Ni presupuestos ni nuevas plazas seducen a policías y guardias, que piden más

El anuncio de la mayor oferta de empleo público para policías y guardias civiles desde el inicio de la crisis no ha suscitado el consenso entre ambos cuerpos, que reclaman al Gobierno que eleve el número de plazas y, en todo caso, que el refuerzo de las plantillas no sea solo una decisión a corto plazo.

Ni las partidas destinadas en los presupuestos, ni las 3.331 plazas para Policía Nacional y las 1.866 para Guardia Civil han puesto de acuerdo a sus principales asociaciones y sindicatos, excepto en una cosa: creen que es un primer paso para frenar la sangría sufrida en ambos cuerpos con la llegada de la crisis.

“Que haya aumentado la convocatoria de plazas es una buena noticia, pero son insuficientes porque los que aprueben ahora las oposiciones no estarán disponibles hasta dentro de tres años”, explica a Efe Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien además confía en que ésta no sea una “decisión cortoplacista”.

La falta de efectivos, que ambos cuerpos califican de “alarmante”, es la mayor preocupación entre la Policía y la Guardia Civil, que han visto cómo en los últimos años se han perdido unos 14.000 policías y alrededor de 6.000 guardias civiles.

“El número de plazas es manifiestamente insuficiente y, si no tenemos efectivos, no podemos llegar a tiempo para atender las demandas ciudadanas”, advierte Ramón Prendes, secretario general de Unión de Guardias Civiles (Unión GC), quien define la situación como “desprecio” por parte del Ejecutivo hacia la Guardia Civil.

El presidente de UniónGC considera que si la oferta de plazas para ingresar en la Guardia Civil fueran equiparadas a las más de tres mil convocadas para la Policía, sería un punto de partida “adecuado” para revertir muchas de las carencias actuales del cuerpo.

“Con el esfuerzo de los guardias civiles, que doblan su trabajo, se suplen las necesidades, pero esto no se siente en los altos mandos”, explica Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Otros sindicatos, como la Unión Federal de Policía, sí ven “adecuada” la oferta de plazas públicas, pero inmediatamente matizan que “nada de esto tendría sentido si solo es flor de un día”, asegura José María Benito, portavoz del sindicato.

Que el refuerzo de las plantillas sea una solución continuada en el tiempo es un deseo en el que ambos cuerpos coinciden y que tiene como base el respaldo político que les han brindado desde el Gobierno.

“Nos alegramos del compromiso del ministro del Interior, pero esto se debe mantener en toda la legislatura y, si puede ser, aumentando el número de plazas”, explica Antonio Labrado, el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP).

Desde la propia CEP han elaborado un documento en el que se constata la reducción sistemática en las plantillas policiales, que se prevé que pierdan más de 30.000 efectivos de aquí a 2020, lo que se traduce en una disminución de la cobertura “sobre todo en la periferia de las ciudades”, alertan desde el sindicato.

La convocatoria de plazas públicas para las Fuerzas de Seguridad es uno de los aspectos de los presupuestos aprobados que, datos en mano, marcan la desproporción entre el dinero destinado a Policías y Guardias Civiles -260 millones más en favor de los primeros - y redunda en la sensación de “engaño” entre los guardias.

Además, entre las asociaciones de guardias civiles se cuestiona la necesidad de mantener en los términos actuales algunas partidas, como los gastos en protocolo, y si esas cantidades -superiores en más de 200 millones de euros con respecto a la Policía- podrían reasignarse a otros conceptos más necesitados.

El presidente de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil, José Francisco Silva, califica los gastos en protocolo de “prescindibles y vergonzantes, en los tiempos que corren, cerrando cuarteles y con el déficit de plantilla que existe”.

Una opinión que contrasta con la del portavoz de la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), Fernando Ramírez Trejo, quien asegura que “reducir el gasto en protocolo no resuelve otros problemas mucho más graves y urgentes, como los de personal”.