Más de 50.000 son las plazas necesarias para atender la demanda acutal de personas con gran dependencia y dependencia severa, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que muestra el aumento del déficit de plazas residenciales para personas mayores.
Aunque las plazas residencialas, tanto públicas como privadas, han aumentado en los cuatro años posteriores a la pandemia (2021 a 2025) en 23.075, la población mayor mayor de 65 años lo ha hecho en más de 800.000 personas.
Entre el 2024 y el 2025 aumentó un 4,3% el número de plazas residenciales para mayores, y a comienzos del año 2025 en España había 412.109 plazas residenciales para mayores, 17.044 más que en el año anterior. En centros residenciales de mayores vivían 339.655 personas, lo que se traduce en una ocupación del 82,4% de las plazas existentes. Una gran mayoría de las personas que viven en residencias de mayores, el 75,5%, tienen más 80 años.
La asociación de profesionales de los Servicios Sociales destaca el aumento del déficit de plazas residenciales, ya que si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 %, en el último año este déficit casi se duplica, y ha alcanzado las 96.916.
Andalucía, la más afectada y en Castilla y León hay exceso
Las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente; entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%). Mientras que en siete comunidades hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712. Extremandura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid son las cinco regiones donde la ocupación es casi completa.
Con porcentajes muy bajos destacan Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana, “lo que sugiere una inadecuada distribución de sus plazas residenciales o un elevado coste de las mismas que las hace inaccesibles para buena parte de quienes las necesitan”.
Siete de cada diez plazas son de financiación pública
El 71,1 % de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 292.986, frente a las 119.123 exclusivamente privadas. Las plazas de financiación pública incluyen las de centros públicos, las concertadas en centros privados y las que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Desde el año 2015 el número y porcentaje de plazas de financiación pública han aumentado, hasta alcanzar las 2,88 plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años. Es la cifra más elavada de la que se tienen registros.
Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la cifra más elevada hasta la fecha.
Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha y las siguen Extremadura y Aragón. Canarias, Murcia y Valencia son las que menos plazas de financiación pública tienen.
La asociación lamenta el “escaso avance” de la estrategia de desinstitucionalización que planteó el Ministerio de Derechos Sociales en 2023 con las comunidades para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, reforzando los servicios de atención domiciliaria y para reducir la necesidad de plazas residenciales.
Según el análisis, en 2024 este servicio domiciliario tiene una cobertura de 5,8 %, ocho décimas más que en el año previo a la pandemia, y la media de horas de atención y cuidados alcanza 23,8 horas mensuales, tres horas más que en el año 2012.