Titular de Poder Judicial y fiscal general desisten de ir al Congreso de Perú

Lima, 13 jul (EFE).- La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el fiscal general encargado, Pablo Sánchez, desistieron de acudir este martes al Congreso ante una citación de urgencia, con lo cual sigue la tensión entre ambos poderes respecto a la paralizada elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

En un oficio dirigido a la titular del Congreso, Mirtha Vásquez, la presidenta del Poder Judicial afirmó que es “respetuosa de la separación de poderes” y que toda intervención o injerencia en el ejercicio de los jueces está prohibida.

Barrios fue citada de urgencia por la Comisión Permanente del Congreso, al igual que Sánchez, para que informe sobre el respaldo de su despacho a la resolución judicial que ordenó suspender la elección de magistrados en el TC por presuntos vicios en el proceso.

“Como titular de este poder del Estado, no me he pronunciado ni puedo pronunciarme sobre el contenido de esta ni de cualquier otra resolución judicial”, precisó Barrios.

La titular del Poder Judicial añadió que sus declaraciones públicas han estado referidas al cumplimiento de los mandatos judiciales por parte de la ciudadanía y las autoridades.

INVESTIGACIÓN POR DESOBEDIENCIA

Por su parte, Sánchez también declinó acudir a la citación debido a la carga laboral que mantiene, en reemplazo de la fiscal general, Zoraida Avalos, pero precisó que el Ministerio Público respeta y no cuestiona las facultades de los congresistas.

Añadió, en otro oficio dirigido a Vásquez, que tampoco existe “ninguna intención en afectar sus funciones” y que la investigación preliminar abierta contra los legisladores que desacataron la resolución judicial responde a “un hecho público, de desobediencia al mandato de la autoridad judicial”.

“Esta investigación se hace con la finalidad de establecer si existen elementos de configuración de delito”, indicó el fiscal general encargado.

EL PARLAMENTO INSISTE EN ELECCIÓN

El Congreso, que culminará su última legislatura el próximo viernes, mantuvo la semana pasada su intención de elegir a seis de los siete magistrados del TC a pesar de que un juzgado admitió una medida cautelar que pidió la nulidad de la selección y le ordenó que disponga la suspensión provisional de la elección.

Por ese motivo, la Fiscalía peruana anunció el último sábado el inicio de “indagaciones preliminares” contra los legisladores que desacataron la resolución judicial y siguieron adelante con el proceso para intentar elegir a los magistrados el TC.

Ambos poderes del Estado peruano han defendido durante la última semana sus fueros y atribuciones, con el Congreso señalando que la elección de los magistrados del TC es una potestad que les otorga la Constitución y “no están sujetos a mandato imperativo”, y la Corte Suprema ratificando que las decisiones judiciales “son de obligatorio cumplimiento” en su país

DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA BARRIOS

En forma paralela, el congresista César Gonzales, de la bancada de Descentralización Democrática, presentó el lunes una denuncia constitucional contra Barrios en medio de la competencia de poderes que enfrenta al Congreso y el Poder Judicial por este tema.

En su denuncia constitucional, el legislador Gonzalez afirmó que luego de que la jueza Soledad Blácido admitió una medida de amparo “inconstitucional a toda luz”, la presidenta del Poder Judicial “en un ánimo de respaldar estas acciones ilegales, inconstitucionales, avaló públicamente esto”.

Añadió que Barrios, “al no tomar acciones correctivas”, confirmó que hay un “acuerdo entre ambas”, lo que “configuraría una serie de delitos que conllevarían a la inhabilitación de 10 años de la actual presidenta del Poder Judicial”.

El parlamentario señaló, incluso, que “existirían algunos intereses en tomar a través del Poder Judicial el Tribunal Constitucional”, al que calificó de “apacible” y que “siempre ha sido complaciente” con la gestión del expresidente Martín Vizcarra, quien fue destituido por el Congreso en noviembre pasado.

Por ese motivo, pidió al Congreso que inhabilite a Barrios durante 10 años y adelantó que solicitará una medida similar contra la fiscal general, Zoraida Ávalos, por el inicio de investigaciones a los parlamentarios que no acataron la orden judicial.