Optimismo en Ecuador por un proyecto de enmienda a la llamada “ley mordaza”

Organizaciones sociales, gremios de prensa y medios privados han expresado hoy su optimismo con un proyecto de enmienda a la polémica Ley de Comunicación con la que el presidente Lenín Moreno pretende poner fin a cinco años de represión informativa y autocensuras en Ecuador.

El proyecto, que llegará el viernes a la Asamblea Nacional, busca reformar la legislación aprobada en 2013 en la administración del presidente Rafael Correa, calificada por sus detractores como una “ley mordaza” y que supuso una fuerte presión, política y económica, sobre lo que el anterior régimen consideraba la “prensa corrupta”.

La nueva no será una ley “punitiva”, aseguró hoy a Efe César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), una de las ongs que más ha presionado para que se lleve a cabo el cambio.

Largamente demandada por los medios privados de comunicación como símbolo de cambio y democratización, Moreno anunció el lunes que con las reformas habrá “regulaciones claras” para garantizar la libertad de prensa de acuerdo a estándares internacionales.

Y precisamente esos estándares son los que, según Ricaurte, se busca garantizar con una reforma que aglutina los criterios de periodistas, académicos, sociedad civil y representantes del Ejecutivo, entre otros.

La enmienda plantea asimismo una “optimización del sistema de comunicación”, de forma que se distinga claramente entre “medios públicos, privados, y comunitarios o ciudadanos”.

“Estos tres sectores tendrán plena garantía de interactuar en la generación, difusión y recepción de información, con regulaciones claras que les permitan el ejercicio del derecho a la comunicación”, insistió el mandatario ecuatoriano.

La ley aún en vigor concede por ejemplo al Gobierno la facultad de intervención en cualquier medio para exigirle la difusión de sus contenidos o forzarles a corregir información con su postura, sea o no esta cierta, so pena de fuertes multas.

En un informe en 2017, Fundamedios revelaba que hasta la llegada de Moreno al poder en mayo pasado, se procesaron 1.081 casos en contra de medios y periodistas, de los que 675 terminaron en sanciones.

En ese período constató una recaudación en multas de unos 531.000 dólares, aunque la cifra real es difícil de saber, señaló.

Ricaurte apunta como un elemento principal del proyecto la supresión definitiva de la “Superintendencia de Comunicación (Supercom)”, brazo ejecutor del correísmo en su lucha contra ciertos los medios privados y que se encargaba de imponer las sanciones.

En una reciente visita a Ecuador, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), concluyó que Moreno había cambiado el “ambiente”, pero que el cambio sólo se produciría realmente con la eliminación del “esquema represivo” y de la Supercom.

Al anunciar su propuesta, Moreno consideró en ese sentido que la libertad de expresión es “un derecho que no debe ser objeto, ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado”.

Y es que precisamente, para el director de Fundamedios, la LOC -que Correa impulsó para combatir lo que consideraba abusos de la prensa- fue “uno de los principales dispositivos para aplastar las voces críticas” y, en su opinión, aupó la construcción de un “Estado de propaganda”.

El nuevo proyecto mantiene la réplica y la rectificación, y garantizará los derechos de la ciudadanía a través de instancias legales como la Defensoría del Pueblo y acciones judiciales.

“Tenemos razones para estar muy optimistas”, dijo Ricaurte, sensación con la que coincide la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro.

El director de Fundamedios valoró que “el Ejecutivo no se arriesgaría a mandar el proyecto de ley si es que no tuviera ya los votos y la voluntad de la Asamblea de tratar el proyecto de ley y aprobarlo en el menor tiempo posible”, en unos 90 o 120 días, calculó.