La Ley Trans y LGTBI, que finalmente se fusionarán en un único texto legal, avanza camino al Consejo de Ministros. El Gobierno ha desbloqueado la norma, encallada desde hace meses, en la que asume la autodeterminación de género de las personas trans: podrán cambiar el sexo legal a partir de los 16 años sin requisitos ni pruebas, y la fórmula escogida les hará reafirmar su solicitud a los tres meses ante el Registro Civil. Superado el principal escollo que ha tensado al PSOE y Unidas Podemos durante el último año, aún quedan algunos flecos sueltos para aprobar el texto previsiblemente el próximo 29 de junio, en medio de la semana del Orgullo LGTBI. El borrador conocido el sábado aún no es definitivo, las conversaciones continúan y, según afirman fuentes de la negociación, uno de los temas que se está discutiendo es el de los menores de edad.
Actualmente el borrador del Anteproyecto para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI contempla para ellos tres escenarios: los menores de 12 años no podrán cambiarse el sexo legal, entre los 12 y 14 requerirá autorización judicial y a los que tengan entre 14 y 16 años deberán “asistirles” sus representantes legales. La redacción actual difiere considerablemente de la propuesta hecha por Igualdad en el borrador de ley que se hizo público en febrero y del que se desmarcó la parte socialista del Gobierno: no había límite de edad; entre 12 y 16 años podían solicitar el cambio de sexo legal con con el consentimiento de sus representantes legales y por debajo de esa edad, la petición debían presentarla estos últimos.
Es también una de las principales demandas de los colectivos LGTBI y Trans. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, que han tenido un papel decisivo en la marcha de las negociaciones, ven en este punto “un margen de mejora” del texto y han planteado estos días al Ministerio de Igualdad, Justicia y la vicepresidencia primera del Gobierno “propuestas” para extender el cambio de sexo legal a todos los menores de edad. “Estamos trabajando constantemente [con los tres departamentos], hay un feedback continuo”, han explicado en una rueda de prensa en la que han celebrado la norma como “el primer paso para que los derechos del colectivo comiencen su andadura”. Por su parte, el sector feminista que se muestra contrario a la autodeterminación ha convocado movilizaciones el próximo sábado en diferentes puntos de España.
Las organizaciones LGTBI se han mostrado confiadas en que las negociaciones a contrarreloj den estos días sus frutos. “Negar la identidad de nuestra infancia es negarle su derecho a ser, a existir y a vivir plenamente”, ha afirmado Ana Valenzuela, presidenta de la Asociación de familias de menores trans Chrysallis“. Es también una de las demandas de colectivos trans como Federación Plataforma Trans, No Binaries España, y las asociaciones de familiares de menores Euforia, Arelas y Naizen, que han señalado también este lunes cuáles son sus discrepancias con el texto. Consideran que no hacerlo es un ”retroceso“ que afecta a la ”parte más vulnerable“ de la población trans y alegan que podría ser ”inconstitucional“ tras la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2019 que declaró contraria a la Carta Magna la exclusión del cambio de sexo legal de los niños y niñas ”con suficiente madurez“ y ”en situación estable de transexualidad“.
A su juicio, obligar a que entre los 14 y 16 años presenten “medios documentales o testificales acreditativos” para lograr la autorización judicial que les permita rectificar su sexo en el registro, como contempla el borrador, es “sumamente violento” y “discriminatorio”, según Natalia Aventín, presidenta de Euforia y la madre del menor que llevó su caso ante el Constitucional. Es algo que comparten FELGTB, Triángulo y Chrysallis: “Significa someterles a situaciones humillantes y estresantes que afectan a su dignidad”, ha añadido Valenzuela.
Uno de los puntos más polémicos
El de la infancia ha sido uno de los puntos que ha levantado más fricciones tanto en el seno de las negociaciones como en los sectores que se posicionan en contra de la autodeterminación de género, entre ellos una parte del movimiento feminista. De hecho, según han explicado los colectivos había “una situación de resistencia” y la primera propuesta del Ministerio de Justicia fue que el cambio de sexo legal no pudiera realizarse por debajo de los 14 años, algo que “conseguimos rebajar a los 12”, han dicho en la rueda de prensa. Lo que de momento tampoco está en el texto son los tratamientos hormonales para menores de edad, otro de los puntos polémicos que sí contemplaba el borrador inicial de Igualdad y que ya reconocen más de una decena de leyes autonómicas.
Fuentes de la negociación aseguran que las conversaciones de estos días están versando también sobre la inclusión de estos tratamientos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de que quienes quieran acceder a ellos puedan hacerlo independientemente de la comunidad en la que residan. Para los menores, el borrador de Igualdad planteaba que pudieran dar el consentimiento a partir de los 16 años, y antes, como para cualquier intervención médica y como ocurre en las autonomías que ya lo regulan, fuera necesario el consentimiento de los representantes legales.
El reconocimiento de las personas no binarias, aquellas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres y cuyas referencias han desaparecido del texto, también está aún sobre la mesa, explican las mismas fuentes: de momento, el último borrador que maneja el Gobierno no permite ni omitir la mención al sexo en los documentos oficiales ni mandata al Ejecutivo para que en el plazo de un año evalúe las posibilidades de reconocer el género no binario.
Asimismo está en el aire la regulación de la violencia intragénero, la que se da en el seno de las relaciones entre personas del mismo sexo, y que sí incluía el texto inicial elaborado por Igualdad. Un capítulo de la ley estaba dedicado a la asistencia y protección de estas víctimas y de las de violencia basada en la LGTBIfobia en general. Y para ellas, apuntaba que las Administraciones Públicas deberían garantizar “una atención integral y especializada” con, al menos, información sobre derechos y recursos disponibles, asistencia psicológica y orientación jurídica.
Un avance para los colectivos LGTBI, oposición en un sector del feminismo
Por su parte, las organizaciones feministas que han sido críticas con la Ley Trans han mostrado su disconformidad con el acuerdo y llaman a manifestarse el próximo 26 de junio en diferentes puntos de España. Consideran que las leyes, también las autonómicas ya aprobadas, “atentan contra los derechos de las mujeres y de la infancia” y aseguran que el Ministerio de Igualdad “ha ignorado y despreciado al movimiento feminista promoviendo leyes contra las mujeres” y “ante la inacción cómplice de la presidencia del Gobierno”, apunta la Confluencia Movimiento Feminista en el manifiesto. Feministas socialistas como la filósofa Amelia Valcárcel o la exdiputada Ángeles Álvarez suscribieron hace unos días un comunicado en el que se posicionaron en contra del acuerdo debido a “las consecuencias que pueden derivarse de otorgar naturaleza jurídica a la libre determinación del sexo por simple declaración”, algo que a su juicio tampoco impediría la propuesta inicial del PSOE de “acreditarlo” mediante testigos.
Las organizaciones LGTBI han celebrado que la norma avance y que aunque la autodeterminación de género no se nombre como concepto en el texto, en la práctica esta línea roja haya sido mantenida. Y confían en los cambios que se puedan hacer más allá de la recta final de estas negociaciones, en concreto en el Congreso y el Senado, a donde llegará la ley tras culminar su proceso en el Gobierno. Las estrategias para intentar desbloquear el anteproyecto han diferido entre los colectivos durante estos últimos meses. Desde FELGTB, Triángulo y Chrysallis apelan “al diálogo” y al “acuerdo entre las partes”, que es la intención que, aseguran, han mantenido durante estos últimos meses en las reuniones. De hecho, fue clave en el proceso de desbloqueo la reunión que mantuvieron en la Moncloa con representantes de Justicia y de la vicepresidencia primera el pasado día 7 de junio.
En el otro lado, la Federación Plataforma Trans considera que los socialistas serán considerados “non gratos” en el Orgullo si se mantiene la exclusión de los menores, las personas migrantes y no binarias. Fue esta organización la que amenazó con “vetar” al PSOE en las manifestaciones si no aceptaban la autodeterminación de género, y la que instó a diferentes grupos políticos a que registraran la Ley Trans en el Congreso que finalmente tumbó gracias al 'no' del PP y Vox y la abstención del partido de Pedro Sánchez. En las últimas semanas, y ante el temor en las filas socialistas a una reacción adversa al partido en la movilización más destacada para el colectivo LGTBI del año, se intensificaron las negociaciones que han dado lugar al acuerdo.