La Comisión de la Verdad dice que la tortura precedió la lucha armada en Brasil

La Comisión de la Verdad, creada por el gobierno brasileño para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1964-1985), afirmó hoy que los órganos de represión comenzaron a torturar mucho antes de que surgiera la lucha armada en el país.

“La tortura comenzó a ser practicada en los cuarteles en 1964. La tortura está en el origen de la dictadura militar. y ocurre antes de la lucha armada”, afirmó la historiadora Heloisa Starling, una de las integrantes de la comisión, al presentar hoy en Brasilia un balance de las actividades realizadas por el organismo desde su creación hace un año.

Los integrantes de la Comisión dijeron haber analizado documentos que demuestran que los perseguidos políticos eran torturados desde 1964, año del golpe militar que derrocó al entonces presidente Joao Goulart, pese a que las leyes de excepción que instituyeron la represión fueron dictadas por el régimen militar en 1968.

El régimen de excepción de 1968 fue una supuesta respuesta de la dictadura al surgimiento de grupos guerrilleros que se alzaron en armas, y muchos militares han justificado las torturas como una respuesta a la acción de “subversivos” y “terroristas” que querían instalar un régimen comunista en el país.

“En 1964 ya es posible identificar centros de detención y de tortura”, afirmó Starling al descartar que la violencia institucional tan sólo tuviera inicio cuatro años después y citar al menos 32 bases de torturadores en siete diferentes estados del país que operaban desde ese año.

Dijo además que, por los datos recogidos hasta ahora, es posible decir que la tortura no era una práctica aislada sino la “base” de la represión.

“La tortura no es practicada de forma puntual. Ella es la base de la matriz de la represión de la dictadura”, afirmó.

Según los datos recopilados por la Comisión, 1969, un año después de que el Gobierno asumiera poderes excepcionales y suspendiera garantías constitucionales, fue cuando más se generalizó la práctica de la tortura.

Según el balance parcial presentado hoy, la Comisión creada por la presidenta Dilma Rousseff, una militante de izquierda que fue detenida y torturada por la dictadura, escuchó hasta ahora 268 testimonios, entre los cuales los de 37 militares acusados de violaciones y los de 207 víctimas del régimen.

El profesor Paulo Sergio Pinheiro, coordinador de la Comisión, aseguró que en un año de trabajo el grupo descubrió la existencia de 250 “estructuras de inteligencia” que funcionaban en los ministerios, las empresas estatales y los establecimientos públicos.

“Es impresionante la capilaridad del servicio de inteligencia en todo el territorio nacional”, afirmó Pinheiro.

Agregó que la Comisión, cuyo mandato se extenderá hasta diciembre de 2014, recopiló pruebas que demuestran la práctica de violencia y de tortura durante la dictadura, incluyendo documentos militares que admiten que hasta los propios uniformados que se oponían al régimen fueron sometidos a represión física que los dejó “incapacitados”.

Según Starling, la información recopilada también permite decir que el presidente de la República y los ministros militares participaban de la línea de comando de los organismos de represión y tenían conocimiento de lo que ocurría en esas instituciones.

Los miembros de la Comisión admitieron que en su informe final recomendarán algún tipo de medida que permita el enjuiciamiento de los torturadores, crimen imprescriptible para la legislación brasileña, aunque no aclararon si solicitarán la revisión de la Ley de Amnistía que favorece hasta ahora a tales represores.

“Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Si tenemos ese conocimiento (de la práctica de esos crímenes), tenemos que recomendar que esos casos sean sometidos a la justicia”, según la abogada Rosa Cardoso, otra integrante del grupo.