El juzgado detiene un desahucio en Oliva (Valencia) y da 3 meses a la familia

El juzgado encargado del desahucio de una familia, formada por un matrimonio con tres hijos menores a su cargo, en la localidad valenciana de Oliva ha suspendido la medida durante tres meses para que busquen una vivienda alternativa, según ha informado a EFE la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El concejal de Bienestar Social, Alejandro Salort, ha indicado asimismo a EFE que el consistorio ha ofrecido a la familia la posibilidad de ayudarles en la rehabilitación de la vivienda familiar en la que residían y que tuvieron que abandonar tras un incendio.

En los tres meses de plazo que ha dado el juzgado a la familia, el Ayuntamiento espera también disponer de viviendas municipales de emergencia que pondría a su disposición o se habilitarían líneas de alquiler social, ha añadido Salort.

Más de medio centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se había concentrado esta mañana frente a las puertas de la vivienda de Oliva, propiedad de una entidad bancaria, que ocupa desde hace un par de años la familia después de que un incendio destrozara su casa, para pedir que se suspendiera la orden de desahucio que estaba prevista para las 10 horas, ha informado Sergio Riofrío, miembro de la plataforma.

El pasado martes, el Comité de Derechos Humanos (DESC) de la ONU había pedido la suspensión cautelar de este desahucio, sin alternativa habitacional, en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), una petición que fue trasladada al juzgado.

El Comité DESC de la ONU había solicitado asimismo medidas para evitar “posibles daños irreparables”, incluida la suspensión del desahucio, mientras estudia este caso, o que se les otorgue una vivienda alternativa “adecuada”.

La PAH ha presentado también ante el Congreso de los Diputados un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se suspenda el desahucio de esta familia, y se pronuncie sobre las “modificaciones legales necesarias para que cualquier juez venga obligado a respetar las peticiones de medidas cautelares solicitadas por el Comité DESC”.

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha valorado que la “solución” haya llegado “sobre todo por la presión ciudadana”.

Oltra ha pedido un cambio en la legislación estatal y, especialmente, en “la dialéctica” relacionada con el sector bancario, rescatado en la crisis por el dinero público y también de familias como la afectada de Oliva y que, según ha criticado, sigue “desahuciando a la gente de sus casas cuando no son quienes han provocado la crisis financiera”.