La patronal de ocio nocturno ejercerá la acusación popular en el caso de la 'rave'

Barcelona, 3 ene (EFE).- La patronal catalana del ocio nocturno Fecasarm y la de ámbito estatal Spain Nightlife han anunciado este domingo que ejercerán la acusación popular en el caso judicial abierto por la fiesta 'rave' ilegal que se prolongó 40 horas en Llinars del Vallès (Barcelona), hasta que fue desalojada por los Mossos.

Ambas organizaciones han informado de este procedimiento en un comunicado emitido después de que los Mossos desalojaran ayer la nave en la que se celebraba la fiesta desde el 31 de diciembre, acción en la que detuvieron a dos de los organizadores, imputaron a otros cinco e identificaron a 215 asistentes de diversas nacionalidades.

Las patronales de los locales de ocio nocturno avanzan en la nota que ejercerán la acusación popular por un delito de desobediciencia, en el marco de las restricciones por la pandemia del coronavirus, ya que, según afirman, “el Código Penal no contempla como delito las conductas relacionadas con la propagación de enfermedades y epidemias”.

La consellería de Interior requirió ayer a la Fiscalía que determine si los organizadores de la fiesta pudieron cometer también un delito contra la salud pública, asunto sobre el que aún no se ha pronunciado.

Las patronales adelantan también que pedirán al Gobierno central que impulse la modificación del Código Penal para castigar aquellas conductas como delito, como ocurre en otros países, ya que, aseguran, las sanciones económicas que se imponen ahora por hechos similares “no se cobran nunca”.

Con la actual legislación, razonan las entidades patronales, si de la fiesta se deriva alguna infección grave o la muerte de una persona, no se podría acusar a los organizadores de un delito de lesiones o de homicidio, y subrayan que, en cualquier caso, si se dieran esas eventuales, las circunstancias de la fiesta harían “muy difícil demostrar la relación causa-efecto”.

Según las dos organizaciones, con la actual legislación los organizadores sólo deberán enfrentarse a un año de prisión por un presunto delito de desobediencia y una multa de hasta 600.000 euros.

José Luis Benítez, presidente de Spain Nightlife y portavoz de Ocio de Ibiza, afirma en el comunicado que “la experiencia dice que las multas administrativas nunca se acaban de pagar y que las penas inferiores a dos años no se acaban de cumplir, más si los implicados son extranjeros”, un escenario que contrapone al de los locales de ocio, “cerrados cumpliendo rigurosamente la normativa a pesar de su insostenible situación económica”.

Joaquim Boadas, secretario general de Fecasarm, por su parte, califica de “falta de respeto que, mientras todos los locales de ocio nocturno de España están cerrados, se estén organizando fiestas ilegales por todo el territorio y que no sean perseguidas y sancionadas duramente”.