El PP intenta no retratarse sobre la ILP de la PAH
La ponencia del Congreso encargada de abordar el problema de los desahucios se ha reunido esta mañana para discutir el método y el plazo en el que pueden estar listos los cambios legislativos. La intención del grupo parlamentario del PP es fundir los dos textos que se tramitan, su proyecto de ley y la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. De esta forma, los conservadores los mezclan y evitan dar protagonismo a la iniciativa popular. Los cambios pueden estar listos en dos semanas, para votarse en comisión y remitirse después al Senado.
A la salida de la reunión, desde el PP se prometió mucho diálogo con todos los grupos y la aceptación de varias de sus enmiendas. Vicente Martínez Pujalte llegó a asegurar que va a respetarse “el espíritu” de las reivindicaciones que han llegado al Congreso a través de un millón y medio de firmas de ciudadanos, aunque ese respeto no pasará en ningún momento por contemplar la dación en pago y sí por facilitar que se satisfaga la deuda contraída. El argumento es que van a buscarse mecanismos “que garanticen un techo” pero que “mantengan cierto equilibrio entre la protección a las familias necesitadas que no puedan pagar su hipoteca y las que sí lo hacen”.
Socialistas y conservadores se enredaron en un debate sobre si refundirlo en un mismo texto o discutir ambos proyectos por separado. La socialista Leire Iglesias defendió lo segundo por temor de que el PP desvirtúe la ILP después de haber aceptado la tramitación, lo que calificó de “postureo”. También reclamó que la cuestión se vote en el Pleno y que comparezca Ada Colau en la comisión que votará el resultado de la ponencia.
Como recordó Joan Coscubiela, es una discusión estéril porque será inevitable retratarse sobre la ILP ya que las enmiendas de Izquierda Plural al proyecto de ley del Gobierno recogen todas las reclamaciones de la iniciativa impulsada por la PAH. Así, su grupo pondrá todo el empeño en evitar que el PP “vuelva a cerrar este problema en falso, como ha hecho ya en tres ocasiones en los últimos 16 meses”.
Lo que sí parece estar claro es que nadie tiene intención de dilatar el proceso. Desde el PP sostienen que los ciudadanos que temen el desahucio no pueden esperar y que la solución “tiene que estar cuanto antes en el BOE”.
Donde se espera que el Gobierno abra la mano algo más es en la reducción de los intereses de demora. Luis de Guindos ya propuso una reducción para que no sobrepasen tres veces el precio del dinero. Algunos grupos parlamentarios confían en que se proponga una rebaja mayor así como avances para que no sean las entidades financieras las que decidan cómo se reestructura la deuda pendiente. El PSOE defiende que hay que garantizarlo con una intermediación pública, en vista del fracaso del llamado Código de buenas prácticas.
Mientras se tramita el texto, en el PP siguen añadiendo presión sobre el escrache. Aunque en la discusión de la ponencia no se pronunció la palabra ni se discutió el método, Alonso lo calificó de “injusto, ilegítimo e inútil” y advirtió, con escaso éxito, de la conveniencia de que todos los grupos políticos lo condenen de manera formal.
