Sanidad ultima la regulación de los precios de las mascarillas higiénicas

Los Ministerios de Sanidad y Consumo están ultimando una nueva orden para regular el precio, etiquetado e información imprescindible de productos sanitarios, en particular de las nuevas mascarillas higiénicas.

Así lo ha avanzado este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha recordado que el Gobierno ha aprobado en los últimos días los requisitos mínimos que deben cumplir este tipo de mascarillas higiénicas renovables y no renovables, además de las quirúrgicas.

Especifica los materiales que se utilizan para su elaboración, confección, marcado y uso, unas especificaciones que facilitarán su fabricación masiva y que se ponen a disposición de la sociedad de forma gratuita.

El pasado 8 de abril, el ministro de Sanidad anunció que el Gobierno iba a actuar e intervenir ante los precios abusivos que se están registrando en mascarillas, geles y guantes y señaló que los empresarios tendrían que cobrar ahora los mismos precios que estaban vigentes antes de la entrada del estado de alarma

Por otra parte, Illa ha reconocido que han tenido “problemas” con un lote de mascarillas FPP2 en Aragón y Cataluña procedentes de un proveedor chino autorizado por el Gobierno que cumplía con los requisitos para distribuirlo y comercializarlo.

Uno de los lotes de este proveedor presentaba una serie de problemas que se comunicaron a las comunidades autónomas para proceder a su retirada.

“El Gobierno ha evitado que unas mascarillas que estaban en mal estado fueran usadas y por eso ha retirado el lote”, ha subrayado el ministro, que ha indicado, además, que el producto retirado será repuesto por otro por parte del proveedor.

Illa ha destacado que el Ministerio sigue efectuando su labor de facilitar y complementar la tarea de proporcionar al Sistema Nacional de Salud todos los elementos imprescindibles en la lucha contra la pandemia a través de la compra de material y activando la producción nacional.

En ese sentido, ha recordado que España ha hecho contrataciones por un importe superior a los 900 millones de euros.