La guerra abierta entre la Policía Local y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha alcanzado su punto álgido después de que el regidor decretara el plan de emergencias para forzar a los agentes a trabajar horas extra en Navidad, ante la falta de acuerdo con los sindicatos. El pulso que llevan meses librando las dos partes ha terminado en los tribunales a raíz de la demanda registrada el pasado 1 de diciembre por parte de CSIF, una de las organizaciones más combativas en este conflicto.
La demanda presentada ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo denuncia la “ausencia de buena fe negocial” por parte de la administración local y la voluntad de “imponer unas condiciones laborales parecidas a la esclavitud”, que impiden a los agentes “conciliar la vida familiar y laboral”, según expone el escrito al que ha tenido acceso este periódico. En paralelo, el Gobierno municipal ha anunciado que expedientará a los policías que no justifiquen su ausencia, después de que más de la mitad de los efectivos se ausentaran la noche del alumbrado navideño y dos tercios de la plantilla lo hicieran el día del derbi.
Las raíces del conflicto son profundas, pero parten de una premisa sencilla en la que el Ayuntamiento se ha ido enredando: la falta estructural de agentes. La plantilla presupuestaria acumula 347 vacantes, mientras que los sindicatos elevan la cifra a 500 “para una ciudad como Sevilla”, convertida en los últimos años en anfitriona de multitud de eventos. Solo hasta noviembre se han celebrado más de 3.700, y el balance final de 2024 ascendió a 4.400. De ahí que en esta guerra resuene de fondo el debate de si Sevilla está organizando y acogiendo eventos por encima de sus posibilidades.
Con semejante agujero en una plantilla ya de por sí infradotada, la única forma de atender un calendario de eventos cada vez más extenso es pagar las horas extra a precio de oro. Y ese ha sido el principal foco de fricción con el Consistorio. “Este alcalde lo único que sabe hacer es coger eventos y obligarnos a trabajar”, resume Luis Val, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM). El representante sindical asegura que la plantilla no tiene capacidad de “soportar” la cantidad de actos que pretende abarcar el Ayuntamiento. Y asegura que no es una cuestión económica: “Por mucho que nos paguen, no podemos estar trabajando un día y otro día sin descansar”, lamenta en conversación con este medio.
Tras meses de negociaciones, el pulso se ha tensionado hasta que el alcalde ha optado por decretar el plan de emergencia, que sirve para movilizar a los agentes de la Policía Local con carácter obligatorio. Se trata de una vía excepcional, que José Luis Sanz utiliza por segunda vez en su mandato. La anterior fue en abril, a cuenta de las bajas masivas de bomberos en pleno conflicto sindical para reclamar mejoras laborales.
Sanz ha defendido que no había otra salida tras el rechazo unánime de los sindicatos de la Policía Local al plan de 5,6 millones diseñado por su equipo de Gobierno. Una propuesta que también contó con el voto en contra de la oposición en el pleno. Ese documento reducía casi a la mitad la duración del dispositivo respecto al año pasado y, además, contaba con un informe demoledor en su contra firmado por la Intervención municipal.
El órgano encargado de fiscalizar la gestión presupuestaria del Ayuntamiento había emitido un reparo suspensivo al advertir que el plan vulneraba los límites legales y que el gasto en productividades había crecido de forma “exponencial” —de 10 millones en 2021 a 30 en el ejercicio actual— hasta agotar el crédito disponible en abril. El informe avisaba de que aprobar de golpe el pago de horas extra que contemplaba podía derivar en responsabilidades legales si el asunto terminaba en los tribunales.
Ante esa encrucijada, el alcalde hispalense recurrió de nuevo a activar la fase 1 del plan de emergencia, que es el propio de situaciones como inclemencias meteorológicas. Eso implica que, en su jornada de descanso, pueden ser llamados a trabajar aun cuando “la ciudad no está en situación de emergencia”, sino que el Gobierno local no ha logrado aprobar un Plan de Navidad, como critican los sindicatos. Sanz alega que su prioridad es “garantizar la seguridad del ciudadano”, pero, en la práctica, el decreto no ha logrado movilizar a todos los efectivos que habría previsto: durante el primer fin de semana de las fiestas navideñas –con el día del encendido del alumbrado y el derbi entre Sevilla y Betis– faltaron 449 de los 682 policías nombrados entre el viernes por la tarde y el domingo.
Asimismo, el decreto de emergencia ha terminado de dinamitar la escasa confianza que quedaba entre los agentes, ya quemados tras ocho meses trabajando “a crédito”, es decir, sin cobrar el total de las horas realizadas, como reprochan desde SPPM. “Ya no creemos en la palabra de este alcalde”, afirma el presidente sindical antes de justificar que los sindicatos mayoritarios hayan recurrido a la justicia porque consideran que “es ilegal” que el alcalde active un estado de emergencia “para cubrir su incapacidad de negociar e imponer lo que a él le conviene”.
“Nosotros dijimos que era un plan ilógico por muchos cinco millones de euros que nos pusiera encima de la mesa, porque era un plan discontinuo y no íbamos a aceptarlo”, explica el presidente de SPPM en alusión al plan de Navidad que había propuesto el alcalde. “Ahora está imponiendo un servicio extraordinario que posiblemente no pueda pagar, con lo que volveríamos a la misma situación y terminaríamos en otra querella criminal contra él”, remata el representante del sindicato mayoritario en el colectivo de Policía Local de Sevilla.
El conflicto tiene pocos visos de solución, pues las organizaciones sindicales aseguran que las negociaciones están “rotas”. “Estamos dispuestos a negociar, pero es el alcalde el que ha decretado y ya no quiere sentarse a negociar con nosotros”, lamenta Santiago Raposo, delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla en declaraciones a este periódico, dos días después de haber registrado la demanda ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
“El alcalde no negocia, solo impone”, resume el presidente de SPPM, justificando que hayan puesto el decreto “en manos del juzgado”. Y avanzan a elDiario.es que van a interponer una nueva querella por lo que consideran “filtraciones de datos sensibles” a medios de comunicación sobre las bajas de los agentes.
Fuentes municipales sostienen que “el diálogo sigue abierto”, pero que el alcalde “no puede saltarse la ley” ni poner en riesgo la seguridad ciudadana. También recuerdan que Sanz asumió la alcaldía en 2023 con el compromiso de convocar 400 plazas de policía a lo largo del mandato y que a día de hoy “va por buen camino”. La última incorporación, en septiembre, sumó 53 nuevos agentes a la plantilla. Entretanto, el Ayuntamiento deberá esperar los diez días de plazo que tienen los funcionarios para justificar sus ausencias y, en caso de no hacerlo, se les abrirá expediente.
Otro frente que todavía colea en la justicia y que afecta también a la plantilla de Policía Local tiene que ver con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratificaba que hay que cesar a los 44 policías que lograron plaza en las oposiciones amañadas de 2012. El Gobierno local ha recurrido esa sentencia alegando que es “inejecutable”, por cuanto el perjuicio hoy sería mayor al beneficio de acatarla después de tanto tiempo.
En definitiva, la crisis que atraviesan las relaciones entre el Gobierno municipal y la Policía Local ha entrado en un terreno de difícil retorno, con las negociaciones paralizadas y el decreto de emergencias en los tribunales. Todo ello al inicio de las fiestas navideñas, una fecha especialmente sensible en términos de seguridad y afluencia de visitantes.
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