El Gobierno de Cantabria anunció este pasado miércoles su intención de imponer un toque de queda en más de la mitad de sus municipios para tratar de contener la ola de contagios, principalmente entre los jóvenes, que está azotando a la comunidad autónoma. No obstante, al tratarse de una limitación de derechos fundamentales, para ello es necesario el aval de la Justicia, cuyo pronunciamiento se producirá en las próximas horas en un sentido o en otro. Pese a que el bipartito PRC-PSOE confía en que la postura del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sea favorable, lo cierto es que esta medida pende de un hilo a tenor de los antecedentes en otras comunidades.
Escribe Laro García.