El PP frena en solitario una iniciativa de 93 alcaldes contra la “invasión” de plantas de energías renovables en Andalucía

Modesto González, alcalde de Coria del Río, defiende en el Parlamento andaluz la iniciativa legislativa municipal suscrita por 70 municipios.

El Parlamento andaluz ha recibido y tumbado este miércoles la segunda iniciativa legislativa popular de la legislatura. La primera fue promovida por un colectivo de la escuela pública, con más de 50.000 firmas, reclamando una bajada del número de alumnos por aula. La segunda lleva de mano de 93 alcaldes -formalmente 70 municipios- de zonas rurales en contra de la “proliferación masiva” de plantas fotovoltáicas y parques de energía renovable en Andalucía.

En ambos casos, el PP ha impuesto su mayoría absoluta de 58 diputados para cercenar el debate promovido desde fuera de la Cámara, a través del llamado escaño 110. La reclamación de los alcaldes, defendida por el regidor de Coria del Río, Modesto González (Andalucía x Sí), choca frontalmente con el modelo económico del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, que prevé validar 1.200 proyectos con una potencia de 25 gigas (mil megavatios cada giga), la mitad en esta legislatura.

El Consejo de Gobierno ya había manifestado su criterio en contra, y los populares no se han dejado convencer por el resto de partidos siquiera para permitir la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular. El plan energético alternativo de los 70 municipios proponente se ha estancado antes incluso de iniciar el trámite parlamentario regular. Desde la bancada de la izquierda se le ha reprochado al PP que cortocircuite, “sin escuchar”, todos los dos debates que traen desde fuera de la Cámara, “con mucho esfuerzo”, personas y colectivos que no trabajan en el Parlamento.

Andalucía, la comunidad con una superficie más extensa de España después de Castilla y León, es el escenario de un debate candente sobre la transición energética y el cambio climático, siempre con la economía como epicentro de todo. A un lado, los beneficios aparejados a la implantación de parques eólicos o paneles solares, de otro el impacto sobre la agricultura y la ganadería -piedra angular de la economía andaluza- además del efecto en el paisaje y el medioambiente de muchos municipios.

La protesta la han elevado hasta el Pleno de la Cámara 70 ayuntamientos de todos los signos políticos de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, exigiendo una “una moratoria para los megaproyectos de energías renovables hasta la aprobación del Plan de Transición Energética en Andalucía”, a saber, que se prolongue su implantación hasta la entrada en vigor de dicho plan. Uno de los más afectados -aunque no está entre los promotores- es Jerez de la Frontera, cuyos viñedos se verán “amenazados” por miles de paneles y aerogeneradores de más de 200 metros de altura.

Recursos en los tribunales

La iniciativa viene impulsada por la asociación Alianza Energía y Territorio, que aglutina a más de 200 organizaciones ecologistas y sociales, algunas de ellas ya han recurrido a los tribunales contra varias plantas energéticas por el riesgo que suponen para la colonia de aves de la zona.

González ha contabilizado 93 alcaldes -más de los que firman la iniciativa legislativa popular-, que representan al 12% de municipios andaluces y en torno a un millón de habitantes [250.000 electores]. En ese grupo hay casi una decena de regidores del PP que discute, también, la política de su partido al frente de la Junta.

Los de Moreno han frenado en seco la iniciativa que, de haber superado la votación de este miércoles, habría avanzado convirtiéndose en un debate delicado a las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo. Los grupos de la oposición PSOE-A, Por Andalucía y grupo mixto-Adelante Andalucía han votado a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, mientras que el grupo Vox se ha abstenido.

Parte del Gobierno andaluz ha estado ausente durante la presentación de la iniciativa. El presidente Moreno ha entrado en el salón de Plenos minutos antes de la votación. González ha aprovechado para dirigirse a él directamente: “El andalucismo va más allá de los símbolos, de la pulsera blanca y verde, la corbata, los gemelos... eso hay que llenarlo de contenido. La soberanía energética es un valor que debe hacer coincidir a la izquierda con la derecha”, ha asegurado. Hace apenas dos meses González y Moreno coincidieron en la presentación de un libro de Alejandro Rocas Marcos, fundador del Partido Andalucista, donde el presidente de la Junta anunció que declararía el 4 de diciembre día de la Bandera de Andalucía.

La propuesta de los alcaldes pide “la suspensión de cuantos procedimientos de instalación, de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, se estén tramitando”, con la excepción de “las pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 megabatios vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria”.

González, como portavoz de la plataforma promotora, ha recordado que en Andalucía existen más de 790 proyectos fotovoltaicos en proceso de tramitación a fecha de noviembre de 2021, que suponen promover unos 21.000 megavatios de renovables, y en un futuro próximo se podrían promover otros 11.000 megavatios, según cifras de la Junta.

Se ha referido a los perjuicios que causan estos proyectos en el terreno de los municipios y sus espacios naturales, apuntando que, por ejemplo, “el estado de las poblaciones de muchas aves y murciélagos ni siquiera se conoce”, por la carencia de estudios detallados y de planes de recuperación para estas especies. González ha denunciado que se están concediendo licencias para estos megaproyectos sin planificación alguna.

Previo al debate, muchos de los alcaldes se han manifestado a las puertas del Parlamento. Los regidores cuestionan los beneficios económicos que pregona la Junta porque, aseguran, la generación de empleo está limitada a la construcción de los parques de energía renovable -previa deforestación de olivares y viñedos-, pero el mantenimiento y la vigilancia de los mismos apenas requiere de un puñado de empleados.

Toda la oposición a favor del debate

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Julia Ibáñez ha defendido el compromiso “verde” del Gobierno de Moreno, con respeto “al patrimonio natural y a la normativa urbanística”. También ha señalado que los proyectos ya instalados ofrecen “importantes beneficios económicos, sociales y medioambientales”, y que todos cuentan con la declaración de impacto ambiental de la Junta.

El diputado del PSOE-A Rafael Márquez ha pedido mayor “planificación” para compatibilizar el uso de las energías renovables con la preservación de los recursos naturales. El socialista pidió que la tramitación de la iniciativa legislativa saliera adelante y que tuviera la oportunidad de mejorar su contenido con la aportación de todos los grupos.

La parlamentaria de Vox Purificación Fernández ha denunciado que una “mala” regulación de estos proyectos puede causar consecuencias irreparables para los terrenos municipales y espacios naturales. Ha criticado que en la Junta vayan de “abanderados de la regulación verde” y, en cambio, acepten estos megaproyectos que tienen un impacto para la agricultura y los espacios naturales.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha defendido que esta iniciativa refleja una justa reivindicación de los ayuntamientos, que asisten “con preocupación e indignación” a la toma de unas decisiones que no les tienen en cuenta. “Hay una falta de respeto inequívoca a una administración que merece ser tenida en cuenta” en la toma de decisiones, según Nieto, quien ha criticado que la Junta conceda licencias para megaproyectos de energías renovables sin tener en cuenta las consecuencias sobre los municipios.

La diputada del grupo mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora ha manifestado que con estos megaproyectos sólo se persigue beneficiar a las grandes empresas energéticas, sin que ello vaya a garantizar la soberanía energética en esta comunidad. “Vendemos nuestros recursos naturales y nuestra forma de vida a bajo precio para hacer rica a gente que viene de fuera”, ha indicado, apuntando que la Junta ha ido autorizando estos proyectos “sin ton ni son” y sin planificación.

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