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El plan del Antiguo Santa Cruz en manos de funcionarios salvaba los inmuebles históricos que ahora arquitectos externos prevén tirar

Técnicos del Ayuntamiento de la capital tinerfeña consensuaron hace tres años con los del Cabildo un catálogo de inmuebles protegidos para ese casco histórico que ahora el equipo redactor externo quiere tumbar

Con el PSOE en la Gerencia de Urbanismo, funcionarios municipales recibieron el encargo de elaborar los planes de dos cascos históricos, pero, al llegar el PP, decidió sacarlo a concurso

Hasta 26 de las 28 edificaciones a las que no dan valor los arquitectos externos García Barba y Mañoso, sí merecían un grado de protección en 2015, cuando ya había acuerdo técnico entre las dos administraciones públicas

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Carlos Garcinuño, en una imagen de archivo

Carlos Garcinuño, concejal de Urbanismo en Santa Cruz, con el PP, cuando el plan se dio a arquitectos privados

La polémica surgida por la propuesta de dar una nueva categoría de protección (la inventada "documental") que permitiría demoler 28 inmuebles en el plan del Antiguo Santa Cruz, cuya evaluación ambiental se halla en exposición pública, no habría tenido lugar si este documento lo hubieran tramitado funcionarios públicos, en lugar de arquitectos externos.

En el pasado mandato, con el PSOE al frente de Urbanismo, los propios técnicos del Ayuntamiento de la capital tinerfeña realizaron un borrador de ese plan en el que se proponía proteger prácticamente todos los inmuebles a los que ahora los  redactores privados del documento, tras externalizar (privatizarla) el PP su redacción, pretenden dar una extraña categoría de "protección documental" que posibilitaría su desaparición completa porque no tienen sino "valores testimoniales".

En el año 2015 esos funcionarios municipales elaboraron un catálogo para ese casco histórico en el que planteaban dar un grado de protección a  26 de los 28 inmuebles que, apenas tres años después, los actuales encargados del plan, Joaquín Mañoso y Federico García Barba, consideran que pueden ser demolidos con el único requisito a sus propietarios de sacarles unas fotos y unos planos para que consten en archivos públicos, de manera que quede constancia de que alguna vez existieron en el paisaje urbano, lo que ellos han bautizado como "protección documental".

Esa nueva categoría no está prevista en la legislación vigente, que el Cabildo, por boca de su consejera de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa (PSOE), ya ha anunciado que no va a aceptar, ni tampoco, con carácter general, que esos inmuebles pasen por la piqueta, pues los hay de los siglos XVIII- casas de una y dos plantas de arquitectura tradicional canaria- al XX,  algunos tan conocidos como la antigua sede de CajaCanarias y de la Consejería regional de Hacienda, en la plaza de Santo Domingo, o el edificio del Círculo de Bellas Artes, en la calle de Castillo.

Mientras que en el ámbito político el Cabildo y el Ayuntamiento no hacen buenas migas en este mandato en cuanto a patrimonio histórico -el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) ha llegado a tachar de "fundamentalistas" a los funcionarios de la Administración insular y el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), ha llamado "visceral" a Josefa Mesa-, la realidad es que entre  los técnicos de ambas instituciones públicas había perfecto entendimiento hace apenas tres años cuando el plan del Antiguo Santa Cruz lo elaboraba personal de la casa.

Inmuebles del conjunto histórico del Antiguo Santa Cruz que podrán ser demolidos con la nueva categoría de protección propuesta

Inmuebles del conjunto histórico del Antiguo Santa Cruz que podrán ser demolidos con la nueva categoría de protección propuesta

Tal era así que el equipo que entonces dirigía el arquitecto y funcionario  municipal Fermín García aceptó de buen grado el pasado mandato el criterio de los técnicos del Servicio Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, que, tras una visita conjunta al casco histórico, les pidió aumentar el número de inmuebles protegidos y se alcanzó un consenso técnico sin excesivos problemas, dado que el catálogo anexo al Plan General presenta bastantes omisiones. Todo lo contrario a la conflictividad  que ahora existe en el ámbito político, cuando el plan de este casco histórico se halla en elaboración por arquitectos privados.

El encargo de realizar con personal propio del Ayuntamiento los planes del Antiguo Santa Cruz y de Los Hoteles-Pino del Oro (dos planes especiales) tuvo lugar cuando era concejal de Urbanismo José Ángel Martín, del PSOE, que  cogobernó con Bermúdez entre 2011 y 2015.

Tras las elecciones de ese año, CC pactó con el PP, que asumió Patrimonio Histórico y Urbanismo, cuyo nuevo responsable, Carlos Garcinuño (ahora en Ciudadanos), no tardó sino unos meses, tras tomar posesión del cargo, en externalizar la redacción de esos documentos mediante concurso público.  Garcinuño dimitió posteriormente por desavenencias sobre cómo afrontar la sentencia judicial que ordenó demoler el mamotreto de Las Teresitas.

Fue así como se privó  a los funcionarios municipales de la planificación de ambos conjuntos históricos, que pasaron a manos de   la UTE formada por Federico García Barba y Caro & Mañoso, en el caso del Antiguo Santa Cruz, y de Agustín Cabrera y María Nieves Febles en Los Hoteles-Pino del Oro.

Funcionarios que han dejado sus anteriores puestos

El funcionario municipal que en el pasado mandato tenía encomendado sacar adelante esos planes, Fermín García, era entonces director técnico de Urbanismo, y como directora jurídica se hallaba Luisa del Toro. Ninguno de los dos continúa ya  en esos puestos.

El patrimonio histórico es un motivo de conflicto casi permanente en el último año entre el Cabildo (donde gobiernan PSOE y CC) y el Ayuntamiento (PP y CC), por su abismal diferencia de criterio sobre qué edificios proteger y cuáles no: los funcionarios -con apoyo de la consejera- quieren ampliar el Catálogo de Patrimonio Histórico a 500 inmuebles más -algo que vienen pidiendo los funcionarios insulares desde hace más de una década, desde los tiempos de Miguel Zerolo (CC) como alcalde- y el Gobierno santacrucero ha terminado aceptando que tendrá que volver a estudiar la  ausencia de protección  en que se encuentran cientos de construcciones como herencia de la planificación urbanística que prácticamente dejó elaborada Zerolo.

Aquel Plan General de Ordenación aprobado en 2013, ya con Bermúdez en la Alcaldía -lo asumió en 2011- fue elaborado por el equipo de arquitectos y juristas Senante Palerm & Tabares de Nava, SL, que decidieron no proteger esos 500 inmuebles en ese momento y los incluyeron en un tomo de "susceptibles de futura catalogación", que fue posteriormente suprimido porque la Cotmac no lo consideró una categoría jurídica.  Esa futura revisión del catálogo nunca llegó, y el Ayuntamiento ha dado licencias de demolición de inmuebles que tenían esa "susceptibilidad" patrimonial.

La pugna entre las dos administraciones ha tenido su culmen con los derribos en el barrio de Miraflores, a los que se ha opuesto el área de Patrimonio Histórico del Cabildo, y el asunto ha llegado a los tribunales porque el Ayuntamiento tiene   presentado un recurso contencioso administrativo, por lo que serán los jueces los que determinen si hizo bien la Administración insular al  paralizar de modo cautelar una demolición en la calle de Puerta Canseco. Una medida que por otra parte prevé la propia ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

El Ayuntamiento ha recurrido a la fundación CICOP para los informes que la postura del Cabildo le ha obligado a tener con el fin de justificar que derriba inmuebles sin valor. Esa organización internacional privada con sede en La Laguna ha dado el visto bueno a demoler los seis inmuebles que el Cabildo ha defendido proteger -al menos sus fachadas- en Miraflores. Y se han derribado ya tres en la calle de Puerta Canseco, pero otros tres quedan en pie y el Gobierno municipal -tras la presión social y de partidos como Sí Se Puede y PSOE- ha decidido negociar con los promotores de esa nueva urbanización.

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