del Gobierno en los cinco días que han tenido de actividad a medio gas en la última semana de agosto. En su primera aparición pública este martes tras el parón estival, Sánchez se vio obligado a templar las aguas ante el malestar que Unidas Podemos dejó patente por la gestión del Ministerio de Educación ante la vuelta al colegio. En una comunicación a los medios, la formación de Iglesias acusaba a Isabel Celaá de “falta de liderazgo” en la organización de la anormal reapertura de las aulas para el curso 2020-2021 ante la pandemia de coronavirus. Planteaban, además, “una bajada de ratio de alumnos en los centros educativos” así como condicionar el reparto de los 2.000 millones de euros que el Gobierno ha dado a las comunidades como inversión extra a la contratación de profesorado.

Los ministros, incluida Celaá, se encontraron publicada la queja de Unidas Podemos al levantarse de la reunión del gabinete, en la que Iglesias y los suyos no hicieron ninguna alusión al respecto, según todas las fuentes consultadas. “Todos mis ministros y ministras son los ministros del Gobierno de España, no son los ministros de un partido o de otro -respondió el presidente a preguntas de los periodistas sobre esa desavenencia-. Todos y cada uno de ellos tienen mi máxima confianza y lo único que puedo decir es que tengo lógicamente una positiva opinión del funcionamiento del Gobierno de coalición y de la aportación de Unidas Podemos al funcionamiento del Gobierno”.

Pero la crítica de Unidas Podemos cayó como un jarro de agua fría en el sector socialista del Ejecutivo, especialmente en Educación, que lleva varios días defendiéndose de los ataques del PP y algunas comunidades. “Nunca lo he oído decir, en ninguna parte, nunca se lo he oído a nadie de Podemos, pero no me va a distraer esto. Todo el Gobierno está trabajando en una misma dirección”, expresó Celaá en una entrevista en la Cadena SER el miércoles.

Tanto Sánchez como Educación recordaban, además, que en junio se elaboró una guía de recomendaciones para organizar la reapertura de los colegios y que las comunidades han ido desarrollando sus propios planes. Una de las reivindicaciones del socio minoritario del Ejecutivo, según fuentes del grupo confederal, es una “bajada de ratio de alumnos en los centros educativos”. En Educación sostienen que ya está contemplado en el protocolo enviado hace un par de meses a las autonomías. Ese documento recomendaba “establecer grupos de convivencia estable de alumnado, idealmente un máximo 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20 si fuera necesario)”.

Otra de las exigencias de los de Iglesias es que la parte correspondiente a educación del fondo no reembolsable que el Gobierno ha destinado a las comunidades para hacer frente a las consecuencias de la pandemia estén condicionados a la contratación de profesores. Pero Educación y Hacienda sostienen que corresponde a las autonomías en su marco competencial distribuir esos 2.000 millones de euros. Celaá evidenció su malestar con el socio de Gobierno, que no puso pegas a los términos del reparto en la reunión del gabinete en la que se aprobó ese decreto: “El fondo COVID de 2.000 millones fue aprobado por el Consejo de Ministros, por la totalidad del Consejo de Ministros, el 16 de junio”.

En defensa de la titular de Educación salieron, además, los ministros de Trabajo y Consumo. “No le ha faltado liderazgo en absoluto”, expresó Alberto Garzón. El líder de IU calificó de “excelente” la labor de Celaá. “Hace un trabajo extraordinario”, dijo Díaz.

No solo Unidas Podemos irrita a la parte socialista del Ejecutivo. Nada más volver de vacaciones las palabras de Carmen Calvo y Margarita Robles ante la exigencia de explicaciones de PP y Ciudadanos por parte de Iglesias en el Congreso sobre las denuncias de un abogado despedido por Unidas Podemos molestaron en el grupo confederal. La vicepresidenta primera no dejó claro cuál sería el posicionamiento del PSOE en la Diputación Permanente, el órgano que pilota la actividad parlamentaria en los periodos inhábiles y donde se iba a debatir esa propuesta. “Es verdad que hemos de distinguir los espacios de gobierno de los espacios de partido”, expresó en declaraciones a los medios. Poco antes, la titular de Defensa, que es la que peor relación tiene con los de Iglesias, se mostró partidaria de que rindiera cuentas en el Parlamento. “La transparencia siempre es buena, el control parlamentario siempre es positivo”, expresó Robles en la Cadena SER. No obstante, fuentes socialistas aseguran que la dirección ya había trasladado al grupo confederal que votarían en contra de las solicitudes formuladas por PP y Ciudadanos.

De hecho, en ese debate que se producía justo cuando trascendía el malestar de Unidas Podemos con la gestión de Celaá, el portavoz adjunto del PSOE, Felipe Sicilia, recordaba en el Congreso que otras investigaciones sobre la presunta financiación irregular del partido de Iglesias habían quedado archivadas. “Que un partido condenado por beneficiarse de la corrupción venga a pedir responsabilidades resulta curioso”, reprochaba al PP, al que advertía de que tendría que pedir disculpas al vicepresidente si estas causas quedan en nada. “Elijan los temas que quieran, nosotros vamos a elegir los que preocupan a los ciudadanos de este país (...), en eso estará mi grupo, pero en el juego sucio que ustedes pretenden utilizar incluso con la justicia de por medio no nos van a encontrar”, sentenció entre aplausos de su bancada y también de la del grupo confederal. También Sánchez, que se había reunido el día anterior con el vicepresidente segundo, hizo una férrea defensa de Iglesias dando un giro a la posición que había mantenido hasta entonces, colocándose de perfil al limitarse a mostrar su respeto por el Poder Judicial, que tiene en sus manos la denuncia del exabogado de la formación, José Manuel Calvente. La intervención de Sicilia fue jaleada en las redes por dirigentes de Unidas Podemos, incluido su portavoz parlamentario Pablo Echenique.

“Total confianza y total apoyo a Unidas Podemos y al vicepresidente segundo”, zanjó Sánchez en su primera comparecencia a la vuelta de las vacaciones. Salió así en defensa de su socio ante la investigación que copó durante semanas portadas en la prensa. La derecha dio por hecha la existencia de una supuesta caja B, de la que de momento nadie ha aportado pruebas, ni siquiera el abogado despedido que ejerce como denunciante. Otra de las causas que enfrenta Podemos ha surgido a partir del informe del fiscal de Tribunal de Cuentas que ha pedido investigar si existe malversación en un contrato de Unidas Podemos con una empresa de consultoría. Esa segunda vía de investigación si preocupa a algunos dirigentes socialistas.

A pesar de la contundencia de las palabras del presidente, en las filas socialistas sí existe cierta preocupación por cómo puede acabar ese procedimiento y sobre todo por el desgaste que pueda acarrear. En Unidas Podemos garantizan que no se cometió ningún delito y recuerdan que la justicia ha ido archivando otras denuncias sobre su financiación que también han hecho mucho ruido en algunos periódicos.

En la misma Diputación Permanente en la que el PSOE cerraba filas con el vicepresidente, Unidas Podemos anunciaba su voto a favor de la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, –aunque acabó votando en contra– y evidenciaba su malestar con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la fórmula que ha escogido para que los ayuntamientos puedan invertir parte de sus ahorros previo préstamo del superávit al Estado. El decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 4 de agosto –que fue aceptado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el único respaldo de los alcaldes socialistas y salió adelante por el voto de calidad del presidente, Abel Caballero, tras la abstención del representante del grupo confederal (el regidor de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura)– no cuenta por ahora con el apoyo de ningún partido de la Cámara. De hecho, el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, afeó que esa iniciativa fuera “un pacto del PSOE con el propio PSOE”. Montero tendrá que rendir cuentas en la comisión de Hacienda el lunes porque así lo secundaron todos los grupos en la Diputación Permanente, a excepción del socialista.

El desencuentro anterior había surgido por la salida del rey emérito de España por los escándalos sobre sus finanzas que investiga la justicia. La maniobra, hablada por Sánchez y Calvo con Zarzuela, cuenta con el apoyo de la parte socialista del Gobierno en su intento por salvar la monarquía encarnada por Felipe VI. Moncloa defiende que la marcha de Juan Carlos I “fortalece” al actual monarca mientras que Unidas Podemos ha marcado distancias con esa posición y sostiene que es el momento de replantear el modelo de Estado.

Unidas Podemos manifestó su enfado por la “huida” del rey emérito y reclamó explicaciones a Sánchez ante lo que, en palabras del presidente del grupo confederal, Jaume Asens, había sido una “deslealtad” con su socio de Gobierno. De hecho, el líder de los comunes aseguró que reclamarían la comparecencia en el Congreso de Felipe VI y Carmen Calvo, aunque la amenaza no llegó a sustanciarse. “No es una decisión que se haya tomado en el Gobierno de coalición”, remató la ministra de Igualdad, Irene Montero. A pesar de ese malestar, en Unidas Podemos admiten que la posición sobre la monarquía es uno de los desencuentros prepactados en el acuerdo de investidura. Mientras que las desavenencias en materias programáticas, presupuestarias o del funcionamiento diario del Ejecutivo sí se negocian, ambas partes asumen las distintas posiciones en lo relativo a la jefatura del Estado.

Pese a los conflictos que se han producido en los últimos meses e incluso en los cinco días de comienzo de curso, en Unidas Podemos aseguraban a principio de semana que la coalición no corre peligro. Tampoco lo creían en las filas socialistas. La situación ha cambiado durante las últimas horas, al menos, en el entorno de Iglesias. El pulso por los Presupuestos está echado y será la prueba del engranaje del primer bipartito desde la restauración de la democracia en España.