El Gobierno vasco sugiere que consiguió “ratificación judicial” a sus medidas contra la pandemia con una consulta informal al Tribunal Superior

El Gobierno vasco encargó el pasado viernes un informe jurídico sobre el escenario abierto en las comunidades autónomas tras la declaración de un estado de alarma específico en Madrid para controlar el crecimiento de sus contagios de COVID-19. Aunque aún no está terminado, el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, ha querido presentar algunas de sus conclusiones en rueda de prensa. La principal de todas ellas es, al margen de los criterios técnicos y científicos, la aparente necesidad de una “ratificación judicial” por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para las medidas adoptadas por la comunidad autónoma ante la disparidad de criterios ante situaciones similares.

De hecho, Zupiria ha revelado que la orden que desarrolla las restricciones vigentes en Euskadi, que es del 19 de agosto y que se dictó en el marco de la declaración de emergencia sanitaria, anunciada el 14 de agosto, contó con esa “ratificación” antes de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Y no fue un auto, una resolución o una sentencia tras un recurso, sino que lo que hizo el Gobierno fue una consulta informal con la sala de lo contencioso-administrativo en la que supuestamente se le dio el visto bueno al armazón jurídico. El portavoz ha dicho desconocer si fue esa gestión extraoficial la que hizo que se pasara de prohibir las reuniones de más de 10 personas a dejarlo en recomendación, punto que suscitaba dudas de encaje legal. La declaración de la emergencia sanitaria llegó precisamente unas horas después de que el Superior tumbara un paquete anterior con medidas para limitar el ocio en hostelería.

Informa Iker Rioja Andueza.

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