El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la mañana de este jueves tres peticiones de información a la Mesa de las Cortes de Castilla y León relacionadas con la información publicada por eldiario.es que vincula al encargado de las obras de la casa del marido de Silvia Clemente con contratos menores que recibió mientras Clemente era consejera de Agricultura y en la actual etapa de presidenta del Parlamento regional.
En concreto, las tres solicitudes de los procuradores José Francisco Martín y Pedro González incluyen “la relación de pagos, incluyendo fecha cuantía y concepto, realizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de los entes públicos vinculados o dependientes de la misma, desde 2000 hasta la actualidad” a Reparaciones Rada SL, su anterior denominación Mat obras Urbanas SL y su administrador único, Raúl David Rodríguez Ibáñez.
Tal y como ha publicado este medio, el marido de Silvia Clemente mantuvo varios pleitos con sus padres y hermano después de ejecutar obras en la casona familiar de Pedrosa del Rey (Valladolid) por valor de 1.165.390 euros entre los años 2010 y 2012. La vivienda, propiedad de los padres, se reformó con instalaciones de alto standing como una piscina de agua salada, un jacuzzi, un cenador para 20 personas, una sauna finlandesa, una cocina o una terraza con bar y chill out. Tras un enfrentamiento familiar, Clemente y su marido abandonaron la casa principal e hicieron nuevas obras en una nave anexa al patio para crear nuevas dependencias como un baño y dos dormitorios. Además, cerraron el acceso al lugar donde se realizaron todas las mejoras y vetaron la entrada a los suegros.
Según la versión de estos en una de las demandas, el marido de Silvia Clemente no tenía capacidad económica para afrontar esos pagos y su hijo les aseguró que su mujer pagaría “una parte significativa”. Además, el catastro, dependiente de la Agencia Tributaria, abrió una inspección cuando detectó nuevas construcciones para las que no se había pedido licencia de obras.
Los conflictos judiciales quedaron aparentemente resueltos en enero de 2017, cuando los padres, el hermano y el marido de la presidenta de las Cortes firmaron un acuerdo extrajudicial en el que todas las partes desistían de los procedimientos, el marido de Clemente renunciaba a la propiedad de lo construido y además se repartían las empresas patateras familiares. Los dos hermanos, que tenían el 50% de cada sociedad, cedieron sus respectivas partes al otro, de manera que cada uno se quedó con una mercantil. Ese acuerdo incluía un pacto de silencio para que el asunto nunca trascendiera ante terceros y una indemnización de 5 millones de euros si se incumplía.
Durante uno de los procedimientos judiciales, el marido de Silvia Clemente presentó un informe pericial para tasar las obras que había sufragado. El perito, que aseguraba haber revisado albaranes y facturas de “más de 65 empresas” pero que no citaba una sola, estimaba el valor de las reformas en 1.165.390 euros. Además, en ese informe se aseguraba haber contado con la colaboración del contratista, Raúl David Rodríguez Ibáñez.
El que aparece como encargado de las obras es el administrador único de Reparaciones Rada SL, una empresa que se encargó del mantenimiento del Itacyl, empresa pública de la Consejería de Agricultura, anteriormente responsabilidad de Silvia Clemente, y que ha recibido contratos menores para “traslado de mobiliario” en las Cortes de Castilla y León, que preside Clemente desde 2015.
La política, con una trayectoria de dos décadas en la Junta, ha negado tener nada que ver con las obras e incluso haber sido usuaria de la casa, en contra de los testimonios presentados en un juicio por su marido. Rodríguez Ibáñez, la única persona citada en el informe pericial, sería el vínculo entre Clemente y unas obras cuyo pago está por acreditar, según la familia.