Unidas Podemos ha presentado este lunes a primera hora dos nuevos escritos ante el Tribunal Constitucional. Lo ha hecho justo antes de que el pleno de este órgano judicial haya iniciado su reunión a las 10.00 horas para decidir sobre la petición del PP de suspender de forma cautelarísima la tramitación de la reforma impulsada por el Gobierno para desbloquear la renovación del citado tribunal con el mandato caducado. La modificación legal fue aprobada el jueves por una amplia mayoría del Congreso, pero aún debe ser ratificada por el Senado en sendas votaciones previstas para este martes, en comisión, y para el jueves, en el Pleno, y que sigue en el aire a la espera de la decisión del Constitucional.
En un primer escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es y que ha sido impulsado por Jaume Asens (En Comú) y firmado junto a Pablo Echenique y Txema Guijarro, Unidas Podemos insta al tribunal de garantías a que acuda a la justicia europea presentando una cuestión prejudicial, antes de decidir, en su reunión de este lunes, sobre la recusación presentada la semana pasada por el grupo confederal y también por el PSOE contra los dos magistrados con el mandato caducado para que se abstengan de formar parte de las deliberaciones sobre el mencionado recurso del PP. Se trata del actual presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y de Antonio Narváez, cuyo mandato finalizó en junio, y que están directamente afectados por la reforma impulsada por el Gobierno sobre la que tiene que decidir el tribunal, que precisamente busca facilitar la sustitución de esos dos magistrados reduciendo la mayoría necesaria para la elección de sus sustitutos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Unidas Podemos recuerda en su recurso que el “derecho a un juez imparcial” está establecido “en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” y que en el caso de Trevijano y Narváez “existe una presunción fundada de falta de imparcialidad” porque en ellos concurre un “interés directo” sobre la reforma legal del Gobierno recurrida por el PP. El grupo confederal recuerda que la modificación aprobada por el Congreso y que el jueves se vota el Senado, “afecta directa e irremediablemente a los magistrados que, en caso de no estimarse el amparo” presentado por Unidas Podemos y por el PSOE para su recusación, “verán promulgada una ley por la cual, definitivamente, serán apartados de sus funciones aun cuando lo sea mucho tiempo después de caducados sus mandatos”.
“Resulta del todo incuestionable que quien tiene su mandato caducado es afectado directo por la norma cuya tramitación han impugnado los recurrentes [en alusión al PP] y ello es así por el simple hecho que de promulgarse dicha reforma legal dejarán de ser miembros del Tribunal Constitucional y, por tanto, perderán su actual posición, emolumentos y prerrogativas, así como el poder de decidir en el sentido que consideren o al que se hayan comprometido”, añade el texto.
Unos “hechos tan simples que sonroja tener que explicarlos”
El grupo confederal recalca que se trata de “un caso único en el cual un poder del Estado tiene en sus manos privar de sus competencias a otro poder del Estado, y todo ello en un caso que afecta directa e irremediablemente, tanto en lo personal como en lo profesional, a una serie de miembros del propio órgano llamado a resolver sobre el asunto”.
“Los hechos son tan simples que sonroja tener que explicarlos”, agrega Unidas Podemos, que insiste en que la suspensión de la tramitación de la reforma del Gobierno solicitada por el PP “afecta directa, personal y profesionalmente a algunos miembros del Tribunal Constitucional y, siendo esto así de incuestionable, dichos miembros afectados, que continúan formando parte del Tribunal que resolverá sobre la demanda, no parecen dudar de que la obligación de imparcialidad que también les afecta a ellos no es de aplicación al presente caso omitiendo que, en realidad, es una causa impeditiva de sus respectivas participaciones en la resolución de este concreto procedimiento”.
Con todo, el grupo confederal considera que “teniendo presente” la legislación española que establece que “el juez o magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse” resulta necesario que por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se establezca si esa abstención “ha de ser de carácter automático o no para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Unidas Podemos también quiere que la justicia europea aclare si el “incumplimiento de este deber de abstención sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de actuaciones” como ha quedado consolidado en la jurisprudencia del propio TJUE, o si “debe entenderse que un juez o magistrado que está llamado a resolver sobre la continuación o no de la tramitación parlamentaria de una Ley que, de promulgarse, conllevaría su definitivo cese como tal, se encuentra incurso en una causa de pérdida de imparcialidad y, por tanto, ante la obligación de abstenerse de resolver sobre dicho pleito o asunto”.
Sueldos de hasta 160.000 euros anuales
“¿Debe entenderse que unos jueces o magistrados cuyos mandatos se encuentran caducados y que cobran sueldos de entre 143.686 euros y 160.728 euros anuales y que están llamados a resolver sobre la continuación o no de la tramitación parlamentaria de una Ley que, de promulgarse, conllevaría la pérdida definitiva de su condición de jueces o magistrados y de esos ingresos, siguen conservando la apariencia de imparcialidad o, por el contrario, se encuentran automáticamente incursos en una causa de pérdida de imparcialidad y, por tanto, ante la obligación de abstenerse de resolver sobre dicho pleito o asunto?”, pide Unidas Podemos que aclare a la justicia europea.
El grupo confederal recuerda, además, que “salvo error u omisión no existe un pleito en el ámbito de la Unión Europea que haya permitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunciarse sobre un caso en el cual quienes están llamados a resolverlo son, al mismo tiempo, destinatarios de parte esencial de la norma cuya tramitación parlamentaria se pretende suspender”.
Para Unidas Podemos, “la afectación del derecho contenido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es de tal intensidad en el presente caso que requiere de una interpretación exhaustiva de las normas nacionales de aplicación para que el presente procedimiento no entre en conflicto con el derecho de la Unión ni discurra por un cauce que prive a los legítimos representantes de la soberanía popular de sus derechos de participación política mediante la restricción indebida de sus propias facultades como legisladores”.
Por todo ello, el grupo confederal considera que siendo el Constitucional “un órgano de cierre del sistema de recursos en el ámbito del derecho interno y, por tanto, no existiendo ninguna vía de recurso interna, es necesario que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la correcta interpretación de las normas internas cuando de su aplicación se pueda desprender la vulneración de uno o más de los derechos fundamentales garantizados mediante la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es norma de derecho primario de la Unión”.
“Solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está llamado, y cualificado, para aportar la correcta interpretación de las normas internas que, como ocurre en el caso que nos ocupa, entran en directa colisión con las contenidas en el ya tan citado artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, zanja.
La resolución del Congreso
En el segundo escrito presentado, Unidas Podemos recuerda al Tribunal Constitucional que se encuentra pendiente una resolución de reconsideración a la Mesa del Congreso, lo que supone que el recurso de amparo presentado por el Partido Popular es claramente prematuro por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva que debe ser inadmitido de plano.
En el escrito, el grupo confederal insiste además en evidente la afectación del derecho a la participación política que conllevaría la suspensión jurisdiccional de una iniciativa parlamentaria y recuerda que el recurso inicial del PP hacía referencia a la necesidad de la petición cautelarísima por la votación en el Congreso, la cual ya ha tenido lugar, lo que hace perder el objeto de dicha petición que debe ser inadmitida. También recuerdan que en 2007 dos magistrados se abstuvieron de debatir y votar un recurso sobre la reforma de la LOTC, un supuesto muy similar al actual.
Un choque institucional “muy serio”
Los portavoces parlamentarios de Unidas Podemos, Enrique Santiago y Jaume Asens, han comparecido este lunes en el Congreso para dar cuenta del escrito presentado por su formación política para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la falta de imparcialidad de los magistrados del Tribunal Constitucional y su deber de abstenerse. Durante su comparecencia, ambos han coincidido en la gravedad de la situación que atraviesan las instituciones españolas y han denunciado la actitud de los aparatos judiciales. “Está en juego la soberanía popular, está en juego quién manda en España. ¿Manda el pueblo o mandan unos jueces ultras con mandato caducado?”, se preguntó Asens.
Enrique Santiago alertó de la posibilidad de asistir a un “choque institucional muy serio” en el caso de que el pleno del Tribunal Constitucional que se celebra este lunes lleve a cabo la paralización de la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal que se debe votar en el Senado este jueves. “El aparato judicial está secuestrado por la derecha política. El TC está operando sin competencias para ello, no existe en nuestra legislación un mecanismo de control previo de constitucionalidad en el proceso legislativo”,planteó Santiago, que añadió que “se esta impidiendo legislar a las Cortes, y eso cuando ha ocurrido otras veces lo hemos calificado como un golpe a la democracia”.
Preguntado por la actitud que debe adoptar el legislativo en el caso de que el TC decida tumbar el proceso, Jaume Asens manifestó que “nuestro deber como demócratas es defender el Congreso y el Senado de cualquier intromisión y de cualquier poder, sobre todo si tiene el mandato caducado y es un poder ilegítimo. Lo que está en juego es la propia democracia y la soberanía popular”, concluyó.