Hacienda multa a un discapacitado por la asistencia que recibe a domicilio

José Manuel Domínguez Cabrera, 63 años, vecino de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, tiene una discapacidad motora y sensorial del 84 por ciento, reconocida por el Gobierno de Canarias hace 14 años. Desde entonces recibe asistencia domiciliaria, una ayuda básica para que le limpien su casa, le laven y planchen la ropa y le hagan recados urgentes. A veces le dejan algo de comida cocinada. Por no poder, ni siquiera puede poner una bombilla por sí sólo. Camina malamente con dos muletas.

De su pensión como jubilado de la ONCE, de poco más de 1.000 euros, viven cuatro personas. Él, sus dos hijos en paro, y su nieta. Pero Hacienda le reclama una deuda de 781,36 euros, a los que ha sumado una penalización de otros 25 euros por retraso en el pago, ya que se considera que esa ayuda domiciliaria es un dinero que recibió en mano y por lo tanto, que se incrementaron sus ingresos de 2013 en cerca de 4.000 euros.

Domínguez Cabrera es uno de los afectados de la quiebra, en julio de 2012, de Mararía, la cooperativa de asistencia domiciliaria que tenía contratada el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para atender a los dependientes, discapacitados y mayores, a los que la ley les reconoce el derecho a esa asistencia. La quiebra de Mararía obligó al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a buscar una solución de urgencia: la posibilidad de que los usuarios contratasen, con cargo al IMAS, el servicio de asistencia domiciliaria de entre 13 empresas prestadoras del servicio.

“Y es entonces cuando comienza mi calvario. Fui a hacer la declaración de Hacienda correspondiente a 2013, porque me debían devolver en torno a 300 euros, y me encontré con yo debía de pagar 781,36 euros porque me pasaba del límite, ya que me habían incrementado mi patrimonio en 3.771,36 euros. Por esa ayuda de la que jamás vi un céntimo”, explica a Tenerife Ahora.

No ha sido el único caso. En julio pasado saltaron otros 22 idénticos al suyo. “Fui a la asistente social de mi barrio, que me dio un escrito que no servía para nada. De ahí al IMAS, presenté dos reclamaciones; luego me pidieron alegaciones, las desestimaron y encima me multan por retraso”, dice indignado. “De cuándo voy a haber recibido yo esos casi 4.000 euros, si Hacienda con solo pulsar cuatro botones sabe las cuentas de todos. Esto es un sinsentido”.

Una certificación detrás de otra

Hacienda obligó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a aportar las certificaciones por los conceptos de servicios prestados de esos 22 discapacitados a los reclamaba un enriquecimiento patrimonial, y después, el certificado original de discapacidad.

“Lo presenté todo. Un escrito en octubre, un certificado en noviembre, un escrito de alegaciones en enero. Según la ley estoy exento de pagar por mi discapacidad reconocida. Pero la última carta que recibí fue una desestimación de las alegaciones, sin decir por qué no, y encima multándome por un retraso en el pago”.

Alicia Álvarez, actual concejal de Asuntos Sociales y candidata a repetir por el PSOE como concejala en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, no se explica el caso de Domínguez Cabrera. “No, no me lo explico porque en el resto de los casos lo hemos solucionado y está claro que este señor tiene derecho a asistencia domiciliaria por su discapacidad y por sus ingresos”.

“Cuando Mararía dejó de prestar el servicio de asistencia domiciliaria, que lo anunció con 15 días, en el IMAS se organizó un sistema temporal y extraordinario. Se valoró como una prestación individual, con un contrato que se aportaba a cada persona, pero la persona no lo cobraba, sino que se entregaba a la empresa que ellos hubieran solicitado. Con esa fórmula, les computaba como un enriquecimiento, y no lo hemos podido evitar. Era mejor eso que dejar a 1.500 vecinos sin la ayuda a domicilio. Quizás no fue la solución perfecta, pero era mucho mejor que dejar a toda esa gente desasistida”.

Álvarez dijo públicamente, en julio de 2014, que este problema estaba resuelto, pero les quedó un fleco, el de José Manuel Domínguez Cabrera. Su ayuda domiciliaria viene regulada por el 6.3.c de la Ley Territorial 9/1987 de 28 abril, de Servicios Sociales, y de acuerdo

“Nunca me dieron un escrito en el que se especificase que yo no había recibido ese dinero. Hoy (por ayer) me ha llamado el gerente del IMAS para decir que van a solucionar mi problema. Llevo 14 años con este servicio de asistencia domiciliaria, y nunca me han reclamado nada, ni hay más rentas que la pensión que percibo como jubilado de la ONCE, poco más de 12.000 euros al año. Y ahora dicen que me han dado 3.771 euros, que nunca he tenido ni he visto. ¿De dónde voy a sacar yo este dinero para pagar lo que me reclaman? ¿Me pueden embargar la pensión? ¿De qué vamos a vivir, si mis hijos y mi nieta dependen de esa pensión?”, reclama asustado.

“Y todo por presentar la declaración de la renta, porque me tocaba a devolver…Si lo llego a saber…”