Sanidad busca forzar a las comunidades rebeldes a que faciliten el aborto con pastillas en la pública
El Ministerio de Sanidad quiere generalizar el aborto con pastillas en la Atención Primaria. Así lo ha afirmado la ministra Mónica García este lunes en el acto por el Día Internacional del Aborto, en el que ha anunciado que impulsará varias reformas para que las mujeres accedan a este método en los centros de salud. Con esta medida, Sanidad busca forzar a aquellas comunidades que no hacen apenas interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, como Madrid o Andalucía, a empezar por el aborto farmacológico, uno de los dos métodos que las mujeres deben poder elegir para abortar.
Esta es la intención que, según fuentes del Ministerio, tiene Mónica García con esta reforma, que se concreta en una triple iniciativa: por un lado, la modificación del Real Decreto que regula las bases generales sobre autorización de centros sanitarios y por otro, el cambio de la ficha de la mifepristona, el fármaco utilizado en el procedimiento, para que se use fuera del ámbito hospitalario. Además, se actualizará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente el aborto en la Atención Primaria.
El objetivo es empezar a cambiar el mapa del aborto en España, donde la inmensa mayoría de intervenciones se hacen en centros privados concertados. Aunque el número no deja de aumentar año tras año y cada vez son más, según los últimos datos en 2024 solo el 21,3% se hicieron en centros sanitarios de titularidad pública.
La situación es especialmente llamativa en territorios en los que la tasa de abortos en la pública no alcanza ni el 1%: Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid, en la que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha resistido explícitamente a cumplir la ley y poner en marcha el registro de objetores al aborto. Aun así, hay que tener en cuenta que el panorama ha podido cambiar en estos dos últimos años, por ejemplo, según los datos de 2024, Ceuta no practicó ningún aborto en centros públicos, pero desde diciembre de 2025 ha asumido el 90%.
La cuestión es que será también con estas comunidades gobernadas en su mayoría por la derecha con las que Sanidad tendrá que debatir algunos de los cambios, puesto que tendrán que pasar por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Según fuentes de Sanidad, la modificación de la cartera de servicios es la clave para que el mecanismo sea obligatorio y es la que deberá someterse a votación, aunque puede salir adelante con mayoría.
El Ministerio lleva tiempo aplaudiendo en público los pasos dados por algunas comunidades en las que esto ya ocurre y en los que la Atención Primaria ya está asumiendo los abortos farmacológicos. Aunque en general, se recurre más al método instrumental o quirúrgico (en un 68% de los casos), si ponemos el foco en los territorios se da un doble fenómeno que crece paralelamente: aquellas autonomías que hacen más intervenciones en la sanidad pública, son también las que hacen más abortos con pastillas que en el quirófano.
Esto es algo que se ve claramente en los casos de Galicia, Catalunya, La Rioja, Cantabria, Baleares y Navarra. En los últimos años, estas comunidades han apostado por incluir el aborto en los centros de salud u otro tipo de unidades de planificación familiar de la red de Atención Primaria, pero solo los farmacológicos. El resultado es que son las autonomías que más porcentaje de prestaciones en la pública hacen: desde el 88% de Cantabria a más del 70% de Galicia, Navarra y La Rioja o el 61% de Baleares.
Al mismo tiempo, la inmensa mayoría de las interrupciones del embarazo que se hacen en estos lugares, son mediante fármacos, como se puede ver en el siguiente gráfico:
El riesgo de desplazar el quirúrgico
La realidad es que estas medidas profundizan en el objetivo de llevar la prestación a los centros de titularidad pública, como exige la ley, pero deja abierta otra dimensión del problema, según las expertas: y es que de acuerdo con la misma legislación, las mujeres deben poder elegir el método con el que quieren abortar y estos deben ofrecerse en las mismas condiciones. Además, el quirúrgico sigue siendo el que se utiliza para gestaciones de más de diez semanas.
Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, considera que la propuesta de Sanidad es “positiva” porque “amplía los puntos de acceso para las mujeres de todo el territorio”, pero considera que “debe acompañarse de otras medidas”. Si no, el riesgo, será comprometer la libertad de las mujeres para decidir de qué forma quieren abortar, cree la experta. “Es un paso adelante, pero si nos quedamos ahí y no profundizamos, puede ocurrir lo que ya pasa en muchos sitios, que es que la elección del método está condicionada y se generan inequidades territoriales porque no son igual de accesibles las dos técnicas”.
Es lo que ocurre en algunas de las comunidades que han apostado únicamente por el farmacológico en la pública. En La Rioja, por ejemplo, las mujeres que quieran abortar de forma instrumental, deben salir de su comunidad porque los hospitales no lo asumen ni existen clínicas concertadas que ofrezcan la prestación. En Catalunya, quienes viven cerca de Barcelona “tienen más posibilidades de elegir el método” que quienes viven en el Pirineo porque estas “tendrán que desplazarse muchos kilómetros” para hacer un quirúrgico, ejemplifica Aldavert. Según la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Cantabria las deriva a Madrid o Valladolid.
El problema sigue siendo que los hospitales públicos, que es donde deben hacerse las intervenciones instrumentales, apenas las asumen. Por eso Aldavert cree que la medida debe ir acompañada de “formación” para los profesionales en ambas técnicas y una apuesta decidida por “normalizar” el aborto. “Debemos colocarlo dentro de la práctica sanitaria habitual y que el sistema introduzca el doble método en los centros de referencia de las mujeres. Si tú puedes ir a un hospital a parir, debes poder acceder al aborto. El sistema ya tiene a su disposición los centros en los que debe hacerse”, añade la experta.
El aborto farmacológico suele ser más 'digerible' por el sistema porque distancia al personal sanitario del proceso y requiere menos práctica, incluso el registro de objetores da la posibilidad a los profesionales de objetar solo a la técnica instrumental y no a esta. “Se ha hecho una objeción a la carta y se ha sobreprotegido”, opina Francisca García, médica directora de dos clínicas andaluzas y presidenta de ACAI. Ante la medida anunciada por Sanidad este lunes, García cree que aún “no se han hecho los deberes” y que la prioridad debe ser “formar a los profesionales y que las mismas unidades puedan garantizar ambos métodos”. Si no, dice, seguirá siendo “una prestación sanitaria de segunda”.
Gráficos elaborados por Yuly Jara.