El Supremo pide a la Fiscalía que informe sobre si debe investigar a Casado
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado traslado este jueves a la Fiscalía para que informe sobre si debe o no investigar al presidente del PP, Pablo Casado, por las presuntas irregularidades en su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).
Una vez reciba el informe del Ministerio Público, la Sala de Admisión del Tribunal Supremo fallará sobre la propuesta de la jueza del caso máster de investigar a Casado, una decisión que se espera para primeros de octubre, según fuentes del Alto Tribunal.
El siguiente paso es aplicar el sistema de reparto interno de la Fiscalía del Supremo y que una de sus secciones de lo penal reciba el caso. Entonces, será uno de sus miembros quien redactará el informe. Cabe la posibilidad, informan fuentes fiscales, de que el teniente fiscal, Luis Navajas, considere el asunto de especial complejidad y asuma en persona el informe, previa consulta o no con la Fiscalía General del Estado.
También cabe que la fiscala general, María José Segarra, imponga un criterio y que éste sea asumido por los fiscales del Supremo. O que éstos no estén de acuerdo, pidan la orden por escrito y que se convoca la Junta de Fiscales. El entorno de Segarra descarta que la fiscala general vaya a tomar una decisión unilateral.
Casado ha entregado en la Sala de lo Penal un escrito de 28 páginas con sus argumentos para concluir que no cometió prevaricación administrativa ni cohecho impropio, según ha adelantado elindependiente.com. Ese escrito de Casado ha sido unido a la exposición razonada de la jueza Rodríguez-Medel en el tomo que la Sala Segunda ha remitido a la Fiscalía, confirman fuentes del Supremo.
Marcena, Llarena y el resto de jueces que decidirán
La decisión final corresponderá a la Sala de Admisión para aforados cuya composición publicó el BOE el pasado enero. Al frente, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, acompañado de los también conservadores Pablo Llarena, Francisco Monterde y Miguel Colmenero, y la progresista Ana Ferrer.
La Sala de Admisión del Supremo es si existen indicios suficientes para abrir una investigación a Casado como autor de un delito de prevaricación, en grado de cooperador, y por otro conexo de cohecho impropio, por haberse beneficiado de la dádiva, esto es, del título de máster en Derecho Autonómico y Local de la universidad pública Rey Juan Carlos.
La jueza que investiga el caso del máster y ha imputado a compañeros de Casado que aprobaron en las mismas circunstancias, Carmen Rodríguez-Medel, no tiene dudas acerca de que hay indicios suficientes de que Casado actuó “en concierto” con el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez-Conde, el principal imputado en la causa, y los tres profesores que le pusieron un sobresaliente en cada una de las únicas cuatro asignaturas que no le fueron convalidadas, de las 22 que tenía el máster.
Para la magistrada “no es posible deslindar” los hechos que le imputa a Álvarez-Conde, y a otros tres profesores, de los atribuíbles a los alumnos que se beneficiaron de la actividad de los funcionarios públicos. De hecho, la jueza ha tomado declaración como investigados a esos otros tres alumnos y si no lo ha hecho con Casado es porque, como diputado, está aforado ante el Supremo. “Estos alumnos (Casado y los otros tres) actúan con una simultaneidad en sus solicitudes de convalidación, mediante formatos idénticos en algunos casos, y obtienen unos mismos resultados. Todo ello refleja un concierto”, afirma la jueza en su exposición razonada.
La jueza Rodríguez-Medel sugiere al Supremo que lo primero que debería hacer es citar a Casado como investigado para escuchar su versión de los hechos, porque hasta ahora solo se ha defendido a través de los medios de comunicación.
En la rueda de prensa que ofreció Casado, y que la jueza ha incorporado a la causa, el político se describe en el curso 2008/09 como “sólo un estudiante anónimo, veinteañero”, recoge la exposición de la jueza. La Guardia Civil, por orden de la magistrada, redactó un informe en el que constata que Casado era entonces diputado en la Asamblea de Madrid y presidente de las juventudes del Partido Popular en Madrid, formación que, por otra parte, gobernaba la Comunidad de Madrid, donde se ubica la Universidad Rey Juan Carlos.
