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El Gobierno reconoce la autodeterminación de género en su último borrador de la Ley Trans

Representantes de los colectivos LGTBI durante la rueda de prensa de este lunes en la plaza de Pedro Zerolo (Madrid)

El Gobierno avanza hacia la legislación LGTBI que pretende tener la lista para la semana del Orgullo tras meses de enquistamiento. La pretensión es llevar una única ley al Consejo de Ministros el próximo 29 de junio. Todas las partes reconocen avances en la negociación, incluido el cambio legal del sexo de las personas trans, que ha sido el gran escollo. El último borrador del Gobierno, que ha adelantado El Periódico y al que ha tenido acceso elDiario.es, contempla una fórmula para que puedan cambiar de sexo legal sin requisitos –ni informes médicos ni psicológicos como ahora, ni con presencia de un testigo, que era la pretensión inicial del PSOE–. Tendrán que reafirmar su voluntad tres meses después de su solicitud en el Registro Civil.

El sistema acordado supone reconocer la autodeterminación de género, que ha sido una línea roja tanto para los colectivos LGTBI como para el Ministerio de Igualdad. A pesar de que en un principio el departamento dirigido por Irene Montero elaboró dos borradores –uno de ley LGTBI y otro trans–, finalmente será una sola norma denominada "Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI", que incorpora un título específico para las personas trans y dedica el resto al colectivo LGTBI en general. Desde que se conociera el primer texto, la parte socialista del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se desmarcó del mismo negándose a que el cambio de sexo se lleve a cabo basándose en la "mera voluntad" de la persona.

El borrador, que aún puede sufrir modificaciones, es mucho más escueto que los textos elaborados por el Ministerio de Igualdad. Recoge que "toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo". Se iniciará con una primera comparecencia en la que debe mostrar "su disconformidad" con el sexo que figura en el registro. Posteriormente, "en el plazo máximo de tres meses", la persona encargada del Registro Civil deberá citarle para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, "aseverando la persistencia de su decisión". Desde entonces, en el plazo máximo de un mes, se dictará resolución, lo que alargará el proceso un máximo de cuatro meses.

elDiario.es contactó con el departamento de Carmen Calvo el jueves para confirmar si la propuesta final era la que se incluye en este borrador y las fuentes consultadas aseguraron que "no está acordado". Sin embargo, ahora asumen que el texto es un borrador del Gobierno, aunque advierten de que "no es definitivo", por lo que puede sufrir cambios antes de que el Consejo de Ministros dé luz verde al anteproyecto. Las mismas fuentes defienden que la propuesta no supone reconocer la autodeterminación de género. A diferencia del borrador de Igualdad, el último no incorpora textualmente "el derecho a la libre autodeterminación de la identidad de género" ni tampoco el término "identidad de género", sino que menciona la "identidad sexual".

Desde el principio, los socialistas consideraron que permitir el cambio del sexo legal sin obligar a las personas trans a acreditarlo de alguna manera carecía de "seguridad jurídica" y llegaron a proponer que se hiciera mediante "documentación" o testigos del entorno. También la parte socialista del Ejecutivo ha defendido desde el principio que las leyes LGTBI y Trans se fusionaran en una, como finalmente ocurrirá, una pretensión a la que se abrió Irene Montero siempre que el texto incluyera la autodeterminación de género.

La propuesta de la doble declaración ante el Registro Civil, que en la práctica es una especie de periodo de reflexión, fue enviada por Igualdad a Justicia, que han liderado las negociaciones estas últimas semanas, el pasado de 2 de junio. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuxales, la Fundación Triángulo y Chrysallis, que han participado en el proceso con reuniones con ambas partes, plantearon esta misma propuesta el lunes 7 de junio para intentar desbloquear la norma. Se la habían trasladado ese día a la parte socialista del Gobierno en una reunión en La Moncloa, a la que fueron convocados poco antes de una rueda de prensa celebrada en la emblemática plaza de Pedro Zerolo en la que se mostraron optimistas con el avance de las negociaciones.

Los menores

En el borrador elaborado por el Ministerio de Igualdad y conocido el pasado mes de febrero se contemplaba el cambio de sexo legal sin requisitos para todos los menores de edad, uno de los elementos que ha centrado las negociaciones y discrepancias entre la parte socialista y Unidas Podemos. De momento, el texto, que fuentes de la negociación insisten en que puede aún cambiar, recoge que los menores entre 14 y 16 años podrán solicitar el cambio de sexo legal siempre que estén "asistidos" en el procedimiento por sus representantes legales; mientras que entre los 12 y los 14 se contempla que lo hagan mediante procedimiento judicial. Los menores de 12 no podrán cambiarse el sexo legal, aunque sí el nombre.

Sin embargo, esta parte está todavía sin cerrar, explican fuentes de la negociación. Hay aún otras cuestiones abiertas, como que los menores de edad puedan ver reconocido su nombre en los centros educativos a pesar de no haber hecho el cambio oficial, algo que ya contemplan las más de diez leyes autonómicas aprobadas en los últimos años. Tampoco aparece en el borrador que estos niños, niñas y adolescentes puedan usar vestuarios, baños e instalaciones acordes a su identidad en los colegios e institutos, que también estaba en el texto de Igualdad y que incluyen las legislaciones de las comunidades.

En el aire está también el derecho de las personas trans con capacidad de gestar a acceder a las técnicas de reproducción asistida. Y las cuestiones que afectaban a las personas no binarias han sido eliminadas: ni se podrá omitir la mención al sexo en los documentos oficiales ni se mandata al Gobierno para que en el plazo de un año evalúe las posibilidades de reconocer el género no binario. Lo que sí mantiene el texto al que ha tenido acceso elDiario.es es el fin del requisito del matrimonio para que las parejas de mujeres filien a sus hijos e hijas, algo que ha estado en negociación hasta el último momento.

Una pugna con el Orgullo en el horizonte

La pugna por la legislación LGTBI se ha alargado en el seno de la coalición. El Ministerio de Igualdad elaboró en febrero un borrador de ley trans que recogía la libre autodeterminación de género en los mismos términos que una proposición de ley impulsada por el PSOE en 2017 que estuvo a punto de ser aprobada. Sin embargo, desde entonces los socialistas han cambiado de posición en buena medida por el rechazo que genera en una parte del feminismo, que también está dividido ante esta cuestión. La vicepresidenta Calvo se desmarcó del borrador de Igualdad y la negociación se prolongó durante meses. 

En las últimas semanas, y ante el temor en las filas socialistas a una reacción adversa al partido en la movilización del Orgullo, se han intensificado las negociaciones. Varios colectivos amenazaron con "vetar" al PSOE en las manifestaciones si no aceptaban la autodeterminación de género, una advertencia que se sumó a la votación en el Congreso unas semanas antes de la proposición de Ley Trans presentada por varios partidos a instancias de la Federación Plataforma Trans para intentar desbloquearla y que fue tumbada gracias al 'no' de Vox y PP y a la abstención de los socialistas.

El último borrador que maneja el Gobierno dista de la propuesta inicial del PSOE, aunque desde la vicepresidencia primera subrayan que "la libre autodeterminación de género" no aparece en el texto, a pesar de que se eliminan los requisitos para que las personas transexuales puedan cambiar de sexo en el Registro Civil. Actualmente deben contar con un informe psicológico o psiquiátrico y haber estado dos años en hormonación, un proceso considerado abusivo y "patologizante" por las propias personas trans y que varios organismos internacionales llevan años reclamando modificar. Entre ellos la Comisión Europea, que pide a los Estados miembro procesos basados en la autodeterminación, que define como "un método para acceder al reconocimiento legal del género" que se basa "en una afirmación legal o notarial por parte de la persona trans, sin más requerimientos".

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