El homicidio de Samuel, el joven de 24 años que perdía la vida en A Coruña pocas horas después de la celebración del Orgullo LGTBI estatal tras recibir una brutal paliza, ha desatado una ola de indignación y conmoción en la comunidad LGTBI. La investigación está abierta y tras publicarse el testimonio de testigos que relatan que fue amenazado con insultos homófobos –“¡Para de grabarnos si no quieres que te mate, maricón!”–, la delegación del Gobierno se ha abierto a la posibilidad de que se trate de un crimen discriminatorio. El caso ha puesto el foco en la violencia que el colectivo LGTBI sigue recibiendo a pesar del avance de las últimas décadas, y que tiene uno de sus reflejos, el más visible, en las múltiples denuncias de agresiones por este motivo acumuladas en las últimas semanas.
Este mismo fin de semana una mujer trans ha denunciado haber sido objeto de violencia verbal y física en Santiago de Compostela y un joven en Madrid ha contado que un policía le propinó un bofetón e insultos homófobos. Se une al ataque perpetrado en Valencia contra un joven al que dieron un puñetazo y golpes por todo el cuerpo al grito de “maricones” o a la agresión a una pareja de hombres con una porra extensible en A Coruña. En Catalunya son varios los ataques denunciados en el último mes, mientras que Basauri (Bizkaia) ocupó todos los titulares a principios de junio por la agresión a un joven que acabó en el hospital al que llamaron “maricón de mierda”.
Información de Marta Borraz.
La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad formado por técnicos y expertos de las comunidades autónomas, tiene un posicionamiento interno que recomienda “cerrar el ocio nocturno” y “limitar el horario nocturno de los interiores” de algunos establecimientos donde se corran riesgos de contagio de COVID-19. Lo hacen dado el aumento de casos de los últimos días, sobre todo entre los jóvenes. La Ponencia es un órgano que está por debajo de la Comisión de Salud Pública, también del Ministerio. La Comisión tiene como representantes a todos los directores de Salud Pública de las comunidades y se reúne regularmente los martes. Sanidad ha comunicado que ellos no han “propuesto ninguna medida relacionada con el cierre de los locales de ocio nocturno ni la valoración del toque de queda”, aunque no han hecho alusión a las recomendaciones de la Ponencia. Solo, que ayer lunes se reunieron y revisaron los documentos de actuaciones de respuesta. Fuentes de Sanidad también descartan en conversación con elDiario.es que estén barajando estas medidas.
El Posicionamiento de la Ponencia también incluye “valorar” reinstaurar el toque de queda, algo que también ha pedido Castilla y León este martes, pero que no es posible sin un estado de alarma. El presidente Pedro Sánchez ha negado en rueda de prensa en su visita oficial a Tallín (Estonia) que esto sea una posibilidad. También la Ponencia recomienda suprimir eventos multitudinarios estas semanas, hacer cribados entre la población joven, garantizar la disponibilidad de hoteles u otros recintos de aislamiento, y reforzar los equipos de Salud Pública y Atención Primaria. La tasa general de incidencia acumulada en los últimos 14 días se ubica en los 225 puntos, pero entre las personas de 12 a 29 años, que en su mayoría todavía no están vacunadas, supera los 700. Entre este colectivo no hay riesgo alto de ingreso en el hospital, aunque la subida ya comienza a notarse en que sí crece la ocupación hospitalaria por la enfermedad.
Informan Belén Remacha e Irene Castro.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha señalado en un comunicado difundido este martes que la intimidación a periodistas y editores supone “un grave ataque al libre ejercicio del periodismo que busca limitar la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos, pilares fundamentales de nuestro sistema democrático”. La FAPE condena “tajantemente” el señalamiento de la formación de ultraderecha Vox “con fines intimidatorios” al editor de la revista ‘El Jueves’, Ricardo Rodrigo Amar, en un tuit en el que anima a exigirle “responsabilidades” cuando le vean salir de su despacho.
El tuit difundido por el partido ultra, recuerda la FAPE, hace públicos el nombre y apellidos del editor, su fotografía y la ubicación de su despacho, además de afirmar que ‘El Jueves’, “difunde odio contra millones de españoles a diario” y que “es posible que muchos de ellos le exijan responsabilidades cuando le vean salir (a Rodrigo) de su despacho” situado en una calle de Barcelona cuyo nombre Vox revela.
“Señalar a un editor con nombre, apellidos, su fotografía y lugar de trabajo y, además, solicitar implícitamente que se le exijan responsabilidades en la calle, es una clara incitación al odio”, afirma la nota y añade: “La intimidación a periodistas y editores supone un grave ataque al libre ejercicio del periodismo. Busca limitar la libertad de expresión, que incluye la crítica y la sátira, y el derecho de información de los ciudadanos, pilares fundamentales de nuestro sistema democrático. Todo ataque a tales derechos es un intolerable intento de debilitar la democracia”. La FAPE se suma así a las críticas que en este mismo sentido ha expresado hoy la organización periodística Reporteros Sin Fronteras, así como diferentes cabeceras, entre ellas Mongolia, El Mundo Today y varios partidos políticos.
Según las previsiones de la Junta, Andalucía debería estar inmersa en la fase 3 de 'normalización' de la desescalada presentada hace hoy dos meses cuando expiraba el estado de alarma. Pero la pandemia de Covid-19 ha demostrado que los planes no se pueden hacer a muy largo plazo, y este martes el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto ha abogado por que la comunidad autónoma siga en fase de 'estabilización' pese a que la tasa de incidencia acumulada ha subido a 202 casos por cada 100.000 habitantes y se ha disparado a 444 en el grupo de edad de 20 a 29 años.
Escribe Javier Ramajo.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, ha respondido a la carta que ha hecho pública esta mañana el PP de Granada para, por medio de otra misiva, asegurar que “un mes de inestabilidad es suficiente y confío en que hoy estemos más cerca de volver a la situación previa al 8 de junio, cuando su partido rompió el acuerdo y la mayoría de 14 ediles que lo apoyan”.
La tasa de incidencia acumulada entre los jóvenes no deja de crecer y los números preocupan. Durante las últimas 24 horas ha vuelto a ascender otros 77 puntos hasta situarse en los 717 casos y la ocupación hospitalaria también sigue en ascenso.
La tasa general de incidencia acumulada en los últimos 14 días se ubica en los 225 puntos. Sin embargo, se dispara en los grupos de edad que comprenden edades de entre 12 y 29 años. Así, dicha tasa se sitúa en los 652 en el grupo de 12 a 19 años y en los 717 en el grupo más preocupante, el que comprende edades de entre 20 y 29. En el caso del grupo de entre 30 y 39 la incidencia acumulada alcanza los 274 y desciende en el resto de los grupos. Cabe recordar que hace apenas tres semanas la tasa general de incidencia había disminuido hasta estar por debajo de los 100 puntos.
Este medidor está al alza en todas las comunidades autónomas, menos en Ceuta, donde se mantiene, y en Melilla, que desciende ligeramente. Los peores datos de incidencia para el grupo de entre 20 y 29 se registran en Catalunya con 1.782, en Cantabria con 1574, en Castilla y León con 1.267 y en Asturias con 1.027.
La Policía Nacional ha confirmado la detención de tres personas de entre 20 y 25 años, vecinos de A Coruña, como presuntos autores del asesinato de Samuel Luiz en la madrugada del pasado sábado. Se trata de los primeros arrestos relacionados con el suceso, aunque la policía no descarta otras detenciones en las próximas horas, tras haber tomado declaración a 15 personas.
Pedro Sánchez ha evitado hacer una valoración política sobre la decisión de la Generalitat de crear un fondo para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que ha impuesto el Tribunal de Cuentas a dirigentes independentistas por el procés. En una rueda de prensa en Tallin (Estonia), donde ha comenzado una gira por los países bálticos, el presidente se ha limitado a decir que el Gobierno estudiará esa decisión y que la recurrirá si no se ajusta a la legalidad.
“Siempre hemos defendido que todo lo que se apruebe por los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. A partir de ahí, si está sujeto a derecho, nada que objetar; y si no es sujeto a derecho, evidentemente tendremos que recurrirlo”, ha respondido Sánchez a los periodistas. No obstante, ha dicho que por ahora es un asunto que está siendo objeto de estudio jurídico. El PP ya ha anunciado que lo recurrirá.
Escribe Irene Castro.
Pedro Sánchez descarta tomar medidas concretas desde el Gobierno para afrontar el incremento de contagios que se ha producido coincidiendo con la relajación de las restricciones, especialmente las del ocio nocturno. El presidente considera que las comunidades tienen actualmente las herramientas necesarias para hacer frente a la recta final de la pandemia y rechaza ir más allá con otras como el toque de queda, que ha reclamado la Junta de Castilla y León.
El presidente, que ha comparecido junto a su homóloga estonia, Kaja Kallas, le ha explicado que el “sistema descentralizado sanidad” está “en manos de las comunidades” y que, por tanto, el Gobierno tiene que “compartir con ellas las decisiones”. “En el consejo interterritorial, en función de la evolución, hay una serie de respuestas que pueden dar las comunidades. No es necesario aprobar nada más de lo que esta acordado”, ha respondido a los periodistas.
Escribe Irene Castro.
El 56,3% de la población española, esto es algo más de 26,7 millones de españoles, ya está vacunada al menos con una dosis contra el coronavirus. Por otro lado, el 41,2% de la población, 19,5 millones de personas, ya tiene la pauta completa.
De este modo, España ya ha administrado más de 44,5 millones de vacunas y se centra ahora en acelerar los procesos de vacunación entre los más jóvenes para evitar los temidos rebrotes veraniegos. Los grandes brotes asociados a la gente joven amenazan con limitar en gran medida el ocio nocturno que no se realice al aire libre.
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos registraron hace unas semanas una nueva comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Asamblea de Madrid. La oposición en bloque pedía reabrir la que se había cerrado en falso por la convocatoria de las elecciones anticipadas. Lo primero que hizo el Partido Popular fue tumbarla con su mayoría en la Mesa. Los populares argumentaban que se trataba de una cacería contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y no iban a permitir que se jugase “con el dolor de las familias”. Vox tampoco va a apoyarla si finalmente pasa ese primer filtro.
La negativa, sin embargo, no ha impedido que los socialistas quieran seguir preguntando qué ocurrió durante esas semanas fatidicas en las residencias en las que fallecieron más de 7.000 ancianos en los centros socio-sanitarios de la región, muchos sin poder haber sido trasladados a un hospital. Para ello, han puesto en marcha unas jornadas interparlamentarias que comenzaban este martes y que seguirán en siguientes citas.
Para arrancar estas jornadas bajo el nombre '¿Qué pasó en las residencias?', el PSOE ha contado con la presencia del exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que como miembro del Gobierno entonces y responsable de estos centros denunció los protocolos que impidieron el traslado de residentes a los hospitales durante la primera ola. Había una sola excepción, ha explicado: si la persona tenía seguro privado, acababa siendo derivada.