La justicia brasileña garantiza la permanencia de indios kaiowá-guaraní en tierras en conflicto

Un tribunal brasileño ha garantizado la permanencia temporal de unos 170 indios kaiowá-guaraní en tierras que habitan desde hace siglos y que han sido reclamadas en propiedad por hacendados de la zona, confirmaron hoy fuentes judiciales.

El conflicto por esas tierras, situadas en el interior del estado de Mato Grosso do Sul, ha generado intensas polémicas, sobre todo después de la difusión de imágenes de danzas tribales con las que, supuestamente, los indios preparaban un “suicidio colectivo” tras la decisión un tribunal inferior que ordenaba su desalojo.

Esas versiones fueron desmentidas por los propios indios, pero aún así cobraron fuerza en las redes sociales y la prensa local e internacional y dieron origen a un movimiento en favor de los reclamos de los kaiowá-guaraní, que han apelado ante la justicia y las autoridades nacionales.

La decisión confirmada hoy por el Tribunal Regional Federal de la Tercera Región, que abarca el estado de Mato Grosso do Sul, abre un paréntesis en el conflicto y establece que los indios podrán seguir en el lugar hasta tanto concluya un proceso de demarcación de una reserva que incluye parte de esas tierras.

Sin embargo, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, dijo que ese proceso se encuentra en sus tramos finales y que los estudios realizados hasta ahora señalan que las tierras en conflicto serán parte de la reserva, lo cual le daría la razón a los indios.

El informe sobre el caso, no obstante, sólo será publicado en forma oficial dentro de unos 30 días por la Fundación Nacional del Indio (Funai), organismo gubernamental que aboga por la permanencia de los kaiowá-guaraní en unas tierras que ocupan desde hace siglos.

Además de la Funai y la propia justicia, los indios han obtenido apoyo en la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Derechos Humanos ha solicitado al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff que impida el desalojo de los kaiowá-guaraní.

El grupo parlamentario también ha manifestado su disposición a llevar el caso ante el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el estadounidense James Anaya, de origen apache.