Juez convoca una audiencia privada sobre el caso de un inmigrante muerto en la frontera

Un juez federal de EE.UU. determinó hoy la celebración de una audiencia privada el próximo mes de diciembre para resolver la demanda civil interpuesta contra agentes federales por la muerte del inmigrante mexicano Anastasio Hernández, ocurrida en mayo de 2010.

Según señaló a Efe Guadalupe Valencia, uno de los abogados de los familiares de la víctima, la audiencia del próximo 2 de diciembre se celebrará en una corte de San Diego, y en caso de que no se alcance ningún acuerdo económico, el paso siguiente será la celebración de un juicio contra los trece agentes federales inculpados en la muerte del mexicano.

La viuda de Hernández y sus cinco hijos interpusieron una demanda hace cuatro años contra un grupo de oficiales y supervisores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en la que se les acusa de homicidio culposo y uso excesivo de fuerza, en el caso de la muerte del inmigrante.

“Nosotros siempre hemos pensado que este caso debe ir a juicio”, indicó el abogado, parte de un grupo legal que representa a la familia de Anastasio Hernández, y quien cree “que la evidencia es muy clara” a favor de los demandantes.

El representante legal confirmó que hace unos días un juez negó la inmunidad al grupo de oficiales y supervisores implicados.

Anastasio Hernández murió en mayo de 2010, tras recibir descargas eléctricas y una brutal paliza de trece agentes federales que lo detuvieron en la garita de San Ysidro, a unos pasos de la frontera con México.

Si bien las autoridades migratorias argumentan que el mexicano mostró resistencia durante su detención, dos vídeos que captaron el hecho muestran que el inmigrante se encontraba esposado y en el suelo durante la agresión.

La demanda, que hace mención a actos de tortura por parte de los agentes, se ampara en un informe de la Oficina del Médico Forense, que determinó que la muerte de Anastasio fue un homicidio.

De manera paralela a la demanda civil, el Departamento de Justicia federal desarrolla una investigación para determinar si los oficiales deben enfrentarse a cargos penales.

“Aunque haya mucha evidencia es muy difícil que el gobierno los acuse penalmente”, reconoció el abogado Valencia, quien señaló que en casos como este “si el gobierno no hace nada por lo penal, se puede proceder civilmente”.

Valencia reiteró que el deseo de los deudos de la víctima es justicia y un castigo para los responsables de la muerte del mexicano.