Iñigo Aduriz

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El PSOE en la Asamblea Regional de Murcia ha registrado este miércoles una solicitud de información en la Mesa de la cámara autonómica exigiendo conocer la “relación completa de todas las subvenciones que hubiera podido recibir por parte de la comunidad” la Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular, en la que en octubre de 2018 el líder del PP, Pablo Casado, colocó como presidente a Adolfo Suárez Illana, actual secretario del Congreso de los Diputados y una de las apuestas personales del presidente de los populares.

La solicitud registrada por los socialistas se produce a raíz de las informaciones publicadas por eldiario.es sobre la citada fundación del PP. Como explicaba este miércoles este diario, entre 2018 y 2019, la Fundación Concordia y Libertad recibió 876.851 euros en subvenciones de administraciones autonómicas y locales gobernadas por el propio PP. Galicia, la Región de Murcia, La Rioja –en manos de los populares hasta el verano de 2019– además de Castilla y León se suman a la Comunidad de Madrid y al ayuntamiento de la capital en el “listado de financiadores” de la fundación que preside Adolfo Suárez Illana, actual secretario cuarto de la Mesa del Congreso y uno de los fichajes estrella del líder del PP, Pablo Casado.

En su escrito, los socialistas murcianos exigen al Ejecutivo autonómico, en manos del popular Fernando López Miras –que gobierna en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox–, “copia de todos los informes en los que se refleje el proceso completo de concesión y justificación” de las mencionadas subvenciones del Gobierno de Murcia a la fundación del PP presidida por Suárez Illana y cuyo vicepresidente primero es el secretario general de los populares, el murciano Teodoro García Egea.

Como explica la organización en sus últimas cuentas anuales, “con fecha de 2 de abril de 2017 el patronato de la Fundación Humanismo y Democracia aprobó por unanimidad la vinculación formal de la fundación al Partido Popular, con sujeción a la ley de partidos”. Desde entonces, quien ocupa la Secretaría General del PP es también el vicepresidente primero de la fundación. Entre 2017 y 2018 ese cargo lo ocupó, por tanto, la entonces secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal. Tras el triunfo de Casado en las primarias y la remodelación de la cúpula popular, el vicepresidente primero de la fundación es el actual secretario general, Teodoro García Egea.

En las citadas cuentas anuales, correspondientes al año 2018, también se remarca que a fecha de 20 de diciembre de 2018 y “a propuesta de su presidente”, que ya era Suárez Illana, el patronato de la fundación aprobó el cambio de denominación de H+D por Fundación Concordia y Libertad. En octubre de ese año, Casado había anunciado la creación de dicha fundación –aunque en realidad solo se trató de un cambio de nombre– a bombo y platillo en una rueda de prensa en la que también nombró como presidente al hijo del primer presidente de la actual etapa democrática.

La Fundación Concordia y Libertad pretendía ser, según Casado, el “centro” en el que “la sociedad civil de centro derecha” tuviera su sitio. Según anunció entonces el líder del PP, “no hay nadie que pueda ejemplificar mejor con su legado profesional y personal” esa concordia y esa libertad como Suárez Illana. Este último aseguraba, por su parte, que la fundación que preside “no es del PP sino de la sociedad a la que sirve”. Además, justificaba su nueva responsabilidad en que “la concordia y la libertad tal y como se concibió en la Transición está seriamente amenazada”.

H+D –ahora llamada Concordia y Libertad– fue la fundación de referencia del PP desde abril de 2017. La FAES de José María Aznar había roto con los populares en octubre de 2016 y el partido, en manos de Mariano Rajoy, vinculó esta sociedad creada en 1977 y con la que mantenían una “relación de afinidad”. El objetivo de la integración de la fundación en el partido era que el PP siguiera optando a subvenciones públicas que, tal y como explicó eldiario.es en enero de 2019, ascendieron a casi 20 millones de euros de dinero público en seis años, entre 2010 y 2015.