Sigue la deliberación del jurado sobre el crimen del alcalde de Polop

Los seis hombres y tres mujeres del jurado popular que enjuicia el crimen en 2007 del alcalde de Polop de la Marina (Alicante) Alejandro Ponsoda, donde el principal acusado es el entonces concejal de Urbanismo y sucesor en la alcaldía, Juan Cano (PP), continúan por segundo día las deliberaciones para emitir un veredicto.

El jurado se encuentra incomunicado desde que este lunes, a las 13.00 horas, la presidenta del tribunal, la magistrada Cristina Costa, les entregara las preguntas objeto del veredicto tras concertar con la Fiscalía, la acusación particular y las defensas de los siete acusados las 38 preguntas o proposiciones a las que se debe dar respuesta motivada para poder dictar una sentencia fundamentada.

Los jurado han retomado esta mañana la deliberación secreta, sin que se sepa cuándo llegarán a una conclusión, aunque en un principio tienen un plazo máximo inicial de 72 horas que, en su caso, podrá ser prorrogado por la magistrada.

Además de Cano, para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel por considerarle inductor del crimen por un motivo de odio, el jurado debe pronunciarse sobre seis personas más.

Se trata del empresario local del calzado Salvador Ros; el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina en el que supuestamente se urdió el asesinato, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente; y los tres supuestos sicarios a los que se contrató presuntamente por 50.000 euros para que efectuasen los disparos: Radim Rakowski, Robert Franek y Raúl Montero.

La Fiscalía y la acusación particular también solicitan 25 años para Ros, Hermosilla y Gatto como inductores del delito de asesinato, como apunta el sumario, y dos años más, 27, para los tres presuntos sicarios por sumarles un delito de tenencia ilícita de armas.

Las defensas, por su parte, piden la libre absolución de los siete procesados al considerar que no tuvieron ninguna participación en la muerte de Ponsoda.

En el desarrollo del juicio, que se ha prolongado durante tres semanas, las defensas trataron de desacreditar la versión ofrecida por un testigo protegido, sobre el que se apoyan las acusaciones y quien declaró ante la Guardia Civil que le habían ofrecido inicialmente la posibilidad de ejecutar el asesinato.