Ajustar las cuentas públicas: mentiras y falacias
El gobierno del Partido Popular ha renunciado a la aplicación de una política fiscal más progresiva. Todo lo contrario, la regresividad que caracteriza nuestro sistema tributario es ahora más pronunciada que antes del estallido de la crisis.
Uno de los argumentos más recurrentes para justificar esa apuesta política por la regresividad fiscal –sí, decisión política para la que se busca una justificación económica- ha sido la supuesta fuga de capitales que se produciría en el caso de que aumentara la carga tributaria sobre los ricos y las grandes corporaciones.
Se olvida, deliberadamente, que, si comparamos nuestra economía con las de nuestros socios comunitarios, los impuestos pagados por los grupos económica y socialmente privilegiados son sensiblemente inferiores aquí; por las numerosas exenciones y deducciones de las que se benefician, por la ingeniería fiscal que manejan y por las muy sustanciales bolsas de fraude que existen. Conviene llamar la atención en que nuestra condición de “paraíso fiscal” atrae inversiones que buscan –y obtienen- beneficios asociados, sobre todo, a los privilegios que disfrutan los capitales foráneos y los grupos económicos.
Teniendo en cuenta la reducción que todo ello implica sobre las bases imponibles, el tipo impositivo real en nuestro país es muy inferior al de nuestro entorno. Tan sólo con equipararnos a él, introduciendo más progresividad en el sistema tributario, las administraciones públicas obtendrían un considerable volumen de recursos con los que reducir los niveles de déficit y deuda públicos, sin renunciar por ello a las políticas sociales y productivas que necesitamos para salir de la crisis.
Avanzar en esa dirección tendría, además, un valor ejemplarizante, muy necesario dado el permanente saqueo al que han sido sometidas las arcas públicas, no sólo por políticos corruptos y desaprensivos, sino también por empresarios y grupos económicos privados muy influyentes que no han dejado de atesorar poder y que, de esta manera, han sido uno de los motores más importantes de la corrupción política.
Ese poder ha sido utilizado para capturar las instituciones, ponerlas al servicio de las corporaciones, imponer su agenda y también su discurso en los espacios políticos; para argumentar que una estructura fiscal más justa, más progresiva, penalizaría el ahorro y la inversión productiva, lo que, finalmente, provocaría su huida a otros países y enclaves.
Conviene dejar claro, sin embargo, que los países que en Europa hacen gala de una mayor equidad tributaria en absoluto están experimentando un proceso de descapitalización. Más bien, lo contrario. La activa intervención del estado –altos estándares de ingresos y gastos públicos en proporción al producto interior bruto- es compatible con el mantenimiento de elevados niveles de inversión productiva, una significativa presencia de capitales foráneos en sus economías y una sólida posición competitiva en los mercados europeo e internacional.
En realidad –y esta es una cuestión que es muy relevante precisar- son muchas las economías, entre ellas la nuestra, que ya experimentan una permanente y sofisticada fuga de capitales; fuga que tiene que ver con el enorme poder de las grandes corporaciones –que, indudablemente ha salido reforzado con la crisis- y con la aplicación de precios de transferencia en sus transacciones.
Se trata de un proceso de ingeniería contable cuyo propósito es ocultar beneficios y pagar menos impuestos en los países donde la tributación es más elevada, y declararlos en aquellos donde es menos exigente, o directamente provocar que “aparezcan” en paraísos fiscales. Importan, en este sentido, los resultados globales del grupo (más que los de cada una de las subsidiarias) que mejoran aplicando esa estructura de precios manipulados. Esta se ha convertido en una práctica habitual de las empresas transnacionales, lo que supone una continua e importante fuga de capitales; y España es una buena prueba de ello (Google y Amazón, por ejemplo).
¿Nada que decir al respecto sobre la necesidad de controlar y regular estas transacciones opacas, que contravienen los principios de competencia y transparencia que, supuestamente, sostienen la operativa de los mercados? ¿Acaso estas prácticas corporativas, tan frecuentes en la economía española no suponen una sangría de recursos que hipoteca y debilita las finanzas públicas?
