Las familias invierten más cada año en Educación y el gasto privado ya supone uno de cada cinco euros del total

La educación, también la gratuita, cada vez cuesta más. Las familias españolas se gastaron 11.417 millones de euros en esta partida el año 2019, según datos del Ministerio de Educación publicados en el Sistema Estatal de Indicadores de Educación. Eso solo en la educación reglada, la que se da en los circuitos oficiales. Si se añade todo lo que hay alrededor, la educación no reglada, el gasto sube hasta los 19.811 millones de euros ese mismo año. Este apartado de gastos familiares no ha parado de crecer desde que hay registros, en 2004 (con la excepción de un par de años en los que se estancó), y la estadística refleja una subida del 56% en estos 17 años. El gasto privado en Educación es la tercera partida que más crece en los hogares tras la destinada a la vivienda y sus suministros (un 187% más) y la de Salud (181% más).

Esta subida se explica en parte por la caída de la financiación pública de la Educación tras la crisis económica de 2008, que ha dejado los presupuestos por debajo de los que había en 2009 (España invirtió en Educación 53.895 millones de euros en 2009 y 53.053 en 2019, el último año con datos asentados). “En el entorno económico actual muchos gobiernos están teniendo dificultades para destinar los recursos necesarios para cubrir la creciente demanda de educación mediante fondos públicos”, admite la OCDE en su Panorama de la Educación 2020.

Y en Educación, donde no llegan las administraciones, las familias se ven obligadas a compensar al diferencia. “Existe una correlación inversa en cuanto que lo que no gasta el Estado lo hacen las familias, está más que demostrado por la sociología de la Educación”, explica Fernando Trujillo, profesor en la Universidad de Granada. Actividades complementarias en los centros, servicios como el comedor, libros o academias y otros tipos de formación componen el grueso del gasto privado educativo.

“Aunque la financiación pública todavía representa una gran parte de la inversión en educación en los países, las fuentes privadas están jugando un papel cada vez más relevante”, admite la OCDE. Como esta organización, los expertos en la materia advierten de que fiar parte del gasto educativo a las familias tiene serios riesgos de aumentar la segregación: “La existencia de cualquier gasto por parte de las familias que discrimine a unas familias y otras es una puerta abierta a la segregación escolar y un ataque frontal a la igualdad de oportunidades”, explica Javier Murillo, director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

“No hay que olvidar que uno de cada tres niños y niñas españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social, y sus familias lógicamente no tienen posibilidad de dedicar ese dinero a estas actividades”, añade en alusión a las prácticas formativas complementarias a la educación en las que invierten su dinero las familias que se lo pueden permitir y que ahondan en la brecha formativa entre unos estudiantes y otros.

Esta situación no es exclusiva de España, pero tampoco parece inevitable. En los países nórdicos el Estado aporta más del 99% del gasto educativo en las etapas obligatorias (Primaria y Secundaria). Bélgica alcanza el 96%, Lituania el 95% e Italia roza el 94%. España es, entre las 22 naciones de las que ofrece datos comparables la OCDE la que menos fondos públicos aporta en la educación obligatoria (86,7% del total) y en la que más pagan las familias (un 12,3%).

¿Dónde va todo ese dinero?

El Instituto Nacional de Estadística, fuente original del dato a través de su encuesta sobre el gasto de los hogares en Educación, explica qué entra dentro del gasto educativo. En primer lugar lo divide en reglado y no reglado. En el primer apartado están aspectos como las actividades extraescolares en los centros, sean de apoyo a la enseñanza o de ocio, los llamados servicios complementarios (comedores, residencias y transporte), bienes y servicios (libros de texto, uniformes) y actividades extraescolares de apoyo fuera del centro.

En esta categoría, las familias invirtieron 11.917 millones de euros en 2019. Más de la mitad de este gasto (5.874 millones) se destinó a la Educación superior, fundamentalmente el pago de las matrículas universitarias. El resto se utilizó para las actividades mencionadas en las etapas obligatorias, y cada familia pagó de media 445 euros por hijo en la escuela pública en Primaria y 1.367 en la concertada y 336 y 1.078 en la concertada en Secundaria, respectivamente, ambas etapas consideradas gratuitas en estos centros.

Si se suma a la ecuación el gasto en educación no reglada hay que añadir a las actividades anteriormente comentadas las academias y profesores particulares. En esta partida las familias invirtieron 7.839 millones de euros más.

El INE ofrece algunos datos adicionales que completan el panorama. De media, cada estudiantes gastó 1.649 euros el curso 2019-2020 (1.313 en servicios educativos como las matrículas, clases, comedor o actividades extraescolares y 335 en libros, uniformes, papelería, etc.) y una de cada cinco familias gastó entre mil y dos mil euros por estudiante. Entre los más aventajados, un millón de familias (el 14,8% del total) dedicaron más de 5.000 euros por estudiante y año a la educación.

El gasto educativo privado no ha parado de crecer desde que se registra. En el caso del gasto en educación reglada, la estadística del Ministerio de Educación se remonta a 2004, y ha subido un 56% desde ese año. En el caso de la educación no reglada, ha explotado desde la primera encuesta del INE de este tipo, en el curso 2011-2012, cuando estaba en 375 millones de euros. Se ha multiplicado por 21 en ocho años.

¿Dónde ha ido a parar todo este dinero que se invierte en Educación? El número de alumnado que acude a centros privados, una variable que podría explicarlo porque es responsable de buena parte del gasto educativo familiar, se mantiene bastante estable a lo largo de los años. El reparto de los estudiantes de la escuela con carácter público entre la pública y la concertada, también por lo que no parece que sea la causa principal.

Murillo tiene respuesta: “El aumento proviene, de un lado, del incremento en gasto en actividades complementarias y extraescolares que tiene los estudiantes y, por otro, en el gasto en enseñanzas no regladas, en gran medida estudios de idiomas y artísticas no regladas. Es decir, el incremento del gasto procede de las actividades de los estudiantes fuera de las actividades lectivas normales, bien se realicen en el centro docente habitual o en academias y otros centros formativos no reglados”.

La brecha de las actividades escolares

Y aquí es donde se abre la brecha educativa. Entre los que se pueden pagar las formaciones complementarias y los que no. “Los niños que se lo pueden permitir tienen una formación complementaria fuera del centro educativo que rompe con el criterio de igualdad de oportunidades”, sostiene este profesor, coautor junto a Cyntia Martínez-Garrido del estudio Magnitud de la Segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus Comunidades Autónomas y comparación con los países de la Unión Europea.

Porque no es solo que las familias no paguen las actividades, es que buscan activamente cómo no hacerlo. “Uno de los principales criterios de elección de centro de las familias con menos recursos es asegurarse de que el centro educativo sea 'de verdad gratuito', lo que hace que se concentren en determinados centros, normalmente cerca del hogar. Las familias con más recursos, por su parte, priman criterios de selección como la calidad del centro su carácter innovador o la composición social de las aulas. Para estas familias el gasto añadido no es importante. De hecho, existe una tendencia de las familias de clase media de invertir en educación como medio de ascensor social”, desgrana Murillo.

Las diferencias también se dan por comunidades autónomas, sumando segregación a la diferencia que se da entre autonomías. En las comunidades del sur, con menos nivel de renta, el gasto es inferior a lo que les correspondería: Extremadura realiza un 1,6% de la inversión total en educación, pero tiene un 2,1% de la población española; Andalucía realiza el 14,8% del gasto para el 17,7% de la población; Galicia responde por el 4,2% de la inversión para su 5,6% de habitantes. En las comunidades ricas, los números se invierten: Catalunya tiene uno de cada seis ciudadanos españoles, pero se gasta uno de cada cinco euros; Madrid gasta otro 20% del total para el 14% de la población; el País Vasco está más equilibrado: 5% de gasto, 4,6% de población.

¿Y la europea?

Un vistazo a cómo afrontan esto nuestros países vecinos indica que el camino que lleva España en este ámbito no es el único posible. Los países del norte cubren básicamente todos los servicios educativos de la etapa obligatoria, con porcentajes que alcanzan el 99% en el caso de la educación obligatoria en Noruega y Finlandia o el 97% de Dinamarca (ver gráfico). En esos países las familias apenas tienen que poner dinero de su bolsillo para la formación de sus hijos.

“Allí tienen una visión de la educación más amplia que la nuestra y la distinción entre formal y lo no formal es más difusa, aunque la tengan presente”, explica Fernando Trujillo. “Por ejemplo, hay que hacer deporte. Pues eso no lo busca la familia, se ofrece”. Trujillo ha participado en un estudio en varios países europeos sobre el curso del coronavirus, y utiliza esta experiencia para ilustrar diferencias. “El responsable danés [del estudio] tenía que entrevistar a los responsables de deporte por la tarde, nosotros esa figura no la tenemos. Esa oferta se hace como parte del estado del bienestar, tienen una visión más amplia de la educación”, relata.

La situación es algo diferente en la Universidad, pero no tanto. En España en esta etapa el Estado cubre el 66,3% del gasto y las familias el 28,8% (el 5% restante lo aportan instituciones privadas). De nuevo nuestro país se sitúa entre los que más hacen pagar a los hogares. Ese 28,8% solo lo superan en Europa Italia (29,3%) y Portugal (29%).

El aumento de las diferencias entre quienes pueden pagarse estas actividades formativas y quienes no preocupa a algunos profesores, a expertos e incluso a algún Gobierno, como el chino, que ha decidido poner coto a las extraescolares privadas, en buena parte, aunque no solo, para reducir las desigualdades. También la OCDE, una organización con carácter económico, ha señalado que “en estos niveles [la Universidad], la financiación privada proviene sobre todo de los hogares, lo que despierta preocupaciones acerca de la equidad en el acceso a la Educación”, escribe la organización.

Porque al final, Universidad aparte, la educación se supone gratuita en España, pero no está ni cerca. “Una educación gratuita debería serlo completamente. Bien sea que las Administraciones asuman todos los gastos para los estudiantes que asisten a centros públicos, bien sea que exista un buen sistema de becas y ayudas a las familias para que la gratuidad sea real”, cierra Murillo.