Pedro Sánchez es consciente de la minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno de coalición y, aunque trata de alejar el fantasma de la inestabilidad que puede suponer, ha comenzado el año intentando impulsar la relación con sus socios, especialmente ERC y el PNV, a la espera de poder reconducir las relaciones con Junts, que deja patente su distancia y ni siquiera acudirá a la ronda de contactos que el presidente ha convocado para sondear un posible envió de tropas a Ucrania en un hipotético alto el fuego. De la recuperación de la sintonía con los de Carles Puigdemont depende en gran medida la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo se ha comprometido a presentar en el primer trimestre, aunque el presidente intenta desligarlos de la continuidad de la legislatura.
Por el momento, Sánchez ha comenzado por mantener el cortejo a PNV y ERC, que se han convertido sus aliados parlamentarios más fieles desde que llegó a Moncloa en 2018. El presidente del Gobierno dio un paso inédito al reunirse con el líder republicano, Oriol Junqueras. Hasta entonces, Moncloa solo había informado de una conversación telefónica en 2023, en plenas negociaciones de la investidura, y aseguraba que el del 8 de enero era el primer encuentro entre ambos.
Reuniones secretas con Junqueras
Sin embargo, Moncloa tuvo que reconocer después que se produjeron otras dos reuniones de Sánchez y Junqueras antes de la cita en la que se cerró el modelo de financiación autonómico, según adelantó La Vanguardia. El Gobierno concedió que el líder de ERC fuera quien anunciara el acuerdo y los detalles del mismo, entre los que citó la ordinalidad, que genera un gran rechazo no solo en las comunidades autónomas sino en las propias federaciones socialistas.
Todos los gobiernos autonómicos, a excepción de la Generalitat de Catalunya, rechazaron la propuesta que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó un día después. Todas las comunidades reprocharon al Gobierno que pactara bilateralmente con un único territorio y un partido político al margen del órgano multilateral que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En la reunión de ese organismo esta semana, Montero les dijo a las comunidades que la nueva financiación, que aporta 21.000 millones de euros adicionales, era voluntaria. Aunque se inicia ahora un proceso de conversaciones, en el Gobierno tienen claro que esa será a grandes rasgos la propuesta que lleven al Congreso, donde esperan tener el apoyo de los socios de la investidura, incluido Junts, que por ahora lo rechaza y exige un cupo para Catalunya similar al de Euskadi y Navarra.
En Moncloa esperan a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE y del Constitucional sobre la amnistía para poder reconducir la relación con Junts. Lo que consideran es que una hipotética vuelta de Carles Puigdemont pueda abrir un nuevo tiempo e incluso subsanar la ruptura que se produjo en octubre. Hasta entonces, creen que pueden ir sobreviviendo “votación a votación” en el Congreso y que no en todas los siete diputados de Junts se opondrán. Además, en el corto plazo, el Gobierno aspira a cumplir con las promesas pendientes con los de Puigdemont, como la publicación de las balanzas fiscales tras haber pisado el acelerador en diciembre con la aprobación de otras cinco medidas hasta entonces incumplidas.
No obstante, el grupo que pilota Míriam Nogueras mantiene la tensión al máximo y ni siquiera acudirán a la ronda de contactos que Sánchez ha convocado con los grupos.
Moncloa minimiza el plantón de Junts
En la presidencia del Gobierno tratan de restarle importancia a ese plantón y asumen que forma parte de la decisión de Junts de no tener relación política con ellos. “Los gabinetes han estado en contacto, hablando, y Junts ha trasladado que se da así por informado”, apuntan fuentes gubernamentales. Lo que tampoco ven necesario en este momento es un encuentro de Sánchez y Puigdemont, que tampoco los neoconvergentes han solicitado, aunque el presidente se ha mostrado abierto a mantenerlo “cuando toque”.
A quien tratan también de mantener amarrado es al PNV, que en las últimas semanas ha dado síntomas de hartazgo ante la situación. El Gobierno intensificó en las últimas semanas los contactos con Euskadi para sellar un acuerdo que permitirá cinco nuevas transferencias (las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo, el seguro escolar, Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo).
“Hoy es un día importante, cuando se llega a la conclusión de un trabajo compartido. Seguiremos avanzando con el País Vasco, como lo hacemos con otras comunidades autónomas. Puede haber diferencias en el camino, pero lo importante es que terminamos con acuerdos”, afirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Avances con Euskadi, que examina al Gobierno
El lehendakari, Imanol Pradales, advirtió este mismo viernes a Sánchez de que el Estatuto “no puede ser moneda de cambio ni instrumento de supervivencia política”. “La desnaturalización del Estatuto es inaceptable”, lamentó apenas una hora antes de que se produjera la rúbrica de las nuevas transferencias. El lehendakari avisó, además, de que será necesario pasar una “reválida bilateral” sobre los acuerdos a partir de “un informe de evaluación que recoge los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos suscritos” que está elaborando el Gobierno vasco. “Esta reválida bilateral será clave para acreditar la voluntad política real del Gobierno español y del presidente Sánchez ante el actual curso político”, dijo Pradales.
En Moncloa, no obstante, no muestran síntomas de nerviosismo y consideran que pueden seguir adelante aunque sea en minoría parlamentaria. De hecho, el Gobierno ha vuelto del parón navideño con una cierta hiperactividad y ha anunciado medidas que no requieren del visto bueno del Congreso, como el acuerdo con la Iglesia para la reparación de las víctimas de los abusos o la creación de un fondo soberano para captar inversiones privadas, además de la reforma para la financiación autonómica o nuevas medidas en materia de vivienda que sí requieren del aval parlamentario y tienen más difícil ver la luz.
Aun así, en Moncloa confían en su capacidad de “persuadir a todo el mundo”, según las fuentes consultadas. “En muchas ocasiones los analistas creen que la estabilidad la da una mayoría absoluta en el Parlamento. La estabilidad la da la capacidad de negociación de acuerdo que puedan tener los gobiernos con aquel que es diferente y eso es lo que yo reivindico, porque ahí están los datos y ahí están los resultados”, expresó este jueves en un foro de inversores Sánchez, que siempre que tiene ocasión deja clara su voluntad de agotar la legislatura.