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Las víctimas de violencia género podrán eludir el colegio electoral donde vote su agresor

Las víctimas de violencia género podrán eludir el colegio electoral donde vote su agresor

EFE

Barcelona —

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Las víctimas de violencia machista con orden de alejamiento podrán eludir participar en una mesa electoral si el agresor vota en el mismo colegio, según una instrucción que publica hoy la Junta Electoral Central en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La instrucción es la respuesta a una petición del Institut Català de les Dones (ICD), cuya presidenta, Núria Balada, ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Junta Electoral Central, que, además, ha ampliado la medida a cualquier víctima de un delito que incluya una orden de alejamiento.

El ICD solicitó que las víctimas de violencia machista con orden de alejamiento no tengan que participar en una mesa electoral si el condenado o investigado debe ejercer el voto en el mismo colegio electoral.

La petición del ICD se centraba en las víctimas de violencia machista pero la Junta Electoral Central ha resuelto hoy que además de las víctimas de violencia machista se puedan acoger a esta cláusula todas las víctimas de cualquier delito.

Balada ha explicado que la petición se instó porque “raíz de un caso ocurrido en las pasadas elecciones del día 21 de diciembre en un municipio catalán tuvimos conocimiento de que las víctimas de violencia machista con orden de alejamiento respecto a sus agresores no se encontraban amparadas por la normativa electoral para disfrutar de la exención de formar parte de la mesa del colegio electoral en el que debía votar a su agresor”.

La presidenta del ICD ha subrayado que “esto suponía un doble agravio ya que dificultaba el cumplimiento de la orden de alejamiento acordada y sobre todo situaba a la mujer en una situación de vulnerabilidad y estrés”.

Balada ha recordado que “la violencia machista constituye un grave problema de nuestra sociedad que exige una respuesta global y coordinada por parte de todos los poderes públicos”.

También ha subrayado que la orden de protección confiere a la víctima un estatus integral de protección “y todos los estamentos públicos deben acordar medidas de cooperación y coordinación para hacer efectiva esta protección”.

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