Un pequeño país de 21 km2 y 12.000 habitantes, la isla pacífica de Nauru, lleva del cuello a toda la comunidad internacional: quiere iniciar ya la explotación minera submarina y sostiene un proyecto que avanza inexorable.
Nauru lanzó un ultimátum en 2021: dio dos años a los estados mundiales para establecer las normas que regulen las extracciones desde el fondo del mar porque su intención era comenzar los trabajos una vez pasado ese tiempo.
Nauru activó una cláusula contenida en la Convención de los Océanos que obliga a culminar la regulación en 24 meses. A punto de vencer el plazo, la minera aliada con el Gobierno del país, la canadiense The Metals, remitirá su petición para comenzar los trabajos y consideran que para 2024 estarían preparados para iniciar la explotación.
Mientras, numerosos estados, entre ellos España, sostienen que no debe haber minería submarina, al menos, hasta que se conozca mejor las implicaciones de instalar una industria así a miles de metros debajo de la superficie marina.
El Congreso aprobó en febrero pasado instar al Gobierno a “defender ante la Alta Autoridad de los Fondos Marinos (ISA) una moratoria de la minería submarina” hasta que se conozcan bien “sus efectos en el medio ambiente marino, la biodiversidad y las actividades humanas en el mar”.
Antes habían sido Francia, Alemania, Canadá. Costa Rica, Ecuador... incluso la Comisión Europea publicó en junio de 2022 su Agenda sobre Gobernanza de los Océanos que incluía “la prohibición de la minería submarina hasta que se rellenen los huecos científicos”.
Pero las cartas están encima de la mesa y la cuenta atrás avanza: la Autoridad Marina Internacional –organismo autónomo afiliado a la ONU– aborda esta cuestión durante las negociaciones que sus países miembro llevan a cabo esta semana (en primer periodo) y cierran en junio. El ultimátum de Nauru activado en 2021 ha acelerado todo el proceso.
Este rubicón llega solo unas semanas después de que los países alcanzaran en la ONU un acuerdo para proteger la altamar y asentar las bases para salvaguardar al menos el 30% de los océanos en 2030. Un texto legalmente vinculante que atañe a más de dos tercios de los mares del planeta.
El cambio climático y la demanda disparada de metales
Porque más allá de la línea de soberanía de los estados y a muchos metros de profundidad, el océano guarda gran cantidad de minerales en forma de cobalto, cobre, níquel, manganeso... Todo el menú metálico que exige la transición energética para usar mucha electricidad, como ha impuesto el consumo energético intensivo, sin recurrir a la quema de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero.
De hecho, la Asociación Internacional de la Energía explica que “los minerales son un componente esencial en las tecnologías de energía limpia que están creciendo rápidamente. La demanda por estos materiales subirá a medida que la transición ecológica coja ritmo”.
Sus cálculos dicen que “para cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático”, la demanda de cobre para el sector de la energía subirá hasta ser el 40% del total mundial, el 60%-70% del cobalto y el 90% de litio. Todo para alimentar las plantas fotovoltaicas, los campos eólicos o los coches eléctricos. “Necesitan más minerales que las versiones fósiles”.
En resumen: se ha abierto un mercado gigantesco de minerales. Para 2040, “la demanda media de níquel y cobalto se multiplicará por dos y cinco respectivamente”, dice la AIE. Lo mismo ocurrirá con el cobre. Y eso lleva unido que “para ciertos minerales, los precios han subido con fuerza desde la segunda mitad de 2020”.
Sin embargo, José Luis García Vara, responsable del programa de Océanos de WWF, afirma que “la demanda de minerales necesarios para el desarrollo de las fuentes de energías renovables puede reducirse en un 58% a través de la innovación tecnológica y medidas de economía circular y reciclado de materiales”, según un informe elaborado por la instituto de investigación Sintief para la organización. “Necesitamos una transición urgente de los combustibles fósiles a fuentes renovables, pero no a expensas de la biodiversidad de los ecosistemas marinos profundos, que son además sumideros de carbono”.
“Esta ronda es preparatoria para la traca final que debe llegar en junio, pero ya se ven las posiciones”, explica la responsable de Biodiversidad en Greenpeace, Celia Ojeda. “Y lo que hemos observado es que la Secretaría de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos parece muy a favor de la industria minera”, añade.
Esta ronda es preparatoria para la traca final que debe llegar en junio, pero ya se ven las posiciones
Se refiere a la polémica que ha alcanzado al secretario general de la ISA, Michael Lodge, que algunas delegaciones consideran que está empujando para acelerar la regulación y empezar a explotar el fondo marino.
Vídeo promocional y cruce de cartas
De hecho, el New York Times ha publicado una carta remitida a Lodge por el Gobierno de Alemania en la que la ministra de Asuntos Económicos y Acción Climática, Franziska Bratner, le recordaba que el papel del secretario “no es interferir en el proceso de decisión”. “En el pasado usted ha tomado parte activa en contra de las posiciones de alguna delegación”, le recuerda, además de que el Ejecutivo germano está “seriamente preocupado por este enfoque”.
Lodge contestó que la misiva “hace una acusación general sin fundamento carente de hechos o argumentos”: Rechazo sus acusaciones sin base“.
Lo cierto es que el secretario general de la ISA sí apareció en un vídeo promocional de la empresa Deep Green (que luego se convirtió, precisamente, en The Minerals) en el que decía: “Los recursos en tierra firme se están volviendo cada vez más difíciles de acceder. Ya hemos sacado los mejores recursos. Los recursos futuros están en lugares más remotos lo que significa que son más caros de conseguir y con más riesgo ambiental”. Lodge también ha dicho que atribuir “de manera inevitable” a la minería submarina “daños irreversibles y colapsos ecosistémicos” es fruto de “exageraciones carentes de base”.
Conseguir la reducción de emisiones necesaria para evitar los peores impactos del cambio climático es imposible sin metales. La minería submarina ofrece una oportunidad para suministrar al mundo los metales necesarios
Nauru esponsoriza el plan de la empresa canadiense The Metals –mediante la filial Nauru Ocean Resources Inc– para sacar nódulos con níquel, manganeso y cobre del lecho marino en una área de 74.000 km2 de océano entre México y Hawaii. Han calculado que hay 866 millones de toneladas de nódulos.
La minería marina en altamar está prevista en aguas internacionales. Como son áreas marinas sin dueño nacional, los proyectos deben estar promocionados por algún estado. La minera canadiense asociada con Nauru también está aliada con otros dos microestados insulares del Pacífico: Tonga y Kiribati para proyectos similares y contiguos en la misma zona marítima
Pero detrás hay más. La ISA ha emitido más de 30 contratos de exploración en aguas internacionales, es decir, más allá de la línea de jurisdicción de los países.
Se da la circunstancia de que estos tres países están en la primera línea de riesgo vital por el cambio climático. Se trata de estados insulares, incrustados en el Pacífico sur, que ven cómo año tras año la subida del nivel de mar se come su territorio. Buena parte de los minerales que se buscan en el fondo del mar son usadísimos en la transición energética para abandonar los combustibles fósiles.
El país insular justifica así sus planes: “Nauru es el país que más va a perder con el cambio climático. Conseguir la reducción de emisiones necesaria para evitar los peores impactos es imposible sin utilizar metales. El desarrollo responsable de esta nueva industria ofrece una rara oportunidad para suministrar al mundo, con bajo impacto ambiental, los metales necesarios para las tecnologías que combaten el cambio climático”.
Sin embargo, Celia Ojeda reflexiona: “Muchas veces, el juego de las empresas, los intereses políticos y económicos y las necesidades de los países más vulnerables no están bien ligados”.