Diez años de 'la manada' y del 'yo sí te creo': la década que sacó a la luz la violencia sexual

“Es de esos casos que entran en tu vida personal. No puedes salir del trabajo y dejarlo encima de la mesa”. Izaskun Gartzaron es la responsable de la Oficina de Víctimas del Delito del Gobierno de Navarra. Lo es ahora y lo era el 7 de julio de 2016, el día, el primero de los Sanfermines, que cinco hombres —Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza— violaron a una mujer de 18 años en el hueco de un portal de Pamplona. El caso podría haber pasado inadvertido, convertirse en un expediente más. Lejos de eso, la violación de 'la manada' funcionó como un catalizador para el feminismo y la transformación social.

La inmediata respuesta institucional, fruto de un trabajo previo de organizaciones de mujeres y de la administración, la determinación de la superviviente durante todo el proceso, el cuestionamiento y la persecución que sufrió, la manera en la que los entonces acusados y sus defensas se comportaron y las decisiones judiciales abrieron la espita del 'yo sí te creo'. En la última década, la violencia sexual ha salido del armario.

“Todas las víctimas de violencia sexual grave pasan por momentos muy críticos en los que piensan en tirar la toalla. La víctima de 'la manada' también pensó a veces en que no podía seguir adelante. Es muy habitual, por los tiempos del proceso, porque es muy victimizante, todo depende mucho de ti... Jugaron a eso, a que ella se hundiese”, recuerda Izaskun Gartzaron. Pero no lo hizo. Conforme avanzó la investigación y después el juicio, mientras arreciaban los intentos por revelar su identidad, que fue protegida desde el inicio, y las defensas trataban de culpabilizarla, con el seguimiento de detectives incluido, las calles se llenaban de mujeres, la conversación pública iba cambiando, la conciencia iba creciendo.

“El cambio ha sido radical, como pasó en su día con la violencia de género”, afirma Bárbara Tardón, una de las especialistas que más años lleva estudiando la violencia sexual y trabajando con víctimas. Tardón ofrece un dato: hace diez años, en 2016, no había políticas públicas de alcance estatal que nombraran como tal la violencia sexual ni el consentimiento estaba en el centro del debate. “Esto no estaba en la agenda política ni social, yo creo que tampoco en la feminista. A partir de 2016 empezó a virar todo”, dice.

Está de acuerdo la jurista y coordinadora de desarrollo estratégico de la organización Aspacia, Priscila Cabrera, que califica lo sucedido con 'la manada' como un “antes y un después”. “Ha habido un cambio real en la sociedad, que estaba dormida respecto a la violencia sexual. Se produjo una concienciación no solo de las mujeres sino de toda una sociedad que se indignó. Empezamos a hablar de violencias sexuales que habían estado naturalizadas y hasta socialmente aceptadas. Todo eso supuso un punto de inflexión respecto a hacer visible la violencia sexual, y las instituciones se vieron obligadas a responder a toda esa movilización”, apunta. Las dos expertas coinciden en que el foco, social y político, se había concentrado hasta ese momento en la violencia de género en la pareja y expareja, que en la última década se ha ampliado para reconocer y abordar la violencia sexual.

En otro lugar, en otro momento

Iratxe Álvarez, que aquellos años dio a menudo la cara como portavoz de la Plataforma contra la violencia sexista de Pamplona, en la que sigue militando, transmite algo de lo que el movimiento feminista navarro siempre ha estado convencido: “Siempre hemos pensado que esto no hubiera podido pasar así en otro lugar, en otro momento”. Álvarez se refiere a la rápida respuesta y coordinación policial, institucional y social que se dio y que tenía mucho que ver con un trabajo previo. Las organizaciones feministas, por ejemplo, ya tenían allí protocolos para atender casos de violencia sexual y acoso sexista en las fiestas.

“Desde el principio todo funcionó: dos personas se dieron cuenta de que a una mujer le pasaba algo y necesitaba ayuda, eso con los cuadros que vemos en Sanfermines”, relata. Esa intervención ciudadana puso en marcha todo un dispositivo que hizo que la mujer fuera atendida de inmediato y que, solo unas horas después, los cinco hombres fueran detenidos, a pesar de la afluencia masiva de personas en la ciudad vestidas de la misma manera.

Navarra contaba con recursos asistenciales y con acompañamiento especializado, “recursos por los que tanto había luchado el movimiento feminista”. La reacción social fue desbordante, cree Álvarez, porque la sociedad pudo ver lo que el feminismo llevaba años denunciando: “No era la primera agresión ni iba a ser la última, pero la gente vio casi en directo cómo sucedía todo, cómo era un proceso judicial por violencia sexual, por lo que tenían que pasar las mujeres, cómo se ponía el foco en ella... y claro, mucha gente alucinó”. La feminista no tiene duda de que ha habido “un antes y un después”, aunque ese después esté marcado por una reacción conservadora que tiene puesto el foco, precisamente, en el feminismo.

“Las calles las llenó el movimiento feminista. Conseguimos que se renombraran las cosas, que se dijera agresión sexual, que era como nosotras lo llamábamos desde hacía mucho tiempo. Ahora se entiende que un tocamiento es una agresión. Y hubo una legislación nueva”, resume Iratxe Álvarez, que no tiene dudas de que la concienciación ha aumentado enormemente. “Hemos ganado conciencia colectiva”, cree también Priscila Cabrera.

Prueba de ello son los datos. En 2015, el Ministerio del Interior registró 9.600 denuncias por delitos contra la libertad sexual. Diez años después, en 2025, el número de denuncias fue de 21.659. Es decir, en una década España ha duplicado la cantidad de denuncias por delitos sexuales, un fenómeno que las expertas atribuyen a una ruptura histórica del silencio y a la efervescencia social propiciada por las movilizaciones feministas a partir del caso de 'la manada', pero también a un aumento de los recursos para atender la violencia sexual.

Nagore y los prejuicios

La fundadora de la organización feminista navarra Lunes lilas, Tere Sáez, subraya el antecedente que permitió a Pamplona llegar a 2016 con esa capacidad de movilizar recursos y personas: el asesinato de Nagore Laffage, el 7 de julio de 2008, por parte de José Diego Yllanes, que le propinó una brutal paliza en su domicilio después de que la joven se negara a tener sexo con él. “Fue un punto de inflexión, hizo que la sociedad empezara a hablar más de este tipo de violencia y ahí comenzó un trabajo con las peñas, con la ciudadanía, con las instituciones. El discurso hasta entonces era muy paternalista y ahí empezamos a hablar de libertad sexual de las mujeres”, reflexiona Sáez, que cree que el 'yo sí te creo' se alimentó de la rabia de miles de mujeres cansadas de ser tratadas como mentirosas.

La responsable de la Oficina de Víctimas del Delito del Gobierno de Navarra, Itziar Gartzaron, conoció a la superviviente y a su familia poco después de la violación. “Cada víctima tiene su historia y sus necesidades”, dice la experta, que recuerda los esfuerzos que se hicieron para proteger a esta mujer, sobre la que la presión social y mediática llegó ser desbordante. “En lo que pudimos controlar las cosas salieron muy bien pero estábamos en un campo minado, todo el rato estallaban cosas que no podíamos controlar”, reconoce.

En ese campo minado, los prejuicios, avivados por las defensas y por el voto particular de la primera sentencia, que calificó los hechos como un “jolgorio”, se extendieron. La manera en la que la superviviente se había comportado con los cinco hombres al conocerse, los motivos que la habían llevado a denunciar, la vida que había llevado las semanas después de la agresión, o hasta la manera en la que se sentó durante su declaración en el juicio, sirvió para reproducir tópicos y estereotipos que aún existen sobre las víctimas de violencia sexual.

“La no credibilidad de las mujeres es el corazón de la cultura de la violación, que se alimenta también de ideas preconcebidas sobre lo que es la violencia sexual que llevamos arrastrando durante siglos. Está siendo más fácil conquistar algunos derechos materiales, a pesar incluso del contexto, que cambiar las representaciones culturales sobre qué es una agresión sexual, quiénes son los agresores y quiénes son las víctimas”, asevera la experta Bárbara Tardón.

En 2018, Amnistía Internacional publicaba un informe sobre violencia sexual en el estado español del que Tardón fue coautora. Concluía que la atención que recibían las víctimas dependía de su lugar de residencia: en ocho comunidades autónomas no existía un solo espacio de atención especializado y ninguna contaba con los llamados centros de crisis para atender emergencias y abiertos 24 horas. Amnistía concluía que España estaba incumpliendo “su deber de diligencia debida en el marco de la asistencia y prestación de servicios” a las víctimas.

La ley de libertad sexual, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Irene Montero como ministra de Igualdad, obligó a las comunidades a tener centros de crisis, equiparó los derechos de las víctimas de violencia sexual a los de las víctimas de violencia de género, eliminó la distinción entre delitos y calificó como agresión sexual todo acto sin consentimiento.

“No es abuso, es agresión”, fue uno de los lemas que el movimiento feminista sacó a las calles desde que la primera sentencia calificara los hechos como abuso con prevalimiento y no como agresión sexual. Hasta la ley de 'solo sí es sí', un delito sexual solo era considerado agresión sexual si existía violencia o intimidación, algo que quedaba a la interpretación del tribunal de turno. En el caso de 'la manada', los mismos hechos fueron calificados como violación por el Tribunal Supremo que, por unanimidad, aseguró que se trató de un “auténtico escenario intimidatorio”. La presión social consiguió que España cambiara su norma en línea con el Convenio de Estambul, el texto internacional de referencia en la materia: la ausencia de consentimiento es lo que determina que un hecho sea considerado agresión sexual.

Más allá de eso, la nueva norma consagró un nuevo entramado para prevenir y abordar la violencia sexual. “La ley consigue el derecho a la atención especializada, que hasta ese momento dependía, sobre todo, de asociaciones feministas”, constata Tardón, que recuerda otros logros, como la obligatoriedad de tomar y conservar muestras biológicas sin que las mujeres tengan que denunciar en el momento, para que puedan hacerlo más adelante si lo desean.

El derecho a volver sola y borracha

En 2016, Zaloa Basabe entró a trabajar como técnica de igualdad del ayuntamiento de Pamplona, consistorio del que hoy es la concejala de Igualdad. Formó entonces parte de un equipo que gestionó la respuesta institucional a lo que estaba sucediendo. “Para nosotras era imprescindible que el movimiento feminista estuviese integrado en el proceso de cómo recolocarnos, hubo tensiones, hubo problemas, pero también es ahí donde se genera el movimiento. Debatimos sobre cómo nombrar y señalar las violencias sexistas. Y entendimos que el ayuntamiento tenía que asumir inversión en recursos” explica Basabe, que recuerda, por ejemplo, que el consistorio empezó a hacerse cargo de los llamados puntos violetas en las fiestas, hasta ese momento gestionado en solitario por organizaciones feministas, un cambio que ha sucedido en muchas otras localidades en los últimos años.

Era más que un asunto presupuestario, era entender el derecho de las mujeres a permanecer seguras en el espacio público y a ejercer su libertad sexual y, por tanto, la obligación de las administraciones a hacerse cargo de ella. Como tantas veces gritó entones el movimiento feminista, se trataba del derecho a volver a casa solas, borrachas y seguras. Dos años después de 'la manada', la primera huelga feminista marcó un hito: la movilización había ido creciendo e incorporando reivindicaciones, también mujeres y hombres interpelados por un feminismo que quería mejorar las vidas cotidianas.

“El feminismo se transversalizó y se incorporó a la vida de chicas y mujeres, también de mujeres mayores, que han sido capaces de releer en otros términos hechos que les han sucedido, vivencias propias, también actitudes con las que convivieron y que parecían normales. La desnormalización de la violencia sexual ha sido muy importante, tanto que ha generado mucha respuesta antifeminista”, reflexiona Zaloa Basabe.

El cambio se vive en lo cotidiano y Basabe lo ha comprobado en su propia casa con sus hijas de 19, 15 y 12 años: “Han perdido mucha vergüenza a hablar, antes había más miedo a que te cuestionaran si contabas algo que te había pasado, lo pensábamos mucho más, nos costaba más identificarlo también. Ellas están perdiendo la vergüenza y esa es una conquista muy poderosa”.