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Renovables
El pueblo malagueño al que arrancaron sus olivos para plantar placas solares

Máquinas arrancando olivos en Cartaojal, el pasado verano

Néstor Cenizo

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Cartaojal es un pueblo que no se entiende sin el olivar. Si se mira al sureste se divisa una cara desconocida de la Peña de los Enamorados, la vega de Antequera y miles de olivos. Aquí, la recogida de la aceituna hojiblanca sigue dando de comer a muchos y los olivos discurren hasta por la arteria que vertebra el pueblo. La revista cultural que una vez tuvieron se llamaba La Zaranda, porque así se llama la máquina que expurga las aceitunas de ramas y hojas. Cartaojal está rodeado de olivos.

Hace un año los cartaojaleños empezaron a escuchar hablar por primera vez de los planes para instalar cientos de miles de placas solares: está previsto que más de 500 hectáreas de olivar se conviertan en una gran superficie de paneles fotovoltaicos. Algunas placas podrían llegar hasta la puerta de las casas.

La ejecución ya ha empezado: en septiembre se arrancaron miles de olivos y ya se está levantando una subestación eléctrica. “Nos van a rodear”, advierte Juan María Cívico, integrante de la plataforma vecinal que se opone. Está previsto que al menos cuatro parques se instalen al norte y el este, encajonando a esta pedanía de Antequera de unos 1.200 habitantes.

Guadacano, el proyecto más avanzado (al este, en rojo), está promovido por PFV Guadacano, detrás de la cual está Antonio Sieira, consejero delegado de Ignis, que ha logrado millonarias plusvalías con el boom de las renovables. Es también el más grande: 145 hectáreas en tres áreas, un perímetro de vallado de 11.231 metros y capacidad para generar 62 MW. Al generar más de 50 MW fue autorizado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Ignis tramita proyectos por más de 1,5 GW en Andalucía.

Hay otros tres cuya autorización recae sobre la Junta de Andalucía y que también han recibido el visto bueno: Archo I (157 hectáreas, Irineo Energía), Archo II (106 hectáreas, Matilde Solar) y La Herrera (124 hectáreas, EDP Renovables). Irineo Energía y Matilde Solar forman parte del grupo Bruc Energy, un fondo de inversión con capital canadiense y británico liderado en España por Juan Béjar. EDP Renovables forma parte de un grupo portugués.

La plataforma aclara que no se opone a las energías renovables, sino a que les “monten todo encima” sin que repercuta en el pueblo la compensación por ello.

20.000 olivos talados, 500 jornales perdidos

Cartaojal, una pedanía a diez kilómetros de la ciudad de Antequera, ejemplifica los costes económicos, ambientales y hasta identitarios de usar entornos rurales como meros terrenos productores de energías renovables. “Esas tierras son olivares, las trabaja gente del pueblo. ¿No hay terrenos baldíos para poner las placas?”, se pregunta Cívico, que el pasado verano vio cómo algunos olivos que había ayudado a plantar hace seis años eran arrancados de cuajo. Otros eran casi centenarios. “Primero los desmochan con una motosierra y después se arrancan con una giratoria”.

A bordo de su vehículo todoterreno, muestra el efecto inmediato: más allá de una pequeña parcela donde aparecieron restos arqueológicos y de las franjas para amortiguar el impacto visual, la tierra está yerma. “Han quitado alrededor de 20.000 olivos. Son 60 días de trabajo para cuadrillas de seis o siete personas, solo para recoger. Añádele quitarle los retoños, las varetas, el tractorista que sulfata, el talaor, juntar la leña…”. Calcula que se han perdido 500 jornales. A cambio, el mantenimiento de las placas apenas servirá para generar algún empleo.

Lo peor, dice, es que es solo el principio. En Archo este año no han quitado las sierpes que nacen de los olivos, y Cívico ve en esto una señal de su próximo sacrificio. Archo I y II cubrirán gran parte del terreno entre el cementerio y el núcleo urbano. Los vecinos temen el efecto de las placas en verano, cuando en esta comarca se superan los 40 grados. En el caso de La Herrera, implicará trasladar a una parcela cercana miles de olivos plantados hace apenas un lustro. Y aún se teme la llegada de un quinto proyecto (en morado) y de otros dos al sur, que aparecen en algún plano que los vecinos han visto, pero de los que nada más se sabe.

Los promotores aseguran que las placas estarán ocultas por las lomas, que no emiten calor y que apenas consumirán el agua de una hectárea de regadío. No les ha costado convencer a los propietarios. Las tierras están vinculadas a viejos cortijos de terratenientes, para quienes alquilar a promotores de fotovoltaicas es un negocio más lucrativo y seguro que la cosecha del olivar, cuyos márgenes están en declive. En el Cortijo Capilla de Santa Eufemia, del que depende el antiguo olivar que ahora será la planta de Guadacano, el hijo del dueño evita dar su punto de vista. Los vecinos alertan del “efecto llamada” una vez que ya haya líneas de evacuación. “Siguen preguntando por las tierras”, aseguran.

Un poco más adelante, operarios ultiman la plataforma sobre la que se instalará la subestación eléctrica desde la que se “evacuará” la energía acumulada en los antiguos olivares de Cartaojal con destino a cualquier otro sitio. Las líneas entrarán en baja tensión desde la fotovoltaica, y la subestación devolverá en alta tensión de 132 kv atravesando la comarca.

Los vecinos se quejan de la pasividad del Ayuntamiento

Los vecinos que se oponen se sienten indefensos. Les dicen que olivos hay muchos, que no hay valores ambientales que conservar, que el impacto en el pueblo no basta para oponerse y que hay que sacrificar las tierras por el interés superior que marcan la Agenda 2030 y los fondos europeos.

A finales de diciembre, un centenar de cartaojaleños acudieron al Ayuntamiento a denunciar el “abandono”. “El alcalde nos prometió que no permitiría que esto ocurriera, pero luego nos enteramos de que todos los proyectos tienen ya el informe de compatibilidad urbanística”, lamenta Cívico. Se emitieron en 2020.

“Tenemos poco margen de acción”, replica el alcalde Manuel Barón (PP), que aclara: “No estamos de acuerdo con que se sitúen los parques tan cercanos a las poblaciones, pero las calificaciones ambientales entienden que la cercanía no es perjudicial”.

El regidor alega que el PGOU establece unas zonas vedadas. “El paisaje agrario de la Vega, la zona de amortiguamiento de los Dólmenes y el casco histórico están protegidos, pero no sería legal proteger todo el territorio”. Antequera es el municipio más extenso de Málaga, con unos 750 kilómetros cuadrados. Aún no ha concedido ninguna licencia de obra, pero advierte: “Si tienen los informes ambientales favorables y todos los permisos ministeriales, no podremos denegarla”.

Los promotores de Guadacano presentaron una estimación de ingresos fiscales para el Consistorio: 657.000 euros en pago único (tasas urbanísticas e impuesto de obras) y 120.000 euros anuales (IAE y BICE). El presupuesto del municipio en 2023 es de 46,7 millones de euros: el impacto de esta nueva fuente de ingresos en las cuentas es notable.

Además de las de Cartaojal, en Antequera hay otra decena de proyectos de parques fotovoltaicos y dos de eólicos. El Consistorio no presentó alegaciones a ninguno de los proyectos. Ni siquiera compareció. Solo ha presentado alegaciones al fraccionamiento de las líneas de evacuación, a petición de la plataforma. Barón no contempla modificar el PGOU para introducir nuevas restricciones, como sí han hecho otros municipios como Campillos. Modificar el PGOU implicaría suspender la tramitación de licencias, poniendo en juego inversiones como el Puerto Seco.

Tampoco se sumó a la Iniciativa Legislativa presentada en el Parlamento Andaluz por 93 municipios, que se ven inermes ante la expansión de las renovables en su territorio. En el Pleno de Antequera, la moción ha sido rechazada dos veces por el equipo de gobierno. En el Parlamento Andaluz, fue tumbada por la mayoría del PP. “No nos adherimos porque la solicitud es que se paralice todo y entendemos que no puede ser ni una cosa ni la otra. Oponerse a la instalación de complejos de renovables no es positivo”, dice el alcalde.

La “Ruta de la Placa”

La mayoría de esos 93 municipios son malagueños. “Todos los días miro el BOE, el BOJA y el Boletín de la Provincia”, cuenta Rodolfo Gil, que desde Coín vuelca la información en un grupo de Whatsapp para saber dónde irán los próximos proyectos. De paso, está trazando una “Ruta de la Placa” andaluza. Son más de 1.000 proyectos en Andalucía. Para Gil, se trata de una burbuja especulativa con las cartas marcadas: las promotoras juegan con la declaración de utilidad pública y, en última instancia, conseguir que el Estado expropie los terrenos: “La administración trabaja para las empresas permitiendo cosas que a un particular no le permitiría nunca. Están vendiendo el país, no por el verde, sino por llenarse el bolsillo”.

Quienes se oponen bajo la bandera del “Renovables sí, pero no así” denuncian que se ha empezado la casa por el tejado. “En 2020, los promotores depositaron avales millonarios para reservar los nodos de conexión. Ya se preocuparían después de buscar las tierras. Debería haber sido al revés: primero, buscar lugares con menor impacto, capacidad y ver cómo conectamos”, argumenta Marisa Casal, portavoz de la Plataforma MacroRenovables No. La zonificación que elaboraron los técnicos de la Junta de Andalucía quedó arrumbada en un cajón tras la presión de los promotores. La zonificación del Ministerio es orientativa y, en la práctica, papel mojado.

Casal recorre los pueblos informando a los vecinos, para quienes es difícil conocer, personarse y alegar en los trámites de información pública. En Cartaojal, fue Fran Matas, concejal de Unidas Podemos en Antequera, quien les advirtió de lo que podía ocurrir en enero del año pasado. Para entonces, ya había transcurrido el plazo para presentar alegaciones. Sólo IU lo hizo, apuntando al daño que se hacía a las zonas de nidificación del aguilucho cenizo. “Todas han sido desestimadas”, cuenta.

De poco sirvió la petición de una moratoria aprobada por unanimidad en la Diputación de Málaga en junio de 2021. Este miércoles, el Pleno volvió a aprobar dos mociones de PSOE y Unidas Podemos, que piden que la Junta de Andalucía establezca un tope a la instalación global de potencia, cree una Mesa de seguimiento de los impactos ambientales y sociales y establezca una “zonificación vinculante”. La de UP alerta de la paradoja de que “algo tan estratégico e importante” como las energías renovables “no sólo no cuente con el necesario apoyo social, sino que genere un rechazo de esta naturaleza”, mientras que la del PSOE señala: “Es fácil entender que la gente no quiera vivir ni acudir a una zona asediada por estructuras industriales cuando el valor del rural en el imaginario colectivo es precisamente el contrario”.

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