Salta por los aires la ley de glaciares: Argentina afronta una demanda colectiva que cuestiona el nuevo marco de protección
Los cambios en el clima y la presión sobre los recursos han colocado a ciertos ecosistemas en una posición delicada que obliga a revisar cómo se gestionan. Los glaciares forman parte de la naturaleza desde hace miles de años y cumplen una función que no se puede sustituir, ya que almacenan agua dulce y regulan su liberación hacia ríos y acuíferos que dependen de ese equilibrio.
La necesidad de protegerlos surge cuando su degradación empieza a afectar al abastecimiento de agua y al funcionamiento de territorios enteros que dependen del deshielo para mantener su actividad diaria. En ese punto, cualquier alteración en su entorno genera efectos que no se quedan en la montaña y terminan afectando a poblaciones, cultivos y sistemas económicos que dependen de ese flujo.
El Congreso argentino aprobó una norma que cambió la protección ambiental
La reforma de la Ley de Glaciares en Argentina ha sido aprobada por el Congreso y ha provocado una demanda colectiva por el peligro para el suministro de agua, según informa Tiempo Argentino. La norma, promovida por el gobierno de Javier Milei y que salió adelante con 137 votos en la Cámara de Diputados tras el respaldo previo del Senado, introduce cambios en la gestión de estas áreas y abre un escenario de conflicto legal y social.
El texto aprobado modifica el sistema de protección vigente desde 2010, que había sido considerado un referente regional, y ahora coloca el debate en torno a los límites entre explotación económica y preservación ambiental. Esta decisión ha activado una reacción organizada de entidades sociales y jurídicas que buscan frenar su aplicación.
El principal punto de alarma se centra en el agua. Los glaciares actúan como reservas que regulan el caudal de ríos y garantizan suministro a comunidades y actividades económicas, sobre todo en zonas áridas donde el deshielo marca el ritmo del año.
Cuando se altera ese sistema, la calidad del agua puede verse afectada y su disponibilidad disminuye, lo que repercute en el consumo humano y en la producción agrícola. La posible expansión de actividades extractivas cerca de estos entornos introduce un factor de riesgo adicional, ya que puede modificar el equilibrio natural que permite mantener ese flujo.
Las provincias pasaron a decidir qué zonas quedan protegidas
Uno de los cambios más relevantes de la reforma es el traslado de competencias hacia las provincias. A partir de ahora, cada territorio puede definir qué zonas del entorno glaciar se consideran protegidas y cuáles pueden abrirse a proyectos productivos, lo que introduce diferencias en la aplicación de la norma según el lugar.
Este ajuste rompe con el modelo anterior, que establecía una protección más uniforme y limitaba de forma clara las actividades en esas áreas. Con esta nueva capacidad de decisión, se abre la posibilidad de que se autoricen explotaciones en espacios que antes quedaban fuera de cualquier intervención.
Argentina dispone de una de las mayores reservas de glaciares de América Latina, y su función va más allá de almacenar agua. Estos sistemas regulan el equilibrio hídrico a lo largo del año, especialmente en momentos de sequía, y permiten sostener el funcionamiento de ecosistemas y economías regionales.
Según Ladera Sur, solo el 3% del agua del planeta es dulce y más del 70% de esa cantidad permanece congelada en glaciares, lo que sitúa a estos entornos como un recurso limitado que requiere una gestión cuidadosa. La pérdida de masa detectada en muchos de estos sistemas refuerza la preocupación sobre su conservación.
Las organizaciones denunciaron falta de participación en el proceso
Las críticas no se limitan al contenido de la ley, también alcanzan al proceso de aprobación. Organizaciones como FARN, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas denuncian que no hubo una participación ciudadana efectiva, a pesar de que más de 100.000 personas se inscribieron en audiencias públicas donde solo unas 300 pudieron intervenir. También cuestionan la presencia de cargos con intereses vinculados al sector minero en el debate parlamentario.
Tiempo Argentino recoge que la senadora Flavia Royón participó en la votación sin apartarse pese a su relación profesional con empresas del sector, y que el diputado Nicolás Massot tampoco se abstuvo a pesar de sus lazos empresariales. Estos dos son los más mediáticos, pero habría más según los medios argentinos.
El trasfondo económico aparece con fuerza en este conflicto. El impulso de la minería, especialmente de cobre, se presenta como una vía para atraer inversión y reforzar el papel de Argentina en el mercado internacional, pero esa apuesta implica intervenir en zonas que hasta ahora estaban protegidas.
Los defensores de la reforma consideran que no todas las áreas periglaciales cumplen funciones hídricas relevantes y que una evaluación caso por caso permitiría desarrollar proyectos sin afectar a todo el sistema. Sin embargo, científicos y organizaciones ambientales advierten que esa diferenciación puede generar efectos acumulativos difíciles de revertir.
La respuesta judicial busca frenar la aplicación de la norma
La respuesta a la reforma ya se ha trasladado a los tribunales. Las organizaciones impulsoras han iniciado una demanda colectiva que busca declarar la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar derechos relacionados con el acceso al agua y la protección ambiental.
Diego Salas, director de programas de Greenpeace, afirmó que “esta reforma es regresiva e inconstitucional y compromete el acceso al agua de millones de personas”. Más de 750.000 personas han respaldado la iniciativa, que sigue sumando apoyos mientras se preparan las primeras resoluciones judiciales sobre su aplicación.