La rectora de la Universidad de Sevilla admite “preocupación” por la situación financiera de la institución
La nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha reconocido sentirse “preocupada” por el estado de las cuentas de la institución que dirige desde que tomó posesión el pasado 8 de enero. La prórroga de los presupuestos derivada del proceso electoral —culminado en segunda vuelta el 10 de noviembre— y el incremento de los gastos estructurales han situado la financiación como uno de los principales frentes de su arranque de mandato.
“Estamos en un momento de transición, valorando ingresos y gastos del cierre del ejercicio económico”, ha explicado en su primer desayuno informativo con la prensa tras ocupar el sillón del Rectorado. La US encadena dos años con el presupuesto prorrogado, mientras los gastos estructurales —principalmente salarios y suministros— han seguido creciendo, a la espera además de que se concreten los pagos comprometidos por la Junta de Andalucía en el marco del modelo de financiación universitaria. Eje central de las reivindicaciones de las universidades públicas andaluzas.
En este contexto, Vargas ha admitido que existen “desavenencias” entre los rectores de la pública y el Gobierno de Juanma Moreno en la “interpretación de los criterios” para aplicar el modelo de financiación aprobado en 2023 por el propio Ejecutivo autonómico. Unas discrepancias que han reabierto el cisma entre ambos, después de que la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) denunciara en diciembre que el reparto presupuestario para 2025 incumplía los compromisos suscritos por la Consejería de Universidad con el sistema público.
La rectora de la US ha respaldado las reivindicaciones planteadas por la AUPA, pero siempre desde su característico tono moderado y dialogante. Frente a la escalada de tensión que escenificó la AUPA al poner de nuevo sobre la mesa la vía judicial, Vargas se ha mostrado confiada en que “no tendremos que acudir a los tribunales” para resolver un problema que espera solucionar a través de la negociación, la “lealtad y cordialidad institucional”. “Estamos trabajando para que se plasmen las cuestiones que reivindicamos para hacer frente a los compromisos adquiridos con nuestra comunidad universitaria”, ha apuntado, insistiendo en la vía del “diálogo y el consenso” como salida al conflicto.
Al hilo, ha agradecido a la Junta que impulsara la creación de un modelo de financiación, “porque no todas las comunidades lo tienen”. Y ha reconocido la responsabilidad que también tienen las instituciones universitarias a la hora de garantizar su solvencia económica: “Tenemos que reivindicar, pero no podemos quedarnos ahí”, ha señalado, aludiendo a su objetivo de aumentar el grado de autofinanciación, en aras de garantizar ingresos “sostenibles en el tiempo y diversificados”.
Hoja de ruta para los próximos meses
Para ello, entre sus prioridades, Vargas contempla la creación de una oficina de captación de fondos estratégicos, dedicada específicamente a financiar proyectos relacionados con infraestructuras, sostenibilidad y digitalización. En el caso de la US, el objetivo del nuevo equipo rectoral es alcanzar el 35% de autofinanciación para 2031. Actualmente, ese porcentaje es del 28% de un presupuesto global de algo más de 620 millones, de los cuales 438 proceden exclusivamente de la Junta de Andalucía –principal financiador de la universidad–, según los datos aportados por el Rectorado.
Otra de las prioridades de la nueva rectora durante los primeros meses de mandato es implantar a lo largo de 2026 una jornada de teletrabajo para el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS). Se trata de “una línea estratégica” sobre la que “ya tenemos un primer borrador”, que contempla un día de teletrabajo semanal vinculado a un modelo de gestión por objetivos. Una vez implantado el teletrabajo, se abordará la flexibilización de la jornada laboral y se estudiará incorporar la jornada de cuatro días, como ya está negociando la Universidad de Granada.
En cuanto al Personal Docente e Investigador (PDI), Vargas ha señalado que su prioridad es “poner en marcha un plan de choque para la simplificación administrativa”, enfocada en reducir la carga burocrática a la que se enfrenta a diario este colectivo.
En relación con el estudiantado, la rectora se ha fijado como actuación preferente impulsar la normativa de evaluación compensatoria, en coordinación con la conferencia de decanos y directores de centros. “Vamos a intentar aprobar una normativa aunque sea provisional, mientras desarrollamos el cambio de reglamento general de actividades docentes, que es donde lo recogeremos de manera más específica y duradera”, ha avanzado la responsable de la US.
Miradas puestas en la nueva ley universitaria
En el apartado de infraestructuras, Vargas ha anunciado que trasladará “próximamente” al Ayuntamiento hispalense un plan para dotar de una identidad propia al campus Cartuja, que incluirá mejoras en transporte público, zonas verdes, carril bici y señalización. La rectora ha avanzado también su intención de aprobar un plan plurianual de infraestructuras para los próximos seis años, manteniendo los compromisos ya adquiridos con centros como Farmacia, Agronómica y Medicina, y apostando por la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio universitario. En este ámbito, ha señalado que la sala cero del Museo de la Universidad de Sevilla se inaugurará este verano.
En materia de vivienda, la US trabaja en un plan para ceder terrenos en zonas como Montequinto o el entorno del hospital Virgen del Rocío con el objetivo de impulsar vivienda asequible mediante créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). A ello se sumará el incremento de las becas para colectivos vulnerables y la expectativa de que la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) se concrete en un sistema de ayudas que facilite el acceso a la vivienda a la comunidad universitaria.
Preguntada por la LUPA –que se aprobará próximamente en el pleno del Parlamento andaluz– Vargas ha reconocido que la figura del interventor externo “no nos gusta”, al considerar que las universidades ya cuentan con mecanismos de control interno. No obstante, ha subrayado que cumplirán “estrictamente” lo que marque la ley. Entre los aspectos positivos, ha destacado el impulso a la internacionalización y la bonificación de las matrículas. Por último, en referencia a las universidades privadas –otro de los focos de fricción con la Junta– ha reivindicado que se utilicen “las mismas varas de medir” a la hora de aprobar centros universitarios o titulaciones, ya sean públicas o privadas.