El Gobierno no exige a los gestores de su servicio para denunciar 'bullying' que sea accesible para personas sordas
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la que alega que el teléfono contra el acoso escolar que el Ministerio de Educación va a poner en marcha no garantiza la plena accesibilidad para personas con discapacidad auditiva o del habla.
Según ha informado esta organización en un comunicado, el pliego de prescripciones técnicas de la licitación del teléfono de atención a víctimas de acoso en el entorno escolar recoge que se valorará positivamente que los licitantes para gestionar este servicio pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad, “pero en ningún caso es un requisito obligatorio”.
Por ello, advierte de que no respeta el artículo 117.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que los pliegos de prescripciones técnicas deben incluir criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.
Además, el CERMI recuerda que el artículo 2 del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, recoge que se debe asegurar a los ciudadanos con discapacidad la efectividad de sus derechos en sus relaciones con la Administración.
Desigualdad en el acceso
El CERMI alerta de que si no se subsana esta carencia, “podrían producirse situaciones en las que no todas las víctimas de acoso escolar con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a esta herramienta, cuyo fin es asesorar y contribuir a luchar contra esta lacra, a la que no es ajeno el alumnado con discapacidad en las aulas”.
Por ello, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide que se suspenda el proceso de adjudicación del contrato en cuestión y que se modifique el pliego de prescripciones técnicas para que la accesibilidad universal sea un requisito obligatorio y no de carácter voluntario.
Se trata de la segunda vez que se denuncia el anuncio de licitación de este recurso contra el 'bullying', medida estrella de la cartera de Méndez de Vigo contra el acoso, ante el mismo tribunal. El pasado 10 de febrero de 2016, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo publicó este anuncio, en base a una resolución del 25 de noviembre de 2015 que establecía los pliegos del concurso, que fue recurrido y admitido parcialmente, lo que obligó al Gobierno a anularlo.
El pasado 13 de junio, Educación publicó de nuevo en el BOE el anuncio de licitación para la contratación de este servicio de atención telefónica por un valor estimado de 1.488.000 euros.
