Aseguran que no se oponen a las renovables –“es lo contrario”–, pero se sienten damnificados por lo que consideran una galopada hacia la instalación masiva y acelerada de campos eólicos y solares. En Galicia, Cantabria, León, Teruel, Málaga, Valencia, Euskadi surgen periódicamente protestas de comunidades locales por cómo van a instalarse en su territorio grandes infraestructuras de energía renovable a toda velocidad. Aseguran que se les ha venido encima un tsunami.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima dice que, para 2030, España debería haber reducido un 23% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las de 1990. El último dato oficial, del avance de 2021, muestra que se lanzaron 288,6 millones de toneladas. Un 5,3% menos que aquel 1990, aunque supusieron una subida del 5,1% respecto a 2020.
Lo cierto es que en el camino de la transición hacia energías más sostenibles, España está teniendo un papel destacado. “Es el segundo país de la Unión Europea en potencia renovable instalada y ha batido récords de nueva instalación fotovoltaica. En 2022, las energías renovables supusieron el 42% de la producción energética”, desglosaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 20 de febrero.
El documento de planificación de Red Eléctrica Española calcula que “las solicitudes de acceso a la red”, de proyectos “multiplica por tres” estos objetivos del Plan en cuanto a la energía eólica (proyectos equivalentes a 150 Gw) y “en más de 13 veces la fotovoltaica” (481 Gw). El estudio de REE también indica que, según su análisis, “España resulta un país netamente exportador a 2026, con un valor neto de exportaciones internacionales de 10,8 Twh” y que sus proyecciones indican que, entonces, “el 86% de la producción eléctrica será sin emisiones”.
Y en medio de ese 'éxito' surgen las voces críticas. “Estamos a favor de las energías renovables, pero se están cargando un valle con gran riqueza paisajística y medioambiental en la zona de influencia de los parques naturales”, se quejaban hace solo unas semanas los vecinos de la sierra Calderona (Comunitat Valenciana). Un poco antes, en la ceremonia de los Goya, el director Rodrigo Sorogoyen llamó la atención sobre un campo eólico en medio del santuario gallego de caballos salvajes.
“No es un movimiento uniforme ni unánime”, explica el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia, Joan Romero. Cada grupo tiene sus argumentos y reivindicaciones, algunas más sólidas que otras.
No se critica las renovables sino el uso que se les está dando: estas energías sirven para cortar las emisiones de CO2, pero también para instaurar un modelo más distribuido y escalable de generación de electricidad
“En realidad no se critica las renovables sino el modo en que se están implantando”, defiende Luis Bolonio, del grupo Alianza Energía y Territorio. “Estas energías sirven para cortar las emisiones de CO2, pero también para instaurar un modelo más distribuido y escalable de generación de electricidad y eso no se ha hecho, sino que se ha reproducido el modelo de grandes productores y líneas de alta tensión”, opina.
“Nada es fácil”, resume el director general de la patronal de plantas solares Unión Española Fotovoltaica (Unef), José Donoso. “Quizá para la biodiversidad es mejor plantas grandes, que actúan como islas refugio para la fauna y la flora porque allí se reduce mucho la actividad humana y exige menos conexiones, pero desde un punto de vista social podría ser mejor que hubiera muchas pequeñas”.
“Las quejas llegan desde un conglomerado de varias cosas”, opina Donoso. “Pienso en colectivos que hacen un uso competitivo del suelo, ya sea urbanístico, de turismo enológico o rural, pero también usuarios ocasionales del territorio –que no quieren que cambie–, grupos en contra de todo y hasta partidos políticos que han visto un caladero de votos”.
Un cambio inevitable (y deseable)
Más allá del debate de ritmos y tamaños, lo que está claro es que frenar el calentamiento global del planeta a los niveles menos lesivos requiere que se lancen menos gases invernadero. Un 50% menos en 2030. Casi cero en 2050. Y cada país tiene su cuota de responsabilidad. En 2021 España repuntó en sus emisiones –aunque quedó por debajo de 2019–. Se estima que en 2022 hubo otro crecimiento.
En 2021, la generación de electricidad aumentó muy poco los gases que lanzó: un 0,4%, según el Inventario del Ministerio de Transición Ecológica. Con todo, queda pendiente que, sobre todo el transporte (y también la industria), abandonen los combustibles fósiles para funcionar. Y eso significa volverse eléctricos (o cambiar el modelo de movilidad con menos automóviles particulares y más transporte público y planificación urbana de cercanía, tipo las ciudades de los 15 minutos).
La idea es que los campos eólicos y solares generen energía sin lanzar las grandes cantidades de gases invernadero que supone quemar petróleo, carbón o gas para conseguir esa energía. Y utilizar electricidad en muchas áreas donde ahora se aplican combustibles fósiles como los coches o las calefacciones de las casas.
“Claro que estamos en un momento histórico crítico en el que hay que acelerar la transición energética. Es fundamental, pero las prisas no son el mejor compañero”, cuenta Romero. Lo que ocurre es que España acumuló gran retraso en esta transición con decisiones como la eliminación de las ayudas a las renovables o el impuesto al sol decretados por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).
La idea es que los campos eólicos y solares generen energía sin lanzar las grandes cantidades de gases invernadero que supone quemar petróleo, carbón o gas. Y utilizar electricidad donde se usan combustibles fósiles como los coches
“Lo que veo –analiza el investigador– es que se ha recurrido a una fórmula rápida, con campos muy grandes. Eso es más sencillo para casi todos, para las empresas, para las administraciones... Pero no para los territorios. Podría haberse respetado más el equilibrio entre la ciudad y lo rural”, añade. Así que, a su juicio, “los conflictos que han proliferado en pueblos y áreas rurales tienen más que ver con el cómo que con el qué o el cuánto”.
Las protestas, a la vista de las cifras, no están retrasando la aparición de estas instalaciones. Sí contribuyó a la dilación de ciertos proyectos un embudo burocrático que acabó en un reglamento europeo que, advierten algunas organizaciones rebaja la protección ambiental.
Donoso añade que está percibiendo “un factor de egoísmo regional en algunas comunidades autónomas (como la Comunitat Valenciana o Catalunya) que parecen no preocuparse de dónde viene la electricidad que consumen, porque asumen que ya vendrá de otro lado. Eso provoca, a su vez, un sentimiento de agravio en las zonas que están implantando plantas renovables y de ahí se pasa al rechazo”.
El negocio de las empresas y de los dueños de la tierra
Este mismo mes, Juan María Civico, un vecino de Cartaojal (Málaga), se preguntaba con pesar en una charla con elDiario.es: “Esas tierras son olivares, las trabaja gente del pueblo. ¿No hay terrenos baldíos para poner las placas?”. Las máquinas arrancaban los árboles para hacer sitios al megahuerto solar.
Esta es otra de las quejas: no haber apostado por superficies degradadas ya por las actividades humanas –como escombreras y antiguas minas– o que estén muy transformadas, como los tejados de zonas industriales, para colocar paneles solares. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado en varias ocasiones que transformar el sistema energético a base de paneles en techos y zonas industriales “no es posible” . Y que debe hallarse “equilibrio”, entre la transición energética y las “preocupaciones ambientales”, sin que esto signifique “que no se puede hacer nada en ningún sitio”. Ribera ha insistido en que “se va a velar por que las cosas se hagan bien”.
Para Fernando Prieto, del Observatorio de la Sostenibilidad, “esa revisión ha llegado un poco tarde, porque las zonificaciones del Gobierno que se han utilizado no eran vinculantes, con lo que las instalaciones han ido allí donde les ha sido más sencillo y más rápido, sobre todo para las empresas”. “Ha sido un poco como el salvaje oeste”, resume para hablar de otro elemento que entra en juego en este conflicto: la decisión de los dueños de esas tierras de vender o alquilar terrenos para estos proyectos.
Estamos en un momento histórico crítico en el que hay que acelerar la transición energética. Es fundamental, pero las prisas no son la mejor compañía
El catedrático Romero recuerda que los casos varían mucho en virtud de dónde se planteen: “No es lo mismo ocupar un área productiva, con muchos pequeños propietarios, que una amplia extensión de secano”. “Una familia con 100 hectáreas de cereal en Castilla-La Mancha ha encontrado una fuente de ingresos, simplemente, imbatible”, explica. Los cálculos de Romero son claros: “Esa tierra está produciendo unos 30.000 euros al año –y eso gracias a la Política Agraria Común de la Unión Europea– mientras que las empresas les ofrecen unos ingresos de unos 100.000 euros anuales por 30 o 40 años de alquiler sin hacer nada”.
Sin embargo, Bolonio contrapone que en diversos sitios, “sienten que se está vendiendo el territorio a cambio de poco” porque los promotores solo tienen que dejar “un 2 o 3% de los beneficios en esos lugares a cambio del impacto local”. Al mismo tiempo, la empresas generadoras de electricidad en España están adquiriendo el rol de exportadores de energía debido al tope del precio del gas y, también, el incremento de generación de renovables.
El director de la Unión Española Fotovoltaica contesta que ellos pretenden “una integración socioeconómica: que no se expropie nada. Que se hable con la gente, se informe y se comparta el beneficio. Si la gente de los pueblos no quiere, que no alquile su suelo. Pero si quieren, que se les deje”, defiende.
“La transición energética va unida a la palabra justa”
El Gobierno ha insistido en que “casi cuatro de cada diez euros de los Fondos Europeos van dedicados a la transición ecológica de la economía”. “La expresión transición energética va indisolublemente unida a una tercera palabra. Y esa palabra es justa'', ha dicho el presidente Sánchez.
El pasado 25 de enero, el Ejecutivo dio el visto bueno a 170 declaraciones ambientales de unos 200 proyectos presentados de campos eólicos y solares. Las instalaciones de menos de 50Mw las gestionan y autorizan las comunidades autónomas. Las más grandes requieren la aprobación del Gobierno central.
“Ante los proyectos aprobados solo nos queda la vía judicial”, se queja Bolonio. “No sé si estamos a tiempo de reorientar el modelo, aunque haya alguno de estos planes que vaya para atrás por una decisión judicial”, añade Romero.
El Defensor del Pueblo, en su informe de 2021, expuso que “existen suficientes instrumentos jurídicos en vigor que aseguran la protección de los espacios naturales, de las especies de fauna y flora y el paisaje” lo que “unido a una evaluación de impacto ambiental rigurosa de cada proyecto debiera ser suficiente para asegurar una adecuada protección del patrimonio natural”.
En este contexto, la patronal fotovoltaica sostiene que “la mejor herramienta es la evaluación ambiental, más que moratorias. Un estudio adecuado es la mejor garantía para cada proyecto, pero necesitamos luchar contra el cambio climático y es una oportunidad económica para la España vaciada”.
Con frecuencia, las quejas de estas comunidades locales reciben la crítica de que lo que no quieren es que estropeen su pueblo sin más. “Yo a eso contestaría que, más bien, es que no quieren escucharnos. Pedimos hablar. Pedimos participar más en la planificación porque sentimos que no ha habido voluntad. Todavía queda el 90% por instalarse”, responde Luis Bolonio.