La abogada de Maricarmen, ante la nueva negociación a tres: “Ojalá Urbagestión no quiera solo un lavado de imagen”

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, se muestra esperanzada ante la reunión de esta tarde con representantes del Ayuntamiento de Madrid y de la empresa Urbagestión, detrás del desahucio de Maricarmen y su salida a los 87 años del piso en el que vivía en Retiro. “Sabemos que la primera propuesta no es viable, así que esperamos que nos digan qué es lo que sí es viable. No puede ser que la propiedad ahora quiera que Maricarmen vuelva a su piso y esto, por razones burocráticas, no llegue a darse de ninguna de las maneras”, expresaba en declaraciones a Somos Madrid este lunes a primera hora, poco antes del último pulso entre las partes antes de la esperada votación este martes en el Congreso, donde se debatirá un nuevo decreto de vivienda.

Ante la ola de indignación ciudadana que ha provocado el caso, el fondo –que hasta última hora había bloqueado otras alternativas, como las ofrecidas por la empresa pública Casa 47 o donantes anónimos– propuso al consistorio adquirir la vivienda después del desalojo para ofrecerla de nuevo a la vecina, que permanece en el Hospital Gregorio Marañón. “Por un lado, el Ayuntamiento conoce desde el viernes esta propuesta para gestionar su uso a través de un programa municipal. Esperamos que hayan podido pensar y valorar opciones y ver cómo hacer esto viable antes de la reunión de la tarde”, auguraba la letrada.

“Y luego, por otro lado, esperamos que Urbagestión no quiera simplemente hacer un lavado de su imagen y que esto sea una propuesta real que quiera materializar. Solo tiene que decirnos las condiciones que quieren y nosotros veremos cómo hacerlas viables, si es lo que son”, destaca. “A Maricarmen esto le vuelve a generar expectativas ante una nueva posibilidad. Esperamos que sea en serio y se pueda materializar”, concluye, a la espera de un nuevo veredicto: “Si esta propuesta es real, entonces será posible”.

Justo después de ejecutar el desalojo, la empresa propietaria planteó ceder su piso para que el consistorio lo pusiera en gestión social bajo el paraguas del Plan Reviva, un programa municipal para recuperar viviendas privadas y relanzarlas al mercado del alquiler asequible, u otros métidos similares. Pero los requisitos de este primer concurso indican que “la adjudicación de las viviendas se realizará manteniendo rigurosamente el orden de prelación de las solicitudes”, por lo que acelerar el trámite de Maricarmen puede implicar saltarse otros puestos en la lista.

Además, “otro de los requisitos para participar en el sorteo de esta promoción es que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la ocupación, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años”. En todo caso, la abogada Beatriz Duro afronta el encuentro con perspectivas de sacar algo en claro, aunque no convencida de que suponga un verdadero punto de inflexión.

Intentos previos rechazados a contra reloj

De hecho, ya el miércoles pasado, la letrada estuvo tratando paralizarlo desde primera hora, e incluso lanzando un último ruego a la empresa para ganar 15 días de margen y procurar una “salida digna” para Maricarmen, casi nonagenaria y con una discapacidad del 50%. Pese a la predisposición que ahora exhibe la compañía, dispuesta a una nueva negociación a tres, aquella vez no hubo margen para debatir: a las 13.05 horas un cerrajero logró romper con la radial la puerta de la casa, con varios policías antidisturbios logrando acceder a la vivienda y sacar en camilla a su inquilina, presa de un ataque de estrés.

El jueves, un día después de la expulsión de Maricarmen y en pleno auge de la contestación social, Urbagestión negó en sus primeras excusas públicas que el Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda, les hubiera trasladado las distintas ofertas de operadores públicos o privados que, en los días previos, iban asomándose en medios de comunicación y asentándose en el debate público. No obstante, este periódico ha podido corroborar que al menos varias de las comunicaciones directas entre la presidenta de Casa 47, la empresa pública de vivienda, y la abogada de Urbagestión no fueron atendidas por esta última, dejando esos mensajes sin respuesta.

Incluso se negaron a negociar o a aceptar ofertas privadas como la del músico James Rhodes para pagar el alquiler o comprar la vivienda, o el ofrecimiento de una particular anónima, escritora, que se ofrecía a abonar el alquiler que exigía la propiedad. La sorpresa llegó cuando,la sociedad administrada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes decidió dar marcha atrás después de días de presión, pero sin comunicarselo directamente a la parte afectada: en cambio, acudieron directamente al equipo municipal de José Luis Martínez-Almeida para que este administrara el piso a través de la EMVS, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.