El Deportivo Alavés, un club con uniforme albiazul, purga desde este lunes en los tribunales su pasado más negro. La Audiencia Provincial de Álava celebra durante toda esta semana el juicio definitivo contra Dmitry Piterman (Odesa, Ucrania, 1963) y su mano derecha, Pepe Nereo, por el desfalco del club en el trienio 2004/2007. La Fiscalía pide para ellos una pena de prisión de siete años de cumplimiento íntegro por apropiación indebida y tres delitos de falsedad contable, así como una multa de 15.000 euros y una indemnización al club en la cantidad que se determine aunque la estimación inicial de la fiscal, Cristina Vicente Briansó, habla de un “perjuicio económico grave” de 3,16 millones de euros. Los actuales gestores del equipo, integrado tras aquella gran crisis el grupo del Baskonia de Josean Querejeta, elevan a nueve años y medio las condenas de cárcel solicitadas. De la importancia del juicio da idea que será la primera vez que se abra la sala de prensa del Palacio de Justicia de Vitoria desde el macroproceso por corrupción del 'caso De Miguel', hace ya seis años.

Nadie espera que aparezca en Vitoria Piterman. Ahora, aparentemente, reside en California. Tiene doble nacionalidad, ucraniana y estadounidense. Su última aparición pública fue en un documental para Movistar Plus emitido hace un par de años. Su abogado, Tomás Franco Rodríguez, ha solicitado en los últimos días al tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Jesús Poncela y Francisco Javier García Romo, un aplazamiento “argumentando razones médicos”, según fuentes oficiales. Pero la sala ha desestimado la petición, aunque podría volver a ser alegada en las cuestiones previas propias del arranque de todos los juicios. Antes se pidió sin éxito también la prescripción de los hechos. Eso lo resolverá la sentencia. En todo caso, se trata de un juicio que llega veinte años después de que Piterman adquiriera el 51% del Deportivo Alavés y once después de que la Fiscalía abriera esta pieza penal, aunque otros episodios de aquella etapa ya hayan pasado por los tribunales también.

Fuentes judiciales indican que la normativa procesal impide la celebración de juicios 'en ausencia' siempre que haya sobre la mesa un delito penado con más de dos años de cárcel, como sobradamente ocurre aquí con la apropiación indebida. Así las cosas, el tribunal debería determinar si enjuicia en solitario a Nereo, que era el vicepresidente del poderoso Piterman. Habría que cursar también una orden internacional de búsqueda y captura. En esta causa hubo una tercera investigada. Su pareja de entonces, Milanendra Vikramsigngh, era la secretaria del club y se la considera implicada en las irregularidades y benificiaria del saqueo. Hace años que no pudo ser localizada en el extranjero y se abrió una pieza separada para depurar sus responsabilidades. 'El Correo' ha publicado que ha sido localizada en California y que se han reabierto los intentos para juzgarla.

Piterman quiso convertirse en un magnate del fútbol en España. Inició sus aspiraciones con los modestos Tossa y Palamós de Girona hasta dar el salto al Racing de Santander con un 24% del accionariado, donde se hizo más conocido. Sin embargo, su gran plan fue hacerse con el 51% del Deportivo Alavés en 2004, un club entonces en lo más alto tras haber sido subcampeón de Europa en 2001 de la mano de Gonzalo Antón. En la parte administrativa, controló el equipo mediante la sociedad Jugovic S.A. y ubicando a personas de su confianza como Nereo al frente de las operaciones. Se trató de una época caracterizada por el intervencionismo total: el presidente decidía incluso hasta los detalles deportivos.

Las conclusiones de la Fiscalía, que aceptaría también una pena de cinco años y medio si el tribunal entiende que el delito fue de “administración desleal continuada” y no de “aprobación indebida”, sostienen que Piterman y Nereo “se apoderaron de fondos” del Deportivo Alavés en la cantidad de 3,16 millones de euros. En concreto, se describen una serie de operaciones irregulares para tenían que como nexo desviar dinero de la entidad a empresas controladas por los gestores. Por ejemplo, “en los meses comprendidos entre julio del año 2004 y junio del año 2007, sin justificación deportiva, los acusados se alojaron en el hotel Lakua, hotel de cinco estrellas sito en Vitoria, y alojaron a personal vinculado a ellos, abonando el importe de los gastos con fondos del Deportivo Alavés, por un total de 278.184,44 euros”. También sacaron 49.263,38 “por gastos de viajes y estancias personales” correspondientes a “billetes de avión en clase 'business' ida y vuelta Bilbao-Londres-San Francisco, Bilbao-París-San Francisco, Santander-Barcelona, Santander-Madrid, Santander-Palma de Mallorca, Bilbao-Paris y Tenerife-Bilbao”, al igual que “gastos de alojamiento en Suite Real Hotel Nixe Palace Palma de Mallorca”.

Más: “Los acusados, entre julio de 2004 y junio de 2007 se apoderaron de fondos del club por un total de 2.366.901,36 euros, para lo cual emitieron facturas desde empresas a ellos vinculadas, sin soporte contractual alguno que las justificase”. Solamente a Management Deportivo SCP “se giraron siete facturas por valor total de 1.010.000 euros”. Nereo, a través de sus empresas de seguridad, cobró otros 51.932,41 euros por “servicio de seguridad personal que se prestó en el domicilio de Piterman” a costa del club. Y “los acusados, movidos por la intención de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito, acordaron con la mercantil Selección de Publicidad SLU, cancelar una deuda por valor de 69.276,08 euros de la que era acreedor el Deportivo Alavés, a cambio de recibir material audiovisual en la instalación Apartahotel Palamós”, otro negocio de Piterman. Es decir, pagaba las mejoras -y los televisores- de ese establecimiento en Catalunya a costa del equipo.

A los cuatro meses de tomar el control del 51% del Deportivo Alavés, Piterman aperturó en el Banco Sabadell de Palamós una cuenta “opaca” ajena al control del club donde hubo varias transferencias de 150.000 euros salidas de las arcas de Mendizorroza. Y todavía se encontraron más cosas. “Los acusados, en perjuicio de los fondos sociales que administraban abonaron un total de 193.981,97 euros, mediante pagos por caja en base a facturas con fatos fiscales inexactos, de fecha posterior”. O “realizaron aportaciones de fondos del Club Deportivo Alavés, sin soporte documental, al club de futbol sala Atenea por valor total de 149.876,97 euros”. Piterman y sus colaboradores “no llevaron la contabilidad obligatoria ni presentaron, ni legalizaron los libros contables, pese a estar obligados a ello, en los ejercicios de 2004, 2005 y 2006”.

La falsa amenaza de ETA

La instructora de la investigación, Ana Jesús Zulueta, llegó a describir cómo Piterman simuló una falsa amenaza de ETA para inflar los gastos de seguridad y llevarse el dinero. Así lo explicó en 2021 la magistrada: “Con el objeto de apropiarse de cantidades de dinero pertenecientes a la sociedad Deportivo Alavés SAD, Piterman y Nereo decidieron 'implantar' seguridad privada a la familia con ocasión de la aparición de una presunta amenaza del grupo terrorista ETA. El pago de estos servicios se realizó a cargo de la sociedad Deportivo Alavés SAD. La facturación se realizó por diferentes empresas, en cuyos consejos de administración siempre figuraba Nereo. Eran Management Deportivo SCP, Consocisa SL, Elne 318 Servicios Integrales SL, Elne 318 Segur, Protec y Vigilancia SL, Servitas 24H SL, Silaichar SL y J.Gil”. “Facturaban al parecer -explica la instructora- repetidas veces por unos mismos servicios que, en todo caso, eran prestados por una de ellas”. El terrorismo de ETA se ha convertido en Euskadi en todo comodín para justificar operaciones económicas opacas, como se ha visto en casos como el de Víctor Bravo o el de De Miguel.

Si se cumple el guion previsto, el juicio tendrá cinco sesiones. La del miércoles será vespertina. El lunes, además de las cuestiones previas, declararían los acusados. Nereo, contactado por este periódico, no ha querido hacer comentarios. El martes y miércoles es el momento para los testigos. Y el juicio reunirá a personajes muy relevantes de la historia reciente del Deportivo Alavés. Comparecerá el actual presidente del club, Alfonso Fernández de Trocóniz. El club mantiene un perfil bajo con el asunto, aunque es evidente lo que piensa a tenor de su petición de cárcel, más alta que la del ministerio público.

También está citado el entrenador fetiche de Piterman en sus diferentes destinos, Chuchi Cos, así como otro preparador de aquella época, Mario Luna. O el delantero Rodolfo Bodipo. En la lista de comparecientes figura igualmente Alfredo Relaño, director de 'As' entre 1996 y 2019, u Óscar Ribot, periodista, exdirectivo del Real Madrid y ahora empresario del mundo del deporte. Finalmente, está convocado Alfonso Arriola, exdirector general del club. Arriola, militante del PNV, está condenado en firme por el Tribunal Supremo por corrupción. Era el director del parque tecnológico de Miñano cuando permitió que su colega de partido Alfredo de Miguel extorsionara a una empresaria para cobrarle una comisión de 100.000 euros, entre otras irregularidades. El jueves será el momento de los peritos de las partes y el viernes se pronunciarán las conclusiones.

El documental de Movistar Plus

La última aparición pública de Piterman fue frente a la cámara y con las playas de la ciudad californiana de San Diego de fondo, con un paisaje bucólico sobre el que se entremezclan el perfil de un hombre con gafas de sol que lee citas de poetas como Shakespeare y Campoamor y las figuras de unos perros que chapotean en la orilla. La conversación se la ofreció a Movistar Plus en 2022. “Intenté hacer algo positivo en cada club, pero el mensaje no llegó y la mayoría de la gente no lo entendió. La sociedad no aceptó la figura Piterman”, recalcaba.

Sobre su paso por el Deportivo Alavés, aseguraba que llegó a Vitoria y asumió las riendas cuando el club tenía deudas que ascendían a los quince millones de euros. Quique de Lucas, que militó en el equipo desde 2004 hasta 2007, recordaba en ese mismo programa que durante las pretemporadas del equipo, que solían desarrollarse en California, los futbolistas se alimentaban de “hamburguesas, ‘nuggets’, pizzas, chocolate, cervezas”. Con esa dieta, el equipo perdió cinco partidos de preparación para la temporada 2005-06 y Piterman, que había relegado a Cos del puesto de entrenador al de dirección deportiva, lo volvió a colocar al frente del equipo a falta de apenas dos semanas para el primer encuentro oficial. “El fútbol es así”, remachaba en la entrevista.

Alberto Garmendia, que fue asistente del Alavés, recordaba en ese mismo documental una anécdota: según sus propias palabras, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, había confesado en alguna ocasión que sentía envidia de Piterman, porque tenía la pulsión de bajar al campo, ejercer de entrenador y decir lo que quisiera. “La gente piensa que había una autocracia y que Piterman era quien mandaba, pero no es cierto”, sostenía el ucraniano, que en todo momento se refería a sí mismo en la tercera persona.

Luego llegaron las protestas en el estadio de Mendizorroza, los enfrentamientos entre aficionados y jugadores, las ocasiones en las que miembros del cuerpo técnico tenían que enfilar el túnel de vestuarios escoltados por la Ertzaintza. “Tengo bloqueados muchos de esos recuerdos”, aseveraba Piterman, que veía esa ‘amnesia’ como un mecanismo de defensa. Los impagos abonaron la discordia entre Piterman y los jugadores, que también denunciaron duros insultos. “Eso no empezó conmigo. Yo quería defender a Chuchi, hubo enfrentamientos y salieron muchas cosas que no deberían haber salido”, se excusaba Piterman. “La situación fue de mala a muy mala”, sintetizaba. Aunque hay vídeos antiguos en los que recalca una y otra vez que no se arrepentía “absolutamente de nada”, en la entrevista aseguraba que ahora, si tuviese la oportunidad, extendería “una disculpa incondicional” por aquellos sucesos y aquella crispación entre él y otros miembros del club.

La situación siguió complicándose y el club entró en concurso de acreedores, de tal manera que los jugadores y el cuerpo técnico quedaron sin cobrar un 50% de lo que se les debía. El propio Piterman reconoce que Javier Tebas —ahora presidente de LaLiga pero por aquel entonces su abogado— desempeñó un papel clave a la hora de convencerlo de que tenía que dejar el club. “Javier Tebas fue también un representante del Alavés y fue una persona importante para decirme que tenía que salir”, decía el propio Piterman. “Había un interés por que pagase todo Piterman, pero no todo era deuda mía”, se quejaba. Según Cos, se fue “de la noche a la mañana”, no respondía siquiera a las llamadas de teléfono. “Lo primero de todo es pedir disculpas. Aunque mis intenciones no eran malas, todo el caos que trajo mi persona fue evitable”, apostillaba Piterman como colofón al documental, y añadía: “Me da un poco de tristeza no poder haberlo hecho mejor, pero la experiencia viene de muchas malas decisiones”.

El papel de Javier Tebas

Tebas también fue el abogado defensor de Piterman en otro juicio al que no asistió pero del que salió condenado. Una sentencia del 10 abril de 2007 firmada por el juez de Vitoria Roberto Ramos, luego conocido porque lideró la investigación del 'caso De Miguel', impuso una multa de 3.500 euros y una indemnización al futbolista Lluís Carreras por una “vejación injusta”. En concreto, quedó probado que el factótum del Deportivo Alavés profirió lo siguiente a Carreras en el vestuario y delante de buena parte de la plantilla de la época: “Cállate tu puta boca. Me cago en tu puta madre. Todos los catalanes son una mierda. Que mis hijos se follen a tus hijos. Me cago en tu padre muerto. Estás acabado”.

Carreras lo denunció en una sonada rueda de prensa y luego lo ratificó en sede judicial. Le apoyaron ante el juez Ramos los capitanes del equipo, Edu Alonso y Martín 'El Pulpo' Astudillo, así como De Lucas, que era una de las estrellas. Tebas admitió lo ocurrido en nombre de Piterman en busca de un trato penal más favorable, aunque aquella sentencia confirmaba la gravedad de lo que ocurría de puertas para dentro en Mendizorroza. Este episodio recuerda a otro de su etapa en Santander. Según recogió Efe en 2005, la Audiencia Provincial de Cantabria sancionó al expresidente del Racing a pagar 10.500 euros en multas y 24.000 euros en indemnizaciones “por insultar y amenazar a los dirigentes de la plataforma de aficionados que se oponía a su gestión del club”.

Piterman -con Nereo- salió mejor parado del proceso mercantil. Con una deuda de 25 millones de euros, el club entró en concurso de acreedores, la última bala para las empresas en quiebra. La Justicia puede calificar ese movimiento como “culpable” si entiende que los gestores actuaron de manera incorrecta. La Audiencia Provincial de Álava así lo hizo, pero el Tribunal Supremo, en 2015, anuló la indemnización de 6,8 millones que iba a recibir el club al estimar parcialmente un recurso de las defensas de los acusados.

Finalizada de modo abrupto la era megalómana de Piterman, que incluía un colorido Hummer, posados desnudo en 'Interviú' en instalaciones municipales y hasta un museo con su colección de Dalí en el campo de fútbol, la entidad fundada en 1921 bordeó la desaparición. El Deportivo Alavés contó con apoyo público y político para su rescate y acabó integrada en el grupo Baskonia, donde ahora continúa. Pasados los años regresó a Primera División e incluso alcanzó la final de la Copa del Rey en 2017, la segunda de su historia tras la de Dortmund en 2001.

Los servicios antiterroristas de la Ertzaintza elaboraron el 12 de marzo de 2004 un informe “secreto” con el código 101L0400250 y bajo el título “Repercusiones del atentado de Atocha” en el que explicaban que el Gobierno de José María Aznar movilizó a los espías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Euskadi “para buscar informaciones que relacionaran a ETA” con la autoría de la masacre ocurrida en Madrid 24 horas antes. Un confidente de la Policía vasca en la capital de España trasladó que el Ejecutivo del PP estaba “intentando por todos los medios relacionar a ETA con los árabes hasta después de las elecciones” generales, que iban a tener lugar 48 horas después. “Si esto no se conseguía, todos se iban al paro”, se puede leer en el documento confidencial al que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi y que evidencia que las maniobras para manipular a la opinión pública se pusieron en marcha inmediatamente después del ataque.

El informador, con apodo 'Zulo', tenía la calificación más alta como fuente en la base de datos de la Unidad de Información y Análisis (UIA, las siglas que tenía por entonces el equipo antiterrorista de la Policía vasca que también ha sido AVCS, DAI o ahora OCI). La Ertzaintza, al menos en aquella época, manejaba una escala de tres niveles para clasificar a sus confidentes: 'A' para los mejores, 'B' para los intermedios y 'C' para las menos fiables. 'Zulo' era del tipo 'A'. En cuanto a la “fiabilidad” de las revelaciones, medida también en la escala de 'A’, ‘B’ y ‘C', recibió una 'B' porque “la información habría que trabajarla un poco más”.

El reporte está escrito íntegramente en mayúsculas, que es cómo trabajaba la UIA. Está elaborado a las 10.15 horas del 12 de marzo, con prisa, a tenor de los abundantes errores de redacción. El más relevante, que obligó a hacer una corrección posterior, es que llamaba “Alkaeida” a “Al Qaeda”, la organización yihadista más activa en aquella época, que arrancó dos años y medio antes con el 11S en Estados Unidos. Por aquel entonces, la UIA estaba volcada en la lucha contra ETA y su entorno, y tenía nula especialización contra este tipo de terrorismo. Años después, ya reconvertida en OCI, ha ido evolucionando e incorporando nuevos perfiles de analistas y fuentes. Hay ya agentes que dominan el árabe, por ejemplo.

¿Qué dice el informe confidencial? La Ertzaintza explica que, “tras el atentado de Atocha, personas relacionadas con el CNI en Gasteiz fueron movilizadas para buscar informaciones que relacionaran a ETA con Alkaeida [sic]”. La Policía vasca indica que “estas personas”, es decir, los servicios secretos españoles y, por lo tanto, el Gobierno, “sabían desde el mediodía” del 11M que “había un coche con explosivos y algún documento árabe” –en referencia a la furgoneta localizada en Alcalá el mismo día 11 con siete detonadores y una cinta con versos coránicos– no pistas que condujeran a ETA. Era tal el interés por buscar nexos que, “según transcurría el día, empezaron a buscar una página web de origen italiano que podía comentar la relación de ETA con organizaciones árabes”, recoge el informe.

El CNI contactó con 'Zulo' a las 20.00 horas del 11 de marzo de 2004, el mismo día del atentado. Hablaron “varias veces”. El confidente, que también tenía contactos en la Guardia Civil, reportó después a la Ertzaintza: “El Gobierno de Madrid [en referencia al de España] está bastante odido [sic] porque sabían que no había sido ETA y sí Alkaeida”. “Había que intentar por todos los medios relacionar a ETA con los árabes hasta después de las elecciones, ya que si esto no se conseguía, todos se iban al paro”, se puede leer también el documento. Los servicios secretos llegaron a pedir a su interlocutor que, en su trabajo, hiciera lo posible por difundir la tesis de la autoría de ETA o, al menos, sobre la relación con “los árabes” de la organización vasca. “Había que crear confusión hasta después de las elecciones ya que había mucho en juego”, se indica también.

El hecho de que el Gobierno de Aznar señalara a ETA motivó que el lehendakari, entonces Juan José Ibarretxe, del PNV, realizara una dura declaración en las primeras horas de la mañana del día 11 contra esta organización, a cuyos integrantes llamó “alimañas”. “No son vascos; son simplemente asesinos”, declaró con contundencia. Más tarde, el ya entonces líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, negó en una rueda de prensa que ETA estuviera detrás de la matanza de Atocha, por el 'modus operandi' y por sus objetivos. Explicó también que la hipótesis más lógica era la del yihadismo y lo relacionó con el apoyo de España a Estados Unidos en la guerra de Irak. Su formación se llamaba entonces Batasuna y estaba ilegalizada por dar cobertura política a la violencia. ETA no había matado desde mayo de 2003 y no lo volvería a hacer hasta diciembre de 2006, en la T4 del aeropuerto de Barajas, aunque en el verano de 2004 sí puso bombas sin víctimas mortales en diferentes ciudades de la costa española.

Las maniobras puestas en marcha tras los atentados de Atocha por el Gobierno de José María Aznar, como las que detalla el informe, no dieron resultado ante las crecientes pruebas de la autoría yihadista. Cinco personas fueron detenidas por su vinculación con los atentados durante la jornada de reflexión. El 14 de marzo de 2004 se celebraron las elecciones generales. El PP, que estrenaba a Mariano Rajoy como líder, perdió frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El origen del informe: un sumario de corrupción

Este documento y otros informes internos de la Ertzaintza sobre la izquierda abertzale, la Guardia Civil, el entorno de ETA o cuestiones políticas vascas relevantes en aquellos años fueron desclasificados en el marco de una investigación de corrupción. En marzo de 2010, ahora hace 14 años, el juez de Vitoria Roberto Ramos y el entonces fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, ordenaron la detención de tres dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Se registraron sus viviendas y se incautaron de sus equipos informáticos.

Era el inicio del 'caso De Miguel', la mayor trama destapada hasta ahora en Euskadi y que tiene a los tres en prisión desde el año pasado, al igual que al también excargo del PNV Xabier Sánchez Robles. En la revisión de un disco duro de Tellería, que también había sido concejal en Vitoria y juntero o director de Agricultura en Álava, aparecieron seis fichas con apariencia policial. Se mencionaban confidentes de la Ertzaintza, estaban escritos en mayúsculas y mencionaban por su apodo interno a algunos agentes de la UIA.

Por este motivo, Ramos e Izaguirre abrieron una pieza separada e imputaron también a dos ertzainas de la oficina de Álava de la UIA que, además, eran afiliados del PNV o muy próximos a él. Desde esa misma unidad se había accedido antes de modo irregular al sumario del 'caso De Miguel' en el mismo día de las detenciones. Es en esta investigación donde aparecieron decenas de documentos internos de los servicios antiterroristas de la Ertzaintza. El caso 'quemó' fuentes y procedimientos y desnudó las debilidades de la UIA, que muchas veces tenía que recurrir a agentes dobles para obtener datos. Hubo un juicio en 2013 y Tellería y los dos policías fueron absueltos porque las fichas halladas no eran como tal documentos internos y porque faltaban pruebas para demostrar que Tellería dirigía una red de espionaje paralelo valiéndose de medios policiales.

Debido a la sensibilidad del material, el informe sobre el 11M y el resto de reportes internos llegaron al juzgado con las máximas medidas de seguridad. El ertzaina 03701, de la Policía judicial, recogió en la base central del cuerpo, en Erandio, un saco con el material confidencial el 5 de enero de 2011. Se le puso el precinto C153556. Cuando llegó a Vitoria, el ertzaina 06312 se encargó de su custodia. Pasadas las festividades navideñas, el 10 de enero, se hizo entrega al juez Ramos del saco. Una secretaria judicial levantó acta de la apertura de la bolsa. La describió como “una bolsa-consigna o saca de color azul oscuro” que venía “perfectamente precintada” y que “cierra con una cremallera que se encuentra lacrada”. “En el lacrado de la cremallera figura la siguiente numeración: C153556”, escribe.

El propio juez Ramos abrió la bolsa y encontró un oficio del jefe de la unidad antiterrorista con una explicación del material, un archivador de color rojo con los informes (175 páginas) y también un listado de confidentes policiales entre los que, por ejemplo, figura el nombre de un familiar directo del líder de uno de los principales partidos políticos de España, además de periodistas, agentes de otros cuerpos o empresarios.

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El que fuera alcalde de la pequeña localidad alavesa de Zambrana entre 2007 y junio de este año, el independiente Aitor Abecia y que en el pasado se significó por sus denuncias de corrupción en el marco del 'caso De Miguel', ha recibido ya el auto de firmeza de su total absolución en un caso abierto por una denuncia de su expareja por presunta violencia de género. Como publicó este periódico, en junio ya se conoció esa exoneración con una sentencia dictada por la magistrada Beatriz Eva Román Gobernado, a raíz de un juicio que coincidió con su fichaje como candidato al Senado de la coalición de izquierdas Sumar de cara a las elecciones generales que iban a celebrarse en julio. El trámite de ahora, firmado por el juez Roberto Ramos, precisamente el instructor del 'caso De Miguel', da carpetazo total al asunto.

Ni la Fiscalía ni la denunciante, a pesar de haber buscado una condena en primera instancia, recurrieron el fallo inicial, según consta en la resolución conocida ahora. La magistrada estimó que no se habían encontrado “pruebas directas ni tampoco indicios o pruebas indirectas que sean múltiples, contundentes y estén suficientemente interrelacionadas y conexionadas” para corroborar la versión de la expareja del exalcalde, que aludía a una agresión en el contexto de problemas con la custodia compartida de una menor hija de ambos.

Sumar retiró la candidatura a las horas de anunciarla al conocerse que Abecia estaba pendiente de juicio por violencia de género. Se explicó entonces que era una medida profiláctica independientemente del sentido final del fallo. Abecia iba a concurrir manteniendo su condición de independiente y ni entonces ni ahora tiene ninguna vinculación orgánica con la nueva formación de Yolanda Díaz, que ha manifestado su voluntad de concurrir a las próximas elecciones autonómicas.

Aitor Tellería fue el primero de los excargos del PNV de Álava que pudo ir a la cárcel, allá por 2013, y está siendo el último de los condenados en el marco del 'caso De Miguel' de corrupción en ver ejecutada la pena de prisión, en su caso de seis años, un mes y quince días. Con sus excompañeros de partido y exsocios en una asociación ilícita para cobrar comisiones Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano ya encarcelados desde julio, al igual que el exdirector de Juventud Xabier Sánchez Robles, que entró en mayo en el penal alavés de Zaballa, Tellería tiene pendiente de que se analice si los problemas de salud que ha alegado son suficientes para que se le suspenda el cumplimiento efectivo de la condena. Con agosto como mes habitualmente inhábil en los juzgados, su caso se demorará al menos hasta septiembre, según indican fuentes judiciales.

Entre los cuatro implicados en la trama que sí o sí tienen que entrar a la cárcel por el alcance de sus delitos, fueron dos los que alegaron motivos de salud, Ochandiano y Tellería. Para el primero, se estimó que sus patologías no eran incompatibles con la estancia en Zaballa y que, en su caso, podría recibir atención allí. Tellería sí logró un primer dictamen favorable a sus intereses aunque la Fiscalía requirió un análisis más exhaustivo y ahora es la Audiencia Provincial de Álava, en concreto los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta, la que tiene la última palabra. Asimismo, Ochandiano y Tellería, al igual que De Miguel, esperan igualmente la resolución de los indultos políticos que han solicitado al Gobierno de España. Eso sí, la petición de la medida de gracia no comporta automáticamente evitar la cárcel mientras se resuelve, como ha acreditado el tribunal en variadas ocasiones en los casos de De Miguel y Ochandiano, que así lo habían solicitado.

El precedente del 'caso Tellería'

Tellería ya pudo evitar la cárcel hace una década. Cuando se inició la investigación del 'caso de Miguel', se llevaron a cabo registros en las viviendas y otros despachos de los primeros implicados, entre ellos De Miguel, Ochandiano y Tellería. El primero almacenaba en sus equipos informáticos información de variadas empresas en las que aparentemente no figuraba. El segundo guardaba un cuaderno con notas sobre movimientos económicos opacos y dinero negro. Y el tercero, entre otras cosas, tenía archivos informáticos que motivaron una pieza separada y una compleja investigación paralela a la del 'caso De Miguel'. La encabezaron el mismo instructor, Roberto Ramos, y el mismo fiscal, Josu Izaguirre.

¿Qué había en esos documentos? En lo que se conoció como 'caso Tellería' se llegó a celebrar un juicio en marzo de 2013 contra el expolítico, que ha sido concejal en Vitoria y juntero en Álava, entre otros cargos, porque la Fiscalía sostenía que esos archivos tenían apariencia policial por la forma en la que estaban escritos y por su contenido. En ellos se aludía, por ejemplo, a agentes y confidentes de los servicios de información de la Ertzaintza, entonces conocidos como UIA, y con Tellería acabaron en el banquillo dos ertzainas de ese grupo que, además, eran militantes del PNV. Desde esa misma unidad se acreditaron accesos indebidos a los atestados del inicio del 'caso De Miguel'.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Álava Íñigo Madaria, Íñigo Elizburu y Edmundo Rodríguez consideraron en la sentencia “verosímil” que Tellería hubiese creado con policías afines un “entramado” para la “canalización de información” policial hacia el exterior pero se consideró que al no ser esos archivos ficheros policiales como tales y al no haber pruebas del perjuicio concreto causado por esa labor los tres imputados quedaron absueltos. La Fiscalía se quejó públicamente de que no tuvo medios para indagar bien dentro de la unidad más inexpugnable de cualquier Policía. “Es como intentar talar el Amazonas con una navajita de playa”, protestó en una de las vistas el fiscal Izaguirre.

Al menos dos de los encarcelados por la corrupción del 'caso De Miguel', el exdirigente del PNV de Álava Koldo Ochandiano y el exdirector de Juventud del Gobierno Xabier Sánchez Robles, han buscado ya una rebaja de la pena de cárcel que están cumpliendo desde julio y mayo, respectivamente. En concreto, según explican fuentes judiciales, quieren que se tenga en cuenta en el cómputo total algún tipo de compensación por las medidas cautelares que tuvieron desde que se conoció la sentencia de primera instancia (diciembre de 2019) hasta su efectiva entrada en la cárcel de Zaballa, a las afueras de Álava. Se trata de la retirada del pasaporte y de la posibilidad de salir de España, así como de la obligación de firmar en el juzgado dos veces al mes para evitar fugas.

En principio, se trata de una rebaja mínima, del entorno de un día por cada diez firmas y de un día por cada seis meses sin pasaporte, como mucho. Un cálculo aproximado muestra que se han podido producir del orden de 80 firmas, lo que implica ocho días menos en la cárcel, y siete semestres con libertad de movimientos limitada, lo que supondría otra semana de descuento. Eso sí, el efecto es casi imperceptible: Sánchez Robles tiene siete años, un mes y quince días de pena máxima y Ochandiano, seis años y nueve meses. Ahora bien, rebajaría también el simbólico paso de la mitad del cumplimiento, otro momento clave para la progresión de grado y la obtención de beneficios penitenciarios. En ambos casos, el final de su pena se sitúa en el entorno de la primavera de 2030.

Las fuentes consultadas recalcan que la libertad con cautelares es descontable, al igual que lo sería la prisión provisional o incluso las horas que pasaron detenidos en el calabozo en marzo de 2010, cuando la Ertzaintza les arrestó por orden del juez de Vitoria Roberto Ramos tras una denuncia del fiscal Josu Izaguirre. Se da la circunstancia de que las condenas ya son más bajas de lo que según el Código Penal tendrían que ser porque se les aplicó en primera instancia una reducción por “dilaciones indebidas”, esto es, por los retrasos acumulados en el sumario desde que se completó la investigación de Ramos (marzo de 2015) hasta que se inició el juicio (enero de 2018).

El tercer excargo encarcelado por esta trama, Alfredo de Miguel, que da nombre al caso y tiene la pena más alta, ya tiene fecha de liquidación para el 2 de julio de 2032. En su caso, es también algo inferior a los nueve años puros de cumplimiento máximo que tenía fijados por la sentencia firma del Tribunal Supremo, ya que entró el 6 de julio. Queda un cuarto implicado en el 'caso De Miguel' que aún no ha entrado en prisión. Se trata de Aitor Tellería, igualmente exdirigente del PNV alavés. Alegó problemas de salud para no ingresar en Zaballa y obtuvo un primer dictamen forense favorable, pero la Fiscalía pidió más aclaraciones y está pendiente de resolverse esta cuestión. Todo apunta a que agosto, siendo mes inhábil en la Administración de Justicia, no acarreará novedades en este sentido. Su pena pendiente es de seis años y mes y medio.

Asimismo, queda pendiente que sean resueltos los indultos políticos que solicitaron De Miguel, Ochandiano y Tellería al Gobierno de España, que es quien puede dictar una medida de gracia conforme a la decimonónica regulación de esta figura. La Audiencia Provincial de Álava, encargada del seguimiento de los condenas, ha plasmado en varias resoluciones que la búsqueda de este resquicio no impide el cumplimiento de la pena en tanto se resuelva e incluso ha subrayado que son peticiones de escasa prosperabilidad.

Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a más de doce años por delitos de corrupción (nueve de cumplimiento máximo), no quiere entrar en prisión. El entorno de Txitxo, como es conocido, ha pedido ya el indulto y lo hace con argumentos que van desde el hecho de que hace casi dos décadas desde que se produjeron los hechos hasta que, según recogió 'El Correo', ha colaborado en estos años “en el apoyo escolar a niños desfavorecidos de la selva del Amazonas de Perú”. Sin embargo, el expolítico nunca ha colaborado con la Justicia ni respondido a una sola pregunta que no tuviera preparada con su defensa desde que en 2009 se iniciara la investigación y en 2010 fuera detenido. Más bien al contrario, ha sido más de una década de excusas y teorías exculpatorias en ocasiones rocambolescas. Y aunque el mensaje oficial del PNV, verbalizado por su candidata en Vitoria Beatriz Artolazabal, es que este caso de corrupción está “amortizado” de cara a la opinión pública, a dos meses de las elecciones municipales y forales en Euskadi voces internas del partido empiezan a admitir en privado y por vez primera en este tiempo que todo el ruido que rodea a este asunto, incluidos los indultos, empiezan a pesar de cara a la opinión pública.

Asimismo, desde el entorno de los ya condenados en firme se está intentando extender un argumentario por el cual se presenta como excesivo el castigo final por estos hechos por tres motivos. Uno, porque “son hechos de 2005”. Dos, porque la Justicia ha tardado más de una década en acabar toda la tramitación judicial. Y, tres, se entiende que las cantidades económicas detrás del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi serían irrisorias.

Estas explicaciones orillan que las penas no son por los hechos de 2005, año en que se crea la empresa tapadera Kataia Consulting, pieza central del caso porque es donde se recaudaban buena parte de las comisiones ilegales, que fueron destinadas a comprar un coche, a viajes, a copas, a joyas, a estancias en balnearios, a pagar a familiares o a comprar unas fincas en la localidad vizcaína de Fruniz. Las sentencias constatan en muchos casos el carácter “continuado” de los delitos. De hecho, la chispa que enciende la investigación, la denuncia de la empresa Ainhoa Alberdi, se debe a que en 2008 De Miguel le pidió una comisión de 100.000 euros que estuvo latente durante 2009, hasta que acudió a la Fiscalía.

Además, los retrasos en la Justicia -que están acreditados y que en ningún caso afectaron a la investigación- han sido no perjudiciales sino beneficiosos para los implicados, ya que si sus penas no son más altas es porque se les ha reconocido un atenuante por “dilaciones indebidas”. Finalmente, en cuanto a las cantidades económicas, se ha tratado de limitar el impacto de la causa a la responsabilidad civil -de unos 150.000 euros- correspondiente a los contratos irregulares salidos desde el área de Juventud del Gobierno vasco para beneficiar a la trama. No obstante, solamente las comisiones confesadas en 2018 en el juicio por el exsocio de De Miguel Josu Arruti ya ascendían a 322.000 euros.

2010: “Querían atentar contra mi vida”

De Miguel, junto con otras siete personas, fue arrestado por la Ertzaintza el 17 de marzo de 2010. Los agentes confundieron al entonces diputado foral con el “diputado general” o presidente de la Diputación, que en aquel momento era Xabier Agirre, ya fallecido y que era de un sector interno contrario a los acusados. “Cuando fui detenido creí que querían atentar contra mi vida”, manifestó en sede judicial. Él y los otros dos exdirigentes del PNV alavés condenados, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, se quejaron también del frío de los calabozos y hasta de que les dieron mantas “meadas”. Asimismo, durante años todos ellos hicieron bandera de una supuesta conspiración urdida por el juez, Roberto Ramos, la Fiscalía, la Ertzaintza -entonces el Gobierno vasco estaba en manos del PSE-EE- y los medios de comunicación. Así lo expresó el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, en el juicio celebrado en 2018: “He llevado asuntos turbios y no he visto nada igual en mi vida. Ocurren cosas muy extrañas. En un programa muy famoso de Cuatro, de los domingos por la noche y con un presentador con nombre vasco [por Cuarto Milenio], les gustaría hablar de estos fenómenos paranormales”. Sin embargo, un agente avisó en el juicio de que en los registros se ciñeron exclusivamente a las órdenes judiciales. “Dejamos en casa de De Miguel un montón de documentación de otras empresas que luego sí aparecieron en la investigación”, explicó el ertzaina.

2011: Sin “enriquecimiento”

En 2011, De Miguel fue citado por la comisión de investigación que creó el Parlamento Vasco en torno a este caso y a otros de la época. En la Cámara tampoco respondió a ninguna pregunta y se limitó a leer un escrito. Luego lo repitió en una supuesta rueda de prensa en la que no admitió preguntas. Allí afirmó que estaba probado que no se había “enriquecido” y que todo era un montaje para atacar al partido a través de él y del resto de investigados. Fue ese día cuando el portavoz parlamentario y presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar, que mantiene hoy sus cargos, le recibió con un abrazo. En el exterior del edificio, decenas de militantes lo esperaban también para aplaudirle y agasajarle.

2011: la falsa amenaza de ETA

El juez Ramos, a la luz de un informe de la Ertzaintza muy contundente sobre las implicaciones de la trama, volvió a citar en el juzgado a De Miguel. Fue a finales de 2011. Tanto él como su esposa, Ainhoa Bilbao, una de las testaferros de Kataia Consulting junto a las parejas de Ochandiano y Tellería, esgrimieron una nueva teoría. Indicaron que altos mandos de la Policía Nacional y de la Ertzaintza les habían trasladado que Txitxo había aparecido en los papeles de un dirigente terrorista detenido, Mikel Albisu 'Antza'. Ello explicaba, supuestamente, los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o los intercambios en la calle de hasta 60 billetes de 500 euros. La Policía Nacional pronto desmontó esta tesis con un informe elabodo 'ad hoc' a instancias del juzgado.

2018: Eric Armando, “ni extorsiones ni cosas raras”

En el juicio, en 2018, De Miguel también exploró una hipótesis alternativa para explicar sus conversaciones con Alberdi y la petición de “100.000”. Ni era una comisión ni eran euros, sostuvo el expolítico en una intervención ante el tribunal ensayada con su abogado y, por supuesto, sin posibilidad de preguntas o más aclaraciones. Cuando le pedía dinero a la denunciante se refería a 100.000 pesetas, apenas 600 euros. Y metió en el relato a un tal Eric Armando que nunca ha aparecido. “A finales de 2006 cambiamos de piso. [El viejo] Lo ponemos a la venta pero también el alquiler, por lo menos para tenerlo ocupado. Entonces nos surge la oportunidad de alquilarlo a un trabajador de mi cuñado. Ainhoa [Alberdi] me preparó un contrato de alquiler y lo firmamos. El chico se llamaba Eric Armando. Pero me empieza a dejar impagados. Ella [Alberdi] me dijo que o desahucio o llegar a un acuerdo, y que lo mejor sería subrogar directamente la nómina. Desahucio no podía hacerle a un trabajador y tal. Se estaba discutiendo en el entorno de 100.000 pesetas, 600 euros”, relató Txitxo. Y añadió: “Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste”.

2018: “Despidos” y “marginación social”

En la fase de conclusiones del juicio y tras haber rechazado un acuerdo muy ventajoso a cambio de confesar, el letrado de De Miguel y de su esposa jugó la carta de exponer las consecuencias de una investigación tan larga. “Esto afecta a todo el mundo que tenga la desgracia de que le metan en un macroprocedimiento. Pero si tiene suerte y no es mediático... [Mis clientes] Han estado expuestos al juicio más mediático de los últimos años con un componente económico. En el caso de mis defendidos sufrieron despidos y, además, pintadas y amenazas -denunciadas a la Policía-, dirigentes políticos pronunciándose en su contra, apartamiento social, marginación social, pérdida de amistades, … ¡Nueve años [así]!”, relató. Sin embargo, en los últimos meses ha trascendido que, al menos en el plano laboral, el expolítico no solamente no ha sido despedido sino que ha ido ascendiendo tanto en salario como responsabilidades en la sociedad pública del Gobierno vasco Hazi, en concreto en la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea. Asimismo, tuvo la oportunidad de que el director de Hazi, Asier Arrese, declarara como testigo a su favor en el juicio.

2023: El indulto por una pena excesiva

En enero de este año el Tribunal Supremo ya hizo pública la sentencia definitiva de este caso y que ratificaba en su gran mayoría los términos del fallo de primera instancia emitido por la Audiencia Provincial de Álava en diciembre de 2019. Desde entonces, el entorno de Txitxo se puso a trabajar en preparar un indulto. Se han cuidado de desvincularlo de una estrategia de su defensa -de hecho ha cambiado de abogado para esta fase y Estefanía Rojo sustituye a Susaeta- y de una estrategia del partido. Desde el PNV ya han dejado claro que no tienen “absolutamente nada que ver” con el intento de sortear la entrada en la cárcel por esta vía o que pueda ser un elemento de negociación con el Gobierno de España, que es quien tiene la potestad de la gracia en virtud de una ley de 1870, que es a la que se agarran. La estrategia es presentar al condenado como el afectado por un largo proceso y casi como un ciudadano ejemplar. Lo que se busca es un indulto “parcial” que rebaje de tres a dos años la pena por el delito de asociación ilícita de modo que ninguno de los castigos aislados dentro de esa suma global de más de doce años supere la barrera que habitualmente se toma como referencia para las suspensiones, los dos años.

La investigación y resolución del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', se ha prolongado durante más de una década. En concreto, de 2009 a 2023. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Álava se dio a conocer el 17 de diciembre de 2019 y ahora ha llegado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que dota de firmeza a las condenas si bien los acusados tienen derecho a seguir pleiteando ante el Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si insisten en su tesis de la vulneración de derechos fundamentales. Así ha evolucionado este caso desde su origen.

2 de diciembre de 2009.

La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi denuncia la trama de corrupción en la Fiscalía de Álava. Asegura que Alfredo de Miguel le solicitó una comisión de 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano. También que habían presionado a su padre por el mismo motivo y que De MIguel iba acompañado de otro dirigente del PNV de Álava, Aitor Tellería. Aportó unas grabaciones en las que se escuchaba a su socio, Jon Iñaki Echaburu, que además de empresario estaba afiliado al PNV, hablar de las mordidas como algo “dentro de lo normal”.

15 de marzo de 2010.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, denuncia ante el juzgado a ocho personas, incluidos los dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

17 de marzo de 2010.

La Ertzaintza, por orden del juez Roberto Ramos, arresta a Alfredo de Miguel, a Aitor Tellería, a Koldo Ochandiano, a sus tres esposas, a Alfonso Arriola -gerente de Miñano- y también a Echaburu. Se registran varias viviendas y los detenidos prestan declaración en el juzgado para quedar en libertad con diversos cargos de corrupción. Florece ya que el trío y sus esposas tenían una empresa sin apenas actividad y con sede social en un 'txoko', Kataia Consulting.

18 de marzo de 2010.

Alfredo de Miguel dimite como diputado alavés de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). El diputado general, Xabier Agirre (PNV), reclama “tolerancia cero” contra la corrupción.

28 de abril de 2010.

‘El Mundo’ publica que Kataia Consulting se benefició de contratos irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por Xabier Sánchez Robles.

14 de mayo de 2010.

El juez Roberto Ramos levanta el secreto sobre el sumario del ‘caso De Miguel’. A la nómina de imputados se han sumado ya Iñaki San Juan, Julián Sánchez Alegría o Gurutz Larrañaga, estos dos últimos altos cargos del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

30 de mayo de 2010.

‘El Correo’ revela detalles de la recalificación urbanística que Alfredo de Miguel impulsó en la localidad alavesa de Zambrana. Se trataba de un macroproyecto y las empresas del político habían cobrado de los promotores catalanes elevadas sumas de dinero.

6 de junio de 2010.

El juez Roberto Ramos imputa a Xabier Sánchez Robles por los contratos irregulares de Juventud, que además de a Kataia Consulting han beneficiado a otras dos firmas asociadas, Errexal y Ortzi Muga.

20 de junio de 2010.

‘El Mundo’ desvela la apertura de una investigación paralela secreta vinculada al registro del domicilio de Aitor Tellería. Se analizaba si conformó, junto con dos ertzainas de la Unidad de Información y Análisis de la Policía vasca, una trama de espionaje.

17 de septiembre de 2010.

‘El Mundo’ publica que el juez Roberto Ramos investiga operaciones en los municipios de Lapuebla de Labarca y Zigoitia. Luego se conoció que la trama de Alfredo de Miguel había recaudado una comisión del 4% por contratos adjudicados en esos dos ayuntamientos del PNV.

26 de octubre de 2010.

Las Juntas Generales constituyen una comisión de investigación en torno a la operación de Zambrana. La presidirá Javier Ruiz de Arbulo (PP).

29 de octubre de 2010.

El Parlamento Vasco constituye una comisión de investigación en torno al ‘caso De Miguel’ conjunta con el ‘caso Tellería’ y con el ‘caso Zubiaurre’, que no guarda ninguna relación con estas dos causas. La presidirá Juanjo Agirrezabala. Es de EA, socio del PNV en Álava.

14 de enero de 2011.

Se levanta el secreto de sumario del ‘caso Tellería’.

22 de enero de 2011.

Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano pactan con el PNV entregar su carné de afiliados casi diez meses después de su detención por corrupción.

9 de abril de 2011.

‘El Mundo’ publica que el constructor Prudencio Hierro corrió a cargo de la reforma de una casa de Alfredo de Miguel en Gorliz (Bizkaia).

18 de abril de 2011.

Alfredo de Miguel comparece en la comisión de investigación del Parlamento Vasco. Lee un escrito y no admite preguntas de los partidos políticos. Concede una rueda de prensa sin preguntas y recibe el calor de varias decenas de militantes del PNV, que le jalean en la puerta. El portavoz del partido en la Cámara, Joseba Egibar, le recibe con un efusivo abrazo.

16 de julio de 2011.

‘El País’ y ‘El Mundo’ publican un informe de la Ertzaintza que concluye que Alfredo de Miguel dirigió una trama de cobro de comisiones.

17 de julio de 2011.

La causa suma tres nuevos imputados: la hermana de Alfredo de Miguel (Aintzane de Miguel, contable de las empresas del político), el constructor Hierro y el intermediario de Zambrana, Josu Arruti.

18 de octubre de 2011.

Segunda declaración judicial de Alfredo de Miguel, que se prolonga por espacio de ocho horas.

30 de octubre de 2011.

La hermana de Alfredo de Miguel solicita que se anulen pruebas clave del caso ya que antes de ser imputada compareció como testigo, con obligación de decir la verdad y sin posibilidad de comparecer con abogado.

28 de mayo de 2012.

El juez Roberto Ramos imputa a Josu Montés, de Ortzi Muga.

11 de marzo de 2013.

Arranca el juicio del ‘caso Tellería’. Alfredo de Miguel, testigo, sigue parte de la vista sentado en la bancada de los periodistas.

27 de marzo de 2013.

La Audiencia Provincial de Álava sobresee por falta de pruebas el ‘caso Tellería’. El PNV se felicita por la decisión y critica la campaña de acoso contra el partido.

22 de marzo de 2014.

El juez Roberto Ramos imputa al matrimonio de Estíbaliz Arruti y Gorka Errasti, vinculados a Sidepur y a Zambrana ya que son familia del muñidor de aquel plan, Arruti.

16 de mayo de 2014.

‘El Mundo’ publica que la operación de Zambrana estaba valorada en 65 millones de euros.

18 de junio de 2014.

Comparece como imputada en el juzgado la que fuera alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, que reconoce que Alfredo de Miguel impulsó la operación urbanística.

10 de marzo de 2015.

El juez Roberto Ramos da por cerrada la investigación del ‘caso De Miguel’ y constata graves delitos tras la trama de empresas controlada por el político.

2 de junio de 2015.

El juez Roberto Ramos abandona el juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria tras haber completado el ‘caso De Miguel’.

11 de marzo de 2016.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, hace pública la petición de condenas para los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’. La solicitud para Alfredo de Miguel es ejemplarizante: 54 años de cárcel por 21 delitos de corrupción.

8 de enero de 2018.

Arranca el juicio del 'caso De Miguel' con unas primeras sesiones dedicadas a la resolución de cuestiones previas de índole procedimental y jurídica. 

19 de febrero de 2018.

Se inicia la fase de comparecencias del juicio con la intervención de 38 agentes de la Ertzaintza que participaron en la investigación. Los abogados de los acusados les acusan de “manipular” pruebas y de no haber preservado la cadena de custodia de las evidencias.

5 de marzo de 2018.

Ainhoa Alberdi comparece en el juicio sin posibilidad de que se difunda su imagen en los medios de comunicación. Ratifica punto por punto su denuncia y da nuevos detalles sobre el precio que ha pagado por sacar a la luz este caso de corrupción. Se enfrenta a los abogados de los acusados, que tratan de desacreditarla. La asociación Adi! contra la corrupción convoca una pequeña concentración ciudadana para arroparla.

7 de marzo de 2018.

El padre de la denunciante y su socia confirman la denuncia de Ainhoa Alberdi ante la Audiencia Provincial de Álava.

8 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica la posible falsificación de sellos oficiales del Departamento de Cultura por parte de la defensa de Xabier Sánchez Robles para justificar las contrataciones aparentemente irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco con las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga.

16 de abril de 2018.

La Fiscalía encarga un informe al Gobierno que constata que no hay constancia en los archivos del registro de la Administración de los documentos supuestamente sellados que se han presentado como pruebas en el juicio. El tribunal no acepta su incorporación al rollo penal a estas alturas del procedimiento.

25 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que no sólo hay sospechas de que los sellos de los informes presentados como prueba son falsos, sino que los propios textos están plagiados en al menos tres casos.

8 de mayo de 2018.

Un testigo confirma que el constructor y contratista Prudencio Hierro costeó la reforma de la vivienda particular de la esposa de Alfredo de Miguel en Górliz. Mientras, la defensa del político insiste en que la Ertzaintza manipuló pruebas para demostrarlo.

16 de mayo de 2018.

La Fiscalía señala que la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, tenía “interés económico directo” en la recalificación porque su familia era propietaria de algunas de las parcelas afectas.

22 de mayo de 2018.

Histórica huelga de jueces y fiscales en España. En Vitoria, el paro detiene el juicio del ‘caso De Miguel’.

30 de mayo de 2018.

Comparece en el juicio Nicolás Guerrero, empresario catalán, y denuncia que el proyecto de Zambrana estaba “manchado” y que se pagaron cantidades millonarias por servicios no prestados a las empresas de Josu Arruti y De Miguel.

10 de julio de 2018.

Comparece en el juicio Ignacio Ugartetxe, expresidente del Athletic y exconsejero delegado de Urazca. Quien fuera imputado en el ‘caso Bárcenas’ por supuestas ‘donaciones’ al PP a cambio de contratos, responde sobre una supuesta comisión de 800.000 euros que preveía recaudar la trama de De Miguel por la segunda fase del proyecto de Zambrana.

11 de julio de 2018.

Comparece Víctor Benedito, un experto económico contratado por la defensa de Alfredo de Miguel que asegura que la actividad de Kataia Consulting era absolutamente normal y que el político llevaba una vida sin lujos. “No tenía un Porsche”, manifiesta. Sin embargo, empleó el dinero pagado por los catalanes de Zambrana en comprarse un Saab.

14 de agosto de 2018.

EH Bildu denuncia la participación de un imputado en el ‘caso De Miguel’, Sergio Fernández Oleaga (Stoa), en el nuevo intento de ampliación del parque tecnológico de Miñano planteada en 2018.

14 de septiembre de 2018.

‘El Correo’ publica que la Fiscalía y los principales acusados negocian un acuerdo que supondría una confesión a cambio de una reducción de las condenas solicitadas por la acusación. 

17 de septiembre de 2018.

La Fiscalía y los abogados de los imputados coinciden en pactar una suspensión del juicio del ‘caso De Miguel’ para cerrar el acuerdo. Se fija como nueva fecha el 1 de octubre. Será el fiscal Manuel Pedreira el que lidere las conversaciones con los letrados.

1 de octubre de 2018.

La Fiscalía y las defensas vuelven a reclamar una suspensión del juicio. El tribunal acota los tiempos y fija como límite el 15 de octubre. Ese día tendrá que declarar sí o sí Alfredo de Miguel.

11 de octubre de 2018.

Tras haber avanzado en las negociaciones hasta el punto de estar dispuesto a declararse culpable, Alfredo de Miguel rompe a última hora las conversaciones con la Fiscalía. Con él, sus más cercanos también se echan para atrás. Otro grupo de imputados, ocho en total, sí se muestra dispuesto a confesar a cambio de una rebaja de condena.

15 de octubre de 2018.

El fiscal Josu Izaguirre confirma que habrá confesiones que probarán la corrupción. Entretanto, arrancan dos días declaración de Alfredo de Miguel, que retoma su estrategia de negarlo todo.

17 de octubre de 2018.

Continúan las declaraciones de los imputados. La mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, imita a la infanta y asegura que ella ni conocía ni tenía ningún papel en la gestión de Kataia Consulting. Las esposas de Aitor Tellería y Koldo Ochandiano siguen la misma línea.

19 de octubre de 2018.

El constructor Prudencio Hierro y la hermana de Alfredo de Miguel, Aintzane, se suman al grupo de ocho y cierran acuerdos con la Fiscalía para mejorar su condena a cambio de confesar.

22 de octubre de 2018.

Hierro admite que se hizo cargo de la factura de las obras de la casa de De Miguel en Gorliz porque “siempre ayuda” haber hecho un favor a un cargo público. Aintzane de Miguel, en cambio, rompe a última hora el acuerdo, que le habría supuesto la absolución, y se niega a colaborar con la Fiscalía. 

23 de octubre de 2018.

El presidente del tribunal del ‘caso De Miguel’, Jaime Tapia, advierte a los acusados de que no responder a las preguntas de la Fiscalía es una estrategia de “riesgo”. Salvo Prudencio Hierro, todos se habían acogido a su derecho a no hacerlo.

24 de octubre de 2018.

Sin “nada que ocultar”, el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, es el primero en responder a preguntas de la Fiscalía. Asegura no haber tenido ninguna responsabilidad en los contratos irregulares de Juventud.

31 de octubre de 2018.

En una larga declaración en la que también contestó a la Fiscalía, Xabier Sánchez Robles acusa al Gobierno del PSE-EE de ocultar los contratos irregulares a las empresas de De Miguel para incriminarle.

5 de noviembre de 2018.

Llegan las confesiones. Josu Arruti, amigo de De Miguel, no sucumbe a las presiones y explica las comisiones pagadas por Construcciones Riera en torno a la operación de Zambrana.

6 de noviembre de 2018.

Los gestores de Riera, especialmente Francesc Fernández Joval, confirman el pago de comisiones en Zambrana.

7 de noviembre de 2018.

Tras las incriminaciones, la primera maniobra de la defensa de Alfredo de Miguel es volver a atacar a la denunciante, Ainhoa Alberdi.

14 de noviembre de 2018.

La Fiscalía presenta su escrito de conclusiones definitivas. De Miguel se enfrenta a casi 30 años de cárcel y a una sanción económica de 1,2 millones de euros. Arruti, Fernández Joval y todos los que habían colaborado y confesado o quedarán absueltos o evitarán la entrada en prisión.

16 de noviembre de 2018.

La familia Arruti, tras confesar y sin esperar a que acabe el juicio, devuelve 130.000 euros más intereses por los delitos fiscales en torno a los movimientos relacionados con Zambrana.

25 de noviembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que De Miguel utilizaba la sede del PNV para despachar asuntos de Kataia Consulting y que otros miembros del partido conocían de su existencia.

26 de noviembre de 2018.

El fiscal, Josu Izaguirre, inicia su alegato de conclusiones en el juicio denunciando la existencia de una trama con prácticas mafiosos más propias de Sicilia: “De Miguel era un padrino y en este país, sin uno de ellos, no tienes un contrato”.

28 de noviembre de 2018.

Los abogados del Gobierno vasco y de la Diputación de Bizkaia, instituciones del PNV, se suman a la Fiscalía y admiten la existencia de irregularidades en el ‘caso De Miguel’.

1 de diciembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel conseguía contratos en la Dirección de Juventud de Xabier Sánchez Robles en 16 minutos y 38 segundos.

3 de diciembre de 2018.

Arrancan tres días de conclusiones del abogado de Txitxo, Gonzalo Susaeta. Compara la investigación con Cuarto Milenio, denuncia graves anomalías y niega que haya pruebas de corrupción. Ataca también a Josu Arruti y asegura que, en estos años, De Miguel y su familia han recibido amenazas. Acaba el discurso entre lágrimas.

5 de diciembre de 2018.

La defensa de Koldo Ochandiano insiste en reclamar la nulidad del cuaderno con notas de comisiones y dinero negro, una de las pruebas fundamentales del sumario.

10 de diciembre de 2018.

El abogado de Jon Iñaki Echaburu, Mikel Zuloaga, anuncia una querella contra el fiscal, Josu Izaguirre, por haber “humillado” a los acusados y haber sobrepasado los límites del Estado de Derecho.

18 de diciembre de 2018.

Javier Beramendi, letrado de Sánchez Robles, defiende la validez de las pruebas presentadas e insiste en que el Gobierno ha ocultado deliberadamente documentos que exonerarían a su cliente.

19 de diciembre de 2018.

Se acaba el juicio. El abogado de Tellería, Jesús Villegas, cuestiona por última vez a la denunciante, Ainhoa Alberdi. De Miguel, Tellería y Ochandiano, así como sus mujeres, cierran el proceso reiterando su inocencia pero, a la vez, pidiendo perdón. El 'caso De Miguel' queda visto para sentencia.

1 de marzo de 2019.

Alfredo de Miguel acude a la capilla ardiente de Xabier Arzalluz, histórico dirigente del PNV. Es su primera aparición pública tras el final del juicio.

17 de marzo de 2019.

Se publica 'El padrino: Anatomía del caso De Miguel', un libro sobre la investigación, en el noveno aniversario de que el caso se conociera públicamente.

19 de agosto de 2019.

elDiario.es/Euskadi publica que Koldo Ochandiano ha regresado a su puesto de contable del parque tecnológico de Miñano, el mismo que ocupaba cuando se originó este caso de corrupción.

2 de diciembre de 2019.

Se cumplen diez años de la denuncia de Ainhoa Alberdi que dio origen la investigación del caso. Ya se conoce que el 17 de diciembre se hará pública la esperada sentencia.

17 de diciembre de 2019.

El tribunal hace pública la sentencia. Alfredo de Miguel ha sido condenado a penas que suman más de 13 años de cárcel por cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación. A ello se suman más de 200.000 euros en multa e inhabilitación para empleos y cargos públicos. Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, asimismo, han sido condenados por delitos similares a altas penas que les supondrán un cumplimiento máximo de penas de alrededor de 6 años de cárcel.

20 de diciembre de 2019.

La Fiscalía solicita el ingreso en prisión de los condenados con penas más elevadas aunque la sentencia no sea firme y quepa recurso ante el Supremo. La sala desestima esa petición aunque sí impone medidas cautelares, como la imposibilidad de salir de España.

19 de febrero de 2020.

El director de la fundación Hazi, una sociedad pública del Gobierno Vasco, ocultó al Parlamento que Alfredo de Miguel, colocado allí, tenía un salario de 52.000 euros. Sí admitió que mientras estaba siendo investigado por corrupción había disfrutado de tres ascensos.

5 de marzo de 2020.

El Ayuntamiento de Vitoria da luz verde a dos contratos por valor de 150.000 euros a Stoa, la empresa de uno de los condenados, Fernández Oleaga.

15 de junio de 2020.

La Fiscalía del Supremo no acepta el criterio de los fiscales de Álava y pedirá la confirmación de la sentencia ante los recursos de los imputados pero no que se eleven las penas.

10 de marzo de 2021.

El PNV ficha para el Gobierno vasco al presidente del tribunal que condenó a De Miguel, el magistrado Jaime Tapia. Será asesor para la nueva competencia cedida por el Estado, Prisiones.

5 de junio de 2022.

elDiario.es/Euskadi informa de que el condenado Iñaki San Juan sigue manteniendo activa la empresa Errexal con otro nombre y que recibe contratos del Ayuntamiento en el que concejal, Leioa. Además, en algunos casos lo hace de manera indirecta, a través de terceros.

2 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel consta como “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea y que depende de la sociedad pública en la que trabaja, Hazi. Como tal, ha participado a pesar de su condena por corrupción como representante en viajes oficiales, foros interautonómicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incluso en recogidas de premios. El Gobierno niega que De Miguel ejerza labores de responsabilidad o representación a pesar de las fotografías que acreditan sus intervenciones.

10 de enero de 2023.

El Tribunal Supremo hace pública la sentencia definitiva y ratifica en gran medida las condenas por corrupción. En el caso de De Miguel, la pena queda en más de doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo. “Prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, se puede leer en la resolución, de casi 400 folios. Queda absuelto Julián Sánchez Alegría.

11 de enero de 2023.

Se suceden las reacciones ante la sentencia y la noticia copa -con algunas excepciones- las portadas de la prensa vasca. El PNV recupera la denominación 'caso Miñano' y elude referirse a De Miguel. Insiste en que los hechos eran fruto de comportamientos individuales y no de partido. El Gobierno vasco habla ahora de la “impecable” investigación de la Ertzaintza. Aitor Tellería y Koldo Ochandiano presentan problemas de salud, lo que podría condicionar su ingreso en prisión.

23 de enero de 2023.

En un foro organizado por 'Deia', el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que la Fiscalía intentó investigar al PNV para vincularlo con la corrupción de De Miguel, cuando tal actuación no consta en el sumario de la causa. “Se pretendió por parte de la Fiscalía y se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio PNV. Tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del PNV está impoluto”, fueron las palabras de Urkullu.

24 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi adelanta que el “entorno” de De Miguel estudia la posibilidad de solicitar un indulto para el expolítico. Las fuentes consultadas indican que el movimiento no parte ni de la defensa ni de la familia y se quiere desvincular también de cualquier connotación política, pero busca librar al ex 'número dos' del PNV de nueve años de prisión efectiva.

27 de enero de 2023.

Seis excargos del PNV implicados en el 'caso De Miguel' abonan a partes iguales una cantidad próxima a los 145.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el Gobierno vasco por el fraude en Juventud, lo que no agota el alcance de los hechos probados.

30 de enero de 2023.

La defensa de Iñaki San Juan ha presentado un incidente de aclaración ante el propio Tribunal Supremo para que se le aplique en el cálculo de sus penas la misma fórmula que su exsocio Josu Montés (que ahora ha cambiado su nombre a Josu Azkarraga). De ese modo, ninguno de los delitos individuales pasaría de los dos años y se podría solicitar la suspensión de la entrada en prisión. Este 'recurso' impide que la sentencia sea firme y que se ejecuten las penas.

5 de febrero de 2023.

Ainhoa Alberdi, denunciante del 'caso De Miguel', recibió una inspección fiscal tres días antes de que, en 2018, tuviera que ratificar su testimonio en el juicio que se celebraba en Vitoria.

7 de febrero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica la nómina de De Miguel en Itsas Garapen Elkartea (Hazi). Cobra 57.400 euros, una cantidad que ha ido subiendo mientras era investigado e incluso tras la primera condena. Además, ocupa un puesto de “coordinador” y tiene la máxima categoría entre los empleados de Hazi, la A. Los datos habían sido solicitados en el Parlamento Vasco por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

2 de marzo de 2023.

Por la mañana, la sociedad de aguas del Ayuntamiento de Vitoria, Amvisa, acuerda mantener los contratos con la empresa Stoa a pesar de la sentencia que acredita que su gestor, Sergio Fernández Oleaga, haya abonado comisiones a la trama de De Miguel. Fernández Oleaga ha cambiado el nombre de la firma y ha cedido la representación a otra persona. Por la tarde, el Tribunal Supremo resuelve el incidente de aclaración y aplica a Iñaki San Juan un cálculo más ventajoso de las penas para que le pueda ser suspendida la entrada en la cárcel. Su empresa Errexal, en todo caso, sí quedará disuelta en cuanto el fallo se haga firme.

7 de marzo de 2023.

La candidata del PNV en Vitoria, Beatriz Artolazabal, entiende que la sentencia no lastrará su campaña y cree “amortizada” esta causa. En el Parlamento, el partido presenta a De Miguel como “víctima” por la tardanza de la Justicia en completar el periplo judicial del macrosumario.

8 de marzo de 2023.

El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, asegura en las Juntas Generales que los inspectores forales actuaron con “mucha objetividad” cuando iniciaron una investigación a Ainhoa Alberdi, la denunciante del caso. No se dan detalles porque no se pueden discutir públicamente los términos concretos de un expediente tributario al ser confidenciales, alega Bizkaia.

15 de marzo de 2023.

El Tribunal Supremo notifica a la Audiencia Provincial de Álava la sentencia definitiva del 'caso De Miguel' tras haber resuelto el punto sobre Iñaki San Juan. El trámite se ha alargado durante 13 días.

16 de marzo de 2023.

La Audiencia Provincial de Álava decreta la “firmeza” de las condenas del 'caso De Miguel'. Da diez días a De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles para ingresar en prisión y el mismo plazo al resto de condenados, catorce en total, para pedir la suspensión. El Gobierno vasco da por “hecho” el despido de De Miguel de su puesto de Hazi, así como el de Ochandiano, que seguía en el parque tecnológico de Miñano.

17 de marzo de 2023.

Se cumplen trece años de la detención de Alfredo de Miguel. En el Parlamento, el lehendakari, Iñigo Urkullu, indica que el PNV en el Gobierno ha adoptado “decisiones contundentes y de manera inmediata” en relación a los condenados.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este lunes en un foro organizado por 'Deia' que es “absolutamente mentira” que exista “corrupción estructural” en el PNV a la luz de los hechos 'caso De Miguel', confirmados recientemente por el Tribunal Supremo y que llevarán a la cárcel a exdirigentes y excargos de esta formación. Para confirmarlo, sin embargo, ha aludido a una supuesta investigación al partido solicitada por la Fiscalía que no existió -no consta en el sumario y así lo confirman a este periódico fuentes judiciales- y a una consecuente “exoneración” de la Audiencia Provincial de Álava que tampoco se produjo nunca.

“El PNV en modo alguno ha sido acusado y mucho menos condenado. Se pretendió por parte de la Fiscalía y se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio PNV. Tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del PNV está impoluto”, ha afirmado Urkullu sobre el 'caso De Miguel', que estalló cuando él era presidente del Euzkadi Buru Batzar y que afectaba a cuadros de un sector contrario al suyo dentro de las corrientes internas. En el pasado, el PNV ya señaló a la Fiscalía -el caso lo inició Josu Izaguirre y luego contó con el apoyo de Manuel Pedreira- y también se criticó la instrucción -capitaneada por el juez de Vitoria Roberto Ramos-.

Se da la circunstancia de que en diciembre, cuando se debatía en el Parlamento sobre otra investigación judicial, la de las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018 en Osakidetza, Urkullu ya afirmó que una “sentencia” había exonerado también a su exconsejero de Salud, Jon Darpón. En ese sumario, lo que ocurrió fue que una parte acusadora -en este caso el sindicato LAB- demandó la imputación del exconsejero por su supuesta responsabilidad política sobre los hechos y que esa petición no se autorizó mediante un auto. El caso sigue formalmente abierto y, desde luego, no se ha emitido ninguna sentencia.

En el encuentro de 'Deia', Urkullu ha arrancado su disertación sobre este expediente judicial lamentado que “por muchas veces que se repita una mentira” no se convierte en “verdad”, en relación a las críticas recibidas por su partido por esta trama. Y ha querido poner en valor las medidas adoptadas por él y por el entonces diputado general de Álava, Xabier Agirre, ya fallecido y que apartó a Alfredo de Miguel, principal condenado, de sus cargos en la Diputación. Ha aludido a la “complicidad” entre ambos sin citar en ningún momento a quien era presidente del partido en Álava, Iñaki Gerrebarrena, quien tenía en De Miguel y en otros dos condenados, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, a estrechos colaboradores. El ahora lehendakari ha asegurado que el partido actuó con toda la firmeza posible desde el respeto a la “presunción de inocencia” de los entonces imputados y que el caso permitió reforzar controles internos. Siente “orgullo” Urkullu por que su partido es una “referencia” de cómo reaccionar ante casos semejantes.

El lehendakari, asimismo, ha tenido un recuerdo para los “allegados y familiares” de los condenados y una mención especial para las personas que en su momento fueron procesadas y más tarde desimputadas o exoneradas en diferentes fases. No los ha citado por el nombre pero son Pablo Larrabide, Asier Arzalluz, Miren Bilbao o Julián Sánchez Alegría. Sin embargo, no ha tenido palabras para la denunciante de la trama, la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi, cuya familia también es del partido.

El 'aquí no hay nada' inicial con el que los exdirigentes y excargos del PNV encararon el inicio de la investigación del 'caso De Miguel' tornó en estrategias de defensa arriesgadas cuando el peso de las pruebas empezaba a constatar la existencia de una trama de corrupción más allá de la denuncia inicial de la empresaria Ainhoa Alberdi. En 2011, cuando un informe de la Ertzaintza reveló que Alfredo de Miguel, quien fuera influyente 'número dos' del partido en Álava, había recibido en metálico una gran cantidad con billetes de 500 euros, 30.000 euros, alegó una supuesta amenaza de ETA que le hacía recomendable hacer movimientos opacos para no ser víctima de extorsión. La Policía Nacional pronto desmontó esa tesis pero, años después, en el juicio, la esposa de Koldo Ochandiano rescató esa misma tesis para justificar que fuera ella la que entregó esos 60 billetes de los grandes en plena calle.

De Miguel y Ochandiano, con un tercer dirigente del Araba Buru Batzar, Aitor Tellería, constituyeron una empresa pantalla llamada Kataia Consulting para recaudar comisiones y blanquear ese dinero. Eso sí, estaba a nombre de las esposas de los tres. Las seis letras del nombre, de hecho, responden a todas las iniciales, cambiando la 'A' de Alfredo por la 'T' de Txitxo, como todos conocen a De Miguel. Y era en Kataia Consulting donde se movían grandes sumas.

En la fase de investigación, Txitxo declaró en dos ocasiones. Cuando fue detenido por la Ertzaintza en marzo de 2010 no mencionó la presunta amenaza de ETA. Y eso que la noche anterior se produjo en Francia el que ha pasado a la historia como el último atentado de la organización, el del policía Jean-Serge Nérin, con lo que el asunto copaba los medios de comunicación en aquel momento. Sí lo hizo en su comparecencia en 2011, ya no improvisada. Refirió incluso conversaciones con altos mandos de la Policía Nacional y con la Ertzaintza en la que le trasladaron que había aparecido en los papeles de un dirigente terrorista detenido, Mikel Albisu 'Antza'. Su esposa, Ainhoa Bilbao, repitió explicaciones similares también en su segunda intervención. Pero entonces, ¿por qué mover 30.000 euros y dejar en la cuenta un saldo restante de seis cifras? ¿Y por qué hacerlo si la cuenta no estaba a nombre del amenazado? ¿Cómo iba a conocer ETA Kataia Consulting?

A pesar de que esta argumentación nunca convenció a los responsables de la investigación, el instructor del caso, Roberto Ramos, quiso despejar dudas pidiendo un informe específico a la Policía Nacional, posiblemente la única diligencia policial de todo el sumario no realizada por la Ertzaintza. Este cuerpo fue contundente: tras el arresto de 'Antza' ningún documento acreditaba que De Miguel, dirigente del PNV, estuviese amenazado como lo estaban en aquella época colegas socialistas o del PP.

La defensa de Txitxo enterró totalmente esta línea argumental -no infrecuente en otras investigaciones económicas a cargos políticos- y no la mencionó en ningún momento durante todo el juicio, celebrado entre enero y diciembre de 2018 en la Audiencia Provincial de Álava. Pero, casi al final del proceso, en un interrogatorio preparado con su abogado, Carlos Chacón, la esposa de Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia, lo volvió a sacar a la luz para tratar de justificar una entrega de 60 billetes de 500 euros a un político en plena calle. Así fue su explicación

-[En la investigación] El ministerio fiscal le preguntó por las disposiciones de fondos realizadas en 2005.

-De aquello me acuerdo, sí. Era un cantidad... Mi marido llamó a la chica de Ipar Kutxa [actual Laboral Kutxa] para que tuviera preparado un montante para que yo lo recogiera. Recogí los 30.000 euros y en los alrededores de mi domicilio se los di a De Miguel. 

-¿Y por qué no se hizo una transferencia?

-Entiendo que no me lo dijera entonces... pero era por los papeles de Mikel 'Antza'. Me explicaron que había que sacar esa cantidad. El señor De Miguel estaba señalado en determinados papeles de ETA y le habían recomendado [ese tipo de movimientos].

La historia de Eric Armando

De Miguel también ofreció una coartada muy singular para tratar de explicar que pidiera dinero a la denunciante del caso, a Ainhoa Alberdi, que reveló con grabaciones y correos electrónicos que el político la estaba extorsionando para que le pagara 100.000 euros por un contrato que su empresa se había llevado en el parque tecnológico de Miñano gracias a la influencia de Txitxo. Por escrito y usando la cuenta de 'e-mail' institucional de la Diputación de Álava, De Miguel le puso a Alberdi: “Lo nuestro lo dejamos en 100”.

Como no había más contexto, el acusado se esforzó en construir una hipótesis alternativa. Era una carta ganadora: ni era una comisión ni eran euros. Años después del cambio de divisas, De Miguel se refería a 100.000 pesetas, apenas 600 euros. Aquí es cuando entró en escena un tal Eric Armando. “A finales de 2006 cambiamos de piso. [El viejo] Lo ponemos a la venta pero también el alquiler, por lo menos para tenerlo ocupado. Entonces nos surge la oportunidad de alquilarlo a un trabajador de mi cuñado. Ainhoa [Alberdi] me preparó un contrato de alquiler y lo firmamos. El chico se llamaba Eric Armando. Pero me empieza a dejar impagados. Ella [Alberdi] me dijo que o desahucio o llegar a un acuerdo, y que lo mejor sería subrogar directamente la nómina. Desahucio no podía hacerle a un trabajador y tal. Se estaba discutiendo en el entorno de 100.000 pesetas, 600 euros”, relató Txitxo en una de sus respuestas más largas de todo el interrogatorio y previamente preparada con su abogado, Gonzalo Susaeta. “Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste”, se permitió añadir. Ni Eric Armando aparecía en un sumario de decenas de miles de páginas ni, por supuesto, De Miguel le llevó como testigo para que avalara esta tesis públicamente ante el tribunal.

El recorrido judicial del 'caso De Miguel' no ha acabado con la sentencia del Tribunal Supremo, aunque el pronunciamiento del alto tribunal sí convierte en firme las condenas por corrupción y, por lo tanto, abre la puerta ya al ingreso en prisión de los inculpados, entre ellos los exdirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería o el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles. Ahora bien, eso será decidido por la Audiencia Provincial de Álava y faltan “algunos días” para que se concrete, según fuentes del caso. Además, los acusados tienen la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional aunque no ya por los hechos, que se dan por probados, sino por la posible vulneración de derechos fundamentales. Aunque nadie se ha pronunciado aún, no sería un escenario descabellado ya que uno de los argumentos recurrentes de las defensas durante la instrucción, durante el juicio y ante el Supremo fue que la investigación se había propasado, incluso hasta el punto de acusar a la Ertzaintza de haber manipulado pruebas. Y, después del Constitucional, quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Cuando se conoció en diciembre de 2019 la sentencia de primera instancia, la de la Audiencia Provincial de Álava, la Fiscalía ya solicitó la ejecución “provisional” de las penas y se celebró una vista en la que el tribunal rechazó esa petición a expensas de que el Supremo dictara una segunda y definitiva resolución. Eso sí, desde entonces se han venido aplicando un conjunto de medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligación de acudir periódicamente a 'fichar' al juzgado. Ahora, de modo automático, la sentencia pasa ya a una fase de ejecución cuyo procedimiento y calendario no están claros.

Pero, antes de llegar a esa fase, la sentencia del Supremo ha de ser notificada formalmente a todas las partes y el expediente ha de ser remitido al tribunal responsable, la Audiencia Provincial de Álava. A partir de ahí, este órgano deberá declarar la “firmeza” de los autos y abrir una nueva fase. Entre los condenados hay tres grupos. Por un lado están, básicamente, De Miguel, Ochandiano, Tellería y Sánchez Robles. Tienen las penas más altas y deberían ser ejecutadas con carácter inmediato. Por otro lado están los que tienen sanciones de menos de dos años de prisión. Este grupo de Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Jon Iñaki Echaburu o Sergio Fernández Oleaga, salvo que tengan antecedentes o incurran en alguna otra anomalía, no ingresaría en un centro penitenciario en ningún caso. Y luego hay casos excepcionales de penados con una suma que sí supera los dos años pero en la que todos los delitos individuales no alcanzan ese límite, donde se podría solicitar una suspensión extraordinaria, o el de Alfonso Arriola o la exalcaldesa de Zambrana, condenados exclusivamente a inhabilitación y no a cárcel.

Para enredar más el escenario, la presentación del recurso de amparo podría frenar todavía unos cuantos años la entrada en prisión. En principio, la ley reguladora del Constitucional afirma que “la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados” pero, acto seguido, abre la puerta a que “cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad” bien el tribunal de oficio o bien a petición del recurrente “podrá disponer la suspensión, total o parcial” de una pena. Obviamente, también entran en juego factores de salud como los que han aflorado en el caso de los ERE de Andalucía con José Antonio Griñán. En principio, la reforma del delito de malversación no debería afectar a este caso, en el que también se han acreditado otros tipos penales como la prevaricación, la asociación ilícita, el cohecho o el tráfico de influencias.

La Audiencia Provincial de Álava celebró en 2019 una vista con los condenados para dirimir su futuro. No está claro que ahora tenga que repetirse ese formato, aunque sí es seguro que las defensas dispondrán de un espacio para formular alegaciones. En todo caso, el tribunal que juzgó el caso no guarda ya ninguna relación con su composición actual. El presidente, Jaime Tapia, es ahora alto cargo en el área de Prisiones del Gobierno vasco. Es precisamente quien gestionará la estancia en la cárcel de los condenados de no mediar un traslado a otra comunidad autónoma. Y Raúl Aztiria dejó también la jurisdicción penal. Solamente Elena Cabero permanece desde el juicio. Fue ella la ponente del fallo de primera instancia. Los otros magistrados en activo ahora son Jesús Poncela, Ana Jesús Zulueta y Francisco García Romo. En el caso de la Fiscalía, los dos titulares del caso, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, continúan en ejercicio en Vitoria aunque el primero ya no es el fiscal-jefe provincial. La nueva responsable de la oficina, Carmen Cotelo, debería determinar quién gestiona estos flecos de un sumario que se inició precisamente cuando la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi presentó una denuncia ante Izaguirre.

El Tribunal Supremo ha confirmado las principales condenas del 'caso De Miguel', el mayor caso de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes del PNV de Álava y cargos públicos de esta formación. El alto tribunal, eso sí, ha realizado algunos ajustes. Necesariamente son a la baja, ya que todos los recursos iban en esa dirección. Esta sentencia es ya firme e implicará la entrada efectiva en prisión de los acusados con delitos por encima de los dos años. El fallo avala el trabajo investigador del instructor, Roberto Ramos, de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, de la Ertzaintza, y de la Audiencia Provincial de Álava, en el ojo del huracán durante años.

“Absolvemos a Alfredo De Miguel Aguirre del delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal por el que venía condenado por la adjudicación de contratos por el Ayuntamiento de Zambrana, manteniendo el resto de pronunciamientos de condena que la sentencia de instancia contiene”, se puede leer en el fallo, largamente esperado desde que el alto tribunal iniciara en septiembre la deliberación por un caso denunciado en 2009.

Según el fallo, el ajuste a De Miguel se concreta en que de la la condena original de 13 años de prisión se pasa a 12 años, cuatro meses y 15 días de cárcel. Son nueve de cumplimiento efectivo. La resolución del Supremo implica también la absolución de Julián Sánchez Alegría, presidente de la red de parques tecnológicos, aunque su pena era exclusivamente de inhabilitación y no de cárcel. Es por los hechos de Miñano, que suponen también una rebaja para el gerente de Miñano, Alfonso Arriola, que se queda en cuatro años de inhabilitación. El constructor Jon Iñaki Echaburu, asimismo, no entrará en prisión al reducirse su pena de dos años y cinco meses a solamente los cinco meses. Iñaki San Juan ve ajustada su pena definitiva a cuatro años, cuatro meses y 15 días de cárcel. San Juan era socio de De Miguel en varios negocios. Otro de los principales acusados, Xabier Sánchez Robles, mantiene una pena de 7 años, 1 mes y 15 días. El exdirector de Juventud con Juan José Ibarretxe facilitó que las empresas de la trama accedieran a adjudicaciones irregulares y, durante el juicio, trató de justificarlos con pruebas que fueron consideradas falsas.

Los principales acusados eran tres dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. “Por todas estas actuaciones -dice el Supremo- , los integrantes de la ejecutiva alavesa han sido condenados por los delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales”. A Ochandiano “se le imponen, además de otras penas accesorias, 7 años y 6 meses de prisión, que quedan limitados a 6 años y 9 meses de cumplimiento efectivo”. Él era el contable de la trama. A Tellería -que fue absuelto de otro caso paralelo en 2013- “se le condena a un total de 5 años, 1 mes y 15 días de prisión”. 

“Los tres acusados, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, refleja el Supremo. Y se añade: “Para encubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. Sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros”. 

Los antecedentes

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción conocido en Euskadi y cuya investigación se remonta a 2009 y que afecta a excargos públicos y orgánicos del PNV encabezados por Alfredo de Miguel, a quien todos conocían como Txitxo. Del fallo su ponente ha sido el magistrado Pablo Llarena. Este pronunciamiento es firme y obligará a la entrada en prisión de los afectados, aunque pueden recurrir por vulneración de derechos fundamentales primero ante el Constitucional y luego incluso a Estrasburgo.

Eran una docena los recursos de casación que tenía sobre la mesa el Supremo. Finalmente, la Fiscalía no recurrió para elevar las condenas, como querían los fiscales del caso en Álava, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira. Asimismo, los condenados que habían pactado sus penas con el ministerio público durante el juicio dieron por bueno el fallo e incluso devolvieron el dinero que les correspondía por los delitos económicos cometidos.

De Miguel, el principal acusado, fue el influyente 'número dos' del PNV de Álava y también ocupó el cargo de diputado foral de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). Tenía menos de 40 años cuando esta investigación truncó su carrera política. En estos años, sin embargo, ha continuado con un cargo en una sociedad pública del Gobierno vasco, Hazi, hasta el punto de que ha tenido tres ascensos mientras era investigado.

Un caso originado en 2009

El 'caso De Miguel' se originó en diciembre 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presenta una denuncia en la Fiscalía de Álava después de que Txitxo le presionara para que le abonase una comisión de 100.000 euros. Aparentemente, su socio y constructor Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y contratista habitual de la Administración, pactó con De Miguel una mordida por un contrato en el parque tecnológico de Miñano en el que el político había intercedido aunque no tuviera allí ningún cargo con la aquiescencia de los cargos públicos. Aportó grabaciones y, en una de ellas, se escucha a Echaburu considerar las comisiones como algo “dentro de lo normal”. Se pueden escuchar aquí.

La investigación llevó pronto a Kataia Consulting, la empresa central de la trama. Sin actividad pero con movimientos económicos elevados, estaba controlada por De Miguel y otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Pero estaba a nombre de las esposas del trío. El primer ingreso de esa mercantil fue el pago de una comisión por un pelotazo urbanístico en Zambrana en el que también se implicó De Miguel. Situó como intermediario a Arruti y captaron a una promotora catalana, Construcciones Riera, para un plan estimado en 65 millones que luego se frustró. “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, ... El primer día te esperan para lo que quieren cobrar. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si se puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave. Pero, en fin, lo pensamos y dijimos 'Nos tiramos a la piscina. Vamos a pagar comisión y pagamos la comisión'”, declaró el empresario Francesc Fernández Joval. Y su socio Plàcid Casas añadió: “El País Vasco es una zona que no conocemos, una sociedad un poco más cerrada. Francesc me vino a decir que era imprescindible alguien que ayudara”. Recibido el primer pago de Zambrana, desde Kataia Consulting salió dinero para un Saab, para joyas y para viajes, así como para consumiciones en pubs o para una estancia en el balneario de La Perla en Donostia.

La empresa hermana de Kataia Consulting era Errexal. En este caso, se creó para captar contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, liderada por Xabier Sánchez Robles. El primero era de 90.000 euros. Al frente de Errexal se situó a Iñaki San Juan, exedil en Leioa por el PNV. Había otra tercera sociedad que captaba contratos de Juventud, Ortzi Muga, con Josu Montés de administrador. Txitxo, Ochandiano y su esposa, Echaburu, Montés, San Juan, Arruti y Sánchez Robles eran todos de una misma generación que se conoció en EGI cuando la cantera del PNV estaba necesitada de savia nueva tras la traumática escisión de EA en 1986. Una de las condenas más elevadas en primera instancia la recibió Sánchez Robles (siete años de cárcel, al nivel de Tellería y Ochandiano). Le pesó haber presentado en el juicio como supuestas pruebas exculpatorias informes y documentos con sellos del Gobierno vasco para probar la legalidad de las adjudicaciones a las empresas de sus amigos y que éstas habían realizado los trabajos encargados. Esos papeles no constaban en los archivos de la Administración y, como publicó este periódico, los sellos tenían tipografía diferente a los auténticos y en un caso tenían como fecha un 29 de febrero de un año no bisiesto, un día que no existe.

Otro constructor y contratista, Prudencio Hierro, admitió también que pagó la reforma de la segunda residencia de De Miguel, en Gorliz, en la costa de Bizkaia. Explicó que siempre era buena hacer “favores”. El pacto para rebajar su pena implicó camuflarlo no como comisión o soborno sino como préstamo para que el político se ahorrara el IVA, aunque todos los indicios apuntan en el otro sentido.

La importancia del partido

Cuando estalló el caso y fue desposeído de sus cargos -era diputado foral en Álava-, tuvo una larga baja laboral investigada por la Seguridad Social. Después, De Miguel optó por Hazi de entre las dos excedencias en sociedades públicas que tenía. Se mudó de Vitoria a Gorliz. Ahora es allí donde reside y sigue trabajando para el Gobierno vasco. Su jefe en Hazi, tras la primera condena, ocultó en el Parlamento Vasco el verdadero salario de Txitxo. Era Asier Arrese, que llegó a comparecer como supuesto testigo imparcial durante el juicio para defender el buen nombre de De Miguel. Ahora este periódico está pendiente de que la entidad detalle la posición allí de De Miguel, si bien varias fuentes han explicado que es la persona responsable de decidir si el Ejecutivo financia determinados proyectos. El convenio de esta sociedad pública permitía haberlo despojado de sus funciones incluso con la primera condena por ser los delitos de tipo económico. Hay otros textos similares que explicitan que la pena ha de ser “firme” pero no es el caso.

En los últimos años, acudió al funeral de Xabier Arzalluz, histórico líder del PNV y del que se siente hijo político. Tiene muy estrecha amistad con el hijo de aquél, Asier Arzalluz, también de la misma generación de EGI y que llegó a estar investigado en este sumario por haber contratado también con la trama durante su etapa al frente de una entidad promotora del txakoli en Leioa, Mendibile Jauregia. Acudió igualmente al velatorio del exalcalde de Lapuebla de Labarca, Daniel Espada. Hace solamente unos días pudo saludar a sus excompañeros de partido en la fiesta de la vendimia de Lanciego, el pueblo de sus amores.

Quien también continúa en la Administración es Ochandiano. En su caso, sigue en las mismas funciones que ejercía cuando sucedieron los hechos, contable en el parque tecnológico de Miñano. Mientras la denunciante del caso lamentó en el juicio que no había podido volver a contratar con la Administración por haber alzado la voz -“se han vengado de mí hasta hoy”- San Juan y otro condenado, el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, han cambiado el nombre a sus empresas Errexal y Stoa y siguen recibiendo adjudicaciones. En el caso de San Juan (cinco años de cárcel) lo hace en Leioa, su antiguo municipio, e incluso valiéndose de empresas de terceros. Alberdi se quejó también de que la única parte de la sentencia en que no se vieron acreditados los hechos fueron las “coacciones” que dijo haber sufrido hasta el punto de que De Miguel y Tellería llegaron a pedir el dinero al padre de la empresaria, al que conocían del partido.

Políticamente, aunque costó meses, el PNV consiguió que De Miguel, Tellería y Ochandiano entregaran su carné. El presidente era el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, y los imputados eran del sector más próximo a Joseba Egibar, líder en Gipuzkoa y portavoz parlamentario aún hoy. Este caso forzó una modificación de los estatutos para automatizar este procedimiento en casos graves. Sin embargo, Egibar no tuvo reparos en abrazar delante de las cámaras a Txitxo cuando acudió a comparecer en la comisión de investigación que sobre este caso inició el Parlamento Vasco o en defender que no se había enriquecido en ningún caso. Tras la primera sentencia, Urkullu pidió disculpas, como también Andoni Ortuzar, actual presidente del PNV.

Sin embargo, recalcan que el partido no estaba implicado en los hechos. La financiación del partido nunca se ha investigado -“pues no lo sé, ellos lo van a establecer”, se escucha a Echaburu en las grabaciones cuando Alberdi le pregunta si la comisión es para el PNV- pero la Audiencia Provincial sí remarcó la importancia de la militancia compartida y la influencia política e institucional para explicar los hechos. En Zambrana, la alcaldesa María Justina Angulo dejó hacer a Txitxo y Arruti “siguiendo indicaciones del ABB”, el Araba Buru Batzar, la Ejecutiva alavesa del PNV. “Accedió [...] por recomendación de una persona de influencia en su mismo partido político, siguiendo indicaciones del ABB, no olvidando que el puesto de alcaldesa tiene su origen inicial en una designación política de ese partido, llevada a cabo en el momento de confección de las listas municipales y existiendo un motivo claro de intentar seguir la indicación dada para evitar ser eliminada de las futuras listas electorales (supuesto de prevalimiento en casos de tráfico de influencias)”, destacó el tribunal, que empleó argumentos similares en otras derivadas del caso. Consultado por este periódico, el PNV ha declinado hacer comentarios sobre este caso.

El 'caso De Miguel' es el mayor sumario de corrupción conocido hasta la fecha en Euskadi. Todavía hoy hay quienes lo rebajan a 'caso Miñano', como se le quiso llamar al principio, porque tuvo su origen en el parque tecnológico de Vitoria. Pero esa denominación omite que la trama extendió sus tentáculos a Zambrana, minúscula población al sur de Álava donde se pergeñó un pelotazo urbanístico valorado en 65 millones de euros, a la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, de donde salieron contratos 'a dedo', o a los municipios alaveses de Zigoitia o Lapuebla de Labarca y que quien da nombre al caso, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ideó negocios desde la Costa del Sol andaluza hasta Argentina. Con De Miguel se sentaron en el banquillo otros dirigentes alaveses de la formación como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, cargos públicos nacionalistas como Xabier Sánchez Robles, María Justina Angulo o Alfonso Arriola y empresarios con carné como Josu Arruti, Iñaki San Juan o Jon Iñaki Echaburu. La denuncia de la corrupción llegó en 2009, la investigación arrancó en 2010 y finalizó en 2015, se celebró un macrojuicio en 2018 y, a finales de 2019, una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava recogió 300 folios de “hechos probados” que constataba no solamente las graves irregularidades sino la importancia que en el desarrollo de los hechos tuvo la vinculación común de todos los procesados a una misma organización. El PNV, por el contrario, siempre ha defendido su “intachable” trayectoria cuando se le ha interpelado por este caso y ha insistido en que los acusados actuaban 'motu proprio'.

La denunciante del caso, Ainhoa Alberdi, de familia 'jeltzale', acompañó su alerta de que De Miguel quería cobrarle una comisión de 100.000 euros por ayudarle con un contrato con grabaciones. Una de ellas aborda esta cuestión con su entonces socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, contratista habitual de la Administración, amigo de De Miguel y quien aparentemente había pactado la mordida:

-¿[Es] Pa’l partido o así?

-Pues no lo sé, ellos lo van a establecer.

-¿No te dijeron nada, ni cantidad tampoco, ni porcentaje ni nada?

-No, no. Nosotros tampoco dijimos nada. Pero bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos.

El 'caso De Miguel' ha vuelto a primera línea ahora al conocerse que De Miguel, a quien todos conocen como Txitxo, no solamente continúa trabajando para la Administración sino que ejerce de “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea -así aparece en documentos oficiales, aunque el Gobierno vasco lo niega- y que en este tiempo ha recogido premios, ha concedido entrevistas por “buenas prácticas” y realizado viajes oficiales representando a Euskadi. El PNV repite que la sentencia sobre este caso no es “firme”, ya que el Tribunal Supremo tiene pendientes de resolver 14 recursos de los condenados en primera instancia. También que los derechos laborales de De Miguel como empleado público no pueden ser vulnerados. La oposición se ha echado encima y los socios del PNV en el Gobierno vasco, el PSE-EE, han sugerido que siga trabajando pero al menos no con proyección pública. La entidad de De Miguel, entre sus funciones, reparte ayudas públicas y en su web publicita un buzón contra el fraude.

¿Cómo ha gestionado el PNV este caso? En el momento de su detención en marzo de 2010, De Miguel era diputado foral en Álava con competencias en materia de Urbanismo. El presidente de aquel Ejecutivo provincial era Xabier Agirre, ya fallecido, y aquélla era una coalición con dos partidos ahora integrados en EH Bildu, EA y Aralar. Agirre salió al instante reclamando “tolerancia cero” contra la corrupción y destituyó al arrestado, no sin tensión. También dejó de ser vicepresidente de la Caja Vital, politizada como tantas otras entidades en España. Pero el PNV es bicéfalo y el partido en Álava lo controlaba Iñaki Gerenabarrena, no Agirre. El presidente, que ahora trabaja en el Gobierno en la misma sociedad pública que De Miguel, fue quien impuso a Agirre el nombre de Txitxo para su equipo y su reacción primera fue amenazar a la prensa que informaba del caso con querellas. Todo un sector en torno a Gerenabarrena y Txitxo siguió esa misma estrategia. Una veintena de cargos firmaron una carta denunciando una “cacería infame” contra la organización. Muchos fueron los mismos que lo agasajaron en las puertas del Parlamento cuando le tocó comparecer en la comisión de investigación que, sobre este caso, celebró la Cámara. Ya dentro, el referente del sector interno de De Miguel y Gerenabarrena, Joseba Egibar, presidente en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, le dio un abrazo delante de fotógrafos y camarógrafos y permitió que un acusado por graves delitos ofreciera una rueda de prensa sin admitir preguntas en una institución pública. Entretanto, EA y Aralar dejaron solo al PNV y rompieron la coalición.

El presidente del PNV entonces era Iñigo Urkullu, ahora lehendakari. Él y su equipo, más próximos a Agirre, se las vieron y desearon para lograr que De Miguel y los otros imputados entregaran sus carnés de afiliados. Lo logró muchos meses después, a principios de 2011. A cambio, De Miguel, Tellería y Ochandiano le 'regalaron' este aviso: “Se equivoca la dirección del EBB del PNV si cree que la campaña política y mediática de acoso y derribo al Partido remitirá o desaparecerá por el hecho de un simple depósito de carnés. Los firmantes de esta carta queremos denunciar el juicio paralelo al que hemos sido sometidos y la actitud injusta de quienes han obviado el principio de presunción de inocencia y ya nos han condenado. Exigimos al EBB del PNV que defienda al Partido y a sus afiliados con mayor convencimiento y determinación de lo que ha defendido nuestra presunción de inocencia. Nosotros somos inocentes, el PNV también y, pese a quien pese, lo demostraremos”.

El sector de Agirre logró frenar la candidatura propuesta para las elecciones de 2011 en Vitoria por Gerenabarrena. Fue entonces cuando emergió la figura de Gorka Urtaran, que ahora abandonará el cargo, pero las instituciones pasaron a manos del PP. A nivel orgánico, Agirre decidió asumir la presidencia en Álava y los suyos se impusieron en la renovación de los cargos de Araba Buru Batzar... aunque tuvo que ser a la segunda. En el primer intento, con irregularidades, Agirre se vio con más de su nueva ejecutiva controlada por los afines a Gerenabarrena y De Miguel. En el sumario del caso constan auténticas campañas contra compañeros de partido orquestadas por el sector contrario. Un ejemplo: el actual presidente alavés y continuador de Agirre, José Antonio Suso, era vejado en algunos mensajes.

Urkullu se convirtió en lehendakari en 2012 y Andoni Ortuzar pasó a ser el líder del Euzkadi Buru Batzar. En estos años, ha asegurado que el fiscal del caso, Josu Izaguirre, ha actuado al “servicio” del PP. “Hay un deseo insano por demostrar que en Euskadi hay corrupción”, declaró. También manifestó en otra ocasión que el caso estaba inflado ya que no suponía más que 200.000 euros, en alusión a solamente una de las partes, la relativa a los contratos irregulares en Juventud. Eso sí, conocida la sentencia de la Audiencia de Álava, en 2019, Ortuzar “con sencillez y sinceridad” pidió disculpas aunque introdujo dos matices, que seguía operando la presunción de inocencia porque la condena no era firme y que los hechos constatados “nada tienen que ver con el PNV”. Urkullu, ya desde la Presidencia vasca, también se sumó a la petición de perdón. Egibar, finalmente, se avino a reconocer que “ha habido conductas delictivas” aunque hasta poco antes de conocerse el fallo recalcaba que nunca se lucraron los acusados, aunque en el juicio apareció cómo De Miguel usó las comisiones para comprar un coche, joyas o viajes, cómo las tarjetas de crédito eran usadas en bares de copas o cómo un constructor asumió el coste de la reforma de su segunda residencia, en Gorliz, en la costa vizcaína.

En estos años, De Miguel ha tenido varios ascensos en la sociedad pública del Gobierno vasco en la que trabaja, Hazi, de la que cuelga Itsas Garapen Elkartea. Su nómina se ha más que duplicado y ha asumido nuevas responsabilidades. Era conocida su cercanía el histórico líder del PNV, Xabier Arzalluz, pero poco antes de su fallecimiento sorprendió enviando a su entorno una fotografía de ambos comiendo. En el velatorio, Txitxo coincidió con el EBB. La denunciante ya manifestó que no ha recibido ni un sólo contrato público en este tiempo y que alguien del propio partido le instó a que ni siquiera se presentara a los concursos. El PNV no ha hecho nunca un pronunciamiento en torno a la figura de Alberdi.

Tampoco sobre la familia Arruti, muy vinculada al partido y también a la familia Arzalluz. Josu Arruti, amigo y socio de De Miguel en la trama, confesó durante el juicio la existencia de comisiones. Además de admitir los hechos, ya ha devuelto el dinero defraudado, al menos 130.000 euros. Se ha endeudado, ha abierto un pequeño negocio en Bilbao y se ha desvinculado de toda pelea en el Supremo. En realidad, De Miguel también iba a confesar, pero cambió de parecer a última hora. Iba a aceptar delitos que, juntos, sumaban cinco años y cuatro meses de cárcel. Su hermana Aintzane, a la que situó como contable de la trama, compartía abogado con Arruti y tenía ya un pacto para evitar la cárcel a ultimísima hora renunció a declarar en un giro nunca explicado.

Es reciente, de diciembre, un documento con conclusiones sobre el proceso de escucha activado por la formación de Ortuzar entre militantes, simpatizantes y externos. Una de las conclusiones de este trabajo llamado Entzunez Eraiki es que el PNV “no es un partido asociado a la corrupción” pero entiende que sí “debe contrarrestar cierta imagen de 'amiguismo' que ha podido calar tras tantos años de gestión pública”. Las novedades sobre De Miguel han hecho que la oposición haya rescatado este punto.

El PNV también ha fichado en los últimos años al juez que presidió el tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia. Desde 2021 es asesor para la puesta en marcha del nuevo modelo vasco de Prisiones una vez transferida esta competencia. Ocupa un puesto precisamente en el único departamento del Gobierno vasco controlado por el PNV de Álava de Suso. Suyas y de los magistrados Elena Cabero o Raúl Aztiria son frases como que el “único lazo verificado” entre todos los implicados en el 'caso De Miguel' era su pertenencia a un partido, al PNV. “Desgraciadamente en los últimos años se observa un vínculo entre la política y los empresarios, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y este caso no es una excepción”, afirmó el tribunal.

En el juicio del mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel' que sentó en el banquillo a exdirigentes del PNV de Álava, a otros cargos nacionalistas y a contratistas, la denunciante de la trama, la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi explicó una parte –solamente una parte– del calvario que ha vivido desde que en 2009 diera el paso de acudir a la Fiscalía con grabaciones para denunciar que el político que da nombre al caso, Alfredo de Miguel, le estaba presionando para que abonara una comisión de 100.000 euros. “Se han vengado de mí hasta hoy”, afirmó. Añadió que una “persona política” del PNV, cuya identidad no desveló, le recomendó que ni se molestara en presentarse a concursos públicos. Esto ocurrió en 2018. En 2023, según ha podido confirmar este periódico, Alberdi sigue sin haber vuelto a trabajar para la Administración. Es la otra cara de la moneda frente a los “derechos” del principal condenado, que salió de aquel juicio con una pena de trece años de cárcel. Aunque no tiene cargos públicos o de partido, mientras se espera la sentencia definitiva del Tribunal Supremo quien todos conocen como Txitxo ha ido ganando en responsabilidades en la sociedad pública Hazi, adscrita al Gobierno vasco. Ahora ejerce como “gerente” de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea y, como tal, ha encabezado la delegación vasca en diferentes foros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en La Palma o Cartagena, por ejemplo.

Aunque era público y notorio que De Miguel trabajaba para el Ejecutivo en Hazi, que cuelga del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Arantxa Tapia, no había trascendido que Txitxo actuaba como cara visible de Itas Garapen Elkartea (un GALP o grupo de acción local pesquera en el que la Administración colabora con las cofradías y otras entidades del sector) ante el Ministerio, ante la Unión Europea y hasta en recogidas de premios. De hecho, los vídeos, documentos y fotografías del papel de De Miguel en estos últimos años, una vez condenado por graves delitos de corrupción, han generado una profunda sorpresa entre quienes participaron en la investigación de esta trama. También la oposición ha demandado explicaciones al Gobierno de Iñigo Urkullu, que precisamente era el presidente del PNV cuando estalló este caso. Incluso el PSE-EE, socio del PNV, ha reclamado firmeza. Los nacionalistas, tanto desde el Gobierno como desde el partido, insisten en que la condena que pesa sobre De Miguel “no es firme” y que, por lo tanto, goza de unos “derechos” laborales que hay que preservar. Deslizan que despojarle de sus funciones sería lo ilegal.

En el caso de Alberdi, por el contrario, su última década ha sido de ostracismo. “Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias”, llegó a admitir en el juicio. Esta joven empresaria formaba parte del círculo de confianza de Txitxo al ser socia de un amigo del político, el constructor Jon Iñaki Echaburu. Aunque es de familia 'jeltzale', ella nunca ha sido del partido, a diferencia de Echaburu. Cuando adquirió toda la empresa Urbanorma Consulting a Echaburu, descubrió que el contrato público que habían recibido en el parque tecnológico de Álava, en Miñano, escondía letra pequeña. Su exsocio había pactado el abono de una comisión –algo “dentro de lo normal”, según refería el empresario en una de las grabaciones del caso– y el recaudador era De Miguel, quien aparentemente no tenía ningún cargo en Miñano. Ya antes de denunciar, según el relato de Alberdi, De Miguel presionó incluso a su padre para que pasara por caja.

Después, se inició una dura campaña para desacreditarla que incluyó incluso componentes sexistas al ser una mujer joven la que daba el paso de cuestionar las versiones de varones con una dilatada trayectoria política. En numerosas ocasiones ha sobrevolado que el móvil era una 'vendetta' sentimental. De Alberdi, que ha tenido que medicarse contra la depresión y contra la ansiedad, se dijo también que había manipulado los audios para hacerlos incriminatorios, cuando su presentación era tan pésima que incluso no se habían borrado ni conversaciones sobre su perro. “Hay mucha imaginación y mucha especulación [...]. El ministerio fiscal presenta a Alberdi como una víctima y el nivel que ha puesto está muy bajito. La señora Alberdi es en este caso una testigo profesional. Profesional del derecho, que sabe lo que quiere decir, cómo y cuándo [...]. Su actuación es una actuación teatral y, visto el resultado, realmente ha sido muy eficaz”, dijeron las defensas de los imputados. La de Txitxo quiso investigar las cuentas de la nueva empresa de la denunciante, Alberdi & Vicinay, dando a entender que ocultaba irregularidades. El abogado de otro dirigente del partido acusado por Alberdi, Aitor Tellería, llegó a afirmar que ni su padre respaldaba su denuncia.

Otros condenados también siguen con sus funciones

El periplo de De Miguel en estos años, sin embargo, ha sido muy diferente. Tenía dos excedencias en sendas sociedades públicas autonómicas para elegir destino profesional. Desechó Sprilur (Industrialdeak) previa indemnización de 22.000 euros y optó por Hazi, heredera de la entidad IKT, que es donde realmente accedió de muy joven. Desde su reincorporación en 2010 ha tenido ascensos de categoría y subidas de sueldo que hacían que, en 2020, su nómina ya se hubiese duplicado con respecto a la inicial. Su salario anual superaba entonces los 50.000 euros. Tras su imputación, abandonó Vitoria y se instaló definitivamente en la segunda residencia familiar, ubicada en Gorliz, en la costa de Bizkaia. La reforma se la pagó un contratista, Prudencio Hierro. Ha cambiado también de coche y las fuentes consultadas indican que su defensa, a cargo del bufete Cuatrecasas, ha tenido que superar las siete cifras.

Cuando fue citado a la comisión de investigación que celebró el Parlamento Vasco sobre este caso, el portavoz del partido, Joseba Egibar, le recibió con un abrazo. Muchos años después Egibar continuó defendiendo que De Miguel no se había enriquecido, aunque consten salidas de dinero para joyas, un Saab o viajes, entre otros cargos. Ese mismo día de 2011 decenas de simpatizantes del PNV lo agasajaron a la salida. Más recientemente, sus funciones en Hazi han ido creciendo en proyección pública. Aunque el Ejecutivo haya afirmado tajantemente que “De Miguel no representa al Gobierno vasco en ningún foro”, hay actas en las que figura recibiendo premios como responsable de Itsas Garapen Elkartea. La web de la Unión Europea recoge una entrevista con él como exponente de buena gestión en lo tocante a protección del sector pesquero durante la primera ola de la pandemia. Y ha realizado un puñado de viajes oficiales, al menos a Galicia, La Palma y Cartagena.

En La Palma, en 2022, estuvo en un congreso de mujeres del sector. Hay varias fotografías de su presencia allí, acompañada por una excursión a la zona afectada por la erupción del volcán, ocurrido unos meses antes. Antes, en Cartagena, no solamente participó; hay constancia de que tomó la palabra. Lo hizo también en una sesión telemática formativa en la que expuso el modelo vasco de pesca. Todo estos encuentros estaban auspiciados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reunían a representantes procedentes de las diferentes comunidades autónomas y De Miguel era miembro de la delegación vasca.

De Miguel y Tellería estaban detrás de una empresa pantalla llamada Kataia Consulting junto a un tercer dirigente del PNV alavés, Koldo Ochandiano. Cuando se produjeron los hechos denunciados por Alberdi, Ochandiano era el contable del parque de Miñano, que también es una sociedad pública y que también depende de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Después de algunas idas y venidas, recuperó esa plaza, en la que ahora se mantiene. Su fotografía sigue en la web oficial de la institución. Iñaki San Juan, exedil del PNV en Leioa y beneficiario a través de la empresa Errexal de contrataciones irregulares, mantiene la compañía con un pequeño cambio de nombre (ahora se llama Perexila) y ha vuelto a contratar en su municipio. Algunas adjudicaciones estaban hechas a través de intermediarios. El empresario Sergio Fernández Oleaga, de la empresa Stoa, también siguió recibiendo adjudicaciones una vez condenado, principalmente del área de obras hidráulicas del Ayuntamiento de Vitoria. Sin embargo, Miñano sí declaró la “nulidad” del contrato que mantenía con el parque tecnológico tras la sentencia condenatoria, unas actuaciones que se reactivaron durante el juicio de corrupción.

Nota aclaratoria de Hazi

Entretanto, la fundación pública Hazi ha enviado una larga nota sobre el 'caso De Miguel' en la que recalca que no hay nada novedoso sobre la situación del expolítico, que ya se conocía todo lo que hacía para la organización y que no es “verídico” que sea “gerente” de Itsas Garapen Elkartea, aunque esa condición aparece de manera reiterada en documentos tanto de la Unión Europea como del Ministerio. A partir de ahí, Hazi insiste en que la condena no es firme. “La Fundación Hazi entiende que esta circunstancia no sea comprendida por la sociedad y reconoce que las decisiones tomadas al respecto a esta persona no resultan sencillas para la propia organización, si bien corresponde [...] actuar conforme a criterios jurídicos”, reeflexiona esta entidad. Sobre los ascensos de De Miguel, recalcan que obtuvo la “máxima puntuación” en una proceso de promoción interna y que el comité de empresa calificó la actuación como “correcta”.

Sobre Alfredo de Miguel Aguirre pesa desde hace tres años y un mes una condena de la Audiencia Provincial de Álava de trece años de cárcel por graves delitos de corrupción de su etapa como 'número dos' del PNV de Álava. Ahora el Tribunal Supremo revisa su recurso para reducir la condena, pero el convenio colectivo vigente en 2019 en la sociedad pública dependiente del Gobierno vasco para la que trabaja, Hazi, contemplaba un posible despido en caso de penas de más de seis años de prisión por delitos económicos. A diferencia de otros textos similares, no se añadía la coletilla de que fuera precisa una resolución judicial “firme”, aunque el Ejecutivo siempre lo interpretó como tal. Sin embargo, desde diciembre de 2019 De Miguel no solamente ha continuado trabajando para la Administración con normalidad sino que ha ido adquiriendo nuevas responsabilidades. Ejerce como “gerente” del GALP (Grupo de Acción Local Pesquera) de la costa vasca, Itsas Garapen Elkartea en su denominación oficial. Este organismo cuelga de Hazi y en él participan también las cofradías de Bizkaia y de Gipuzkoa.

Aparece como “manager” en documentación de la Unión Europea. Ha ejercido como representante vasco en visitas oficiales a lugares como Galicia o en reuniones con el Ministerio, y hasta ha recogido premios por proyectos vinculados a la pesca. Entre sus competencias, se hallan las de gestionar ayudas públicas y la de recibir denuncias de posibles fraudes en el sector.

La investigación del 'caso De Miguel' se inició en diciembre de 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que el político del PNV la presionaba para cobrarle una comisión de 100.000 euros por un contrato que él había procurado a su empresa, Urbanorma Consulting, en una sociedad pública en la que no tenía ningún cargo visible, el parque tecnológico de Miñano. Finalmente, fue detenido en marzo de 2010 junto a otros dos exdirigentes del partido en Álava con los que compartía una empresa pantalla llamada Kataia Consulting y que estaba a nombre de las esposas de los tres. Fue entonces cuando fue apartado de su cargo público, diputado foral alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), de su otro cargo, vicepresidente de la Caja Vital (ahora integrada en Kutxabank) y desprovisto de su carné en el partido. Formalmente, ya no tenía posición orgánica después de una década como secretario del Araba Buru Batzar y mano derecha del presidente, Iñaki Gerenabarrena, aunque mantenía intacta su influencia. Cinco años de instrucción desmadejaron una trama mucho más amplia y quien todos conocían como Txitxo se se sentó en el banquillo a lo largo de 2018. La Audiencia Provincial de Álava acreditó varios delitos de corrupción y, aunque redujo la pena por las dilaciones indebidas, De Miguel se llevó una pena en primera instancia de trece años. La Fiscalía quiso que entrara ya en prisión pero el tribunal optó por esperar al pronunciamiento del Supremo sobre los recursos, aunque fijó algunas medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligatoriedad de firmar periódicamente en un juzgado.

Tras una baja laboral cuando estalló el caso que llegó a ser investigada por la Seguridad Social por su extensa duración, De Miguel disponía de dos plazas para trabajar para la Administración. La primera excedencia era en la sociedad pública Sprilur, en concreto en Industrialdeak. Trabajó ahí antes de dar el salto a la Diputación. La segunda excedencia era en una de las tres entidades precursoras que luego se fusionaron en Hazi, una entidad llamada IKT. Obtuvo la plaza cuando dejó de estar liberado en EGI, las juventudes del partido, y fue nombrado 'número dos' del partido en Álava. No solamente entró en Hazi, sino que cobró una indemnización de 22.000 euros públicos mientras era investigado por corrupción al liquidar su excedencia con Sprilur. Tras la sentencia, el entonces gerente de Hazi, Asier Arrese, reveló a preguntas de la oposición en el Parlamento Vasco que en estos años Txitxo había disfrutado de al menos un ascenso de categoría y tres subidas salariales. Más tarde se conoció que había omitido su remuneración real. De 24.000 euros anuales estipulados para su puesto en 2010 estaba ya en 52.500 en 2020, aunque se dio a entender que eran 37.000.

Desde entonces, De Miguel ha seguido ganando en responsabilidades. En documentos oficiales de la Unión Europea sobre los GALP de España, Txitxo aparece como el “manager” para la costa vasca. En marzo de 2022, por ejemplo, encabezó una delegación vasca de visita al sector pesquero de Galicia. “La comitiva vasca, conformada por el técnico de Hazi y gerente de Itsas Garapen Elkartea (GALP) Alfredo de Miguel Aguirre, el coordinador general de la Cofradía Itsas Etxea, Martxel Arozena, y por el técnico de Hazi y de Itsas Garapen Elkartea (GALP) Ekaitz Urtiaga Martínez visitó durante dos días diversos espacios y proyectos”, se podía leer en una nota oficial de la Administración gallega. Unos meses antes, en octubre de 2021, Txitxo recibió a una delegación de la Fundación Expomar de esa comunidad, que es la fotografía que acompaña a esta información.

Hay documentación de Hazi que muestra cómo De Miguel ha dirigido reuniones y también cómo ha sido el representante vasco en encuentros interterritoriales. Un boletín del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de diciembre de 2020 muestra cómo el exdirigente del PNV recogió dos premios a sendas iniciativas innovadoras en el sector pesquero vasco, Sopak y Ecofish. En la primavera del pasado año, De Miguel impartió una charla telemática a representantes de los GALP de toda España a instancias del Ministerio de Luis Planas para exponer el modelo vasco de gestión pesquera. “Soy Alfredo, de Itsas Garapen Elkartea”, se presentó. “Hacemos un poco de todo [...] para el Gobierno vasco”, ironizó. Cuando llegó la COVID-19, la Unión Europea destacó una iniciativa vasca para proteger a las embarcaciones y garantizar el suministro de pescado a la población. Lo hizo acompañar de unas declaraciones en inglés de De Miguel y lo calificó de “buenas prácticas” de gestión.

Arrese, en su última comparecencia parlamentaria sobre la materia, dejó una reflexión: “Creo que, evidentemente, cuando estamos tomando decisiones de índole laboral en referencia a Alfredo de Miguel, existe esa tensión entre la precaución de ser conscientes que estamos gestionando una persona que está imputada, pero también queriendo ser ecuánimes”. El entonces responsable de Hazi las funciones de Txitxo de manera muy genérica. “A día de hoy, efectivamente, está ocupando un puesto de técnico rural, bueno, más más que rural, de técnico litoral, un puesto al cual accede mediante un proceso de promoción interna”, informó. Quitó hierro a su posición ya que “estos últimos 13 años ha habido más de 50 promociones de cubrición de puestos vacantes y éste es sólo uno de ellos”. La oposición pidió más aclaraciones. Y esta fue la respuesta textual: “Está ocupando en estos momentos no una plaza en propiedad sino una vacante que está como técnico de dinamización litoral. Está como técnico de apoyo. Tenemos un convenio con el Grupo de Acción Local Pesquero y damos el soporte de secretaría técnica que, en colaboración con los técnicos, las cofradías, tanto la Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa como la de Bizkaia, dan el soporte técnico a las funciones de dinamización, vamos a decir, del ámbito litoral y las cofradías pesqueras. Y del Grupo de Acción Local Pesquero”.

Durante el macrojuicio por corrupción, Arrese fue uno de los testigos aportados por la defensa de De Miguel para hacer ver al tribunal que las irregularidades que se le imputaban eran irreales. El que fuera presidente del PNV alavés con Txitxo, Gerenabarrena, ocupa también un puesto de responsabilidad en Hazi.

Más noticias sobre el 'caso De Miguel':

Este miércoles se han cumplido tres meses desde que el Tribunal Supremo lleva oficialmente deliberando sobre los recursos contra la sentencia en primera instancia de la Audiencia Provincial de Álava sobre el 'caso De Miguel', que es el mayor sumario de corrupción que ha habido en Euskadi y que se saldó con importantes penas de hasta trece años de cárcel para el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. La sala de lo penal del alto tribunal, sumida en otras labores en este tiempo como el caso de los ERE de Andalucía o las revisiones de penas a agresores sexuales en el marco de los cambios por la ley del 'sólo sí es sí', guarda un mutismo absoluto sobre este expediente y va echando por tierra todos los plazos previstos. La única certeza es que hasta el 9 de enero se ha abierto un período inhábil por las festividades navideñas, así que será solamente a partir de entonces cuando el Supremo retome su labor ordinaria. “Hasta 2023”, sintetiza una fuente consultada. “No hay ninguna noticia. Novedades cero”, confirma otro letrado.

Ello hará que la sentencia firme -aunque cabría la posibilidad de elevar recursos al Constitucional o incluso a Estrasburgo- llegue 14 años después de que se iniciara la investigación y 18 después de que De Miguel y sus compañeros dirigentes del Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería crearan la empresa pantalla Kataia Consulting, el epicentro de una trama de cobro de comisiones, blanqueo de capitales y manipulación de contratos públicos. En concreto, la empresaria Ainhoa Alberdi acudió en diciembre de 2009 a la Fiscalía para alertar de que De Miguel la estaba presionando para cobrarle una mordida de 100.000 euros tras haberle facilitado a su empresa un contrato en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. En marzo de 2010 De Miguel, Ochandiano, Tellería, sus esposas, el socio de Alberdi -el constructor Jon Iñaki Echaburu- y el gerente de Miñano, el también peneuvista Alfonso Arriola, fueron arrestados por la Ertzaintza siguiendo instrucciones del juez Roberto Ramos. Fue entonces cuando De Miguel dejó la política. Cinco años después, en marzo de 2015, finalizó la fase de instrucción, que elevó por encima de la veintena los imputados después de que se destaparan otros negocios. Pero el macrojuicio no arrancó hasta enero de 2018. Acabó en diciembre de ese año y la primera sentencia condenatoria fue emitida en diciembre de 2019. Ahora se han cumplido tres años.

Ya aquel fallo rebajó las primeras penas por “dilaciones indebidas”. En concreto, se apuntaba a que en la “fase intermedia” entre el final de la investigación y el arranque del juicio, la magistrada María Eneida Arbaizar mantuvo dos años el expediente en 'stand by'. De hecho, incluso hubo que repetir un auto en el que simplemente se recogían las peticiones de pena contra los imputados por estar plagado de errores, 21 en total, como publicó este periódico en 2016. No es ni mucho menos el único gran caso relacionado con la corrupción que, en Euskadi, se ha visto condicionado por los retrasos de la Justicia. En el 'caso Margüello', en el que se investigaban externalizaciones irregulares de servicios sanitarios en la etapa del consejero Gabriel Inclán y que tenían como principal implicado al doctor José Carlos Margüello, las penas quedaron en mínimos. También en el 'caso Balenciaga', en el que se acreditaron las irregularidades económicas en la puesta en marcha del museo de Getaria dedicado al genio de la moda, ocurrió algo similar. En Gipuzkoa, en el caso de fraude fiscal en el que está imputado el exsenador y exdirector de Hacienda por el PNV Víctor Bravo son ya dos años sin noticias del recurso en segunda instancia, la Audiencia Provincial. En su caso, los hechos se remontan a 2007.

En el 'caso De Miguel', el Supremo tiene en sus manos una docena de recursos de quienes fueron condenados en primera instancia por un tribunal compuesto por los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria. La sala que analiza este voluminoso expediente la componen Pablo Llarena como ponente y Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. Ante la negativa de la Fiscalía del alto tribunal a atender el criterio de los fiscales alaveses que llevaron el juicio, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, no hubo recursos para elevar las penas y, por lo tanto, la segunda sentencia solamente podrá decidir entre mantener tal cual el criterio de la Audiencia Provincial o rebajar total o parcialmente las condenas. Aunque caben recursos por vulneración de derechos fundamentales en instancias superiores, este fallo del Supremo sí será ya firme y, por lo tanto, ejecutivo. Ahora no será optativo que quienes reciban penas de cárcel entren a prisión. En primera instancia, hace ya tres años, se acordaron unas medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligación de firmar en un juzgado periódicamente pero se estimó que era prudente esperar a los recursos antes de ordenar la entrada en la cárcel.

Un juzgado de Vitoria acaba de condenar a un total de 231 años de cárcel y al abono de una multa de unos 238.000 euros a un varón que entre 2017 y 2020 grabó con su móvil a al menos 215 personas en los vestuarios de instalaciones deportivas, principalmente en el complejo municipal de Mendizorroza. Además, ha tenido que abonar ya 1.000 euros en concepto de indemnización a siete de las víctimas que se han personado en el procedimiento. El condenado, que ha admitido todos los hechos, pretendió una suspensión de la pena pero el titular del juzgado de lo penal 2 de la capital vasca, Roberto Ramos, ha desestimado esa pretensión, aunque sí se ha determinado que el cumplimiento efectivo de la pena será de siete años y medio, según 'El Correo', dado que es el triple de la mayor de las penas de cárcel individualmente consideradas.

Según la sentencia, emitida en mayo pero resuelta ahora en su fase de concreción de las penas, el condenado es un varón de 42 años residente en Vitoria que “entre los años 2017 y 2020, y a sabiendas de que se trataba de espacios reservados”, realizó “hasta 222 grabaciones en los vestuarios masculinos del complejo deportivo de Mendizorroza -zonas de ducha y bancadas- y otras instalaciones deportivas”. Se subraya que lo hizo “sin autorización de los usuarios” y “disimulando entre sus pertenencias un teléfono Apple iPhone 6” que orientaba “bien hacia el espacio de las duchas comunes o bien hacia las bancadas del vestuario”. “Conseguía captar las imágenes de hombres desnudos, saliendo de la ducha o secándose el cuerpo y cambiándose de ropa”, se incide en la resolución judicial.

Además, “en cuatro de los vídeos grabados y almacenados por el acusado se recogía imágenes de menores de edad, cuatro niños y una niña [...] estando en compañía de las personas mayores de edad con las que habían acudido a las instalaciones deportivas”. En tres casos, de marzo de 2018, el condenado “compartió” los vídeos con un tercero “a través de una plataforma de mensajería” y en los que se veía a adultos desnudos. La investigación, iniciada por la Policía Local de Vitoria, permitió identificar a siete personas. En seis casos, han decidido formular denuncia como perjudicados. En todas estas ocasiones, sus imágenes fueron tomadas en la zona de duchas.

La condena -excepcional por su volumen y por la cuantía de la multa, según fuentes judiciales- implica un año de cárcel y algo más de 1.000 euros de sanción penal por cada uno de los 215 casos acreditados. Además, hay una pena agravada de dos años y medio de cárcel y unos 1.600 euros por los cuatro casos con menores implicados. Finalmente, hay un tercer delito por los envíos que suma dos años de prisión. En total, son 215, diez y seis años de prisión y unos 238.000 euros en sanciones, a lo que se añaden otras penas accesorias como la inhabilitación para sufragio pasivo durante el tiempo de la condena o las indemnizaciones a las víctimas, que constan como ya abonadas.

En la primera quincena de julio, el juez Ramos denegó la petición de la defensa de que no entrara en la cárcel el condenado. “Procede su cumplimiento en prisión”, dictaminó. El magistrado remarca que la suspensión es posible para penas no superiores a dos años y, en el escenario más garantista para el reo, cuando ninguno de los delitos individuales supere ese tiempo. El sistema de cumplimiento sí que permite, en todo caso, que la estancia efectiva no supere el triple de la pena más alta, que en este caso son los dos años y medio por las grabaciones a los menores. Así las cosas, podrá recuperar la libertad a finales de 2030.

La causa penal en la que se ha visto envuelta la que fuera portavoz de EH Bildu en Vitoria y también parlamentaria vasca Miren Larrion ya está totalmente resuelta. El juez de Vitoria Roberto Ramos ha acordado, según consta en un auto fechado este viernes notificado este lunes, que queda en suspenso la pena de tres años de prisión por haber suplantado a una compañera de partido y abierto una cuenta corriente a su nombre. La ejecución de la pena, si se cumplen las condiciones fijadas por el magistrado, se sustanciará con 250 jornadas de trabajos comunitarios y con el abono en pagos mensuales de no más de 150 euros de los 2.835 euros de multa penal.

Respecto a los trabajos comunitarios, el expediente pasa ahora del juzgado al servicio de ejecución de penas, una oficina dependiente del Gobierno vasco conocida por sus siglas SVGP-ZKEZ. Será allí donde se analice el perfil de la condenada y donde se decida su destino final. Eso sí, las fuentes consultadas indican que es una ventanilla que acumula importantes retrasos, incluso de “meses”. El auto de Ramos, conocido este lunes, explica que son “condiciones necesarias” para la suspensión de la pena que el penado “haya delinquido por primera vez” o que se haya abonado la indemnización a la víctima (en este caso simbólica, de apenas 50 euros), así como que no se delinca durante los cuatro años en que está vigente esta suspensión.

“Deben valorarse o tenerse en cuenta -explica el juez- las siguientes circunstancias o datos. Por un lado, que en la sentencia condenatoria objeto de ejecución se apreció una atenuante analógica de alteración psíquica o trastorno mental que afectó o influyó en la comisión de los hechos por los que fue condenada. Por otro, que se ha acreditado documentalmente por la defensa que actualmente sigue en tramitación psicológico y/o psiquiátrico [sic] en relación a dicha patología. Finalmente, que cuenta con un adecuado apoyo familiar y social tal y como se deduce de la documentación que ha sido adjuntada por la defensa”. Respecto a los trabajos comunitarios, se estima que es una alternativa “simbólica” de reparación “a la vista de las circunstancias” singulares de este caso.

Así fue la resolución del caso

Tras meses de investigación, en mayo se emitió una sentencia en la que se dio por acreditado que Larrion, ya retirada de la política desde estos hechos, cometió un delito leve de hurto por haber robado la cartera a su colega, en la que guardaba un billete de 50 euros y toda su documentación y tarjetas. A ello se le añade otro cargo por usurpación del estado civil con el agravante del “disfraz”, porque Larrion se caracterizó como la víctima en el banco, ante la Policía cuando fue arrestada o en las redes sociales (usaba su fotografía en WhatsApp). Finalmente, se ha considerado probado otro delito “continuado” de falsedad documental, ya que imitó firmas y actuó en nombre de una tercera en todo momento. Aunque el primero no pasa de delito leve, los dos últimos tipos sí llevaban aparejada condenas de uno y dos años de cárcel, respectivamente. No obstante, procesalmente, se suelen admitir suspensiones en caso de que ninguno de los delitos individualmente pase de los dos años y el culpable no tenga antecedentes, como es el caso. Estas penas vinieron pulidas tras un acuerdo del abogado de la expolítica, Ramón del Valle, con la Fiscalía, aunque ella ya había dado por supuesto públicamente muchos meses atrás lo que sólo ahora se ha confirmado, que no entrará realmente en la cárcel.

La sentencia contra Larrion revela un “plan preconcebido” por el cual el 22 de diciembre de 2020 se “apoderó” de la cartera de su colega en EH Bildu “con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito” con una serie de operaciones bancarias que fueron cortadas por la Ertzaintza en sus primeros compases. Así, en enero acudió a Vodafone y dio de alta una línea telefónica con la documentación robada. Y el 26 de enero hizo lo propio con una cuenta de correo electrónico y con un apartado de correos, el 6004 de Vitoria. El 29 de enero fue cuando apertura el depósito en Bankinter y el 9 de febrero realizó un primer ingreso de 300 euros. El 22 de febrero se le tendió una trampa: no se le dieron las claves digitales de modo telemático para que acudiera a la oficina y se delatara. “Alteró su aspecto físico habitual” para esa visita. Se ha contemplado que Larrion tenía “estrés agudo y trastorno de ansiedad” pero también que “mantenía el sentido de la realidad” en todo momento.

El Tribunal Supremo deliberará finalmente en septiembre en torno a los recursos presentados por buena parte de los condenados en 2019 en el marco del mayor caso de corrupción de Euskadi, el conocido como 'caso De Miguel' y que implica a exdirigentes del PNV de Álava encabezados por quien dio nombre al caso, Alfredo de Miguel, y otros excargos públicos del partido y empresarios contratistas. Así lo han notificado ya desde el alto tribunal a los afectados, según ha podido confirmar este periódico de varias fuentes judiciales. El ponente de la sentencia será el magistrado Pablo Llarena. De este modo, la sentencia que dotará de firmeza a las conclusiones de esta investigación iniciada en 2009 podría llegar en torno a Navidad, aunque luego sería posible que las condenas fuesen recurridas ante el Tribunal Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya han deslizado algunos letrados.

El 'caso De Miguel' se inició en diciembre de 2009 cuando la letrada y empresaria Ainhoa Alberdi denunció que su socio, el constructor afiliado al PNV Jon Iñaki Echaburu, y dirigentes de ese mismo partido como Alfredo de Miguel y Aitor Tellería tenían pactado el pago de comisiones por un contrato en el parque tecnológico de Miñano y que incluso estaba recibiendo presiones si no abonaba la mordida. A partir de ahí, tras la detención de los tres y de otras cinco personas en 2010 se conoció una madeja de sociedades mercantiles encabezadas por Kataia Consulting, una tapadera a nombre de las esposas de De Miguel, Tellería y de un tercer cargo del PNV alavés, Koldo Ochandiano.

La investigación, liderada por el juez Roberto Ramos y el fiscal Josu Izaguirre, recientemente relevado como jefe del ministerio público en Álava, concluyó en 2005, y durante todo 2018 se celebró un macrojuicio en el que una parte de los procesados alcanzaron acuerdos y confesaron los hechos y devolvieron el dinero. El propio De Miguel amagó con hacerlo pero las negociaciones se rompieron. En diciembre de 2019, justo antes de Navidad, la Audiencia Provincial emitió una primera sentencia muy contundente que destacaba la existencia de una trama ideada para el cobro de comisiones ilegales y la manipulación de contratos públicos y en la que se reseñaba que los acusados, principalmente De Miguel, se habían valido de su influencia política para lucrarse de manera ilícita. La Fiscalía solicitó, a la luz de las condenas en primera instancia, el ingreso en prisión de los principales condenados, aunque el tribunal lo desestimó agarrándose al precedente de Iñaki Urdangarin aunque sí les impuso medidas cautelares que todavía ahora están cumpliendo.

De Miguel fue condenado a más de 13 años de cárcel y a diferentes penas de naturaleza económica y Tellería y Ochadiano a entre seis y siete años de prisión. También recibieron duros castigos Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud en el Gobierno vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe que procuró contratos 'a dedo' a las empresas de la trama y que en el juicio trató de justificarlos presentando pruebas falsas, y el exconcejal en Leioa Iñaki San Juan y su socio Josu Montés, beneficiarios de algunas de esas adjudicaciones y amigos de De Miguel, a quien todos conocían como Txitxo. En estos años, De Miguel ha seguido trabajando para una sociedad pública autonómica dependiente del Gobierno vasco llamada Hazi. Tras varios ascensos y subidas salariales, en 2020 percibía 52.000 euros anuales, un dato que su superior, Asier Arrese, ocultó en el Parlamento Vasco. Arrese, del PNV también, fue llevado al juicio como testigo de la defensa para defender la inocencia del político. otros como San Juan, por ejemplo, han cambiado de nombre a su empresa, la misma en la que se recaudaban las comisiones ilegales y se recibían los contratos irregulares, y sigue operando con relativa normalidad, incluida en la localidad en la que fue cargo político. La denunciante, por el contrario, lamentó que había sufrido ostracismo tras haber hablado: “Se han vengado de mí hasta hoy”.

En una de las grabaciones que aportó Alberdi al inicio de la causa, se escucha que las comisiones parecen estar “dentro de lo normal” en Euskadi. En la misma línea se expresó un contratista catalán, Francesc Fernández Joval, en su confesión durante el juicio: “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, … El primer día te esperan para lo que quieren cobrar [...]. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo [Josu] Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Yo aún no sabía el nombre. Lo supe después [en referencia a De Miguel]. Lo pensé… Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si te puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave, el estar sentado aquí hay que superarlo mentalmente. En fin, lo pensamos y dijimos ¡nos tiramos a la piscina! Vamos a pagar comisión y pagamos comisión”.

Al Supremo han recurrido el grueso de condenados salvo los que llegaron a acuerdos -Arruti, su familia y los empresarios catalanes- y los que tienen penas sin cárcel como son las de inhabilitación. En su línea de defensa, De Miguel y el resto insiste en la tesis de que la investigación vulneró sus derechos fundamentales. Durante el juicio, se llegó a acusar al juez Ramos, al fiscal Izaguirre y a la Ertzaintza de haber realizado registros sin autorización y hasta de “enriquecer” pruebas para buscar condenas de personas que no habían hecho nada. La Fiscalía del Supremo, liderada por Javier Zaragoza, por el contrario, ha pedido la ratificación de la sentencia inicial y ha respaldado el trabajo de Izaguirre y de su compañero durante el juicio, Manuel Pedreira.

Puedes leer aquí toda la cobertura sobre el 'caso De Miguel' en elDiario.es/Euskadi y aquí un perfil de Alfredo de Miguel

La magistrada sustituta del juzgado penal 2 de Vitoria, Amaia Ganuza Caballero, ha notificado este martes la sentencia condenatoria contra la exportavoz de EH Bildu en Vitoria y exparlamentaria vasca Miren Larrion, que fue arrestada en febrero de 2021 por haber suplantado la identidad de una compañera de partido, un “plan preconcebido” para “obtener un beneficio patrimonial ilícito”. Tras la aplicación de una “atenuante analógica de alteración psíquica” certificada con informes médicos, Larrion se enfrenta a una pena de tres años de cárcel, inhabilitación para presentarse a las elecciones, a 2.835 euros de multa penal y al abono de una indemnización simbólica de 50 euros a la víctima. Ahora, el juzgado deberá determinar si suspende o no la entrada efectiva en prisión de la expolítica.

En concreto, la sentencia da por acreditado un delito leve de hurto por el robo de la cartera de la víctima para obtener su documentación, un delito de usurpación de estado civil con el agravante de “disfraz”, esto es, que trató de hacerse pasar por su colega incluso físicamente para realizar diferentes gestiones, como abrir una cuenta bancaria, y un tercer delito “continuado” de falsedad en documento público oficial. El segundo y el tercero son los que tienen aparejada pena de prisión, de uno y dos años, respectivamente.

Así fue el “plan preconcebido”

Por vez primera desde que trascendieron los hechos, la sentencia recoge una descripción de lo ocurrido y remarca que fue un “plan preconcebido” por Larrion. La resolución “declara probado” y ella misma lo ha admitido con su firma del pasado viernes que entre las 15.30 y las 19.00 horas del 22 de diciembre de 2020, la acusada “con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito” se “apoderó” de la cartera de una compañera de partido en la sede de EH Bildu, sita en la plaza de Santa Bárbara de Vitoria. En ella había 50 euros, el DNI, el permiso de conducción, la TIS, “dos tarjetas bancarias” y otros objetos personales.

Después, siguiendo un “plan preconcebido”, se valió de esa documentación para “contratación” de servicios sin el “conocimiento, consentimiento ni intervención” de la víctima. Por ejemplo, el 13 de enero de 2021 acudió a una tienda de Vodafone haciéndose pasar por su compañera -exhibió su DNI- para dar de alta una línea de prepago. El 26 de enero abrió también un correo electrónico vinculado a ese teléfono recién creado. Y, ese mismo día, fue a la oficina de Correos haciéndose pasar de nuevo por la víctima para firmar a su nombre un apartado de correos para tres meses, el 6004. Aspiraba a “recepcionar” allí la documentación de una cuenta bancaria que ya había pensado abrir, aunque “no consta que llegase a ser utilizado”.

Siguiendo con el “plan preconcebido” -dice la sentencia- el 29 de enero de 2021 acudió a un Bankinter de la Avenida de Gasteiz, aunque hay otro en la misma plaza de Santa Bárbara donde tiene su sede EH Bildu. Se entrevistó con la subdirectora tras dar el nombre de la víctima y pidió información sobre un producto para “realizar ingresos en efectivo o por transferencia bancaria” con tarjeta de débido “para poder realizar operaciones con ella”. El 5 de febrero envió un mensaje de WhatsApp al banco con su nueva línea confirmando la apertura de la cuenta. “En el perfil de la aplicación de WhatsApp que creó [...] la acusada utilizó una foto de [su compañera suplantada]”, constató la investigación. El 9 de febrero firmó la contratación del depósito, exhibió el DNI robado e ingresó ya 300 euros en el cajero, el único movimiento del plan, ya que fue descubierta a los pocos días.

De hecho, todo se precipitó el 22 de febrero. Como no recibía las claves para la banca digital, se personó en Bankinter y firmó un nuevo papel imitando la firma de su víctima. Era una trampa y “fue detenida a la salida de la sucursal”. Ese mismo día se produjo su última aparición pública, el homenaje al socialista asesinado por ETA Fernando Buesa. En él apareció con el pelo rizado. “La acusada alteró su aspecto físico habitual a fin de ofrecer una imagen similar al aspecto físico” de su compañera en EH Bildu. En concreto “se rizaba el pelo” y “utilizaba gafas de pasta” que no eran suyas. Con la mascarilla obligatoria, el “disfraz” era más sencillo. Se explica que “la acusada presentaba en el momento de los hechos un trastorno de estrés agudo y trastorno de ansiedad generalizado que afectaba a sus facultades volitivas e intelectivas, si bien mantenía el sentido de la realidad conservado”.

Al contrario de lo sugerido en Facebook por la propia Larrion en abril -que dio por sentado que haría trabajos en beneficio de la comunidad mucho antes de finalizado el proceso- y de lo publicado en algunos medios de comunicación, en ningún caso se ha decidido todavía que se vaya a suspender la pena de prisión impuesta y aceptada por la expolítica. Como ha publicado en varias ocasiones este periódico, la última este viernes, esto se analizará en un trámite posterior en el que la última palabra la tendrá el juez titular de sala, Roberto Ramos. La Fiscalía, cuando alcanzó el acuerdo con la defensa de la acusada, mostró su voluntad de no oponerse a una suspensión, pero eso en ningún caso ha quedado reflejado en la sentencia. Según las fuentes consultadas, cuando Ramos se reincorpore de una baja se abrirá un período de alegaciones para que las partes expongan sus argumentos y el magistrado dictará su resolución. La confusión con la que se ha tratado públicamente este expediente judicial ha generado un profundo malestar en muchas instancias judiciales en Vitoria.

Se da la circunstancia de que la resolución de este procedimiento ha coincidido en el tiempo con la presentación de los sustitutos de Larrion como candidatos electorales de EH Bildu de cara a las elecciones locales de la primavera del año que viene. En el Ayuntamiento de Vitoria, Félix González tomó transitoriamente las riendas tras la detención y posterior dimisión de Larrion, pero la coalición ha propuesto como cabeza de lista a la edil Rocío Vitero y como su nuevo 'número dos' al parlamentario vasco Unai Fernández de Betoño. Los cambios se han extendido a la lista electoral a Juntas Generales, ya que Kike Fernández de Pinedo cede su puesto a Eva López de Arroyabe.

“En aumento de la Justicia contra malhechores”. Con la frase recogida en el escudo de Álava ha querido iniciar Carmen Cotelo su mandato como nueva fiscal-jefe provincial. Es la primera mujer que lo logra y sustituye a Josu Izaguirre, que ha estado dieciséis años en el puesto y que se ha significado en casos de corrupción. Cotelo ha tomado posesión este viernes en un acto ceremonial celebrado en una sala de vistas -la misma que fue reformada para dar cabida al macrojuicio del 'caso De Miguel' impulsado por Izaguirre- y con un discurso en el que ha querido destacar la imbricación de la Fiscalía en la sociedad, con las mujeres, con los menores, con los “desvalidos”. “Álava y la Justicia siempre han ido de la mano”, ha solemnizado.

El acto se ha celebrado a mediodía en el Palacio de Justicia de Vitoria. A modo de tribunal, se han dispuesto en la mesa de presidencia la fiscal superior vasca, Carmen Adán, y los fiscales de Gipuzkoa y Bizkaia, Juan Calparsoro y Ana Barrilero, así como la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, Mercedes Guerrero. Han estado bajo el escudo de España y flanqueados por las banderas rojigualda e ikurriña. A la izquierda, se han colocado en tres filas la docena de fiscales de Álava, incluido Izaguirre. A la derecha, otra docena de magistrados de la plaza. Unos y otros han comparecido rigurosamente togados. Tras dar lectura al decreto de nombramiento, se ha ordenado al fiscal Manuel Pedreira, padrino de Cotelo, que la invitara a entrar a la sala, como así lo ha hecho. Ambos han realizado una salutación a los invitados mediante una reverencia. En las primeras líneas se han ubicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la viceconsejera Ana Aguirre, el presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegi, la diputada Itziar Gonzalo. y mandos de la Ertzaintza, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía de Vitoria y las Fuerzas Armadas, todos ellos uniformados. En el auditorio, entre otros, estaban también repartidos los familiares de Cotelo y un veterano magistrado, Jaime Tapia, que ahora es asesor del Ejecutivo.

“Soy la primera alavesa y eso me llena de orgullo y, como ven, de emoción”, ha pronunciado Cotelo, quien tras el acto se ha abrazado a algunas compañeras al modo de las futbolistas que anotan un gol. La nueva fiscal-jefe, hasta ahora especializada en menores, ha insistido en que “el ministerio fiscal nace por y para la sociedad” y que, además de acusar en los juicios, tiene funciones más desconocidas como las “tuitivas o de protección”. “Visitamos todas las residencias de ancianos en esta función no jurisdiccional”, ha puesto como ejemplo. Y, mirando a la consejera Artolazabal, ha destacado también el proyecto piloto Barnahus para atender a niños que han sufrido abusos.

Cotelo, que ha agradecido el trabajo de sus predecesores -“espero estar a su altura”-, ha apelado a la “cooperación”, al “plus” de trabajar “juntos”. Lo ha hecho en dos vertientes, una interna y otra externa. En la interna ha destacado que todos los 13 fiscales alaveses -y el personal funcionario- están a “disposición” del proyecto. Y, hacia el exterior, ha deseado seguir trabajando de la mano con otras instituciones y ha puesto el ejemplo de la coordinación con la Policía Nacional ante la crisis por la llegada de refugiados ucranianos como consecuencia de la guerra. Los presentes han aplaudido a Cotelo al finalizar el avto.

Adán, quien fue refrendada en su puesto para un segundo mandato el mismo día del nombramiento de Cotelo, también ha tomado la palabra y se ha detenido también en glosar la figura de Izaguirre. Ha destacado su “dedicación, esfuerzo y excelencia”, aunque ha añadido que “la limitación de los cargos es buena”: “Es bueno que haya renovación”. Después, ha definido a la Fiscalía como “una institución comprometida sólo con el interés público” y ha emplazado a todos sus representantes a “mantener la imparcialidad y objetividad ante cada uno de los casos”. “Cuenta con el apoyo especial de los fiscales-jefe de Bizkaia y de Gipuzkoa y, por su puesto, con el mío”, ha finalizado Adán, deseando buena ventura a Cotelo, quien se impuso a otros tres candidatos, Álvaro Delgado y los propios Izaguirre y Pedreira.