Piden reintegrar pruebas en causa penal contra exfiscal salvadoreño Martínez

La Fiscalía de El Salvador solicitó este viernes a un juez antimafia reintegrar a un proceso que enfrenta el ex fiscal general Luis Martínez (2012-2015) unas grabaciones telefónicas que fueron desechadas en la etapa de instrucción.

Uno de los fiscales del caso explicó a periodistas que solicitaron al Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador la reincorporación de dichas grabaciones para que sean valoradas en el juicio que enfrentará Martínez.

La Fiscalía señala al exfiscal de “afectar a tres víctimas que fueron acusadas en diferentes juzgados valiéndose presuntamente de prueba falsa” para favorecer a un empresario.

El letrado aseguró, sin detallar el contenido de las “escuchas telefónicas”, que estas pruebas quedaron fuera del proceso por decisión de un juez instructor en noviembre de 2018.

Martínez enfrenta los cargos de omisión de investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos del Ministerio Público, mientras que otras tres personas son acusadas de fraude procesal, soborno y actos arbitrarios.

Se tenía previsto que Martínez y sus supuestos cómplices fueran juzgados en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, pero este se declaró “incompetente”.

Los jueces de dicha corte consideraron que los procesados formaban “una estructura de crimen organizado”, por lo que enviaron el proceso a la referida corte antimafia en enero pasado.

Martínez paga actualmente una condena de cinco años de prisión, impuesta en diciembre de 2018 por revelar unas grabaciones reservadas que fueron utilizadas como prueba en un proceso contra un sacerdote español.

En diciembre de 2018, otra corte envío a la etapa de instrucción una causa contra Martínez por supuestamente encabezar una red de corrupción cuando era fiscal general, con la que favoreció al expresidente Mauricio Funes (2009-2014).

Según la Fiscalía, Martínez recibió de parte de Funes 935.000 dólares para evitar que investigara la polémica tregua de pandillas que se estableció durante el mandato del expresidente.

La acusación del Ministerio Público también establece que el exmandatario, asilado en Nicaragua, habría evitado así la investigación por la construcción irregular de una represa y otros casos.