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Sevilla 2030 es el nombre que se le ha puesto al nuevo plan de inversiones extraordinarias de la Diputación sevillana, un programa con el que se destinarán 140 millones de euros provenientes de remanentes para hacer VPO en alquiler, construir teatros y acometer infraestructuras que los municipios pequeños no pueden afrontar con sus escasos recursos. Y ha puesto de manifiesto que empieza a respirarse cierto ambiente preelectoral, que se ha traducido en la indignación de un PP que ha abandonado sin llegar a votar el pleno de la corporación en el que se ha aprobado la correspondiente modificación presupuestaria.
Una de las críticas de los populares es que el plan favorece a los 88 municipios con menos de 20.000 habitantes, lo que a su juicio rompe el principio de igualdad. Pero precisamente en esa “discriminación positiva” ha hecho especial hincapié el presidente de la Diputación, Javier Fernández (PSOE), para el que es la manera de caminar hacia la “cohesión social, territorial y digital” de la provincia. De paso, ha subrayado que las localidades mayores no sólo tienen más capacidad, sino que también pueden optar con más facilidad a fondos de otras administraciones.
El dinero llegará a las arcas de los ayuntamientos antes de que acabe el año, y tendrán 2026 y 2027 para gastarlo, aunque para optar a la inversión en algunos casos tendrán que someterse a concurrencia competitiva con otros municipios. Habrá 10 líneas de proyectos, con especial énfasis en inversiones para infraestructuras en las poblaciones más pequeñas (50 millones de euros), VPO en alquiler (30 millones) y construcción de teatros (20 millones), con la idea de que en 2030 todos los pueblos tengan un complejo cultural.
“Definir qué es una VPO para un municipalista”
En el caso de las VPO, esta partida es el primer paso con el que la institución provincial quiere fomentar que se levanten 2.000 con un alquiler máximo de 350 euros mensuales. Este programa es al que “más cariño, entusiasmo y esperanza” le tiene Javier Fernández, que en su momento aclaró que estas viviendas no podrán descalificarse como públicas durante 20 años.
Los 30 millones se complementarán los próximos años con otros 70, una iniciativa con la que “vamos a definir qué es una VPO para un municipalista”. El dinero que ponga la corporación provincial será para financiar el 50% del coste, una ayuda que no es incompatible con la que puedan aportar otras administraciones.
El nuevo paquete de inversiones incluye 10 millones para un plan turístico, cinco para arreglar caminos rurales, seis para promoción cultural y siete para impulsar la incorporación del Consorcio Sierra Sur en el Plan Écija de aguas. Junto a ello, un millón de euros para cooperación internacional (con especial mención a Gaza) y otros 10 para la renovación de los vehículos municipales, apostando por modelos ecológicos que como mínimo sean híbridos.
Que no haya fosas comunes en 2030
El plan se completa con un millón de euros para memoria democrática, con el objetivo según Fernández de que en 2030 “no haya ninguna fosa común en la provincia de Sevilla”. Este objetivo busca resolver esta tarea pendiente con “justicia y dignidad”, cuestiones que “marca la conciencia pero también la Ley de Memoria Democrática” y que son imprescindibles para que no se diga que “no hemos estado a la altura”.
Los 140 millones de Sevilla 2030 significan que en los últimos años la Diputación ha destinado 340 millones de sus remanentes para inversiones extraordinarias en la provincia, tras los 100 de 2023 y la misma cantidad de 2024. Al margen, el presidente de la institución ha anunciado que en breve se acometerán nuevas modificaciones presupuestarias, para destinar 40 millones de euros al arreglo de 200 kilómetros de carreteras y para reforzar el Consorcio de Bomberos.
El malestar del PP
En el plano político, la aprobación de la propuesta –que ha salido adelante con los votos de PSOE y Con Andalucía– ha puesto de manifiesto que ya hay runrún electoral, y es que aunque para las municipales quedan dos años en uno como mucho serán las autonómicas. En este contexto, el PP ha reunido antes del pleno a sus alcaldes (gobierna en 24 municipios) para escenificar su oposición a lo que consideran un plan “arbitrario y discriminatorio”, además “sectario, excluyente e insolidario” porque “se rompe la inversión igualitaria”.
Así lo ha denunciado el portavoz popular, Martín Torres, que ha acusado al gobierno socialista de la Diputación “de imponer su criterio” sin escuchar las verdaderas necesidades de los municipios. Javier Fernández, por su parte, ha definido la protesta del PP de “pataleo orgánico-partidario”, le ha instado a explicar este “teatrillo” y ha defendido que los fondos se repartirán con criterios objetivos, “que no es lo que suele hacer la Junta”. De paso, ha acusado a la administración autonómica de que “los municipios con tinta azul están mejor tratados”.